El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

Seis integrantes de la Armada fueron procesados por ejercer violencia de género e institucional contra una marinera voluntaria durante un entrenamiento, al tiempo que uno de los acusados es la ex pareja de la damnificada. 

Según indicó el portal Fiscales.gob.ar, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, procesó a los superiores por el ataque físico y las lesiones que sufrió la víctima durante un adiestramiento “antidisturbios dentro de jurisdicción naval” ocurrido el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López. 

Como consecuencia de la agresión, la joven de 21 años permaneció internada dos semanas en terapia intensiva en coma inducido por un cuadro de “status epiléptico con requerimiento de intubación orotraqueal” en tratamiento con sedación y antiepilépticos. 

En este contexto, los fiscales federales Federico Iuspa y Mariela Labozzetta presentaron a la magistrada un dictamen para que se incorporen pruebas de violencia de género al expediente. 

Uno de los imputados, que es el ex esposo de la mujer, recibió prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediante la alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. 

Por ejemplo, se constató que el hombre le aplicó una patada voladora a la marinera. 

Por su parte, la Justicia procesó -sin prisión preventiva- a los demás miembros de la fuerza por los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que en uno de los casos, se agregó la figura de lesiones culposas por ser la persona que ejercía la supervisión directa. 

Arroyo Salgado les prohibió a los involucrados mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea telefónico, físico o virtual. 

En tanto, libró de oficio al Ministerio de Defensa y al titular de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado de la Nación para que se tome conocimiento de los graves hechos informados.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco de una investigación por una asociación ilícita que tenía como objeto, entre otros, la comercialización de elementos electrónicos y teléfonos de alta gama ingresados de contrabando, la administración, operación y captación de juegos de azar en línea sin la debida autorización, y la puesta en circulación del dinero proveniente de las actividades ilícitas, el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata ordenó el procesamiento de nueve personas.

La resolución, firmada por el juez Santiago Inchausti, se dispuso además embargos de entre 100 millones y 10 mil millones de pesos, la prohibición de salida del país de tres personas y citó a prestar declaración indagatoria a otro imputado, mientras que otras dos personas permanecen prófugas (uno de ellos es el cabecilla). En total, de los nueve procesados -uno de ellos es funcionario de la Aduana- cinco están con prisión preventiva.  

En la causa interviene la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, quien en la investigación cuenta con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin. Entre otros aportes, esta oficina especializada contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange -es decir, de una cuenta en una plataforma de intercambio- de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez. En tanto, la Aduana se presentó como querellante.

La pesquisa se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos, con posible vinculación de funcionarios de la Aduana. En el devenir de la investigación, las tareas de inteligencia criminal realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las intervenciones telefónicas y las medidas de carácter patrimonial permitieron a la fiscalía solicitar la ampliación del objeto procesal por la posible comisión de otros delitos, tales como el lavado de activos y la promoción de casinos clandestinos en línea.

En efecto, dos de los imputados fueron procesados por el delito de lavado de activos, conforme la aplicación de la reforma del tipo penal, introducida por la ley 27.739, pues siguieron ejecutando las maniobras tras su entrada en vigencia, incluso luego de que fueran convocados a prestar declaración indagatoria.

A fin de aclarar el alcance de la figura de lavado de activos respecto de las criptomonedas, el juez tuvo en cuenta la incorporación, dentro de los elementos típicos de la figura de lavado de activos, de la mención de “otros activos”, así como la expresa definición de “activo virtual”.

Otros dos imputados están acusados del delito de administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador, en este caso, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución judicial, los acusados habían dispuesto una distribución de roles y llevaban adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de al menos diez sociedades, algunas de ellas aparentemente sin actividad real, o bien con una actividad distinta -total o parcialmente- a la declarada con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización.

“La asociación aquí conformada, desde tiempo incierto, pero al menos desde el transcurso del año 2020, ha conformado esta empresa criminal tendiente a desarrollar múltiples maniobras ilícitas que también son objeto de la presente investigación, siendo importante destacar que esta sociedad tuvo una continuidad ininterrumpida a lo largo del tiempo, tal como surge de los elementos hasta ahora recabados”, indicó el juez.

Juegos clandestinos en línea

Además de la importación, ofrecimiento y venta al público de aparatos de tecnología y teléfonos celulares de alta gama, en infracción al Código Aduanero, los activos ilícitos provendrían también del juego clandestino en línea, se indicó en la resolución judicial.

El principal acusado de la organización -que permanece prófugo- junto a dos hijos -uno de ellos también en rebeldía-, y una persona más están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar sin autorización, mediante la utilización fraudulenta de la marca de una casa de apuestas reconocida públicamente, que incluye apuestas deportivas. De acuerdo con los elementos relevados en la investigación, al menos desde el 1 de octubre pasado gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, donde se promocionaba el emprendimiento ilegal para captar apostadores.

El juez Inchausti destacó en la resolución la creciente preocupación social frente a la proliferación del juego ilegal en línea, principalmente entre las personas menores de edad, lo que ha llevado a distintos actores sociales a adoptar medidas sobre este fenómeno, entre ellas -citó-, la ordenanza municipal 26.211, de implementación de una campaña preventiva dirigida a las y los adolescentes.

El magistrado tuvo en cuenta las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional relacionado para Latinoamérica (GAFILAT), y destacó la estrecha relación entre este tipo de actividades con la criminalidad financiera.

Además del presunto líder de la organización que permanece prófugo, dos de los acusados están imputados de haber desplegado maniobras tendientes a poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas y de justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con criptoactivos, que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021.

Entre estas maniobras se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, lo que, de acuerdo a la valoración de la prueba reunida, fue dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios.

Entre otros aportes, la UFECI contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Comer natural es elegir comida densa en nutrientes en lugar de comer alimentos procesados densos en energía.

¿Cuál es la diferencia entre ambos?

La comida densa en nutrientes aporta fibra, vitaminas, minerales, poca azúcar, no tiene grasa añadida, mientras que la comida densa en energía aporta muchas calorías vacías que no suman valor agregado al cuerpo.

Una comida natural sin procesar idealmente es una comida con un solo ingrediente: manzana, pollo, avena, almendras… Un solo nombre, un solo componente.

Estos alimentos ayudan a controlar la glucosa en sangre, ayudan a controlar mejor el peso y la grasa corporal, previenen la diabetes, bajan el colesterol, ayudan a controlar el apetito, etc.

Los alimentos procesados tienen intervención humana: poseen menos fibra, generalmente poseen azúcar y grasas malas para mejorar los sabores, y utilizan ingredientes económicos para mejorar la rentabilidad del producto y muchas veces son de baja calidad.

Los alimentos procesados están cargados de químicos y conservantes para que el producto dure más, lo que afecta el ambiente químico/de nuestro cuerpo de manera negativa. También poseen aditivos que han sido científicamente desarrollados para incrementar las ganas de comer.

¿Por qué? Porque las personas así consumen más el producto, mientras que las compañías ganan más dinero, generalmente creando marketing saludable falso y engañoso.

Muchos fabricantes de alimentos están comenzando a llegar a los límites legales de lo que se considera real y lo que no, generando publicidad engañosa, disfrazando alimentos no tan buenos con palabras que confunden como: natural, alto en vitaminas, antioxidantes, o colocan “bajo en grasas”, “light” “orgánico”.

La comida procesada es comida procesada aunque sea con ingredientes orgánicos, la harina refinada puede ser orgánica, el azúcar puede ser azúcar de caña orgánica, sigue siendo azúcar y  sigue disparando niveles de insulina.

Cómo ya vimos antes, cuando le bajan la grasa a un producto, vendiéndolo como "bajo en grasas", lo incrementan en azúcar para no desmejorar el sabor. Y cuando un producto dice “light” solamente significa que tiene 30% menos calorías que la versión original, pero no significa que sea libre de azúcar o grasa, o que sea bueno.

Los fabricantes de alimentos tienen bastante libertad para colocar lo que quieran en el frente de los envases/empaques de alimentos, pero en lo que respecta la etiqueta de los alimentos en la parte de atrás.

Siempre que se consume un alimento procesado, es importante dar vuelta el paquete y leer la etiqueta nutricional.

Al buscar la lista de ingredientes, se observa que siempre están ordenados por peso de mayor a menor. Si el primer ingrediente en un producto es harina o azúcar (en muchos de sus nombres: sacarosa, glucosa, glucosa, fructosa, jarabe de maíz, etc) el producto seguramente no sea tan bueno. Y siempre hay que fijarse en los gramos de azúcar que contiene, que tenga un solo dígito en gramos y no dos.

El cuerpo quema significativamente más calorías en digerir los alimentos enteros/naturales que los alimentos procesados (casi el doble).

Por todo esto es de suma importancia llevar un balance. Se debe intentar que el 85 al 90% de lo que se consume sea este tipo de alimentos, de esta forma se puede garantizar que la mayoría de las cosas que se consumen son sanas y eso va a ayudar a mejorar la composición corporal y salud en general.

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y un grupo de sus ex funcionarios por haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita descripta en la causa de los cuadernos. El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos ya presos por otros expedientes.

Sin embargo, la Cámara volvió a dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en la asociación ilícita. El criterio seguido es que los hombres que pagaron las coimas no formaron parte de la banda de ex funcionarios kirchneristas.

Uno de los puntos claves de la resolución fue que se confirmó sólo el procesamiento para los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, que como arrepentidos habían dado detalles del pago de las coimas. Roggio admitió haber pagado dádivas por los subsidios que recibió por la explotación del subte, y Romero, por los trenes.

Se revocó, en tanto, el procesamiento dispuesto por Bonadio para otros empresarios, como Claudio Cirigliano (preso por la tragedia de Once) y Sergio Taselli, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos; o Julio José Forastieri, integrante de la sociedad con la que Taselli explotaba ferrocarriles.

La causa se abrió como un desprendimiento de las confesiones de arrepentidos, en el marco del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que relató en una serie de cuadernos los viajes de recaudación que hacía para Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. En marzo, Bonadio había sostenido que se pudo corroborar que "las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado nacional".

Hoy, la Cámara Federal analizó esa resolución y convalidó que "los sucesos que aquí se recrean aparecen enmarcados en el contexto reconstruido en la causa 9.608/18, donde se logró acreditar el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban para asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa".

Según se sostuvo, "el eje de la maniobra pesquisada estuvo dado por la asignación de la obra pública a cambio de la entrega de sustanciosas sumas de dinero. Los titulares de las compañías vinculadas al rubro de la construcción recibían el beneficio de ser contratados por el Estado, así como un tratamiento favorable durante el desarrollo de dichas relaciones contractuales".

Fuente: Infobae

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de ocho personas –tres mujeres y cinco varones- acusadas del delito de lavado de activos, a partir de un entramado de sociedades, familiares y allegados armado para canalizar y disimular los ingresos provenientes de la explotación económica de la prostitución ajena en el ex prostíbulo Madaho’s.

Las maniobras investigadas incluyeron operaciones de compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles, permuta de propiedades, administración de fideicomisos, y puesta en circulación de gran cantidad de dinero en efectivo cuyo origen resultaría ilícito.

Desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, a cargo de Daniel Adler, se había solicitado mantener las acusaciones y se planteó en el marco del incidente que “la habitualidad y la conformación de una asociación se observa a poco de leer la imputación y repasar la prueba que la acredita”.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación contabilizó 28 maniobras desarrolladas a lo largo de trece años de forma ininterrumpida, que incluyeron compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles – en Mar del Plata y un caso de adquisición parcial en Florida, Estados Unidos- y la puesta en circulación de gran cantidad de dinero.

A los imputados, entre los que se encuentran los dueños y familiares del inmueble situado en Alem al 4200 -que se constituyó durante años como el prostíbulo vip de la ciudad- se los acusa de formar parte de una organización investigada por el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual, que habría puesto en circulación en el mercado las ganancias de esa actividad ilícita.

En concreto, la fiscalía sostiene que los procesados "habrían convertido, transferido, administrado, disimulado y/o puesto en circulación en el mercado los bienes provenientes de un ilícito penal, todo ello a través de la reiteración de distintas maniobras, ya sea de forma conjunta y/o alternativa pero vinculadas entre sí".

La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Czizik, titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar de Plata, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los magistrados Bernardo Bibel y Martín Bava desecharon el primer agravio de las defensas que argumentaron la supuesta inexistencia del delito previo. Frente a ello, sostuvieron que “la demostración del delito precedente no exige prueba directa sobre el mismo, ni sentencia condenatoria firme basada en autoridad de cosa juzgada”; y añadieron un extracto del Código de la Nación Comentado, donde se señala que “no es necesario que el delito previo resulte acreditado por sentencia judicial firme bastando que se haya demostrado su existencia en torno a la tipicidad y antijuricidad en la causa donde se ventila su presunta comisión”. De hecho, la causa que investigó el delito de trata de personas contra los propietarios del local nocturno ya fue elevada a juicio.

En la misma línea, remarcaron que el juez instructor, Santiago Inchausti, sopesó debidamente las circunstancias que en la praxis evidencian que “al menos desde el 2001, en el local Madaho’s se habrían llevado a cabo distintas maniobras mediante las cuales se explotaría económicamente el ejercicio de la prostitución de mujeres”, al tiempo que “se logró determinar(…) la vinculación de los imputados con diversas sociedades a través de las cuales se habrían obtenido bienes que fueron adquiridos total o parcialmente gracias al producto de la casa de citas”.

Para los magistrados, las pruebas reunidas en la instrucción y el consecuente entendimiento realizado al analizar la materialidad de los hechos, “proyectan una reconstrucción histórica precisa de los diferentes eventos que habrían llevado adelante quienes resultan sindicados como partícipes o miembros de la compleja organización criminal instrumentada para el blanqueo de los capitales ilícitos”.

La Cámara Federal confirmó este lunes el procesamiento de los cinco marplatenses que están acusados de lavar dinero a través de un complejo entramado de empresas off shore mediante el que compraban propiedades en los Estados Unidos para blaquear coimas a cambio de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en EE.UU., fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elisabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces.

El procedimiento incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado de testaferros armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers.  Este suceso salpicó al luego fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y señalado como un "valijero" del matrimonio.

"En tal sentido, esos movimientos se enmarcarían dentro de los aproximadamente U$S70.000.000 volcados en el mercado inmobiliario estadounidense a partir de los fondos proporcionados por Muñoz, provenientes del espurio mecanismo de recaudación investigado en la causa 9608/18 (cuadernos)", agrega la resolución.

El fallo ratificó, además, los embargos trabados a Todisco y Ortiz Municoy en 3 mil millones de pesos a cada uno, ya que la Cámara tomó como base para establecer el monto "la significación económica que habría tenido la maniobra pesquisada, que ascendería a un monto no menor a U$S70.000.000, los cuales equivalen a la suma en pesos fijada".

"No puede soslayarse, al respecto, la prioridad en procurar el recupero de los activos que aún no fueron hallados, para lo cual se tiene como parámetro esa cifra", agregaron los jueces.

En tanto, los magistrados decidieron reducir los embargos trabados a Elba Municoy a 432 millones de pesos y a Danza y Parolari, a 200 millones de pesos, dado que "se les atribuyen conductas de menor relevancia y cuya duración no abarca todo el período investigado", aunque destacaron "el carácter solidario de la obligación de reparar el daño entre todos los responsables del delito".

Mediante la misma resolución, los jueces también confirmaron los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y de Juan Manuel Campillo, ex jefe de la ONCAA y viudo del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Domenico.