El colectivo Soy Garrahan, integrado por madres, padres y ex pacientes de ese hospital, lanzó un enérgico reclamo al Poder Ejecutivo para que se promulgue, regule e implemente sin más dilaciones la Ley de Emergencia de la Salud Pediátrica, ya aprobada y ratificada en ambas cámaras del Congreso.

Según señalaron, la puesta en marcha de esta norma “puede marcar un antes y un después para los miles de niños y niñas que dependen de este hospital y para la salud pediátrica en general en la Argentina”

Soy Garrahan está conformado por familias de distintas provincias como Buenos Aires (incluyendo Mar del Plata y Necochea), Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, San Juan y Neuquén, entre otras. Lo que comenzó como una unión espontánea se transformó en un movimiento colectivo que acompaña el reclamo del personal médico y sanitario, defendiendo el acceso a una salud pediátrica pública, gratuita y de calidad.

En el comunicado, las familias remarcaron que se encuentran en “estado de alerta” ante la demora en la reglamentación de la ley y recordaron que la Ley de Discapacidad, también sancionada, sigue frenada en su aplicación.

El colectivo agradeció el respaldo que la sociedad viene brindando a esta causa, pero pidió que se continúe presionando para que la normativa se cumpla en tiempo y forma. También solicitó a los medios de comunicación que sigan visibilizando la situación y destacaron que la difusión en redes sociales es clave para sumar apoyos.

“Somos madres, somos padres, somos ex pacientes, somos familias, somos ciudadanos con valores: somos Garrahan. Y no vamos a bajar los brazos hasta que nuestras infancias estén protegidas”, concluye el mensaje.

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, luego de su aprobación final el 27 de junio, el Gobierno promulgó este lunes 8 de julio la ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos junto con el paquete fiscal. Ambas normativas entran en vigencia.

La administración nacional finalmente publicó los decretos 592 y 593 que disponen la entrada en vigencia de ambas normativas sancionadas por el Congreso de la Nación, luego de meses de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo con los bloques dialoguistas de la oposición.

Por un lado, la ley Bases le otorga facultades delegadas al presidente Javier Milei y contiene una amplia reforma del Estado,con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

La ley Bases fue aprobada con 147 votos afirmativos, 107 negativos 2 abstenciones. Tras la eliminación de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, RTA (Radio y Televisión Argentina) y el Correo que definió el Senado, se esperaba un importante acompañamiento.

A pesar de querer insistir con las privatizaciones, el Gobierno tuvo que ceder en este punto. Lo mismo sucedió con la eliminación de la Moratoria Previsional, que también fue descartada por la Cámara Alta.

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley de Alquileres sancionada el 11 de junio pasado mediante el Decreto 580/2020 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa.

La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación y había sido sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado.

Entre los nuevos beneficios para los inquilinos, dispone modificaciones como la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización, que deja de regirse por las expectativas de mercado y pasa a aplicarse por un índice objetivo.

La nueva ley plantea que los aumentos dejarán de ser semestrales y pasarán a ser anuales. Actualmente, ese porcentaje de actualización se establece en forma arbitraria, según las expectativas de inflación. Con los cambios, pasará a basarse en un indicador que publicará el Banco Central. Estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses.

Hace 36 años que no se modificaba la ley de alquileres y hace 4 años que se intentaba avanzar en el Congreso, sin éxito. Hay 9 millones de argentinos que alquilan, el 17% de las familias.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la reducción del depósito de garantía. Pasará a equivaler a un mes de alquiler, y cuando termina el contrato, la devolución deberá ser en el momento de la restitución del inmueble, y actualizada al valor del último mes de alquiler. Con los años, ese depósito inicial perdía valor debido a la inflación acumulada. En la práctica, la legislación permitía pedir de depósito un mes de alquiler por cada año de contrato, y luego la devolución era por el mismo monto, y podía demorarse hasta 90 días en el reintegro.

La renovación de los contratos también tendrá cambios. La nueva ley introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de renovación con tres meses de anticipación, para que el inquilino tenga tiempo para buscar otra vivienda.

Por último se creará el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda y se dispondrá de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación. Asimismo, será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.