Profesionales y trabajadores del INAREPS realizan una jornada de protesta este miércoles  frente al establecimiento, ubicado sobre la Ruta 88, en la ciudad de Mar del Plata. La medida busca visibilizar una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del hospital y al impacto de posibles cambios en la ley de discapacidad.

Juan Bustamante, radiólogo de la institución y delegado de ATE, explicó que uno de los principales puntos del reclamo es evitar modificaciones en la normativa vigente, especialmente en lo referido al nomenclador, clave para garantizar el pago de prestaciones. “Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a toda la comunidad que depende del sistema”, advirtió.

Entre los planteos, también se destaca la eliminación de cupos para residentes, la falta de envío de fondos de autogestión desde Nación —que sí habrían sido girados a otros hospitales de la misma órbita— y la necesidad de que los propios trabajadores cubran gastos básicos. Según denuncian, deben afrontar arreglos de infraestructura, mantenimiento de vehículos e incluso elementos de uso cotidiano como colchonetas.

Desde el sector remarcan que la situación impacta directamente en la atención, ya que el instituto cubre cerca del 80% de los casos de discapacidad en Mar del Plata y la región. En ese sentido, convocan a la comunidad a sumarse a la actividad para visibilizar el conflicto y exigir respuestas urgentes a las autoridades.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata manifestó su “total desacuerdo con la metodología empleada por los manifestantes” en relación con la movilización del Sindicatos de Pasteleros frente a locales gastronómicos como Hard Rock Café y Kentucky.

En ese sentido, la entidad expresó su preocupación por el impacto que este tipo de acciones genera en el sector y en la actividad económica local.

En su posicionamiento, la Asociación destacó que la instalación de marcas de prestigio internacional, la fuerte inversión del sector privado en un contexto complejo y la creación de puestos de trabajo “no puede verse empañada por actitudes de este tipo”, que -señalaron- no solo perjudican al empresariado gastronómico y hotelero, “sino que además resultan nocivas” para toda la ciudad”.

Se recuerda que este viernes se produjo un fuerte enfrentamiento entre el Sindicato de Pasteleros (STARPYH) de Mar del Plata y UTHGRA a raíz de manifestaciones realizadas por Pasteleros, donde denunciaron irregularidades laborales, mala registración y violación de convenios.

El secretario general de Pasteleros, José García, justificó la protesta señalando que buscan visibilizar situaciones de precarización y defender los derechos de los trabajadores en un contexto económico crítico, y adelantó que continuarán con las acciones hasta que las empresas regularicen al personal.

Por su parte, UTHGRA Mar del Plata repudió el escrache y lo calificó como un hecho “innecesario, lamentable y violento”, denunciando presiones, extorsiones y la presencia de “patovicas traídos en micros desde Buenos Aires”.

Su titular, Pablo Santín, afirmó que Hard Rock Café y locales similares no corresponden al convenio de Pasteleros y acusó a García de intentar forzar encuadres laborales mediante amenazas, afectando la actividad, la inversión y el empleo en la ciudad.

La preocupación por la inseguridad volvió a encender las alarmas en Sierra de los Padres y zonas aledañas. Vecinos de ese sector, junto con otros de Colinas Verdes y La Peregrina, convocaron a una manifestación frente a la Comisaría Decimocuarta para exigir medidas urgentes a las autoridades.

La concentración se realizará este jueves a las 12:00, frente a la dependencia policial de Sierra de los Padres.

El llamado surge a partir de dos hechos violentos ocurridos en las últimas horas: un robo a mano armada el lunes a las 19:30 y otro el martes a las 7:15, en el que delincuentes armados asaltaron a un hombre mientras llevaba a sus dos nietas a la escuela en su auto. “Un desastre”, señalaron en el mensaje que acompaña la convocatoria.

En el comunicado difundido, los organizadores remarcaron el “notorio abandono y la falta de cumplimiento de acciones preventivas” y advierten sobre una “preocupante profundización de la violencia”. La petición está dirigida al comisario de la seccional 14, Cristian Arbini, al intendente Guillermo Montenegro y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes les solicitan medidas “inmediatas y sostenidas” que garanticen la seguridad de la zona.

Con las consignas “¡Basta de decir que no hay plata!”, “¡Basta de la desidia institucional!” y “¡Queremos respuestas inmediatas!”, los vecinos concluyeron el pedido en busca de visibilizar la problemática y presionar por soluciones concretas.

A más de un año de la denuncia realizada por dueños de caballos sobre el robo de equinos para faenado, finalmente el Municipio brindó una respuesta oficial al pedido que se presentó ante el Concejo Deliberante. Sin embargo para el concejal Diego García, de Unión por la Patria, la respuesta del Ejecutivo llegó “totalmente fuera de tiempo” y por lo tanto “va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

García señaló que el proyecto de solicitud de información fue tratado, pero destacó que las respuestas de las distintas secretarías llegaron con un retraso significativo: “Habíamos solicitado la información hace ya un año y meses. Si bien fueron respondiendo diferentes secretarías, es un tema que quedó atemporal, porque las respuestas llegaron en noviembre del año pasado, pero recién ahora el Ejecutivo las cargó al sistema”.

El edil también hizo hincapié en las sospechas que circulaban entre los vecinos sobre el destino de los caballos robados, indicando que “la respuesta que le podemos dar a los vecinos, la verdad que quedó totalmente fuera de tiempo”. En ese sentido, lamentó que la investigación no haya avanzado con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos y brindar tranquilidad a la comunidad.

Asimismo, el concejal reconoció que respondieron la Secretaría de Seguridad, Inspección General, la Patrulla Rural, pero lamentó que “cuando se responde y no se envía al Concejo Deliberante la documentación que llegan desde las secretarías o que envían los secretarios, pasan estas cosas, va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

Finalmente, García recordó la gravedad del problema en el pasado, mencionando una movilización significativa de vecinos al Palacio Municipal: “El año pasado hubo una movilización muy importante al Palacio Municipal, donde vino gente de a caballo para mostrar lo que estaba pasando en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Y hoy se terminó archivando el proyecto porque ha quedado fuera de término”. 

Tres íconos de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, actuarán este domingo a las 14:00 en la emblemática playa de Copacabana de Río de Janeiro, durante una protesta contra el controvertido Proyecto de Ley de Blindaje, que busca proteger a los parlamentarios de procesos penales mediante voto secreto del Congreso. El encuentro, que también contará con la participación de la cantante Anitta, se iniciará a la altura del puesto 5 sobre la Avenida Atlántica.

Los legendarios cantautores, todos octogenarios y con décadas de activismo político, encabezarán manifestaciones que se replicarán en más de una docena de ciudades brasileñas contra lo que los críticos han denominado la Ley de los Bandidos. La movilización busca frenar una iniciativa del Congreso de mayoría conservadora que, según sus detractores, antepone los intereses de los legisladores a los problemas sociales y económicos del país.

El martes, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley conocido como Proyecto de Ley de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores. “El crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento, lo cual es preocupante”, advirtió el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en declaraciones al diario O Globo.

La indignación creció el miércoles cuando los legisladores aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto que podría conceder amnistía al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado. Veloso publicó en su cuenta de Instagram que la iniciativa del Congreso en ambas cuestiones “no puede quedar sin respuesta por parte de la población brasileña”.

“Tenemos que salir a las calles”, pidió. A la convocatoria de manifestaciones se sumaron también Djavan y la superestrella del funk Anitta, quien pidió a sus 63 millones de seguidores en Instagram imaginar “ser asesinados y que su asesino no pueda ser procesado sin autorización de sus colegas”.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del partido de centroderecha Republicanos, defendió el proyecto como protección contra abusos judiciales. Cuando una norma similar estuvo vigente entre 1988 y 2001, según el portal de noticias G1, solo un legislador fue procesado mientras se rechazaron 250 solicitudes de la Corte Suprema.

“No más impunidad. Parlamento sinvergüenza”, reza el mensaje que circula masivamente en redes sociales convocando a las protestas. El proyecto, así como el de amnistía para bolsonaristas condenados por el intento de Golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y que podría beneficiar al propio ex presidente, enfrenta resistencia en el Senado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de “asunto serio” del que deberían ocuparse los legisladores. 

Fuente: con información de Infobae

Un nutrido grupo de deliveries de aplicaciones concentraron esta tarde en el Monumento al General San Martín, en la avenida Luro y Bartolomé Mitre, para pedir mayor seguridad, denunciar que Tránsito y la Patrulla Municipal los trata de “chorros” y exigir que el Municipio les otorgue GPS para ubicar los vehículos robados. "Los botones de pánico, además de que no funcionan, tampoco son una solución viable", le dijeron a este medio.“En representación de todos los trabajadores de delivery de las aplicaciones, la Comunidad de Delivery Independiente (CDI) y el Sindicato de Cadetes Motoristas y Mensajeros de Mar de Plata (SiCaM), estamos unidos pidiendo justicia para las víctimas de la delincuencia, más seguridad en las calles, que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) funcionen correctamente y que se actúe inmediatamente cuando se roba una moto, que tanto los fiscales como la policía actúen de manera inmediata y que se nos escuche”, comentó uno de los referentes del sector, Adrián, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, aseguró que seguirán marchando y reclamando para conseguir el objetivo de “trabajar más tranquilos”, según señaló el trabajador.

En tanto, el repartidor expresó que seguido a un reclamo “a veces” los escuchan y “se acomodan un poco las cosas temporalmente, pero después se desentienden del tema y quieren arreglar la situación de una manera que nunca llega a la solución”.

Sobre ese último punto, el delivery afectado comentó que “personal de la Patrulla Municipal, junto a agentes de Tránsito, paran a los compañeros cuando están trabajando y los demoran de más", y en ese sentido, denunció: “Se nos trata de chorros o delincuentes, cuando es todo lo contrario. Los chicos están trabajando y los demoran buscándole el pelo al huevo, por algo que no es parte de la función que cumplen”. 

Por otra parte, en cuanto a la crítica hacia el trabajo del COM, agregó que “hay cámaras que no funcionan”, lo que saben debido a la gran cantidad de veces que han solicitado las filmaciones para ubicar vehículos robados, sin obtener respuesta. “Buscamos un accionar inmediato cuando se roba una moto porque no nos corresponde tener que ir a buscarla y hacer justicia por mano propia. Que lo haga la policía como corresponde”, detalló Adrián.

En último lugar, pidió “que la Municipalidad sirva de nexo para conseguir los GPS, ya que los botones de pánico, además de que no funcionan, tampoco son una solución viable”, y concluyó: “La única vía para encontrar una moto robada es con un GPS y un fiscal que dé la orden para entrar a una propiedad privada”.

En concordancia a las medidas que tomó ADUM la semana pasada, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) anunció un nuevo cese total de actividades para este miércoles y jueves en todas las instalaciones de la casa de altos estudios.

Estas acciones son realizadas en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario y esta nueva protesta se suma a otras que se han venido aplicando desde el regreso de las vacaciones de invierno.

El último paro se llevó adelante el jueves pasado, pero en esa ocasión estuvo motivado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (ADUM), que además organizó al día siguiente un “semaforazo” en la intersección de la avenida Independencia y Peña.

En paralelo, el viernes ADUM también dio a conocer un nuevo cronograma de medidas de fuerza que se desarrollarán durante las próximas dos semanas.  Las actividades incluyen hoy una radio abierta en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, un paro total de actividades mañana, clases públicas en diversos espacios el 1 de septiembre y un paro con marcha universitaria el 2 de septiembre, con concentración en la Facultad de Medicina y posterior movilización hacia el centro de Mar del Plata.

Por otro lado, en cuanto al comunicado de APU, manifestaron que se tratará de “un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las instalaciones de la UNMdP”, y remarcaron que “si la gestión no ofrece soluciones, reafirmamos nuestra lucha".

Investigadores y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizaron hoy un “semaforazo” en la intersección de avenida Luro e Yrigoyen, frente a la Municipalidad. En el marco de un paro por 48 horas que comenzó ayer, buscan visibilizar la crisis que atraviesa el organismo y exigir soluciones.

Según indicaron, con estas acciones pretenden alertar sobre el deterioro de las condiciones laborales y el financiamiento de la ciencia en Argentina. Durante la manifestación, los participantes exhibieron carteles con consignas como “¡La ciencia está en peligro!”, “Defendamos el Conicet”, “Un gobierno hambreador ataca todos los derechos” y “Fuera Milei”.

Como viene ocurriendo desde hace tiempo, los reclamos se centraron en la urgente necesidad de recomposición salarial, ya que los sueldos tienen un retraso respecto de la inflación, incluso con muchos becarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

Además, denunciaron la falta de presupuesto y la virtual suspensión de concursos para financiar proyectos de investigación, lo que agrava la precarización del sector.

La movilización contó además con la participación de diversas agrupaciones, entre ellas el Partido Obrero y Cuba-MTR, que se sumaron para apoyar las demandas y visibilizar la situación crítica del CONICET.

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se pronunció durante la marcha de los trabajadores del Hospital Garrahan, realizada en Buenos Aires en reclamo por mejoras salariales. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó: “Vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido”. 

Además, destacó que las partidas presupuestarias del hospital han aumentado “124 puntos por encima de la inflación”.

En su declaración, el ministro subrayó que los problemas del Garrahan no se limitan a la falta de recursos, sino que también involucran cuestiones de gestión y eficiencia. “Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud”, expresó en X. 

Según Lugones, la situación del hospital ha mejorado desde la asunción del presidente Javier Milei, contrastando con el supuesto recorte de “75 puntos por debajo de la inflación” durante la gestión anterior.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene como objetivo incrementar los salarios del personal sanitario utilizando ahorros generados por “procesos de eficiencia”. Fuentes oficiales informaron que se priorizarán los fondos provenientes de la renovación de tres licitaciones en seguridad, salud y limpieza previstas para este año. 

“Lo que se conserve de eso va a estar destinado a subir el salario de los médicos”, señaló una fuente del Ministerio, enfatizando que el aumento se realizará con “fondos propios” para proteger el equilibrio fiscal. Sin embargo, se aclaró que este “se va a hacer, pero no es inmediato”.

Por su parte, durante la marcha, el Hospital Garrahan emitió un comunicado en su cuenta oficial de X destacando la realización de cinco intervenciones de alta complejidad en simultáneo.

“Los médicos y el personal de salud tienen que hacer lo que saben hacer mejor que nadie: salvar vidas”, concluyó Lugones en su mensaje.

Entre ellas, se incluyeron una donación hepática de una madre a su bebé, transmitida en vivo durante el Curso Internacional de Trasplante Pediátrico; dos neurointervenciones por malformaciones arteriovenosas cerebrales congénitas, una condición grave que requiere abordaje especializado; y la primera etapa de una cirugía espinal compleja por escoliosis sindrómica en un niño derivado desde su provincia.

Fuente: con información de TN

UTHGRA Mar del Plata inició esta tarde una medida gremial contundente en el reconocido albergue transitorio Edén, ubicado en Gascón al 1700, en repudio al despido “arbitrario” de un trabajador.

Según explicó el secretario general, Pablo Santín, el "único motivo" del despido fue que el empleado firmó un aval en apoyo a la Lista Celeste de cara a las próximas elecciones en el sindicato.

“Este hecho constituye una gravísima práctica antisindical que atenta contra la libertad y la democracia gremial, pilares fundamentales garantizados por la Constitución Nacional. No vamos a permitir que ningún empresario persiga o despida trabajadores por participar en la vida sindical o expresar su voluntad libre y democrática”, expresó el líder de UTHGRA a nivel local.

Por ese motivo, la conducción del sindicato se hizo presente en el establecimiento y desplegó una ruidosa protesta junto a una gran cantidad de delegados gremiales para repudiar enérgicamente la persecución y el despido.

Además, las medidas gremiales continuarán y se profundizarán en los establecimientos Jardines del Edén y Edén, los cuales pertenecen al mismo empresario, "hasta que se revierta esta injusticia y se respeten plenamente los derechos de los trabajadores", de acuerdo al comunicado.

Desde UTHGRA advirtieron que no tolerarán actos de persecución sindical bajo ningún punto de vista. "La organización sindical está para defender a cada compañero y compañera", completó el secretario general.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), mediante su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves una serie de actividades en todo el país con el objetivo de exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.

La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, expresaron una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y le solicitaron al Congreso que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.

En tanto, el presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/.

El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT) y a los gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.

En palabras finales, Alpa concluyó: “Los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; los estudiantes, la actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.

El proyecto  busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1%-1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.

Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial del INDEC desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.

El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento, incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia y extensión, se actualizarán anualmente según el IPC. Al mismo tiempo, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustentaría con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.

En este sentido, el proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.

Luego de varias semanas de conflicto, negociaciones y un largo proceso de lucha, la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata informó que en las últimas horas se logró llegar a un acuerdo en el conflicto con la cadena "De Top Cake".

De esta manera, los trabajadores despedidos finalmente comenzaron a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

A partir del cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, siete trabajadores habían quedado a la deriva, lo que motivó una inmediata reacción y varias medidas gremiales llevadas adelante por el sindicato.

Además de la protesta realizada semanas atrás en el local de Avellaneda y Jujuy, UTHGRA local desplegó todo el equipo gremial y mediante abogados, consiguió medidas cautelares para embargar los bienes de la empresa, lo que fue determinante para alcanzar un acuerdo más rápido. 

En ese sentido, el secretario general del gremio, Pablo Santín, expresó: "Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a cobrar las indemnizaciones, lo que nos muestra que una de las herramientas más poderosas que tenemos los trabajadores es el derecho a huelga, ya que tiene un efecto contundente. A pesar de los esfuerzos de los empresarios por evadir sus responsabilidades, se pudo llegar a un acuerdo gracias a la movilización de los compañeros".

A su vez, destacó las dificultades atravesadas para llegar a este punto: "Nos encontramos con empresarios difíciles, que hace más de un año y medio no pagan la obra social, incluso teniendo a algunos de sus trabajadores con estados de salud delicados, mientras nosotros no dejamos de hacernos cargo y seguimos brindando todos los servicios y prestaciones con responsabilidad, más allá de que hace el mismo tiempo no recibimos los aportes de la obra social".

En tanto, el dirigente gremial advirtió a su vez sobre el comportamiento de los responsables de la firma, quienes "utilizan un testaferro para eludir sus responsabilidades y no tienen reparos en vulnerar los derechos de los trabajadores". Sin embargo, subrayó que gracias a la unidad y la lucha de los trabajadores se pudo cerrar el acuerdo “en el que todos entendieron que tenían que ceder un poco”.

Más allá de este punto de acuerdo que lleva alivio a las familias cuya fuente de trabajo se vio vulnerada, desde el sindicato sostienen que continuarán exigiendo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los empresarios de "De Top Cake". 

Tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial entre los propietarios del café De Top Cake y la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Mar del Plata, los trabajadores despedidos se retiraron del local ubicado en Avellaneda y Jujuy, y esperarán el plazo establecido de 15 días para retomar las protestas si no se soluciona el conflicto.

Desde el gremio aseguraron que a pesar del marco legal vigente, “la empresa intentó provocar incidentes enviando a otros empleados a generar situaciones de tensión”, a lo que calificación como “una actitud cobarde y provocadora por parte de quienes no se hacen cargo de la gravedad de lo que hicieron: despedir sin pagar un solo peso de indemnización”.

En ese sentido, se recordó que las siete personas despedidas, que aún no recibieron compensación alguna tras el cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, continúan esperando una solución. UTHGRA reiteró asimismo que “se agotaron todas las vías administrativas y los intentos de resolución pacífica”, pero la empresa “sigue dando la espalda a sus obligaciones legales”.

Por otra parte, se informó que el gremio evalúa avanzar, junto a un equipo de abogados penalistas, con una denuncia penal tributaria contra los responsables de la firma. Los antecedentes “son elocuentes”, señalaron y detallaron: “La antigua razón social Royal Cake MDP SRL acumuló más de 20 juicios laborales y más de 10 causas activas con AFIP (ARCA)” y “en el último año crearon una nueva figura jurídica, Bread Factory Pastry SA, que ya registra más de 10 juicios laborales y al menos cinco causas tributarias activas”.

“Todo indica que estamos frente a una maniobra fraudulenta para evadir responsabilidades, estafar al Estado y vulnerar derechos básicos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los trabajadores cobren lo que les corresponde y para que estos empresarios no sigan haciendo negocios a costa de la precarización y el atropello”, concluyeron desde UTHGRA Mar del Plata.

Integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez realizaron un corte con olla popular esta mañana en pleno centro marplatense, en reclamo a la presencia del Gobierno nacional en el FMI y en contra de la “precarización laboral”. También cuestionaron la acción del Gobierno municipal al que consideraron “burocrático”.

El corte se realizó en Córdoba y San Martín, a metros de las sedes de los banco Nación y Provincia, donde se montó una olla popular. “Acá estamos, poniendo un poco de comida en la olla, para que se abastezca toda la gente que viene acá a comer un plato de comida. Y vamos a sobrellevar hasta que nos den alguna respuesta”, señaló Aurelia, integrante del movimiento social.

Sobre el reclamo, cuestionó la presencia del Gobierno nacional en el FMI y lamentó que “cada gobierno que pasa dice que paga la deuda externa, pero para mí no paga la deuda externa porque está todo precarizado, con cada vez más aumentos. Y no hay beneficio para los argentinos”.

La manifestante resaltó que “se llevan el agua, el litio, el petróleo y todo de acá de la Argentina, pero para nosotros directamente no hay ni trabajo. Y por ese motivo estamos acá, para ver qué vamos a hacer, porque no hay otra cosa que hacer, porque cada vez está todo más precarizado, con hambre. Tampoco hay medicación, no hay una educación digna para este país”.

La integrante del Movimiento Teresa Rodríguez agregó que “lo único que hacemos nosotros es trabajar, pero no alcanza para nada. No hay un trabajo en blanco, no hay cobertura médica, no hay nada”. Y lamentó que “están reprimiendo a los jubilados cada vez que salen a la calle”. 

Tras cuestionar también al Gobierno municipal por ser “burocrático”, Aurelia comentó que ayer escuchó al intendente Guillermo Montenegro “y de lo que decía que iba a hacer, acá no se ve nada. Está cada vez peor. Mar de Plata es un lugar turístico, pero tampoco hay nada”.

Una vez más se realiza una movilización de jubilados, organizaciones sociales, piqueteros y partidos políticos en los alrededores del Congreso de la Nación y, tal como viene sucediendo semana tras semana, la policía aplicó con rigurosidad el protocolo antipiquetes y la situación volvió a tensarse. Ya hay dos personas detenidas.

Minutos antes de las 16:00, en la esquina de Rivadavia y Callao, los efectivos y los manifestantes que buscaban dar inicio a la ronda alrededor del parlamento nacional protagonizaron discusiones que incluyeron algunos empujones y mucho contacto físico entre el cordón policial, la vereda y la calle.

La situación es la misma que se reiteró los últimos miércoles en idéntico contexto: mientras los manifestantes buscan hacer sentir su reclamos caminando por la calle, las fuerzas de seguridad privilegian con firmeza la libre circulación del tránsito de automóviles. Para ello montaron un vallado y arrojaron gases, que alcanzan a manifestantes, periodistas y fotógrafos sin distinción.

La ronda de este miércoles en particular cuenta con la participación del grupo habitual de jubilados y esta vez también se dieron cita en el lugar sindicatos, como los las dos CTA, en Plaza Congreso para luego dirigirse hacia Plaza de Mayo.

Los docentes universitarios, agrupados en CONADU, también se sumarán a la marcha, en el marco de reclamos propios por recomposiciones salariales.

Las cámaras de televisión que transmitieron desde el lugar las primeras imágenes también mostraron cómo la Policía Federal se llevó detenido a uno de los manifestantes. La detención se produjo en uno de los laterales del palacio legislativo, sobre calle Rivadavia, y el hombre fue trasladado a pie por el frente del Congreso, caminando sobre la calle Entre Ríos.

La protesta es también una antesala de la movilización que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador. Como la de hoy, tendrá un claro mensaje opositor al gobierno de Javier Milei, que mañana viaja a Roma para el funeral de Jorge Bergoglio que se desarrollará en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Fuente: Infobae

Representantes de ATE y pacientes residentes en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) se movilizaron hoy a la puerta de la institución con una serie de reclamos que tienen que ver con aumento de salarios, poner un freno a los despidos en la administración pública y por mejoras edilicias.

Además de la movilización a la puerta de la entidad, ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta 88, los manifestantes se expresaron con pancartas y letreros donde decían que el INAREPS está “en alerta” y exigiendo que “la rehabilitación de las personas con discapacidad es un derecho”. 

Incluso algunos cortaron brevemente el tránsito para extender el reclamo e informar de la situación a quienes pasaban por el lugar.

“Es un reclamo que si bien es puntual por lo salarial, también es por lo despidos que se dan en el ámbito de la función pública”, comentó Gustavo, paciente residente en el INAREPS, en diálogo con El Marplatense.

Pero además, como intendente de la Comisión de Residentes, señaló que al reclamo se suma un pedido por las condiciones edilicias de la entidad. “Esta administración hace cinco meses que está y no le brinda la suficiente atención que es lo que esperamos que haga”, agregó.

Sobre la movilización, Gustavo manifestó que “estamos en lucha” y aseguró que “vamos a estar palmo a palmo siguiendo la situación, porque esto sigue”.

Un total de 18 efectivos policiales bonaerenses fueron desafectados de sus funciones en Ituzaingó y Tres de Febrero luego de participar de una protesta para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. Además, fueron denunciados penalmente por el delito de sedición, ya que por ley la fuerza de seguridad no puede abandonar sus tareas. 

La denuncia fue presentada por autoridades policiales locales luego de tomar conocimiento por redes sociales de la metodología de protesta utilizada por el personal a su cargo. La manifestación se llevó adelante, bajo el formato de sirenazo, frente a una estación de servicio ubicada en Ituzaingó.

En esa protesta, que incluyó un pedido de mejoras salariales y condiciones de trabajo, participaron cuatro vehículos particulares y tres motos de la fuerza. Además de desafectar a los uniformados, se presentó una denuncia por incumplimiento de sus funciones. Sucede que constitucionalmente las fuerzas de seguridad no están facultadas para llevar adelante reclamos de índole salarial.

En el caso de la Policía bonaerense, las mejoras en los salarios están atadas a la paritaria que alcanza a los trabajadores estatales. En este orden, la semana pasada, la administración de Axel Kicillof anunció el acuerdo con los gremios para febrero y marzo. Una suba del 9% (7% para febrero y 2% para marzo) que incluye a los policías.

La mejora salarial también se hizo extensiva a la compensación por uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

“Bajo ningún punto de vista voy a avalar que utilicen una herramienta nuestra para expresar un reclamo”, enfatizó el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. El jefe comunal mantuvo una conversación telefónica con el ministro del área, Javier Alonso, quien le aseguró que habrá reemplazo de los agentes sancionados.

“Me enteré por el ministro de los bocinazos y coincido con él en que tienen que estar sujetos a sanción. Tenían que estar prestando servicios con herramientas que nosotros compramos para que custodian nuestros barrios, nuestras casas, tendrían que estar haciendo operativos o recorriendo los barrios y cuidando a las familias de Ituzaingó”, agregó.

Fuente: DIB

En el marco de la disputa con el Gobierno bonaerense, el Consejo Directivo de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) resolvió en asamblea la realización de un cese de actividades de 24 horas al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), para el 8 de noviembre.

A través de un comunicado, FEMEBA indicó que “las características de la medida serán similares a las anteriores, debiendo asistirse a los beneficiarios del Instituto como pacientes particulares, pudiendo prescribir libremente medicamentos, estudios y otros tratamientos”.

La medida pretende continuar visibilizando la problemática suscitada a partir de la denuncia unilateral del convenio por parte de IOMA, en 20 partidos del ámbito provincial y “desenmascarar las mentiras, la ineficiencia y la falta de transparencia, de la actual gestión de IOMA”, señalaron.

Se recuerda que el pasado miércoles los afiliados retomaron sus manifestaciones en las puertas de la sede marplatense y afirmaron que al menos 150.000 personas padecen estas problemáticas. Se trató de una convocatoria que se realizó a nivel local y que se extendió a otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) informó cómo continuará el plan de lucha que coordinaron junto al resto de la comunidad universitaria, en contra del ajuste al financiamiento de las universidades nacionales, para que se apruebe una Ley de Presupuesto 2025 acorde a las necesidades de las casas de altos estudios y por la recomposición y aumento salarial de docentes y no docentes. 

“Cientos de estudiantes, graduados, docentes y no docentes seguimos unidos y organizados para ponerle un freno a las políticas de recorte y ahogo del Gobierno nacional, y definimos realizar clases públicas, muestras educativas, ferias científicas y postas de prevención de salud, todos los días y durante dos semanas desde el próximo martes. Se desarrollarán en diferentes lugares públicos de nuestra ciudad a cargo de las diferentes unidades académicas (facultades y Escuela Superior de Medicina), una por vez”, indicaron en un comunicado.

En ese sentido, anunciaron que “los miércoles se realizarán clases públicas sobre las mentiras que el Gobierno nacional esgrime contra las universidades públicas, acompañadas de semaforazos y cortes”. También, otra de las medidas aprobadas por la Asamblea Intercuerpos fue la realización de una vigilia en la previa a la votación de la Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso, y un festival cultural e intervenciones culturales en todas las unidades académicas.

Además, definieron que los fines de semana llevarán a cabo acciones “para hablar del conflicto en plazas y playas de Mar del Plata, con el resto de la comunidad local y turista”. Y por último, resolvieron “promover a Mar del Plata como sede de una marcha regional”.

Por medio de la Secretaría de Seguridad y el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el Municipio amplió la denuncia radicada frente al bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantiene en el predio del EMSUR. La acción se debe al alerta amarillo emitido por la provincia de Buenos Aires, ya que los trabajos del organismo municipal son de vital importancia frente a la situación climática que atravesará la ciudad.

Es que en la mañana del martes, alrededor de 50 manifestantes usaron un vehículo para bloquear el acceso al predio municipal e iniciaron un acampe en esa zona para exigir el acceso a servicios básicos y mejores condiciones laborales para los cartoneros y recicladores de la ciudad. Quienes encabezaron la protesta pertenecen a la Cooperativa RUM y al MTE.

Como aún continúa el bloqueo en el único ingreso del predio, desde el ente municipal ampliaron la denuncia presentada en la tarde del martes, donde señalan que “no se han podido prestar servicios de las siguientes áreas: Departamento de Higiene Urbana, Departamento de Espacios Verdes, Departamento de Poda y Departamento de Plagas y Vectores”.

Además, en la denuncia sostienen: “No solo estamos hablando de un riesgo actual, sino también frente al alerta meteorológico emitido para el viernes. Ese riesgo se multiplica por no poder garantizar la prestación de los servicios ya mencionados, habiendo recibido hoy de parte del secretario de Seguridad la solicitud de poner a disposición las unidades de poda y el Departamento de Higiene Urbana frente al fenómeno climático que se avecina”.

Por esas razones, solicitaron “que se ordene de urgencia el levantamiento del bloqueo y se libere el portón de ingreso” al EMSUR.

Por su lado, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, remarcó: "La poda y los trabajos en espacios públicos frente a situaciones de emergencia son vitales en contextos como el que atravesamos. Las ramas caídas o en riesgo de caída pueden generar daños importantes, no solo materiales, y también poner en peligro a personas que transitan o viven en zonas afectadas por el viento o las tormentas. Es crucial que se puedan llevar adelante las tareas que corresponden frente a este tipo de situaciones”.

Asimismo, el titular del EMSUR, Santiago Bonifatti, expresó que es una “situación preocupante”, ya que “el bloqueo no solo afecta la operatividad del predio municipal, sino que además pone en jaque la capacidad de respuesta ante esta emergencia climática”.

"La seguridad de nuestros vecinos está en riesgo, y por eso hemos solicitado la intervención de la fuerza pública. El Municipio no puede permitir que la ciudad se vea afectada por este tipo de acciones en un momento tan delicado”, concluyó el funcionario municipal.