El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó al descubierto un dato relevante para Mar del Plata: la caída en la cantidad de beneficiarios de programas sociales nacionales durante el inicio de 2026. La información, correspondiente al partido de General Pueyrredon, evidencia un recorte tanto en cobertura como en recursos.

El programa Centros de Familia, uno de los principales dispositivos de asistencia territorial, registró en 2025 un total de 151 beneficiarios distribuidos en 11 centros, con la entrega de 341 vouchers y una ejecución presupuestaria de 8,1 millones de pesos. Sin embargo, en 2026 —con datos relevados hasta marzo— la cifra se redujo a 55 beneficiarios, con solo 5 centros en funcionamiento, 84 vouchers entregados y un presupuesto ejecutado de 2 millones de pesos.

La comparación interanual marca una caída significativa: más del 60% menos de personas asistidas, una reducción a menos de la mitad en la cantidad de espacios operativos y una baja considerable en los fondos destinados al programa. Este esquema refleja el impacto local del ajuste en políticas sociales impulsado por el Gobierno nacional.

Desde el Ejecutivo sostienen que el recorte del gasto público forma parte de una estrategia para ordenar las cuentas del Estado, bajo la premisa de que una reducción del déficit generará estabilidad económica a largo plazo. No obstante, los datos muestran que ese proceso ya tiene efectos concretos en el territorio, especialmente en programas de cercanía que apuntan a sectores vulnerables.

El informe no detalla otros dispositivos sociales activos en el distrito ni nuevas herramientas de contención que compensen la reducción observada, lo que abre interrogantes sobre el alcance de la asistencia estatal en una ciudad con altos niveles de demanda social como Mar del Plata.

Brasil redujo la pobreza a su nivel más bajo desde 2012, al sacar de esa situación a 8,7 millones de personas en 2023, coincidiendo con el primer año del progresista Luiz Inácio Lula da Silva en el poder, según informó hoy el Gobierno.

La población del país que vive por debajo de la línea de la pobreza establecida por el Banco Mundial (6,85 dólares de poder de compra al día) cayó del 31,6% hasta el 27,4% entre 2022 y 2023, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La misma tendencia se registró con la población en situación de extrema pobreza (2,15 dólares al día), que cayó en el mismo periodo un punto y medio hasta el 4,4%, también el menor nivel desde 2012 y la primera vez que se sitúa por debajo del 5%.

En números absolutos, unas tres millones de personas salieron de la extrema pobreza en Brasil en 2023, cuando Lula sucedió al líder ultraderechista Jair Bolsonaro en la Presidencia de Brasil y retomó los programas sociales que habían sido suspendidos o reducidos en la administración anterior.

No obstante, aún hay 59 millones de personas en situación de pobreza y 9,5 millones en condiciones de extrema pobreza en el país, que cuenta con un total de 213 millones de habitantes.

El IBGE afirmó en una nota que "si no existieran los programas sociales implementados por el Gobierno federal", la proporción de personas en extrema pobreza y en situación de pobreza habría subido de forma considerable hasta el 11,2% y el 32,4%, respectivamente.

El organismo señaló que esos programas sociales, entre ellos un subsidio para las familias más humildes que se otorga bajo una serie de condiciones, como la obligatoriedad de vacunar a los hijos, "impidieron el aumento de la desigualdad de renta en 2023".

En 2023, la mitad de las personas en zonas rurales eran beneficiarias de algún programa social, mientras que en áreas urbanas ese porcentaje se redujo hasta el 24,5%.

Además, dos de cada cinco menores de hasta 14 años vivían en domicilios apoyados por alguna de estas iniciativas. Otro dato que muestra el impacto de esas medidas es que en 2023 el contingente de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban cayó a su menor nivel desde 2012 (10,3 millones).

Además de retomar la agenda social, el Gobierno de Lula también subió el salario mínimo por encima de la inflación, impulsó las infraestructuras públicas y concedió incentivos y líneas de créditos a sectores estratégicos, como el automovilístico o la agricultura. Todo ello permitió reducir los niveles de desempleo a mínimos históricos (6,2%) y mantener al alza el consumo de las familias.

Fuente: Clarín

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, anunció este lunes un aumento del 25% en los programas sociales que maneja su cartera y le reclamó a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, que agilice una entrega atrasada de alimentos a la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a dar un 25% de aumento en 17 programas que tiene nuestro ministerio. Esos programas tienen que ver con políticas sociales y fundamentalmente con política alimentaria”, informó esta mañana Larroque.

El titular de Desarrollo de la Comunidad provincial brindó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco; al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y al ministro de Economía, Pablo López.

Larroque señaló que el incremento anunciado hoy es el tercero del año para los programas sociales de su cartera. “Este 25% de aumento implica en lo que es el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, el programa MESA, un acumulado de 143% de aumento en lo que va del año. Y en el resto de los programas es un 120% de aumento en lo que va del año”, informó.

El SAE y el MESA (un complemento de entrega de módulos alimentarios) abarcan a unos 2.400.000 beneficiarios. En tanto, el incremento del 25% incluye también a otros programas como las Unidades de Desarrollo Infantil, destinado a 90.000 niños de entre 45 días y 14 años; el Envión, para 72.000 jóvenes de 12 a 21 años, y otros vinculados a personas con discapacidad, centros juveniles, estudiantes universitarios, personas mayores y acompañamiento a personas con adicciones.

“Esto significa pasar a una inversión mensual en materia de políticas sociales de casi $ 60.000 millones de pesos a algo más de 76.000 millones”, señaló Larroque. Y agregó que la inversión estimada anual es de $ 700.000 millones.

En el marco de la conferencia, el ministro también le reclamó a Pettovello por retrasos en la entrega de alimentos para la provincia. “Hace un mes que estamos a la vuelta con la entrega de la mercadería. Firme un convenio y ahora resulta que ese convenio lo quieren modificar. Todos los días pasa algo”, advirtió.

Larroque detalló que no tiene diálogo con la ministra, sino que su ida y vuelta es con subalternos de ella. “Hay mucha gente en la Argentina que la está pasando mal”, señaló. Y reclamó a Nación que “de manera inmediata nos entreguen” los alimentos.

Tras la pandemia por el coronavirus y el aislamiento obligatorio que deja a la población sin ingresos, el gobierno ha puesto en marcha diferentes programas para paliar los efectos de la crisis. Según se desprende de un material de trabajo elaborado en despachos oficiales, el paquete de asistencia económica que dispondrá el gobierno nacional para distintos sectores alcanzará el 5,6% del PBI entre abril y junio.

El monto estimado, según la actualización oficial, entre gasto fiscal y facilidades financieras, alcanzará a los 1,7 billones de pesos. En la comparación internacional, "el tamaño del paquete fiscal de Argentina es similar al de países como Alemania y Reino Unido, y superior al de Brasil, China, Corea, Italia, España y Francia".

También se destaca que, a diferencia de otros países, Argentina cuenta con un piso de protección social público como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, jubilaciones y pensiones, que "se mantiene y se refuerza en el contexto de crisis".

Para el gobierno, el país hoy "se destaca por poner dinero en el bolsillo de la gente" mediante programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) como principal política, "mientras que otros países se caracterizan por políticas que alcanzan a las empresas por medio del sistema bancario/financiero".

En medios oficiales se destacaba a la luz de este trabajo que "la Argentina cuenta con una infraestructura pública preexistente, es decir, que no son recursos extraordinarios volcados, sino recursos ordinarios ya presupuestados".