En un operativo de control realizado en las últimas horas, el personal del Comando de Prevención Rural de Ramallo, provincia de Buenos Aires, interceptó una camioneta que transportaba un cargamento de mil bidones vacíos de fitosanitarios sin la documentación ni los procedimientos exigidos por la normativa vigente.

El hecho se registró sobre la Ruta 51, a la altura del kilómetro 15, en el carril que conecta La Violeta, partido de Pergamino con Ramallo.

Durante la recorrida habitual por la zona rural, los efectivos policiales detectaron el vehículo, una camioneta con un carro enganchado, ocupado por dos hombres mayores de edad, oriundos de la ciudad de Rosario, quienes no pudieron justificar de manera fehaciente el origen ni el destino de los envases transportados.

Según se informó, los bidones contenían restos de agroquímicos, herbicidas y plaguicidas, y no habían sido sometidos al triple lavado a presión ni perforados, como lo exige la Ley Nacional 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Además, los transportistas carecían de remito o autorización de traslado y no contaban con turno de entrega en el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) Zonal que funciona bajo el programa CampoLimpio en el Parque Industrial COMIRSA (San Nicolás-Ramallo).

Los sujetos declararon que su destino final era una planta de captación en Rosario, pero las autoridades no pudieron corroborar la existencia de dicha instalación ni su habilitación para el manejo de este tipo de residuos peligrosos.

La sospecha de los investigadores es que los envases podrían ser reducidos y reutilizados para la fabricación de productos de uso cotidiano, como muebles plásticos, juguetes o recipientes domésticos, lo que implicaría un grave riesgo sanitario por la presencia de residuos tóxicos.

“Estamos ante una infracción seria, porque estos envases deben tener un tratamiento especial y trazabilidad. No sólo está en juego el cumplimiento de la ley, sino la salud pública y el cuidado ambiental”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

Ante la irregularidad, la carga fue decomisada y trasladada al CAT Ramallo, donde los bidones serán tratados conforme a los protocolos de disposición final.

En tanto, los dos individuos quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal de Ramallo, que iniciará las actuaciones correspondientes por violación a la normativa ambiental y transporte indebido de residuos peligrosos.

El procedimiento, además de evitar una posible reutilización ilegal, pone en evidencia la importancia del control rural en materia ambiental, una tarea clave para prevenir la contaminación y garantizar que los envases de fitosanitarios tengan un destino seguro y sustentable.

Fuente: TN

La Justicia federal convalidó el reclamo del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el Gobierno nacional deberá hacerse cargo del arreglo de un puente sobre la Ruta Nacional 9. La medida marca un precedente importante para los reclamos que vienen impulsando las provincias.

Así, el fallo del Juzgado Federal 1 de San Nicolás le ordena a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a Corredores Viales S.A. que en forma coordinada ejecuten las tareas de reparación integral del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, que comprende el ingreso a la ciudad de Ramallo.

El pasado 23 de mayo, según informa Ramallo Ciudad, Poletti se presentó en la Justicia Federal e interpuso una acción de amparo contra la DNV y Corredores Viales para la reparación del mencionado tramo de la RN 9.

En el texto se advertía que el peaje en el corredor aumentó un 400% en el último año, pero esto no se había visto reflejado en mejoras en la traza.

El intendente remarcó en el escrito la “reiterada omisión” por parte de la DNV en el cumplimiento de “deberes de mantenimiento, conservación y reparación de la Ruta Nacional 9”, lo que llevó a que hoy “se haya vuelto imposible transitar” por el puente del ingreso a la ciudad, “sin poner en peligro la vida o la salud de quienes lleven a cabo ese recorrido”.

“La siniestralidad aumento muchísimo, los accidentes son noticias cuando hay fallecidos, para hay muchos accidentes que terminan con personas heridas de gravedad y que quedan con alguna discapacidad”, aseguró Poletti.

En los últimos días, luego de intimados los organismos del Estado nacional para que se presente en juicio a ejercer su derecho de Defensa y analizadas las presentaciones de cada parte, el juez federal de San Nicolás resolvió en primera instancia fallar la cuestión en favor del intendente municipal de Ramallo e hizo lugar a la medida solicitada.

De esta manera, “se ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. para que en forma coordinada y conjunta ejecuten las tareas de reparación en el tramo indicado debiendo iniciar las tareas en el término de diez días, acreditar en el Juzgado la iniciación de las mismas y contando con un plazo de tres meses para concluir la obra encomendada con la obligación de presentar un informe mensual del avance de obra”.

La resolución de la Justicia pide “señalización del estado del acceso, incluyendo la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la calzada, limitaciones de velocidad y señalética”.

Además, exige que se realicen “desvíos en caso de corresponder para evitar accidentes y/o roturas de vehículos que transiten por esa vía, implementando medidas de seguridad vial que resulten pertinentes”.

La Justicia también determinó que las obras deben iniciarse en un plazo de diez días y concluirse dentro de los próximos tres meses.

En febrero pasado Poletti formó parte de un grupo de 20 intendentes que firmó, junto al ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, una presentación judicial contra el Gobierno nacional, al que acusaban de desviar fondos multimillonarios asignados por ley al mantenimiento y ampliación de la red de nueve rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Se trató, como informó DIB en su momento, de una “acción preventiva” en la que se advertía sobre “la falta de transferencia de fondos provenientes de la recaudación de impuestos que debieron depositarse en un fideicomiso creado hace años para financiar la ejecución de infraestructura vial, pero que no fueron depositados”.

En concreto, la Provincia advirtió que a raíz de esa maniobra, la inversión de Vialidad Nacional en los tramos bonaerenses de las rutas nacionales cayó un 85,9% durante 2024.

En la presentación se señaló que producto de la paralización de los trabajos en que derivó esa falta de financiamiento, “se encuentran en juego los derechos a la seguridad de los usuarios” de las rutas y que existe un “riesgo de vida derivado del incumplimiento de las obras y mantenimiento en la red vial”, a lo largo de unos 4 mil kilómetros de un trazado (rutas 3, 5, 7, 8, 9, 33, 188, 205 y 226) que atraviesa 57 municipios.

En la demanda se pedía a la Justicia que le ordene al Gobierno nacional que reinicie las obras pero además se requería información sobre el destino final de los fondos ($ 200.000 millones recaudados con el Impuesto a los Combustibles y $ 1 billón surgido del Impuesto PAIS) que debían depositarse en el fideicomiso pero nunca llegaron a ese destino.

La presentación fue respaldada por los intendentes de Escobar, Lujan, Exaltación de la Cruz, Ramallo, San Andrés de Giles, Mercedes, Carmen de Areco, Cañuelas, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Las Flores, Mar Chiquita, Benito Juárez, Saavedra, Tornquist, Azul, Bolívar y General Villegas.

Continúa esta semana en San Nicolás el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Pablo Damián Grottini, sospechado de haber asesinado a su hija, a su madre, a su hermano y hasta a una perra en Ramallo. El debate comenzó la semana pasada y se realizaron ya cinco audiencias. Estas continuarán este martes, con testimonios propuestos por la defensa; hasta ahora solo se presentaron testigos de la acusación.

Damián Grottini está detenido desde el 26 de abril de 2022 en la Unidad Penal Nº 3 y está siendo juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 por las muertes de su hermano Germán, ocurrida en 2019; de su hija Luz Ailén, en 2021, y de su madre Teresita Di Martino, en 2022. Las sospechas giran en torno de que pudo haberles administrado algún fármaco para inducir a un estado confusional de descompensación para lograr que los internaran y luego, a través de la manipulación de sus sueros, insuflarles aire para matarlos, de acuerdo con el diario El Norte.

En la casa del acusado fueron secuestrados elementos que se incorporaron a la causa: una tablet y un teléfono celular que mostrarían historiales de búsqueda acerca de cómo matar con suero o el tiempo que demora una persona en morir bajo determinadas circunstancias, entre otras consultas para encontrar diferentes maneras de provocar la muerte. Es por ello que Grottini fue imputado por triple homicidio agravado por el vínculo.

En la primera semana de debate declararon unos cuarenta testigos. La mayoría de las personas citadas pertenecen al personal de salud del Hospital San Felipe, donde murieron Teresita y Luz Ailén, y de la Clínica San Nicolás, donde falleció Germán. Según recuerda El Norte, de las dos últimas muertes no hay pruebas físicas debido a que el cuerpo de Germán fue cremado y el estado de los restos de Luz Ailén, por el paso del tiempo, no permitieron establecerlas.

Grottini: los primeros testimonios

Todos los testimonios coincidieron en las circunstancias extrañas en las que se produjeron las muertes, remarcaron que nada hacía prever el desenlace fatal en los tres casos, las extrañas actitudes de Grottini durante las internaciones y la particular coloración azulada de los cuerpos desde el tórax hacia arriba que suele ser particular de las muertes por asfixia no mecánica y que se conoce como “síndrome del buzo”. Los profesionales dijeron haber propuesto la realización de autopsias, a las que Grottini o su madre no accedieron.

Los temas principales giraron alrededor del posible móvil económico tras las extrañas muertes. La codicia es la principal hipótesis fiscal, y sobre ese punto versaron muchos de los cuestionamientos: un seguro de vida, una casa, dos autos, una lancha, entre otras pertenencias, podrían ser el motivo del presunto triple crimen.

De los testimonios de la primera semana, surgió que Grottini es una persona muy católica, monaguillo de la iglesia del pueblo, buena persona y con una particular atracción por la muerte. De buen empleo como administrador de una estación de servicios, sin embargo, quería ser funebrero. De hecho, lo ratifican los relatos, pidió trabajo reiteradamente en la empresa fúnebre, incluso ofreciéndose a desempeñarse sin sueldo hasta que probaran sus capacidades. En el allanamiento en su casa, dentro del ropero los investigadores encontraron una suerte de altar con imágenes religiosas.

Fuente: DIB

Pablo Damián Grottini jura que es inocente, que su vida estuvo rociada por la tragedia y que nada tuvo que ver él en la muertes de su hermano menor, su hija y su mamá, por las cuales será juzgado desde este lunes en San Nicolás.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 el encargado de determinar si el funebrero de 44 años, ferviente devoto de la fe católica, es en realidad un asesino serial, y si efectivamente ideó un plan macabro para asesinar a Germán Grottini (32), Ailén Grottini (10) y Teresita Di Martino (61) -en ese orden-, como cree la fiscal del caso a partir de las pruebas acumuladas en su contra.

Días atrás, en la audiencia preliminar rumbo al juicio, se definió que habrá 85 testigos. Más de la mitad son personal de la salud y María Belén Baños, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de San Nicolás, pidió que parte del debate se desarrolle en una recorrida por el Hospital San Felipe, donde murieron dos de las presuntas víctimas. Además, según Diario El Norte de esa localidad bonaerense, la fiscal elevó un pedido para que la psicóloga que atendía a Ailén sea relevada del secreto profesional y pueda ofrecer su testimonio.

“Se podría pensar -o haberse pensado antes del inicio de la investigación- que Pablo Damián Grottini es simplemente una persona signada por la tragedia, al verse castigado por la muerte de sus tres familiares más cercanos. Pero en realidad, este fue el resultado de un plan homicida”, indicó Baños en la requisitoria de elevación a juicio.

Grottini comenzó a ser investigado tras la muerte de Teresita, su mamá, en el Hospital San Felipe. Allí llegó descompuesta y en compañía del acusado. Dijo sentirse mareada y angustiada por la muerte de su otro hijo y su nieta, ocurridos tiempo atrás.

Tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos constataron que estaba recuperada y planeaban darle el alta. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, mientras la mujer permanecía internada en el box 3, Grottini llamó a la enfermería y reportó que el suero “perdía”.

Al acercarse, la enfermera de turno constató que estaba pinchado, atravesado de lado a lado, y que el hombre tenía su ropa mojada. Según consta en el expediente, una hora y media después Grottini volvió a llamar a los enfermeros. El motivo: Di Martino había muerto.

“Se determinó que el nuevo suero que había colocado la enfermera también se encontraba pinchado, esta vez con un solo orificio en la manguera, y se halló en el mismo box donde se encontraba la paciente una ampolla de diazepam abierta, la cual no había sido prescripta para ningún paciente ese día”, se informó en un comunicado judicial.

Los sueros pinchados y la presencia de un fármaco ajeno al stock del hospital encendieron las primeras sospechas. El caso fue reportado en sede judicial y, mientras se investigaba, surgieron testimonios de conocidos y vecinos que mencionaron que Germán, un hermano de Grottini que tenía 32 años, era deportista, guardavidas y no tenía ninguna patología previa, había muerto en circunstancias similares en julio de 2019. Y no solo eso, sino que algo parecido había ocurrido en julio de 2021 con Ailén, su hija adoptiva y quien padecía un retraso madurativo.

Durante la investigación, la fiscal identificó los puntos en común en las tres muertes: los pacientes llegaron al hospital con nauseas, sueño y alteraciones cognitivas, y los médicos no lograban encontrar la causa de la afección. Los tres evidenciaron signos de recuperación con el correr de las horas, pero luego de quedar en compañía de Grottini en sus habitaciones, murieron de forma repentina y sin explicación.

“El análisis de las acciones y de un extenso listado de elementos probatorios habidos en su contra, permite echar luz sobre la oculta historia y revelar el plan criminal. Teresita Di Martino, Ailén Grottini y Germán Grottini no murieron de forma natural: fueron asesinados alevosamente por Pablo Damián Grottini”, concluyó Baños en su informe.

La fiscal miró horas y horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de los hospitales donde murieron las víctimas. Además peritó el celular del acusado y sus computadoras. También se hicieron las autopsias a los cuerpos de Teresita y de Ailén, el cual tuvieron que exhumar. El procedimiento no pudo hacerse sobre el cadáver de Germán debido a que había sido cremado.

En el cuerpo de la madre constataron que la muerte se dio por asfixia, compatible con la “inoculación de aire por vía endovenosa”. Es decir, le habrían inyectado aire en las venas. Lo mismo se presupone que hizo con su hija. Todas las pruebas serán ventiladas en el juicio.

Baños mencionó que a partir de la evidencia recolectada “se pudo ingresar en la mente del imputado” y quedó constatada la “oscuridad y perversión de Grottini”.

Fotos de su hija cuando sufrió el último paro cardíaco, búsquedas macabras en Google y en YouTube y chats con el contacto “Ailén” cuando la nena de 10 años ya estaba fallecida son algunos de los elementos reunidos por la fiscal para formular la acusación.

Por un lado, los peritos encontraron que Grottini buscó en YouTube “5 cosas que tu cuerpo experimenta cuando lo incineran”, e incluso había búsquedas mucho más distantes hacia atrás en el tiempo acerca de “como creman un cuerpo humano”, “video de cremación de un cuerpo”, “cosas que tu cuerpo hace aún después de muerto”, “como creman un cuerpo humano”, “¿qué sentimos al morir?”, entre otras.

En Google, siempre de acuerdo con el peritaje informático, algunas de las búsquedas fueron: “Venenos más letales del mundo”; “qué pasa si infiltrás aire en las venas”; “qué se puede tomar para provocar la muerte”; “cuál es la vena que hay que infiltrar para producir el paro”; “qué produce el aire en las venas”; y “qué pasa si inyecto agua en las venas”.

Grottini reconoció las búsquedas, aunque argumentó que las había hecho con la intención de suicidarse. Desde su celda en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde cumple la prisión preventiva desde días después de la muerte de su mamá, difundió un video en el que afirmó que es inocente y criticó a la fiscal.

El acusado llega a juicio por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía y por el medio empleado” respecto de Ailén y Teresita, y “homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado”, respecto de Germán.

También se lo acusa de “daño” en concurso real, debido a que al perro de su hermano le habría inyectado una sustancia que le provocó la muerte. Grottini enfrenta una prisión perpetua. La verdad comenzará a develarse este lunes.

Fuente: TN