La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado, y ordenó revisar el fallo dictado previamente por la Cámara Federal.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció a favor de mantener el procesamiento.

Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del ex mandatario y dispuso que la instancia anterior dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal.

El fallo se apoyó, entre otros puntos, en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

En ese sentido, los jueces remarcaron que “no hay juez sin acusador” y consideraron que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento “sin una base acusatoria suficiente”, lo que implicó una vulneración del principio acusatorio. Carbajo, en su voto, sostuvo que la resolución anterior fue dictada “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.

Por su parte, Hornos argumentó en disidencia que el fallo no era definitivo y que debía mantenerse vigente para permitir el avance de la investigación, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar la pesquisa por presuntos hechos de corrupción.

La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, se centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., habilitando la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un eventual perjuicio económico para el Estado.

En ese expediente, Fernández había sido procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, con un embargo de $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país. También están involucrados otros imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la firma Bri Brokers S.A.

Pese a la resolución de Casación, la investigación continúa y la Cámara Federal deberá analizar nuevamente la situación del ex mandatario, así como el impacto de esta decisión sobre el resto de los involucrados.

Fuente: con información de TN

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García en la causa por el Vacunatorio VIP.

Además, se informó que el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por presunto “abuso de autoridad y peculado”, en una decisión que también alcanzó al ex secretario privado del ex funcionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. 

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito.

“El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”, advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido “a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

Los jueces sostuvieron que “aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”.

El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para González García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada.   

Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal. 

En un “vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa”, entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros.   

“Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020”, por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara.

El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con cinco dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud.

Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes “recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas”, remarcó la acusación.

Fuente: Noticias Argentinas

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó este jueves los procesamientos con prisión preventiva de las doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de droga en la denominada “Villa Mateotti”, situada a unos siete kilómetros al sur del centro de la ciudad. En la causa intervino el fiscal general ante esa instancia, Daniel Adler, quien solicitó la confirmación de las actuaciones.

La organización, de acuerdo a la investigación, se dedicaba al abastecimiento de estupefacientes a grupos familiares, allegados y sujetos vinculados o no entre sí, y actuó al menos desde agosto de 2014 hasta el día de los 25 allanamientos simultáneos realizados el 23 de agosto de 2018, que permitieron desbaratar la banda.

Su actividad se daba principalmente en lo que se conoce como “Villa Mateotti” o “Villa 35”, ubicada en la manzana comprendida por las calles Mario Bravo, Mateotti, Benito Lynch y Talcahuano, a escasos metros de una escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín de infantes provincial., según reconstruyeron desde el Ministerio Público Fiscal.

La banda habría contado con la protección de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -lo que implica un agravante en la imputación-, quienes manejaban investigaciones a discreción o bien pasaban información sobre futuros o posibles allanamientos a quienes se dedicaban a la venta de drogas.

De acuerdo al análisis de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se cuenta con un importante caudal probatorio para mantener las acusaciones; los camaristas repararon en que en los allanamientos se secuestraron, además de cultivos, marihuana y cocaína, armas y municiones en poder de algunos de los acusados.

Competencia federal

Uno de los debates que se dio ante los agravios de las defensas tenía que ver con la habilitación del fuero federal. Ante ello, la Cámara tomó el criterio planteado por el Ministerio Público Fiscal, que tuvo en cuenta “las características y complejidad de la organización criminal desbaratada, en la que pueden vislumbrarse diversos niveles y roles dentro de su estructura; la cantidad de personas investigadas y detenidas; la cantidad apreciable de sustancias estupefacientes secuestradas, gran parte de lo cual no se encontraba fraccionada para su venta al consumidor; la cantidad de armas y municiones que fueron secuestradas durante los allanamientos; la participación y cobertura que fue brindada a la organización por parte de funcionarios de la policía bonaerense que eran los encargados de perseguir este tipo de infracciones a la norma; y que el comercio de estas sustancias se realizaban en inmediaciones de establecimientos educativos”.

Además de citar los artículos de las leyes vigentes y jurisprudencia al respecto, los magistrados de la Cámara tomaron una explicación del juez que resolvió los procesamientos en primera instancia, para mantener la competencia del fuero federal: “Si bien es cierto que la presente (causa) se originó por presuntas ventas al menudeo de material estupefaciente, ello significó el puntapié inicial para abrir un abanico de vendedores en la misma zona, quienes mantienen comunicaciones entre sí, comparten los mismos proveedores, trafican la misma calidad de información en cuanto a las advertencias del personal de la policía bonaerense respecto a procedimientos en el barrio para deshacerse de las sustancias ilícitas que comercializaban”.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este martes a la ex presidenta Cristina Kirchner en dos expedientes por presuntas irregularidades en la transferencia de subsidios públicos durante su gestión como presidenta a empresas de trenes y colectivos.

El magistrado investiga a la senadora de Unidad Ciudadana en dos causas en paralelo: uno por el sistema ferroviario y otro por el gasoil en el sistema de transporte automotor.

El lunes, además, el juez Bonadio también había procesado con prisión preventiva a Kirchner, en ese caso por la importación con sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL).

Cristina sumó así su quinto procesamiento con prisión preventiva -entre estos, el pacto con Irán-, pero la senadora no irá a la cárcel porque, como sus pares del Congreso, tiene fueros.

Desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) se mostraron expectantes de que haya avances concretos con la posibilidad de que el langostino se procese en Mar del Plata, tal como planteó días atrás a El Marplatense el Subsecretario de Pesca de Nación, Juan Bosch.

El máximo responsable del gremio, Carlos Mezzamico, le explicó a este medio que esta iniciativa ya había sido planteada al funcionario meses atrás para dar un paliativo a la falta de trabajo en tierra que se arrastra en el Puerto local. "El nos prometió que se iban a fijar y que estaba en la idea de ellos de sustentar más al Puerto", destacó.

El referente de la estibadores dijo que el planteo se sustenta en lo que establece la Ley de Pesca en la cual, según señaló, se menciona que un porcentaje del total de la captura que hace un barco tiene que "dejarse sí o sí en su puerto de asiento".

"Esperamos que se pueda revertir la situación y que los 70 barcos que se van hacia el sur por esta pesquería finalmente descarguen algo de todo lo que capturan acá en la ciudad", expresó el Secretario General del SUPA.

Además, Mezzamico aseguró que están "todas las condiciones dadas" como para que se avance con la elaboración del pescado en el ámbito local. "Ya se comprobó que el langostino llega bien, y se decía que no había mano de obra para agregarle valor en tierra y no es así, porque el SOIP tiene gente para hacer el trabajo y no hay ninguna clase de problema", dijo, y añadió: "Y en una ciudad como esta, con tan poco trabajo, se hace sin dudas. Las condiciones están dadas".

En su paso por la ciudad para participar del comienzo del proceso de intervención del INIDEP, Bosch había reconocido como "seria" la problemática de la falta de trabajo en tierra. “Hoy se da la particularidad de exportar langostino en bloque para que luego se reprocese en Vietnam, Perú o China, y todo ese reproceso se tiene que hacer acá. Hay que traer el langostino para trabajarlo“, sostuvo, ante este escenario.

La Cámara Federal de dicha jurisdicción confirmó en las últimas horas el procesamiento por asociación ilícita de tres abogados, un asesor previsional, tres médicos y una contadora, que integraban una banda que tramitaba beneficios previsionales irregulares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Además, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, al entender que dichos beneficios se obtenían a través de dádivas.

En su fallo, los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza ratificaron el procesamiento con prisión preventiva dictados por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública (reiterada en 16 oportunidades); tentativa de defraudación contra la administración pública (en tres oportunidades); uso de documento falso; alteración dolosa de registros y tenencia ilegítima de DNI ajenos.

La investigación involucra además a funcionarios del ANSes y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quienes recientemente fueron procesados por su intervención delictiva en las maniobras.

Según indicaron desde el Ministerio Publico Fiscal, los magistrados entendieron probada  la existencia de una organización criminal formada por los integrantes de un estudio jurídico dedicado mayormente a la realización de trámites previsionales y, cuanto menos, cinco personas más, los cuales –desempeñando diversos roles- gestionaban y obtenían para terceros beneficios previsionales y de la seguridad social ilegítimos (jubilaciones o retiros por invalidez), para lo cual simulaban relaciones laborales mediante la presentación de denuncias en formularios “Z” falsas o la carga de declaraciones juradas apócrifas a partir de la generación de documentación falsa, entre otras maniobras.

También, en relación con los retiros por invalidez la organización influiría en las decisiones y dictámenes médicos que realizaba la Comisión Médica Nro. 12 de Mar del Plata, obteniendo a través de alguno de sus miembros información interna u ofreciendo dinero a cambio de dictámenes favorables. Una vez obtenido el beneficio previsional, la organización percibía honorarios por el trámite realizado, los cuales excedían los establecidos por ley. Todas estas maniobras habrían generado un perjuicio al Estado Nacional del orden de los 90 millones de pesos aproximadamente.

En su voto -al que adhirió su colega- el juez Jiménez señaló que “la defraudación a la administración pública investigada en autos no solamente ha causado un perjuicio varias veces millonario al erario público en general, sino que tal expoliación ha recaído sobre el dinero otorgado a organismos de particular trascendencia social (ANSES y PAMI) y la destinación espuria de esos fondos para beneficiar a quienes legalmente no les correspondía, provocó la lógica contracara de restar esas ingentes suma de dinero a la concesión de beneficios legítimos, prestaciones de salud y atención de personas ancianas o que realmente sufrían algún tipo de discapacidad. Deviene evidente que la apropiación indebida de dinero público que estaba dirigido a cubrir necesidades de unas de las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, máxime en el marco de la deuda social que desde tanto tiempo atrás mantiene el Estado con ese sector, causa preocupación y no resulta indiferente a la paz social”.

Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones marplatense hizo lugar al recurso oportunamente interpuesto por la fiscalía, que entendió que la imputación efectuada por los casos de cohecho no debía limitarse a uno solo de los abogados, sino que debía extenderse a los restantes integrantes de la organización, que se aprovecharon de esta maniobra que formaba parte del modus operandi.