Vecinos de Mar del Plata le pidieron formalmente al intendente Guillermo Montenegro que en forma urgente conforme la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial con status consultivo y participativo, prevista en el artículo 20 del Código de Preservación Patrimonial.

Alrededor de 800 personas firmaron de manera presencial la solicitud que insta a cumplir la obligación del Departamento Ejecutivo y que se encuentra pendiente desde la fecha de la sanción de la Ordenanza 10.075 en 1995.

Los seguidores de la causa en contra de la construcción de la torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris recordaron que en los fundamentos del Código de Preservación Patrimonial se manifestaba que se dejaba su organización a la reglamentación del Ejecutivo por ser la forma más eficiente y dinámica, pero que desde entonces pasaron 30 años.

Mediante un comunicado, los peticionantes sostuvieron que “esta omisión de décadas constituye el incumplimiento de un deber jurídico que favorece, especialmente en los último años, al crecimiento exponencial de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial en concepto de ´reconocimiento a la preservación de bienes patrimoniales´, impulsadas por desarrolladores inmobiliarios sin la debida participación y consulta de instituciones o personalidades de reconocida idoneidad y actuación en material patrimonial, como la prevé la ordenanza”.

En el pedido enviado al jefe comunal se menciona también el documento del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), que “dice que las excepciones pueden transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata”, según denunciaron.

En realidad fueron dos pedidos: que se conforme urgentemente la Comisión convocando a instituciones y personalidades con la debida idoneidad, donde mencionaron a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito IX o el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, entre otros.  

Y a su vez, exigieron que se suspenda la elevación de nuevos anteproyectos de ordenanza que autoricen indicadores especiales en el marco del régimen de protección patrimonial, hasta que se conforme la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, respetando la obligatoriedad de su intervención en todos los expedientes en curso ante la Secretaría de Planeamiento Urbano, y los que ingresen luego del pedido.

Desde el Colegio de Arquitectos de General Pueyrredon, su presidente Diego Domingorena advirtió que hace cuatro meses presentaron un proyecto de ordenanza para la creación de un consejo de Hábitat, Vivienda y Derechos, pero que “nunca más” fueron convocados por el Concejo Deliberante.

El consejo “apuntaría a repensar o generar opinión sobre cuestiones como el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos o la falta de movilidad en sectores de la ciudad". Por ejemplo, podría involucrarse en la construcción que planean realizar en Alem y Gascón.

“Presentamos ese proyecto de ordenanza el 6 de junio y después de una audiencia en la que convocaron a los tres colegios para comentar de qué trataba y que los concejales nos hicieran preguntas, se pasó a un cuarto intermedio para que los ediles pudieran ver minuciosamente el proyecto, y tras ello nunca más nos convocaron. Nunca tuvimos respuesta”, le comentó Domingorena a El Marplatense.

En tanto al proyecto, indicó que el Consejo de Hábitat “es una herramienta que se desprende de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que viene a complementar la Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial, ya un poco vetusta”. Entonces, sostuvo que la Ley 14.449 viene a “brindar herramientas nuevas para la gestión de la ciudad” y que ese consejo, “conformado por actores relacionados a la planificación de desarrollo urbano”, se reuniría, haría análisis, propuestas y un control sobre el Concejo Deliberante, y generaría insumos para planificar, ya que apunta a la participación".

A su vez, el líder del Colegio de Arquitectos remarcó que el consejo “apuntaría a repensar o a generar opinión” sobre cuestiones como el expediente que avanzó en la comisión de Obras para permitir la construcción de una torre de 35 pisos y un edificio de cinco sobre Alem y Gascón, “el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos, la falta de movilidad en sectores de la ciudad y muchas otras”.

En tanto a si el Colegio de Arquitectos fue llamado por la mega construcción que planean realizar en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, criticó que “nunca” son convocados y aclaró que no pueden emitir opinión sobre otras obras porque “el Código de Ética no lo permite”, aunque sí pueden exigir “que se cumplan las normas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una aprobación”.

Y por último, acerca del proyecto de ordenanza, Domingorena resaltó: “Vamos a insistir hasta que se ponga en tratamiento porque consideramos que es una herramienta fundamental y, si bien valoramos el impulso que esta administración le da a la construcción y la cantidad de empresarios que quieren invertir en la ciudad, eso no habilita a que se haga todo sin pensar ni planificar. Hay que conducir ese desarrollo para que sea virtuoso para el que invierte y para la ciudad también”.

Los representantes del bloque libertario en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, presentaron un proyecto de Ordenanza por el que buscan incentivar las autorizaciones para la construcción y que formó parte de las propuestas de campaña electoral en octubre último. Este régimen promocional para el sostenimiento de la Industria es aplicable a los distritos urbanos contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Cecilia Martínez y Emiliano Recalt presentaron este viernes el proyecto con un sistema de autorizaciones inmediatas de obras de construcción de edificaciones de planta baja hasta 5 pisos con requisitos mínimos. Es para viviendas unifamiliares y remodelaciones en planta baja y hasta los cinco pisos y desarrollos comerciales e industriales que no excedan los 1200 mts 2.

Amparados por los distintos regímenes que fueron permitiendo el impulso de un sector clave para el crecimiento de la ciudad, con índices altos de inversión, con su desarrollo productivo y urbanístico y acompañado de múltiples posibilidades de créditos hipotecarios que permitan el acceso a la vivienda, se busca incentivar en los proyectos de edificaciones unifamiliares.

“Esta es una propuesta de campaña y viendo los índices de construcción de la ciudad en los últimos tiempos, con los regímenes promocionales vigentes pensamos que este proyecto, contemplando un plazo de prueba piloto, puede traer muy buenos resultados a un sector que viene dando respuestas con un incremento de obra privada que supera el 50% en nuestro distrito”. 

La finalidad de este régimen está dirigido “a todos aquellos que quieran invertir y realizar desarrollos inmobiliarios referidos a la construcción de viviendas unifamiliares y remodelaciones en planta baja y hasta los 5 pisos”, remarcaron en el proyecto. 

Con regulación del área correspondiente y firma de los arquitectos de cada obra, “se busca descomprimir la demanda administrativa de la Secretaría de Obras Privadas” por lo cual resulta “primordial que este proceso sea acompañado de un plazo de 180 días para la aprobación por parte del Departamento Ejecutivo de los desarrollos inmobiliarios de mayor envergadura y las industrias”, detallaron los ediles.

Iniciado el trámite, “la obra podrá  comenzar de forma automática quedando sujeto  a inspección. En aquellos casos donde lo declarado y la obra iniciada no presente coincidencia se establecerán las multas y suspensión de la actividad del profesional conforme la falta registrada de acuerdo a las normativas vigentes y la reglamentación correspondiente”, explicaron los concejales.

El concejal Agustín Neme presentó un proyecto de ordenanza que propone que transportes escolares puedan trasladar a los trabajadores exceptuados de la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19. El objetivo es dar cumplimiento con los protocolos sanitarios estipulados y lograr evitar la utilización del transporte público.

Además, busca una reactivación económica para el sector del transporte escolar que se encuentra paralizado producto de la suspensión de clases.

"La contratación del servicio es de carácter libre y privada entre las partes involucradas. Lo que si establecemos es un protocolo sanitario y de higiene muy estricto para las unidades de transporte escolar. En este sentido solo podrán trasladarse personas habilitadas a reanudar sus actividades, la capacidad máxima de ocupación será del 60% del total de los asientos y el cumplimiento de estrictas medidas de higiene por parte de los transportistas como de los pasajeros", indica el proyecto presentado por el concejal del oficialismo Agustín Neme.

"Con esta propuesta buscamos que las industrias y empresas de la ciudad tengan una herramienta a disposición, el cuidado de los trabajadores y conjuntamente ayudar a reactivar la economía de los transportistas escolares que desde hace tiempo se encuentran imposibilitados de desarrollar su normal actividad producto de la suspensión de clases", agrega.

Entre las medidas que deberán cumplir los transportistas se encuentran:

-Solamente trasladar a personas habilitadas a reanudar sus actividades.

-Respetar una capacidad máxima de ocupación de sus respectivas unidades equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del total de los asientos asignados a pasajeros, sin considerar el espacio del conductor.

-Implementar todas las medidas sanitarias y de desinfección constante dentro de los vehículos.

-Deberán impedir el acceso de personas que no cuenten con barbijos – tapa bocas debidamente colocados y que previamente no se hayan sometido a un proceso de desinfección de sus manos, ropas, calzados y demás elementos personales transportados, mediante la aplicación de una solución de alcohol mediante un rociador, antes del ingreso al vehículo.

-Implementar todas las medidas de prevención y cuidado necesario para los choferes habilitados en los vehículos.

-Denunciar en forma inmediata ante las autoridades sanitarias, cualquier situación anómala detectada compatible con la presencia de síntomas vinculados a la enfermedad COVID 19 que presente algún pasajero.

Durante la jornada de este miércoles ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone autorizar a los titulares de licencias de transporte escolares regulados mediante Ordenanza 20.867, mientras se extienda la emergencia sanitaria, a suscribir convenios privados de servicios de traslados con particulares que estén habilitados para reanudar sus actividades y requieran de estas prestaciones.

El proyecto fue presentado por el concejal del oficialismo Agustín Neme, quien se manifestó al respecto: "Al día de hoy muchas empresas e industrias de la ciudad han sido autorizadas a reanudar sus actividades con el debido cumplimiento de los protocolos sanitarios. Y aquí un punto importante sobre el cuál debemos prestar mucha atención es el traslado de los empleados desde sus hogares al trabajo y desde el trabajo a sus hogares finalizada la jornada laboral".

Y agregó: "Es importante evitar la utilización del transporte público, por eso hemos presentado un proyecto de ordenanza que propone alternativas al respecto habilitando a los transportes escolares para que puedan suscribir convenios con privados para el traslado del personal que tienen a su cargo".