La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó al ex ministro de Salud Ginés González García en la causa conocida como Vacunatorio VIP. El otrora funcionario del gobierno de Alberto Fernández está acusado por los delitos de abuso de autoridad y peculado. Además, se dispuso el embargo de bienes por la suma de 130 millones de pesos.

En una resolución firmada este viernes, la magistrada consideró que había elementos suficientes para dar por corroborada la imputación y aseguró que González García “ejerció sus funciones de manera abusiva”. Los hechos de los que se lo acusa ocurrieron durante la pandemia del Covid-19 y en la causa se describe a la organización del funcionario como “un vacunatorio precario”.

Según consta en la causa, cuando el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del ex funcionario, le atribuyó dos hechos puntuales. Uno, fue haber “dado la orden de retirar 10 (diez) vacunas contra el COVID-19 asignadas al centro hospitalario nacional Alejandro Posadas y su traslado al Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021 para la inoculación de diez personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.

Respecto del segundo hecho, la fiscalía le atribuyó haber dado la orden de retirar cinco vacunas contra el COVID-19 asignadas al Ministerio de Salud y su traslado al domicilio particular del ex presidente Eduardo Duhalde, para aplicárselas a él y su familia.

La causa por el Vacunatorio VIP fue uno de los escándalos más grandes que sacudió al gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia del coronavirus, cuando escaseaban las vacunas, se descubrió que había personas que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían la dosis antes de lo estipulado.

La investigación comenzó en 2021, después de que se conocieran los casos de la entrega de vacunas de privilegio al periodista Horacio Verbitsky, al diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, y al ministro de Defensa Jorge Taiana, entre otros. Esto hizo que Fernández le pidiera la renuncia como titular de la cartera de Salud, y lo reemplazara Carla Vizzotti.

A fines de marzo de este año, González García salió a hablar y dio su versión de los hechos. “Estoy acusado por dar nueve vacunas que estaban autorizadas totalmente, que les correspondían porque eran mayores de 60 años. Algunos tenían otras causas, eran médicos, personal estratégico, diputados y senadores. Todos además fueron vacunados cuando ya había en esa categoría más de 35 mil vacunados”.

En la misma línea, aclaró que “todo el mundo sabe que nunca hubo un vacunatorio en el ministerio, ni antes ni después” y se refirió a la vacuna que recibió el periodista Horacio Verbitsky: “Esa fue una emergencia porque al periodista que se fue a vacunar al Posadas no lo quisieron vacunar por sus antecedentes políticos. Como consecuencia de eso, un día que yo no estaba en Buenos Aires se pidió permiso al director del hospital para ir al ministerio a vacunar a los nueve y eso fue lo que se hizo”.

Fuente: TN

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a través de los votos de los jueces Bernardo Bibel y Martín Bava, confirmó la resolución de primera instancia en la que se había denegado la salida del país del abogado Alejandro Ferrarello, imputado en la causa que tramita en la Justicia Federal por lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres en Madaho’s, el ex prostíbulo vip clausurado en 2014.

Frente a la resolución del juez Santiago Inchausti, la defensa del imputado había interpuesto un recurso de Casación. Entre los argumentos vertidos, el abogado César Sivo sostuvo que había logrado la autorización del fiscal ante el TOF en el marco de la otra causa que lo tiene como imputado, que es por el delito de trata de personas y que está por llegar a juicio.

Frente a ello, los magistrados de la Cámara tomaron lo expuesto por el juez de primera instancia: “No puede perderse de vista que el destino informado por la defensa Miami, Sunny Isles Beach, Florida, resulta ser aquel en el cual el nombrado poseería bienes que pueden ser producto de los delitos de lavado por el que se encuentra procesado”, y repararon en el embargo sobre el porcentaje de la propiedad que el imputado tiene en Florida y el bloqueo de su cuenta bancaria radicada en el Chase JP Morgan Chase Bank, medidas solicitadas mediante rogatoria internacional a las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos que se encuentran pendiente de respuesta.

En esa misma línea, el fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, había manifestado en este incidente que, no habiéndose confirmado la traba de embargo y bloqueo de cuenta, el destino al que pretende viajar el imputado no resulta un elemento a desatender, por lo que su presencia en Florida aumenta las posibilidades de entorpecimiento de la pesquisa y ocultación de activos vinculados con el objeto de la investigación.

El representante del MPF reparó en que Ferrarello no solo se encuentra con procesamientos confirmados por los delitos de trata de personas y lavado de activos, sino también como autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas agravadas en perjuicio del juez a cargo del Juzgado Federal N°3 de esta ciudad. Y sumó que “adquirir bienes en el exterior del país tiene como finalidad, entre otras, dificultar su hallazgo por parte del órgano investigador, como así también obstaculizar o demorar su cautela en razón de encontrarse fuera del territorio nacional”.

Por otra parte, marcó que la salida del país importa también un riesgo procesal en términos de riesgo de fuga. “Ello, debe ser valorado merituando el motivo del viaje de índole vacacional, en razón de carecer de entidad y urgencia suficiente en contraposición a las graves conductas endilgadas al nombrado, criterio también adoptado por esta Cámara Federal en reiterados precedentes”, aseguró Adler en su escrito.