Una mujer de Villa Mercedes, en San Luis, pensó que había recibido un regalo divino: mientras esperaba que le llegue una cuota alimentaria de $8000 a su cuenta, sorpresivamente se le acreditó una transferencia por $510 millones. Sin embargo, lo que parecía un milagro se terminó volviendo una pesadilla cuando se reveló la realidad, ya que todo se trató de un error administrativo.

El problema es que al momento de revelarse el error, la mujer ya había gastado parte de ese dinero en materiales para su casa, ayuda a familiares y compra de electrodomésticos. "Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios", contó Verónica Acosta, la receptora de la plata en cuestión.

Según publicó el sitio Mendoza Post, con el dinero compró alimentos, una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos para el piso de su casa y una mochila de inodoro. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada, transfirió sumas menores a familiares y hasta se compró un Ford Ka 2014.

En total realizó cerca de 66 transferencias, por montos cercanos a los 500 mil pesos cada una. El error habría sido del Gobierno de San Luis, cuyo contador se equivocó con la cuenta a la que debía transferir el dinero.

A la mujer le congelaron la cuenta bancaria. Según el abogado Hernán Echevarría, que defiende a Acosta, nunca fue notificada oficialmente del error. "Se enteró cuando su excuñada le mandó la noticia y, mientras la leía, la policía llegó a su casa", contó el abogado.

La Corte Suprema de la Nación hizo lugar este martes a una demanda iniciada por la Provincia de San Luis y resolvió que el Estado Nacional deberá restituirle los fondos coparticipables retenidos con destino a la ANSES y a la AFIP, lo que equivale a unos 15 mil millones de pesos.

El Tribunal fundó su fallo al considerar inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078 de Presupuesto para el año 2006, que disponía la prórroga unilateral de la retención del 15% de la masa coparticipable de ANSES.

El fallo lleva las firmas de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de resolver porque patrocinó como abogado un reclamo similar de otra provincias contra la Nación.

Según reza la sentencia, el máximo tribunal optó por brindar a las partes la oportunidad de convenir y determinar tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de cumplimiento, "dada la naturaleza de la cuestión decidida, que concierne a las relaciones políticas entre los estados, y en particular al complejo régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos".

Transcurridos más de tres años sin que se haya alcanzado un acuerdo, y ante la existencia de diversos criterios entre el Estado Nacional y la Provincia involucrada, la Corte resolvió los puntos pendientes y determinó las pautas para fijar el monto.

Así, indicó dos aspectos: en primer lugar, la Corte resolvió que corresponde aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, rechazando de esta manera el criterio de la Provincia de San Luis que postuló que se aplique la tasa activa del Banco Nación Argentina a fin de atemperar los efectos de la desvalorización de la moneda.

En segundo lugar, el Tribunal sostuvo que no deben considerarse capitalizables los intereses, ya que no se configuran los presupuestos de aplicación del artículo 623 del anterior Código Civil, ni los del artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación en vigencia.