Los diversos sectores que conforman la Universidad confirmaron la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata, prevista para este jueves 15, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración comenzará a las 16:00 en el complejo universitario de la calle Funes y la movilización partirá a las 17:00 rumbo al monumento a San Martín.

Tras participar de una conferencia de prensa junto a la rectora, Mónica Biassone, y representantes de ADUM y la FUM, la secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU), Victoria Schadwill, señaló a El Marplatense que la consigna central está vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que, según explicó, “actualiza tanto las partidas presupuestarias como nuestros salarios y las becas estudiantiles a diciembre del 2023”.

En ese marco, Schadwill hizo hincapié en la existencia de una medida judicial que respalda el reclamo. “Hay una cautelar que ya está firme por cuestiones alimentarias”, sostuvo, en referencia a los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con la actualización salarial y de las becas estudiantiles.

Además, remarcó la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la legislación y de la resolución judicial. “Quien tiene que cumplir la implementación de la ley y de la cautelar que estableció la justicia, es el gobierno”, afirmó.

Por último, la referente no docente extendió la convocatoria a participar de la movilización “a toda la sociedad marplatense y de la zona”, con el objetivo de reclamar el cumplimiento efectivo de la ley.

Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles de manera pacífica a la Secretaría de Educación de la Nación, ubicada en el Palacio Sarmiento, donde comenzaron una sentada para reclamar respuestas por el financiamiento del sistema universitario.

Según informaron desde las agrupaciones participantes, la medida tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización del monto de las Becas Progresar.

Los manifestantes permanecen dentro del edificio y aseguraron que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades nacionales.

En paralelo, convocaron a estudiantes y organizaciones a movilizarse hacia las inmediaciones del Palacio Pizzurno, ubicado en Pizzurno 935, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar la medida.

La protesta se enmarca en un nuevo reclamo del sector universitario por mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y por una actualización de las políticas de asistencia económica destinadas a estudiantes.

El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo municipal detalles sobre la situación de distintos polideportivos barriales de General Pueyrredon, luego de denunciar la suspensión de actividades por problemas vinculados con la falta de personal y el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa pone el foco en los establecimientos de Libertad, Las Heras, Colinas de Peralta Ramos y Centenario. Según plantearon desde la bancada opositora, el 5 de octubre el Polideportivo Libertad informó que quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” las clases del natatorio correspondientes a los turnos de 18 a 20 por falta de personal de limpieza.

Ante esta situación, los concejales solicitaron conocer cuántas personas fueron afectadas, qué medidas se adoptaron para resolver el inconveniente y cuál es el plazo previsto para restablecer las actividades.

El pedido también busca determinar si existen dificultades similares en los otros polideportivos mencionados y conocer cómo se encuentran actualmente los servicios de limpieza y mantenimiento en cada uno de ellos.

Además, desde Acción Marplatense reclamaron precisiones sobre el estado de la infraestructura, las tareas de mantenimiento realizadas y las obras o reparaciones que todavía permanecen pendientes.

En particular, el proyecto menciona una interrupción de actividades en el gimnasio del Polideportivo Centenario y solicita información sobre las causas, las intervenciones necesarias y los tiempos previstos para su reapertura.

Desde el bloque remarcaron que estos espacios cumplen una función que va más allá de la práctica deportiva, al ofrecer propuestas recreativas y formativas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias de distintos barrios.

En ese sentido, sostuvieron que garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad, mantenimiento e infraestructura es necesario para asegurar la continuidad de las actividades y preservar el rol social y comunitario de los polideportivos barriales.

A través de un proyecto de comunicación, concejales de Acción Marplatense reclamaron al Municipio mejoras en los caminos rurales de la zona de Sierra de los Padres y La Peregrina, ante las dificultades que enfrentan los vecinos para circular, especialmente durante los días de lluvia.

La iniciativa apunta a los barrios El Coyunco, San Carlos y La Gloria de la Peregrina, donde se registran problemas de acumulación de agua, barro y deterioro de las calles. Según señalaron, en algunos casos la situación puede impedir directamente el ingreso y egreso de vehículos.

El reclamo surgió también a partir de planteos realizados por estudiantes de segundo año del Plan FINES, con sede en La Peregrina-El Coyunco, quienes expusieron las dificultades de la zona ante el Parlamento de Jóvenes y Adultos.

Desde el bloque remarcaron que el problema no se limita al estado de las calles, ya que afecta el acceso a derechos básicos. Por esos caminos circulan diariamente estudiantes, docentes, trabajadores, familias, ambulancias, transporte escolar y distintos servicios públicos.

Uno de los puntos señalados es la calle Bartolina Sisa, utilizada para acceder a distintos establecimientos educativos, entre ellos la Escuela Primaria N° 8, la Escuela Secundaria N° 68, el Jardín Provincial N° 924 y sedes del Plan FINES.

También advirtieron que el estado de los caminos puede generar complicaciones para el ingreso de ambulancias y otros servicios de emergencia, sobre todo durante jornadas con lluvias intensas.

A esto se suma el impacto sobre la actividad productiva. El Coyunco, San Carlos y La Peregrina forman parte de una importante zona frutihortícola de General Pueyrredon, por lo que el deterioro de los caminos también afecta a productores, trabajadores y al traslado de mercadería.

En el proyecto se pidió avanzar con un esquema de mantenimiento preventivo y permanente, mejorar la recepción y seguimiento de reclamos y fortalecer la capacidad operativa de la Delegación Sierra de los Padres-La Peregrina.

“Garantizar caminos transitables durante todo el año significa mejorar las condiciones para estudiar, trabajar, producir, acceder a servicios de salud y desarrollar la vida cotidiana”, señalaron desde Acción Marplatense.

El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para reclamar respuestas ante distintos problemas de infraestructura y servicios que afectan al barrio Las Dalias, en la zona norte de Mar del Plata.

La iniciativa recoge reclamos de vecinos vinculados con el estado del alumbrado público, la falta de mantenimiento de la red vial y los anegamientos que se producen durante jornadas de lluvia.

Desde la bancada señalaron que las deficiencias en la iluminación generan sectores con menor visibilidad durante la noche y advirtieron que esta situación puede aumentar la sensación de inseguridad, además de dificultar la circulación peatonal y vehicular.

El proyecto también pone el foco en el estado de las calles. Según se planteó, en distintos sectores hay baches, falta de cordón cuneta y arterias de tierra que se vuelven difíciles de transitar, lo que complica el acceso de ambulancias, bomberos y servicios de recolección, además de afectar a los vehículos particulares.

Otro de los puntos señalados es la presencia de microbasurales a cielo abierto. Los concejales advirtieron que la acumulación de residuos puede generar focos de contaminación, malos olores y presencia de roedores, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

A esto se suma la problemática de los anegamientos. De acuerdo con el planteo, varias calles y esquinas del barrio presentan acumulación de agua de manera recurrente debido a falencias o falta de mantenimiento en el sistema de desagües pluviales.

Desde Acción Marplatense consideraron que estas situaciones exponen diferencias en la prestación de servicios básicos entre distintos sectores de la ciudad y remarcaron la necesidad de avanzar con una planificación urbana integral.

En ese sentido, señalaron que el Departamento Ejecutivo debe planificar y ejecutar las obras necesarias para responder a las demandas de infraestructura y garantizar que el crecimiento de la ciudad esté acompañado por servicios adecuados en todos los barrios del Partido de General Pueyrredon.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo local un relevamiento integral y la puesta en valor de la Plaza Florencio Sánchez, ubicada entre las calles Calabria, Dellepiane, Antonio Valentini y Sicilia.

La iniciativa plantea una serie de trabajos considerados prioritarios, entre ellos la reparación del sector de juegos infantiles, la colocación y reposición de cestos de residuos, la mejora de veredas y senderos internos y de acceso, y el retiro de un vehículo incendiado ubicado sobre calle Calabria.

También se reclama reforzar las tareas de limpieza, corte de césped y mantenimiento general de los espacios verdes, con una frecuencia que permita conservar el predio en mejores condiciones de higiene, seguridad y uso comunitario.

En los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que la plaza es utilizada diariamente por niños, jóvenes, familias y adultos mayores, pero advirtieron sobre un estado de deterioro vinculado a la presencia de pastizales altos, juegos dañados, falta de cestos y dificultades en la circulación por veredas y senderos.

Además, consideraron que el vehículo incendiado representa un obstáculo para el paso peatonal y puede generar riesgos para quienes transitan por la zona.

Desde el bloque remarcaron que, pese a estas condiciones, la Plaza Florencio Sánchez continúa siendo un punto de encuentro para los vecinos del barrio y sostuvieron que resulta necesario avanzar con mejoras que garanticen un espacio seguro, accesible y en condiciones adecuadas para el uso de la comunidad.

Vecinos de distintos barrios del sudoeste de Mar del Plata realizarán hoy desde las 17:30 un segundo “cartelazo” en la intersección de Fortunato de la Plaza y Polonia, ante la falta de respuestas por parte de la Municipalidad a sus reclamos vinculados a infraestructura urbana, servicios básicos y transporte público.

La convocatoria reúne a residentes de los barrios Las Heras, Bosque Grande, Pueyrredon, Parque Palermo y Fortunato de la Plaza, quienes ya habían concretado una primera jornada de visibilización sin obtener, según señalaron, un plan de trabajo ni soluciones concretas por parte del Ejecutivo local.

Entre los principales reclamos se enumeran el mejoramiento de calles, la ampliación de la iluminación pública, la atención primaria de la salud, el cumplimiento de frecuencias del transporte, la erradicación de basurales, la regularización del servicio de recolección de residuos, la urbanización de sectores vulnerables y la expansión de redes de agua y cloacas.

Sobre la experiencia previa, los autoconvocados expresaron que “nos organizamos, reclamamos, presentamos pedidos y salimos a la calle. El primer ‘cartelazo’ fue exitoso porque logramos que nuestra realidad se conociera, pero seguimos esperando respuestas concretas del Municipio”.

En paralelo, los frentistas destacaron la apertura de una mesa de diálogo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde participarán de un encuentro con autoridades. En ese sentido, señalaron: “Valoramos que desde la Provincia hayan escuchado el reclamo y se haya abierto una mesa de trabajo. Ahora esperamos que esa reunión permita avanzar en soluciones concretas para los barrios”.

En una jornada atravesada por movilizaciones y reclamos contra la inseguridad en Mar del Plata -con episodios de tensión frente a la Jefatura Departamental-, el director de Coordinación Municipal y Control Rural de la Región Interior Oeste I del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gastón Herrera, presentó su renuncia.

El propio Herrera confirmó su dimisión a través de un mensaje público, en el que explicó los motivos de su decisión.

“Confirmo mi renuncia al cargo de director que ocupaba en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo hice, desde mi muy humilde lugar, porque entendí que podía ser útil para facilitarle al ministro la reconfiguración de equipos que estimara conveniente para mejorar las cosas y devolverles la tranquilidad a los vecinos”, expresó.

En su declaración, el ahora ex funcionario remarcó la complejidad del sistema de seguridad al señalar que “es un sistema grande (policía, ministerio, relación con la Justicia, con el municipio) necesariamente se debe trabajar en equipo” y consideró que “seguramente se reconducirán cosas”.

Finalmente, Herrera aseguró que continuará vinculado a la temática desde otro lugar: “Mi vocación sigue intacta por lo que continuaré capacitándome para trabajar por la seguridad y la tranquilidad de esta hermosa ciudad de la que mi familia y yo formamos parte”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamó hoy el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, a través de un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional medidas urgentes para atender la crisis del sistema.

En el documento, las entidades sostuvieron que la solución a los problemas que atraviesan las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la ley” y remarcaron la necesidad de garantizar su plena aplicación.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

El comunicado también puso el foco en la situación de los hospitales universitarios, al advertir sobre la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” ante un escenario que calificaron como “crítico”.

Por último, las organizaciones destacaron la masiva participación en la IV Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyeron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Sindicato de Trabajadores Municipales participó este martes de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Ejecutivo local para abordar la situación del Hogar Municipal de Ancianos. Desde el gremio apuntaron tanto a las condiciones edilicias del lugar como a cambios laborales “implementados de manera unilateral”.

Tras el encuentro, la secretaria de Seguridad e Higiene del STM, Verónica Maio, confirmó que este martes a las 9 de la mañana realizarán un relevamiento en el hogar para constatar las obras que, según el Municipio, fueron ejecutadas en el último mes.

“Ellos dicen que desde el 15 de abril, cuando nosotros hicimos el relevamiento y presentamos el informe solicitando la intervención, realizaron un montón de obras. Vamos a ir a constatar esas tareas”, explicó.

No obstante, la dirigente remarcó que uno de los puntos centrales del conflicto sigue siendo la situación de los trabajadores de la residencia. “No deja de ser importante el avasallamiento de los derechos de los trabajadores que hoy están en la residencia, quienes son sometidos por una decisión unilateral a horarios rotativos”, sostuvo.

Consultada sobre si existieron instancias de diálogo previas antes de recurrir al Ministerio de Trabajo, Maio aseguró que no obtuvieron respuestas por parte del Ejecutivo. “No tuvimos ninguna respuesta de parte del secretario, por eso tuvimos que recurrir al Ministerio del Trabajo”, afirmó.

Vecinos de Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, Otamendi y Miramar organizarán una mateada para reclamar la vuelta del tren. El encuentro se realizará este sábado 21 a las 18:00 en la Estación de trenes de Miramar, con el objetivo de visibilizar la necesidad de recuperar el servicio ferroviario regional.

Según expresaron los organizadores, la iniciativa se sostiene desde el momento en que dejó de circular el tren, aun en un contexto adverso marcado por el cierre de ramales en distintos puntos del país. “Sabemos que no es el mejor momento para la vuelta del tren, pero vamos a seguir insistiendo con su regreso”, indicaron.

Los vecinos remarcaron que Mar del Plata y la zona necesitan modernizar el sistema público de transporte y diversificar las opciones disponibles. Señalaron que las ciudades con un sistema eficiente no dependen de un solo medio, sino que combinan dos o más alternativas.

Como ejemplo, mencionaron el caso de Mendoza, donde se implementó el metrotranvía con resultados positivos y actualmente se encuentra en proceso de ampliación. Además, destacaron el avance de un tren de cercanías entre San Martín y Gutiérrez, que permitirá la combinación con ese sistema.

Para los organizadores, esta experiencia demuestra que la vuelta del tren es posible y que depende de la decisión política de los gobiernos de turno impulsar su puesta en marcha. Por ese motivo, convocaron a los vecinos de la región a participar del encuentro y acompañar el reclamo.

El Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata realizó este una nueva protesta en las puertas del barrio privado Costa Esmeralda, ubicado a 15 kilómetros de Pinamar, para exigir la reincorporación de dos trabajadores despedidos en diciembre.

Ante la falta de respuesta por parte de la administración del barrio, el gremio se movilizó junto a trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Eléctrica de Mar de Ajó (Clyfema), quienes se sumaron solidariamente al reclamo.

Con la conciliación obligatoria y su correspondiente prórroga ya vencidas —ambas dictadas por el Ministerio— y frente a la ausencia de respuestas e incumplimientos por parte de la empresa, el sindicato inició medidas de lucha para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos de manera arbitraria y discriminatoria.

El secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini, sostuvo que “vencidos todos los plazos legales, se profundiza la lucha para exigir la reincorporación de los trabajadores. Si la empresa no se sienta a negociar, las acciones se irán incrementando. Parece que dentro del barrio se manejan con leyes propias y no cumplen con la legislación laboral. El objetivo es que esta situación se revierta”.

La semana pasada, el sindicato denunció a la administración de Costa Esmeralda ante el Ministerio por incumplir la conciliación obligatoria y desconocer la orden de reincorporación de los trabajadores Alan Ramírez y Bruno Bais.

Desde el gremio también señalaron que la empresa mantiene una actitud discriminatoria, utilizando el despido arbitrario de los dos trabajadores como una herramienta de persecución sindical. Además, denunciaron hostigamientos y amenazas al resto del personal ante la posibilidad de realizar medidas de fuerza en el lugar, lo que constituye una práctica desleal y una vulneración a la libertad sindical.

Finalmente, el sindicato remarcó que el reclamo es legal y legítimo, y advirtió que la empresa, amparada en el contexto actual del país, busca amedrentar a sus trabajadores y castigar a la organización sindical.

El cierre de las cuatro sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y que mantiene en vilo a trabajadores de Mar del Plata y otras localidades. En la ciudad, los 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 sostienen un acampe permanente en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes, luego de que la empresa anunciara su cese de actividades en diciembre.

Desde el inicio del conflicto, los trabajadores —nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA)— reclamaron primero el pago de salarios adeudados y luego el cumplimiento íntegro de las indemnizaciones. Sin embargo, las negociaciones con la patronal estuvieron marcadas por la falta de propuestas concretas.

“Desde el primer momento la oferta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del SECZA.

Según explicó el dirigente, el acampe fue clave para forzar a la empresa a sentarse a negociar: “Si algo se logró con los 40 días de acampe es que se hayan sentado en una mesa en la que no querían estar”.

Durante este proceso se realizaron distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La más reciente, llevada a cabo este viernes en La Plata, marcó un punto de inflexión: la empresa alcanzó un acuerdo con trabajadores de una de las plantas más grandes, que contempla el pago del 50% de las indemnizaciones en tres cuotas. Una propuesta que desde el SECZA consideran inaceptable.

De acuerdo a lo trascendido, la patronal intentó utilizar ese acuerdo parcial para dar por caída la negociación con el resto de los trabajadores y avanzar en la judicialización del conflicto. No obstante, la intervención del Ministerio permitió establecer un nuevo cuarto intermedio y mantener abierta la mesa de diálogo.

Este conflicto de Caromar no es un hecho aislado, sino un caso testigo directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El estudio de abogados Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado. Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral”, explicó Fraysse.

El dirigente sindical advirtió que esta metodología podría replicarse en otros conflictos: “Esto va a pasar en muchos otros lugares. Llevan la negociación al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese laboral es lo que conviene, porque supuestamente garantiza la disponibilidad de la indemnización”.

Fraysse hizo referencia al denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, mediante el cual el gobierno nacional busca redireccionar aportes patronales para que el Estado asuma parte del costo de las indemnizaciones por despido.

“Hace 40 días que estamos ahí. Estuvimos el cuerpo de delegados, la comisión directiva del sindicato y los trabajadores de Caromar. La empresa tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión que ejercemos, aunque el propio candado lo puso la empresa”, concluyó Fraysse.

El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo bonaerense. La instancia, convocada en medio de fuertes tensiones y tras la ruptura previa del diálogo por parte de la firma, permitió alcanzar un primer avance que trae alivio a las familias afectadas.

Durante el encuentro, del que participaron empleados junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y los representantes legales de la empresa, se confirmó que los trabajadores percibirán este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que venía generando profunda preocupación tras el cierre de la sucursal local.

Además, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre. En esa reunión, la empresa deberá presentar una propuesta concreta sobre las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.

Desde el SECZA remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, al tiempo que exigieron que la compañía dé respuestas claras y definitivas en la próxima instancia de diálogo.

La empresa Caromar decidió cerrar una de sus bocas de venta en Mar del Plata y 15 trabajadores quedaron desempleados. Esta decisión se debe a una reducción a nivel nacional. 

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, indicaron que “pese a la continuidad operativa en otras localidades, la empresa intenta encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando “fuerza mayor” para abonar únicamente el 50% de la indemnización correspondiente”. 

En este sentido, Esteban Fraysse, secretario gremial de la entidad, declaró en diálogo con El Marplatense que “no solo cierran la sucursal y dejan a 15 trabajadores en la calle, sino que además toman una decisión cruel: despedir a empleados con más de 20 años de antigüedad, algunos con 28 años en la empresa, personas que estuvieron desde la apertura, que trabajaron durante el incendio, que sostuvieron la operación durante la pandemia como esenciales. Y ahora pretenden pagarles apenas la mitad de lo que corresponde”. 

Por este motivo, “apenas nos enteramos, junto con el delegado gremial iniciamos gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para que intervenga. Estamos a la espera de las cartas documento y mañana a las 9 tenemos la primera audiencia formal”.

Asimismo, señaló que “la firma cuenta con más de diez locales y con una fábrica donde producen detergentes, jabón en polvo y alcohol. No estamos ante un cese real de actividades, sino frente a una maniobra que podría encuadrarse como fraude laboral, porque la empresa sigue funcionando y vendiendo en el resto del país”.

En este contexto, Alejandro Oroño, delegado de los trabajadores, indicó que “las familias están destruidas. Es diciembre, época de fiestas, y la incertidumbre es total. Además, dentro del local hay pedidos ya pagos, camiones con mercadería lista para salir y ningún indicio de que el cierre fuera inminente. La empresa operó con normalidad hasta el sábado a las seis de la tarde”.

“Resulta injustificable que, con la sucursal llena de mercadería y funcionando hasta último momento, la empresa pretenda no pagar la indemnización completa. Es una injusticia absoluta, sobre todo hacia los compañeros que siempre dieron todo. No hay que olvidar que hace diez años, cuando la sucursal se incendió, fueron ellos mismos quienes, con sus manos y herramientas de sus casas, la reconstruyeron”, concluyó.

La situación de los afiliados de IOMA en Mar del Plata no mejora y ahora denuncian que ya no cuentan con “atención en las diferentes instituciones que venían funcionando como red prestacional”, además de evidenciarse “falta de entrega de materiales para cirugías en todas las especialidades y el acceso a la atención ambulatoria”.

La situación empeoró desde comienzo de este mes. Ante esta situación, distintos afiliados se acercaron a la delegación local a preguntar el porqué de la falta de atención en lugares que era frecuente la misma “y no han sabido dar respuestas”, indicaron a través de un comunicado.

Lo concreto es que en este momento los afiliados denuncian no tener lugares habilitados para su atención, falta de centros de asistencia, y problemas con prestaciones diversas en distintas instituciones de nuestra ciudad. Según expresaron, por ejemplo se observa “falta de entrega de materiales para cirugías en todas las especialidades y el acceso a la atención ambulatoria”.

Y a esto, se suma la “falta de respuesta a los tratamientos oncológicos y a la entrega de medicamentos a esos pacientes”.

En el comunicado enviado a los medios, los afilados de IOMA señalaron que “la falta de pagos a las diversas instituciones de la ciudad, y prestadores de servicios médicos con diferentes especialidades cado uno de ellos, ha generado una gran tensión, y ha llevado a varias instituciones a dejar de atender a los afiliados”.

Por último, cuestionaron que “la presencia de intermediarios en la prestación de servicios médicos ha generado cuestionamientos y críticas, ya que se considera que pueden estar lucrando con la salud de los afiliados”.

Docentes agremiados en Suteba Multicolor se presentaron en el Consejo Escolar junto a una radio abierta para elevar un reclamo por las condiciones salariales y reclamar asambleas para determinar el rumbo de la lucha ante el ajuste. 

En este sentido, Nadia Martin, delegada y congresal de la organización, indicó en diálogo con El Marplatense que “nos encontramos en toda al Provincia llevando adelante una jornada de paro” 

Al respecto comentó que “fue tomando fuerza debido a la situación salarial, principalmente luego del último acuerdo entre las conducciones sindicales del frente Unidad Docente Bonaerense y Kicillof,  que nos dejó a gran parte de la docencia bajo la línea de pobreza”.

Para dar un ejemplo, “en septiembre, mes en el que no hubo aumento, una maestra que recién se inicia cobró 700 mil pesos. Con esto tiene que sobrevivir todo el mes, considerando que la canasta familiar de agosto ya llegó a 1.160.000 de pesos”, resaltó.

Junto a este reclamo, “hay una situación gravísima de sobrecarga laboral, porque al no llegar con los salarios tenés que trabajar doble o triple cargo. También se está hablando sobre el vaciamiento de la obra social que estamos pidiendo plenas prestaciones de IOMA y que se respeten nuestras licencias con certificados médicos”, enumeró.

En definitiva, “lo que estamos planteando es que necesitamos que realmente se escuche la situación del sector educativo, no solo por los salarios, sino también por las situaciones de violencia que estamos viviendo, la sobrecarga y que se respete el derecho a huelga”, argumentó.

Sobre la presentación en el Consejo Escolar,  declaró que “acercamos una nota al jefe distrital para que se respete el derecho a paro y no se siga persiguiendo sin reconocer estas medidas de lucha, queriendo poner falta injustificada. Ya salió una cautelar otorgada por el Tribunal de Trabajo N°5 de La Plata que prohíbe poner una falta injustificada, ya sea desde la Dirección de Cultura de la Nación, los directivos o inspectores”.

Por último, destacó que “a las 17 vamos a participar de la movilización debido a la situación de femicidios y violencia en general que estamos atravesando”.

A más de un año de la denuncia realizada por dueños de caballos sobre el robo de equinos para faenado, finalmente el Municipio brindó una respuesta oficial al pedido que se presentó ante el Concejo Deliberante. Sin embargo para el concejal Diego García, de Unión por la Patria, la respuesta del Ejecutivo llegó “totalmente fuera de tiempo” y por lo tanto “va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

García señaló que el proyecto de solicitud de información fue tratado, pero destacó que las respuestas de las distintas secretarías llegaron con un retraso significativo: “Habíamos solicitado la información hace ya un año y meses. Si bien fueron respondiendo diferentes secretarías, es un tema que quedó atemporal, porque las respuestas llegaron en noviembre del año pasado, pero recién ahora el Ejecutivo las cargó al sistema”.

El edil también hizo hincapié en las sospechas que circulaban entre los vecinos sobre el destino de los caballos robados, indicando que “la respuesta que le podemos dar a los vecinos, la verdad que quedó totalmente fuera de tiempo”. En ese sentido, lamentó que la investigación no haya avanzado con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos y brindar tranquilidad a la comunidad.

Asimismo, el concejal reconoció que respondieron la Secretaría de Seguridad, Inspección General, la Patrulla Rural, pero lamentó que “cuando se responde y no se envía al Concejo Deliberante la documentación que llegan desde las secretarías o que envían los secretarios, pasan estas cosas, va a ser muy difícil decirle al vecino qué es lo que hace el municipio casi un año y medio después”.

Finalmente, García recordó la gravedad del problema en el pasado, mencionando una movilización significativa de vecinos al Palacio Municipal: “El año pasado hubo una movilización muy importante al Palacio Municipal, donde vino gente de a caballo para mostrar lo que estaba pasando en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Y hoy se terminó archivando el proyecto porque ha quedado fuera de término”. 

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), mediante su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves una serie de actividades en todo el país con el objetivo de exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.

La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, expresaron una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y le solicitaron al Congreso que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.

En tanto, el presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/.

El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT) y a los gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.

En palabras finales, Alpa concluyó: “Los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; los estudiantes, la actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.

El proyecto  busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1%-1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.

Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial del INDEC desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.

El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento, incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia y extensión, se actualizarán anualmente según el IPC. Al mismo tiempo, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustentaría con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.

En este sentido, el proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.

El Sindicato de Trabajadores Municipales se manifestó en las puertas del Museo de Ciencias Naturales, Lorenzo Scaglia, por el posible cierre del acuario que funciona hace décadas en la institución. 

Al respecto, Cristian Milasincic, Secretario adjunto del gremio, declaró en diálogo con El Marplatense que “la preocupación ante el inminente cierre del acuario, hubo una resolución hace tres semanas de parte del Presidente del Ente de Turismo y Cultura que autorizaba a realizar convenios para que las especies que están en el Museo fueran a otros lugares”. 

En esta línea, contó que “los convenios todavía no aparecieron, pero sabemos que ayer a la noche se llevaron casi todos los peces que están en las piletas exteriores”. 

Sobre los afectados por esta medida, contó que “en el acuario particularmente hay cuatro trabajadores, los puestos no se van a perder y eso está asegurado hasta constitucionalmente, pero se dedican específicamente a esto". 

"Tenemos una bióloga, compañeros especializados en el cuidado de este tipo de fauna, así que no sabemos qué van a hacer. Calculo que los van a querer poner en un puesto de información turístico o quizás en una caja del Museo”, continuó.

Asimismo, destacó que “el acuario está abierto desde el año 1977, todos los que somos marplatenses pasamos por acá en alguna visita. Vienen todos los colegios, hay investigación por parte de la Universidad, y no es un tema de peces libres y delincuentes presos, como plantearon algunos Concejales hace unos días. Simplemente los están sacando de acá para llevarlos, dicen que al Bioparque de Batán”. 

“Lo que quieren poner son dos cañones enfocando la pared mostrando imágenes que los chicos pueden ver en su casa. Ponés un video y lo podés ver hasta con mejor definición”, sentenció. 

Además, aseguró que “esto fue siempre una salida educativa, un lugar recreativo, de investigación para profesionales, que se pierde en nuestra ciudad”. 

En un análisis de la situación, “nosotros vemos que es una decisión del presidente del EMTUR, Bernardo Martín y el director general de Cultura, Francisco Taverna. Hasta ahora no hubo otras definiciones más que las de ellos y sugestivamente a los dos días que salió la resolución, se presentó el proyecto de Ordenanza para localizar negocios gastronómicos dentro de los Museos”, manifestó. 

“Así que probablemente la idea sea sacar el acuario, poner un café y avanzar lo privado por sobre público. Nosotros no estamos en desacuerdo con que exista una conjunción, de hecho en el museo ya lo hay con una pizzería. Lo que estamos pidiendo es una mesa de trabajo con gente que sepa del tema, investigadores universitarios, trabajadores municipales y los que quieren invertir en gastronomía”, concluyó.