En una jornada atravesada por movilizaciones y reclamos contra la inseguridad en Mar del Plata -con episodios de tensión frente a la Jefatura Departamental-, el director de Coordinación Municipal y Control Rural de la Región Interior Oeste I del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gastón Herrera, presentó su renuncia.

El propio Herrera confirmó su dimisión a través de un mensaje público, en el que explicó los motivos de su decisión.

“Confirmo mi renuncia al cargo de director que ocupaba en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo hice, desde mi muy humilde lugar, porque entendí que podía ser útil para facilitarle al ministro la reconfiguración de equipos que estimara conveniente para mejorar las cosas y devolverles la tranquilidad a los vecinos”, expresó.

En su declaración, el ahora ex funcionario remarcó la complejidad del sistema de seguridad al señalar que “es un sistema grande (policía, ministerio, relación con la Justicia, con el municipio) necesariamente se debe trabajar en equipo” y consideró que “seguramente se reconducirán cosas”.

Finalmente, Herrera aseguró que continuará vinculado a la temática desde otro lugar: “Mi vocación sigue intacta por lo que continuaré capacitándome para trabajar por la seguridad y la tranquilidad de esta hermosa ciudad de la que mi familia y yo formamos parte”.

Las representaciones de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y la Administración del Complejo Punta Mogotes mantuvieron una nueva audiencia de conciliación sin acuerdo definitivo y con una nueva fecha fijada para el 18 de agosto, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata, encabezado por el juez Simón Isacch.

Ante la falta de consensos sobre la titularidad y administración del predio, el magistrado dispuso un cuarto intermedio y ordenó mantener congelados los plazos procesales del expediente hasta el próximo encuentro.

Pese a la ausencia de avances en torno a la estatización o provincialización del esquema, las partes manifestaron su voluntad de sostener el diálogo técnico y avanzar en definiciones operativas. En ese marco, acordaron priorizar acciones inmediatas para garantizar el funcionamiento, los servicios y la logística de los 24 balnearios con vistas a la temporada estival 2026/2027.

Durante la audiencia también se abordaron los ejes de una segunda etapa de negociación, centrada en la elaboración de un master plan urbanístico y en la confección de pliegos para una licitación pública conjunta. La iniciativa apunta a resolver la deuda estructural del complejo, coordinar obras de infraestructura y establecer un marco legal de largo plazo para el desarrollo integral del sector.

Ingresó a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires declaró una resolución que insta al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, a profundizar acciones para fortalecer la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

En los fundamentos del proyecto, firmado por la legisladora de Fuerza Patria, Valeria Arata, el cuerpo legislativo remarcó que la educación constituye un derecho humano esencial, reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Nacional de Educación Nº26.206, cuya garantía corresponde al Estado.

En ese marco, advirtió que diversos indicadores recientes reflejan dificultades persistentes en los niveles de aprendizaje, la alfabetización, la comprensión lectora, el desempeño en Matemática, la continuidad pedagógica y la existencia de desigualdades entre regiones.

Asimismo, el documento señaló problemáticas vinculadas a la infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos y las condiciones de enseñanza y aprendizaje, lo que demanda la implementación de políticas públicas sostenidas para mejorar la calidad educativa y asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor matrícula escolar del país, lo que exige una planificación constante y estrategias capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa, señala el pedido de informes.

En ese sentido, se reafirmó la necesidad de adoptar medidas integrales orientadas a mejorar los aprendizajes, fortalecer la formación docente, optimizar las condiciones edilicias y garantizar una educación inclusiva y equitativa.

La declaración se complementa con un Proyecto de Solicitud de Informes mediante el cual la Cámara requiere información oficial detallada sobre el estado del sistema educativo y las acciones desarrolladas por la autoridad competente.

El sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires atraviesan jornadas con elevada humedad y temperaturas dispares para el invierno, en un contexto que, según el meteorólogo Sebastián Pagliarino, derivará hacia un cambio significativo del tiempo a partir del fin de semana por el desarrollo de una ciclógenesis.

Al analizar la situación actual, el especialista indicó en diálogo con El Marplatense que el cierre de mes se presenta con abundante humedad en la franja costera y la región pampeana. No obstante, precisó que durante el tramo central de la semana “el viento estará predominante del sector sur con un aire mucho más fresco”, lo que permitirá contener de forma momentánea los valores térmicos.

Pagliarino advirtió que este escenario estable será transitorio. “A partir del jueves comienza a incrementarse la humedad, el viento del sector norte y también la chance de precipitaciones”, señaló, anticipando la llegada de un sistema frontal desde el sur que impactará en la provincia. En esa línea, agregó que “desde el viernes arribará a nuestra región y activará tormentas con lluvias de variada intensidad”.

El punto más crítico se registraría entre viernes y sábado, cuando se profundice un centro de bajas presiones sobre el territorio bonaerense. “Se va a comenzar a gestar una ciclógenesis sobre la provincia de Buenos Aires, por lo que las tormentas y las lluvias van a estar presentes sobre el fin de semana, algunas de variada intensidad, donde el Servicio Meteorológico indicará alertas para toda la región”, explicó.

Finalmente, el meteorólogo sostuvo que el sistema provocará una nueva rotación del viento y el ingreso de una masa de aire más frío hacia el domingo, momento en que las precipitaciones tenderán a cesar y dará inicio una mejora gradual de las condiciones climáticas de cara a los primeros días de agosto.

Legisladores provinciales de La Libertad Avanza cuestionaron la decisión del gobierno de Axel Kicillof de prorrogar hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), medida oficializada recientemente en la provincia de Buenos Aires.

El programa había sido interrumpido inicialmente por un plazo de 90 días en mayo. No obstante, la nueva resolución extendió la suspensión por más de un año, lo que motivó la presentación de pedidos de informes en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para esclarecer el esquema de financiamiento y la eventual reanudación del servicio.

El titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, advirtió sobre la falta de respuestas para las familias alcanzadas por el programa y reclamó mayor transparencia en la asignación de recursos públicos. En la misma línea, el diputado Juan Osaba y el referente provincial del espacio, Sebastián Pareja, vincularon la medida con la situación fiscal de la Provincia y solicitaron una revisión del gasto público.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en tanto, señalaron que la decisión se enmarca en una reorganización de partidas presupuestarias destinada a garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en un contexto de restricciones económicas derivadas de la reducción de transferencias por parte del Estado nacional.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ejecuta obras hidráulicas en los canales 1 y 9 en los partidos de Dolores y General Guido, mediante la Dirección Provincial de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de optimizar el control de caudales y la capacidad operativa de la cuenca.

En el Canal 9, a la altura del hectómetro 548.20 en jurisdicción de Dolores, se concretó el recambio integral de cinco compuertas basculantes afectadas por procesos de corrosión. Las nuevas estructuras metálicas fueron diseñadas con perfilería pesada y tratamientos anticorrosivos para mejorar su durabilidad y funcionamiento.

En paralelo, en el Canal 1 se reemplazaron seis compuertas distribuidas entre los hectómetros 527.50 y 663.35, lo que permitió restablecer la estanqueidad y garantizar el correcto cierre de los sistemas hidráulicos.

Asimismo, en los hectómetros 560.00 y 904.00 del Canal 1 se realizaron intervenciones técnicas para corregir fallas en la flotabilidad de los balancines, mediante la incorporación de contrapesos soldados que aseguran el cierre automático ante incrementos en el nivel del agua.

Por otra parte, tras una inspección en la denominada Compuerta de Rojas (Canal 9, Hm 342.50), se constató el colapso de la estructura de hormigón existente. Ante esta situación, se inició el proceso administrativo para licitar su demolición y la construcción de un nuevo puente regulador compuesto por cinco secciones.

Las obras se enmarcan en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático de la provincia, orientado a mitigar el impacto de eventos meteorológicos extremos y crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño mediante el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica bonaerense.

Un informe de la consultora PPA, basado en datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y del INDEC, reveló que durante los primeros cinco meses de 2026 las transferencias financieras de la provincia de Buenos Aires a los 135 municipios cayeron un 2,1% interanual en términos reales, con envíos totales por $2,3 billones.

De acuerdo con el análisis, esta contracción implicó una pérdida de capacidad adquisitiva de $52.941 millones respecto del mismo período del año anterior.

El informe señala que la caída en la masa de recursos coparticipables y fondos descentralizados fue parcialmente compensada por los desembolsos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), un esquema extraordinario financiado con crédito provincial.

Entre abril y mayo, la Provincia distribuyó más de $25.000 millones a través de este mecanismo. Según el estudio, de no haberse implementado estos giros, la retracción real de las transferencias hubiese alcanzado el 3,3%.

El impacto de la baja presentó una marcada disparidad territorial, asociada a las variaciones del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y al nivel de actividad económica local.

En ese contexto, solo 33 municipios registraron incrementos reales en los ingresos percibidos, con subas encabezadas por Chacabuco (10,43%), Capitán Sarmiento (6,93%) y Campana (6,69%). En contraste, 102 distritos evidenciaron caídas, con los descensos más pronunciados en San Isidro (-9,28%), Pinamar (-8,81%), Vicente López (-7,71%) y General San Martín (-6,5%).

En paralelo, continúa el debate legislativo en torno a la reglamentación del 30% del FEFIM, ante el planteo de intendentes que reclaman mayor flexibilidad en el uso de esos recursos para afrontar gastos corrientes de la administración local.

Un grupo de diputados bonaerenses presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de redefinir el esquema de control automotor en el territorio provincial.

La iniciativa propone sustituir el artículo 1 de la normativa vigente y derogar los artículos 16 y 17, que establecen el régimen actual de verificación técnica. Asimismo, establece que la provincia mantendrá la facultad de regular y fiscalizar las condiciones de seguridad de los vehículos, aunque sin aplicar la Revisión Técnica Obligatoria en su ámbito.

En los fundamentos, los autores sostienen que la VTV fue implementada en 1996 en un contexto distinto, cuando el parque automotor presentaba mayores deficiencias. Sin embargo, argumentan que en la actualidad las estadísticas indican que cerca del 90% de los siniestros viales se deben a fallas humanas, un 9% a problemas de infraestructura y apenas un 1% a desperfectos mecánicos.

En ese sentido, plantean que las políticas públicas deberían enfocarse en la educación vial, el control efectivo del cumplimiento de normas y la inversión en infraestructura, en lugar de sostener un sistema que consideran de bajo impacto en la reducción de accidentes.

El proyecto también cuestiona el costo económico que representa la VTV para los usuarios, al señalar que “no encuentra adecuada contrapartida” en mejoras en la seguridad vial ni en el estado de las rutas. En ese marco, advierte sobre el deterioro de la infraestructura y el aumento del tránsito vehicular, factores que inciden en la siniestralidad.

Asimismo, se menciona un informe de la asociación civil Luchemos por la Vida que destaca que los países con mejores indicadores de seguridad vial han priorizado políticas sostenidas de educación y sanción, más que controles técnicos periódicos. También se prevé la necesidad de articular la normativa provincial con la legislación nacional para el tránsito interjurisdiccional.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó en Necochea los avances de la nueva Estación Transformadora de Quequén, una obra que se ejecuta mediante inversión provincial, comenzará a operar en el corto plazo y beneficiará a 182.000 usuarios de la región.

El acto se desarrolló en el Salón de Actos comunal con la participación del intendente Arturo Rojas, el subsecretario de Energía Gastón Ghioni y representantes de sectores productivos, comerciales y sociales del distrito.

La infraestructura contará con dos transformadores de 30 MVA y una doble línea de alimentación de 132 kV conectada con las estaciones de Necochea y Vivoratá, lo que permitirá incrementar la potencia instalada de 15 a 60 MVA.

Este salto técnico implica un aumento del 400% en la capacidad del sistema eléctrico, con impacto directo en el abastecimiento domiciliario y en el funcionamiento del Puerto de Quequén, uno de los principales nodos logísticos del sudeste bonaerense.

La obra demanda una inversión actualizada de $34.579 millones, financiada en un 74% por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en un 26% con fondos provinciales.

“Un país que deja de invertir en infraestructura es un país que compromete su presente y su futuro”, afirmó Katopodis durante la presentación. Según estimaciones oficiales, el nuevo nodo energético optimizará el servicio en los municipios de Necochea, Lobería, Balcarce y San Cayetano.

La actividad se enmarca en una serie de presentaciones territoriales que la cartera provincial viene desarrollando en distintas localidades, tras sus pasos por Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio de Areco y Alberti.

A seis meses de su implementación, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que el régimen Riesgo 0, SAF 0 permitió evitar la inmovilización de $8476,5 millones en saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, manteniendo esos recursos dentro del circuito económico privado.

Según detalló el organismo, la medida posibilitó que los fondos se destinen al financiamiento del capital de trabajo y contribuyan a mitigar el impacto de la retracción de la actividad económica. Desde su puesta en marcha, se registraron 18.131 solicitudes de adhesión, de las cuales 10.382 contribuyentes accedieron efectivamente al recálculo automático de alícuotas.

El sistema ajusta de manera automatizada las retenciones y percepciones en función del impuesto determinado, evitando la acumulación de créditos fiscales y reduciendo los niveles de sobre-recaudación que afectaban la liquidez de las empresas.

En cuanto a la distribución sectorial, el beneficio se concentró principalmente en comercio (42,6%) y servicios (41,7%), que en conjunto representan más del 84% de los casos. En tanto, la industria y minería alcanzaron el 8,5%, la construcción el 4,2% y el sector agropecuario el 3%.

“Riesgo 0, SAF 0 representa un cambio de paradigma en la administración tributaria. Dejamos atrás un esquema basado en retenciones excesivas para avanzar hacia un sistema que mejora la liquidez del sector privado”, afirmó el titular de ARBA, Cristian Girard.

El funcionario vinculó la iniciativa con la política de simplificación tributaria impulsada por la Provincia. En ese marco, el organismo destacó que las devoluciones aceleradas de hasta $3,5 millones se acreditan en un plazo máximo de 72 horas, junto con la ampliación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

De acuerdo con los datos oficiales, estas herramientas permitieron reducir el stock de saldos a favor acumulados, pasando de tres meses de recaudación a menos de uno.

Un proyecto legislativo propone la creación de un organismo específico bajo la órbita de la Subsecretaría de Turismo bonaerense para centralizar y coordinar las tareas de conservación del emblemático conjunto integrado por la Rambla Casino, el Hotel Provincial y la Plaza Seca Almirante Brown, en General Pueyrredon. La iniciativa busca garantizar un mantenimiento sostenido y evitar el deterioro de uno de los principales íconos arquitectónicos y turísticos de Mar del Plata.

El complejo, iniciado en 1938, constituye un hito en la transformación urbana de la ciudad, con sus edificios simétricos frente al mar y su distintivo estilo imperial. Además de su valor patrimonial, se trata de un espacio con fuerte vida social y cultural, donde funcionan instituciones educativas, el Teatro Auditorium -con sus salas Astor Piazzolla, Roberto J. Payró y Gregorio Nachman-, dependencias públicas y locales comerciales.

En paralelo, otro proyecto apunta a promover el turismo gastronómico bonaerense como herramienta para dinamizar las economías regionales y reducir la estacionalidad. La iniciativa plantea el desarrollo de circuitos y rutas gastronómicas basadas en la identidad cultural de cada distrito, junto con la creación de un sello de distinción oficial para productos y establecimientos representativos.

Asimismo, se prevé la elaboración de un plan estratégico que releve platos típicos, fiestas populares y actividades locales, con el objetivo de articular acciones entre el sector público y privado, fortalecer la cadena de valor y generar empleo formal.

El proyecto vinculado al turismo gastronómico ya cuenta con despacho favorable en comisión y deberá avanzar ahora por las áreas de Presupuesto e Impuestos y Legislación General antes de llegar al recinto del Senado.

Ambas iniciativas fueron impulsadas en el ámbito legislativo bonaerense por la senadora Fernanda Raverta, quien destacó la importancia de combinar políticas de preservación patrimonial con estrategias de desarrollo turístico sostenible para la provincia.

La senadora marplatense María Cecilia Martínez alcanzó un lugar estratégico en uno de los organismos más sensibles del sistema judicial bonaerense; fue designada hoy como integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

La incorporación se produjo en el marco de una sesión del Senado bonaerense atravesada por fuertes tensiones políticas, donde La Libertad Avanza logró imponerse en la negociación frente al PRO y quedarse con el último sillón vacante destinado a la Legislatura. El resultado no sólo impacta en la interna opositora, sino que también posiciona a una representante local en el centro de las decisiones judiciales de la provincia.

El trasfondo de la disputa giró en torno a la representación de las minorías dentro del Consejo. Desde el espacio libertario sostuvieron que la composición debía analizarse considerando la Legislatura en su conjunto, criterio que terminó inclinando la balanza a su favor en función de su mayor peso numérico.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores y 20 diputados, superando al PRO, que dispone de 5 senadores y 11 diputados. Esa correlación de fuerzas resultó determinante para sellar la designación y desplazar la alternativa impulsada por el espacio amarillo.

Más allá de la puja política, el nombramiento de Martínez adquiere relevancia territorial: se trata de una figura oriunda de Mar del Plata que accede a un rol de incidencia directa en la estructura judicial bonaerense. Con su incorporación, el Consejo de la Magistratura redefine su equilibrio interno de cara al próximo período, en un contexto donde las disputas políticas también atraviesan la configuración del poder judicial en la provincia.

La implementación del nuevo esquema de emisión y renovación de licencias de conducir profesionales en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia política y gremial, tras denuncias de aumentos de costos superiores al 1200% para los trabajadores del sector.

La reforma, reglamentada por el Ministerio de Transporte bonaerense, alcanza a las categorías C, D y E -que incluyen a camioneros, colectiveros, taxistas, remiseros, choferes de plataformas, conductores de ambulancias y operadores de maquinaria especial- con el objetivo de unificar criterios, modernizar el sistema y reforzar la seguridad vial.

Entre los principales cambios se destacan la incorporación de evaluaciones psicofísicas, teóricas y prácticas más exigentes, la implementación de herramientas digitales para garantizar la trazabilidad del trámite y la integración de la habilitación interjurisdiccional dentro de la licencia nacional única, en reemplazo progresivo de la Licencia Nacional Habilitante (LINTI).

El eje del conflicto radica en el impacto económico del nuevo esquema. Referentes opositores y del sector del transporte cuestionaron la descentralización del proceso, que obliga a los conductores a realizar estudios en centros externos homologados -en su mayoría privados- antes de completar el trámite en los Centros de Emisión de Licencias municipales.

Según sostienen, este desdoblamiento administrativo es el principal factor que encareció el costo final del registro, generando un aumento “exponencial” que afecta a trabajadores con ingresos ajustados.

Desde el Gobierno provincial defendieron la reforma y ratificaron su vigencia. Voceros oficiales remarcaron que el nuevo sistema es clave para garantizar estándares internacionales de idoneidad vial, especialmente en actividades vinculadas al transporte de pasajeros y cargas peligrosas.

Asimismo, aclararon que los Centros de Emisión municipales continúan siendo los únicos efectores públicos habilitados para iniciar y otorgar la licencia definitiva, mientras que los estudios externos forman parte de un esquema de control más riguroso.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) para coordinar acciones frente a la posible llegada de un fenómeno de El Niño de carácter histórico, que podría provocar lluvias intensas e inundaciones entre septiembre y noviembre en territorio bonaerense.

Durante el encuentro, del que participaron funcionarios del gabinete provincial y representantes de empresas estatales, se abordó el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia vigente desde 2025 que busca fortalecer la respuesta ante eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

El CORE está integrado por áreas técnicas clave como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, las carteras de Energía y Planificación, la Dirección de Vialidad Provincial y la Autoridad del Agua (ADA), junto a organismos como Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y BAESA, bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible.

Los reportes climáticos internacionales alertaron sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño con una intensidad inusual durante la segunda mitad de 2026. En ese contexto, Katopodis advirtió que el impacto podría sentirse con mayor fuerza entre septiembre y noviembre, por lo que ya se ejecutan tareas preventivas como limpieza de ríos, recambio de alcantarillas y mantenimiento de compuertas y estaciones de bombeo.

El plan provincial se estructura sobre tres ejes: monitoreo hidrometeorológico en tiempo real mediante herramientas como el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMPARH); prevención en territorio y respuesta inmediata ante emergencias; y un paquete de 135 obras hidráulicas destinadas a proteger zonas urbanas y fortalecer la resiliencia del sector agropecuario.

Un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone la erradicación progresiva de la tracción a sangre animal en todo el territorio, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y promover la reconversión social y laboral de las personas que dependen de esta actividad.

La iniciativa establece la prohibición del uso de animales para el transporte de cargas, residuos o mercaderías mediante carros o vehículos similares, alcanzando a equinos, asnales, mulares, bovinos y cualquier otra especie utilizada como fuerza motriz. No obstante, contempla excepciones para actividades rurales, deportivas y manifestaciones culturales autorizadas, siempre bajo condiciones que aseguren el bienestar animal.

El proyecto incorpora además la creación de un Programa Provincial de Reconversión de la Tracción a Sangre, orientado a identificar a los trabajadores alcanzados, facilitar su capacitación y promover alternativas productivas y de transporte. Entre las medidas previstas se incluye la entrega de vehículos motorizados o eléctricos de baja emisión, mediante modalidades como comodato, leasing subsidiado o asignación a cooperativas.

Asimismo, se plantea la creación de un Fondo de Transición destinado a financiar la adquisición, mantenimiento y provisión de repuestos de los nuevos vehículos, junto con líneas de crédito específicas para acompañar la reconversión productiva. El texto también contempla la articulación entre el Estado provincial, municipios, universidades y organizaciones sociales para garantizar una implementación integral.

En paralelo, la propuesta incorpora medidas específicas de protección para los animales retirados de la actividad, incluyendo evaluaciones veterinarias obligatorias, programas de rehabilitación, adopción responsable y la prohibición de su abandono o reutilización para tareas de tracción.

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada provincial Romina Braga, sostiene que la problemática implica una doble dimensión: el maltrato animal y la vulnerabilidad social de quienes dependen de esta práctica. En ese sentido, remarca que la política pública debe evitar enfoques exclusivamente punitivos y avanzar en soluciones integrales que combinen protección animal con inclusión social.

Finalmente, el proyecto invita a los municipios bonaerenses a adherir a la normativa y a establecer mecanismos propios de implementación, como censos, cronogramas locales y sistemas de fiscalización, en el marco de sus competencias territoriales.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de declaración que expresa su preocupación por las limitaciones detectadas en la reglamentación y aplicación de las licencias por violencia por razones de género en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. La iniciativa advierte que estas restricciones podrían afectar el ejercicio pleno de un derecho adquirido por las trabajadoras de la educación y debilitar su protección integral.

El expediente, impulsado por el diputado Christian Castillo (PTS-FITU), sostiene que en un contexto de aumento de las situaciones de violencia de género resulta indispensable que el Estado provincial garantice herramientas efectivas de resguardo. En ese sentido, remarca que la licencia constituye un instrumento clave para que las trabajadoras puedan atravesar procesos de denuncia, reorganización familiar y asistencia interdisciplinaria sin comprometer su estabilidad laboral ni sus ingresos.

Entre los principales cuestionamientos, el proyecto señala que la reglamentación vigente podría imponer límites rígidos a la extensión de las licencias, sin contemplar la complejidad de cada caso. Asimismo, advierte sobre la situación de docentes suplentes y provisionales que, al perder su cargo durante el período de licencia, quedan sin ingresos en medio de situaciones críticas, lo que contradice el espíritu de la normativa vigente.

La iniciativa también propone garantizar la continuidad del cobro de haberes durante toda la licencia, incluidas sus prórrogas, mediante mecanismos similares a los previstos para licencias por maternidad. Además, plantea la necesidad de contemplar escenarios excepcionales, como traslados urgentes por razones de seguridad, asegurando cobertura médica, continuidad laboral y acompañamiento integral.

El texto subraya la importancia de aplicar los principios de la Ley Nacional N°26.485, que establece la protección integral frente a la violencia de género, y reclama una articulación efectiva entre organismos estatales para evitar que las víctimas enfrenten obstáculos administrativos adicionales.

Finalmente, el proyecto insta a fortalecer las licencias sin restricciones arbitrarias, consolidar equipos interdisciplinarios de asistencia y garantizar que ninguna trabajadora vea precarizada su situación laboral por ejercer un derecho vinculado a su protección.

La provincia de Buenos Aires presentó oficialmente la temporada invernal 2026 durante su participación en la feria Caminos y Sabores, donde exhibió una amplia oferta turística para las vacaciones de invierno, acompañada por promociones especiales del Banco Provincia.

El lanzamiento fue encabezado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a través de la Subsecretaría de Turismo, y puso en valor una agenda que incluye fiestas populares, eventos naturales, rutas temáticas, turismo termal, gastronomía típica y circuitos de campo y sierras distribuidos en distintos puntos del territorio bonaerense.

Entre los principales atractivos se destacaron experiencias como la “nieve de sal” en Epecuén, el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar, los circuitos enoturísticos de Vinos Buenos Aires y la Ruta del Olivo, que ofrece visitas guiadas, degustaciones, participación en cosechas y propuestas de bienestar. También se suman recorridos por emprendimientos vinculados a la producción de hongos, con actividades de senderismo y micología.

El calendario de invierno incluye además celebraciones tradicionales como la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos. A estas propuestas se agregan eventos temáticos como el Invierno Medieval en Villa Gesell, actividades para chicos en ciudades como La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas en diversos destinos, con Monte Corre a la Aventura en Monte Hermoso como una de las principales.

En el marco del evento, también se realizaron demostraciones gastronómicas en vivo, donde el chef Marcelo Ponce y Clarisa Abaunza, de Cañuelas, prepararon chorizos a la pomarola como parte de la identidad culinaria bonaerense.

Por otro lado, se anunciaron beneficios vigentes durante todo julio a través de Banco Provincia: descuentos del 25% en gastronomía, 20% en entretenimiento con cuotas sin interés, financiación en hoteles y alojamientos, rebajas en alquiler de autos y facilidades de pago en transporte de larga distancia, entre otras promociones.

Hasta el 12 de julio, la Provincia continuará participando en Caminos y Sabores con la presencia de 34 productores, propuestas de degustación, promoción de destinos, charlas y actividades vinculadas al turismo y la producción local, en articulación con Banco Provincia y los beneficios de Cuenta DNI.

El Partido de Mar Chiquita conmemoró el 9 de Julio con un acto central en la Plaza Libertad de General Pirán, encabezado por el intendente Walter Wischnivetzky y el senador bonaerense Jorge Paredi, donde se realizó el tradicional desfile institucional y la inauguración de la restauración de la histórica Estatua de la Libertad.

Durante su discurso, Wischnivetzky destacó que el eje de su gestión se centra en “trabajar de manera ininterrumpida por la consolidación de una Argentina grande”, y subrayó el rol de un Estado presente para garantizar inclusión social, responsabilidad pública y soberanía construida en lo cotidiano.

Tras el desfile, que reunió a centros de jubilados, entidades vecinales, instituciones deportivas, bomberos, colectividades y establecimientos educativos del distrito, las autoridades procedieron al descubrimiento del monumento restaurado. Los trabajos de puesta en valor estuvieron a cargo de la especialista María Elena Dabos, quien aplicó técnicas de conservación para recuperar la fisonomía original de la escultura.

La jornada se completó con presentaciones artísticas, entre ellas el taller de canto coral coordinado por Soledad Gonzalia, la Agrupación Folklórica Centenario y el Taller de Folklore Juvenil Municipal, dirigido por Carla Cruces y Agustina Pedraza.

Participaron además el delegado municipal Horacio Ferreyra, la jefa Distrital de Educación Patricia Soler, la presidente del Consejo Escolar María Alicia López, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Carlos Minnucci, el secretario de Cultura Germán Montes y los delegados comunales Fabián Jacquet, Hernán Erquiaga y Matías Jara.

Las dificultades financieras de los hogares se reflejan en el sistema crediticio de la Provincia de Buenos Aires, donde el 28% de los deudores presenta mora, según datos del Banco Central de la República Argentina procesados por el Centro de Economía Política Argentina correspondientes a mayo.

El índice de irregularidad alcanza el 28,5%, superando la media nacional del 27,9%, en un contexto de caída de ingresos y mayor presión sobre el consumo.

El informe, supervisado por Hernán Letcher, señala que la morosidad impacta con mayor fuerza en el financiamiento no bancario. A nivel nacional, las fintech y billeteras virtuales registran una irregularidad del 27,9%, frente al 12,3% del sistema bancario tradicional.

En el segmento de préstamos familiares y de consumo en territorio bonaerense, la mora alcanza el 17,8%, ubicando a la provincia entre las más comprometidas del país.

Los analistas advierten que el fenómeno funciona como un indicador del deterioro socioeconómico: actualmente, 5,8 millones de personas en Argentina presentan atrasos en sus deudas y en la mitad de las provincias el nivel de morosidad supera el 30%.

En este escenario, el peso demográfico y productivo de Buenos Aires profundiza el impacto del aumento de la mora, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos, de cara al segundo semestre del año.

Un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de solicitud de informes ante la Cámara de Diputados para requerir al Poder Ejecutivo detalles sobre una licitación impulsada por el Ministerio de Comunicación Pública, vinculada a un servicio integral de producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales.

El proceso, identificado como Compra N°401-0405-LPU26, contempla la cobertura de actividades gubernamentales sin una delimitación específica de eventos o criterios editoriales. El presupuesto oficial asciende a $2.278.171.592,43 y prevé una duración inicial de seis meses, con inicio estipulado para el 1 de octubre próximo. Asimismo, el pliego contempla la posibilidad de prórroga por un período idéntico y una ampliación de hasta el 20% del contrato.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresan preocupación por la falta de precisión en el objeto de la contratación y por la magnitud del despliegue técnico previsto. El esquema incluye 60 unidades móviles de producción, 60 cámaras de seguimiento, 20 servicios de control central, sistemas de filmación con drones, tecnología jimmy jib, equipos ENG, transmisión 4G y un estudio propio de producción en vivo.

También advierten sobre el riesgo de uso partidario de los recursos públicos ante la ausencia de mecanismos explícitos de control externo, así como posibles limitaciones a la competencia derivadas de exigencias técnicas específicas, como la necesidad de contar con capacidad satelital en banda Ku las 24 horas y una antigüedad mínima de dos años en el servicio.

En ese contexto, el proyecto solicita al Ejecutivo información detallada sobre el expediente administrativo, el pliego de bases y condiciones, el listado de medios que recibirán la señal, la cantidad de oferentes, eventuales sanciones previas y los mecanismos de auditoría implementados para garantizar la transparencia del proceso.

Además, se requiere precisar el impacto presupuestario de la contratación en caso de ejecutarse las prórrogas y ampliaciones previstas, particularmente en relación con el ejercicio fiscal 2027.