La CGT Regional Mar del Plata - Batán expresó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que propone modificar el régimen de Zona Fría y excluir a Mar del Plata, al advertir que afectará a 220.000 hogares con la pérdida de subsidios en las tarifas de gas.

Desde la central sindical señalaron que la medida implicaría que miles de usuarios dejen de percibir un descuento del 30%, mientras que los sectores más vulnerables perderían el beneficio del 50%, lo que derivaría en un fuerte impacto económico para las familias.

“La quita de este beneficio significa un aumento desmedido en las tarifas de gas en una ciudad que, por sus condiciones climáticas, necesita de este régimen diferencial para garantizar el acceso igualitario a un servicio esencial”, indicaron.

Asimismo, consideraron que la iniciativa se da en un contexto de caída del poder adquisitivo, pérdida de empleo y ajuste sobre los sectores populares, por lo que calificaron la medida como “injusta, insensible y profundamente perjudicial”.

Desde la CGT recordaron que la inclusión de Mar del Plata y Batán en el régimen de Zona Fría fue el resultado de años de reclamos y trabajo conjunto entre organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinales, en el marco de una multisectorial que impulsó la iniciativa.

También advirtieron que la ciudad presenta problemáticas estructurales vinculadas al empleo y a las condiciones sociales, por lo que eliminar el beneficio agravaría la situación de trabajadores y jubilados.

La central obrera exigió a los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires que rechacen cualquier modificación que afecte este derecho y convocó a organizaciones sociales, sindicales y políticas a mantenerse en estado de alerta y movilización.

El papa Francisco brindó una entrevista y envió un claro mensaje para la Argentina, específicamente dirigido al Gobierno. La frase más fuerte fue en relación con el plan económico de ajuste: “Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país”, alertó.

Esta declaración la hizo durante una entrevista con Bernarda Llorente, ex directora de la agencia Télam, ante la pregunta sobre el actual ajuste aplicado por el Ejecutivo en el ámbito educativo. “No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado”, reiteró el sumo pontífice.

Por esto, Francisco alentó a los ciudadanos a pronunciarse. Asimismo, en una clara referencia a las marchas universitarias por el reclamo salarial, señaló: “A mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, arma lío, reclama, porque la educación es un alimento. Es lo mismo que si vos le quitás la comida de la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu”, dijo.

Además, el Papa sugirió que el ajuste a la educación es un modelo de “dictadura”. “A veces, en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente, en el caso liberal, y solamente los hijos de los ricos pueden tener un acceso educativo superior”, señaló.

Como mensaje final a los argentinos al terminar la entrevista, aconsejó: “Que sigan luchando, que se defiendan de las ideologías y que no se dejen engañar con los que les venden maníes; que luchen por los derechos”.

Fuente: TN

El Gobierno informó la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó lo informó la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”.

“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual.

Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.

De este modo, se resolvió la baja 23 convenios en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de los alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3500 trabajadores correspondientes a distintos entes de la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otras, y se aclaró que “en la mayoría de los casos, los rabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.

La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.

Fuente: DIB

En un nuevo capítulo del plan “motosierra” que viene aplicando en distintos organismos del Estado, hoy se conoció una nueva resolución del Gobierno nacional con los recortes que se aplicarán en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Publicada en el Boletín Oficial con el título de “Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos”, comprendida en la emergencia pública que se enumeró en el mega DNU 70, incluye la baja de todos los contratos que se vencen el 31 de marzo de este año, la suspensión en el pago de horas extras, de aportes económicos y aportes institucionales, la quita de apoyo económico a las provincias, eliminar los adicionales en concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y también suspender los viajes del personal, los gastos de telefonía celular, la compra de comida y el pago de traslados de sus empleados.

En una reunión que habían mantenido el martes de la semana pasada los delegados gremiales del INCAA con el director designado por el gobierno, Carlos Luis Pirovano, les habían comunicado que no se reincorporaría a la gente ya despedida -unos 90 trabajadores estables y más de 80 que eran tutores de los proyectos presentados- que habría nuevos despidos, que se iba a cerrar la plataforma digital y audiovisual Cine.ar, que se iba a clausurar y a poner en venta el Cine Gaumont -se encuentra a unos 200 metros del Congreso de la Nación- y que se iban a desfinanciar festivales como el de Mar del Plata.

Pirovano es un economista ligado al PRO y a uno de los principales asesores del presidente Javíer Milei, Federico Sturzenegger. No tiene experiencia en el mundo del cine, pero fue designado allí para establecer un plan de ajuste y racionalización de gastos, algo similar a lo que ocurrió en otras dependencias estatales.

El INCAA depende de la Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli, que depende del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Posee 645 empleados y unos 500 son de planta permanente. Sus actividades se financian, en gran parte, a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura: uno es el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país, otro es el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además, recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual y porcentajes de las películas que se reproducen en el sitio Cine.ar.

Así como ocurrió en otros organismos que el Gobierno pretende sanear y achicar sus gastos, como el SENASA y la agencia estatal de noticias, Télam, por citar dos ejemplos, en el Instituto del Cine analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores.

Según relató una de las empleadas que fue despedida ya que facturaba sus servicios como monotributista “tuvimos una reunión con Pirovano y al día siguiente nos enteramos que no seguiríamos. Antes, esperamos 3 meses sin que nadie nos hable ni tengamos trabajo que hacer”.

“(Pirovano) Cuando se presentó, contó sus impresiones y nos dijo que había venido a mejorar la imagen del Instituto. Y que todos sabíamos que no tiene buena fama desde hace 30 años”, amplió.

Desde el sindicato ATE Capital señalaron que las últimas determinaciones son “una declaración de guerra al cine nacional” y que por eso se declararon “en estado de alerta y movilización”. En el área de Cultura se vencen 3.600 contratos a fines de este mes y sospechan que no serán renovados. Por eso el miércoles 13 convocaron a las 14 a una Asamblea general en el Centro Cultural Kirchner.

Fuente: Infobae

El Gobierno oficializó la suspensión por tres meses del pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 personas debido a que se registraron viajes al exterior “que no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica”.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo del exintendente de San Miguel, Pablo de la Torre, fue el ente encargado de cancelar el programa para aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios.

Desde el organismo indicaron tres motivos:

Los vecinos de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, junto a distintas organizaciones sociales y políticas agrupadas en los Comités Barriales de Emergencia, se manifestaron este miércoles en la puerta del Centro de Salud de Playas del Sur, para "volver a expresar la preocupación ante el recorte de las horas de atención de los profesionales de salud".

A punto de cumplirse un mes de reclamo, la presidenta de la sociedad de fomento de Playa Serena de Mar del Plata, María Inés Benitez,  dijo a El Marplatense que "esta quita de atención es una irracionalidad si se tiene en cuenta la condición en la que se encuentran los barrios, sin transporte y sin la posibilidad de acudir a ningún hospital por sus propios medios".

Tal como habían reclamado desde la Comisión Directiva de Mar del Plata de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (C.I.C.O.P), la Sociedad de Fomento de Playa Serena denunció en junio un recorte por parte de la Municipalidad en las guardias de pediatría en el Centro de Salud del barrio.

En declaraciones a El Marplatense, la subsecretaria de Salud del municipio, Carina Conde, descartó un "vaciamiento" en esa área de la Comuna.

Sin embargo, los vecinos de Playa Serena le enviaron una Carta Abierta al Intendente a los días de las declaraciones de Conde, en la que sostuvieron los reclamos y además pidieron atención al estado de las calles, las frecuencias de los colectivos y la atención en salas de salud.

Como si fuera poco, el conflicto resuelto recién este miércoles entre choferes y la UTA, dejó a los marplatenses sin colectivo durante 16 noches y 4 días enteros.

"Esto nos lleva a este lugar porque hemos sufrido un vaciamiento importante en la salud y en este momento de pandemia es mucho más preocupante porque dejamos de contar con guardias pediátricas para las urgencias y las atenciones espontáneas", expresó Benitez.

Señaló que siguen sin recibir "comunicación" y que no han tenido "ningún tipo de respuesta". "La realidad es que vemos que toman una decisión por parte de una población que parece que desconocen", subrayó.

"No tienen en cuenta a más de 17 barrios que integran la emergencia y a los cuales asistimos. Esto habla de que no tienen idea las características por las cuales la gente tiene que pasar a un centro de salud, así que la respuesta está a la vista: es el recorte a la salud, el vaciamiento de todos los equipos que el CAP de Playa Serena y todos los demás tenían", enfatizó Benitez.

Y detalló las aristas de la problemática: "Cualquier vecino que tenga que llamar al 107 tiene que esperar que la ambulancia llegue, porque las condiciones de las calles son intransitables", expuso, y agregó que "hace tres días una ambulancia no llegó al domicilio porque se quedó estancada en un pozo inmenso en barrio Los Acantilados".

"Que nos expliquen de qué manera no están totalmente aislados los vecinos", pidió Benitez.

En el comunicado que emitieron los vecinos de zona sur para convocar "a la jornada de visibilización" que concretaron este miércoles, insistieron en que "la salud pública es un derecho de todos los ciudadanos y no se mendiga".

Además, señalaron los puntos que exigen, como "la restitución de las horas extras a todos los profesionales de la salud municipales, respetar y reforzar los equipos de Atención Primaria de la Salud, la restitución de la guardia 24 horas, la provisión de insumos e instrumental necesario para cubrir la demanda sanitaria ante la pandemia y demás enfermedades, más trabajadoras sociales y atención de calidad y sin restricciones horarias".

La Comisión Directiva de Mar del Plata de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires  (C.I.C.O.P) emitió un comunicado este domingo en el que denunció y consideró "inadmisible el recorte que realizó la Municipalidad en los servicios de salud".

"Argentina atraviesa una situación sanitaria muy compleja. A las gestiones neoliberales que han olvidado la Salud Pública en los últimos años, se suma la pandemia de COVID-19, y en este contexto, la municipalidad realiza un recorte en los servicios de salud", expusieron.

"Hoy nos enteramos que las guardias pediátricas, que se realizan los fines de semana en algunos de los centros de salud de nuestra municipalidad, han sido quitadas. El objetivo de esto, es reducir gastos, a costa de la salud del pueblo", subrayaron.

Además, detallaron que la propuesta de la Municipalidad en cambio es "cubrir esas guardias con pediatras que a cambio de esas horas dejarían de cubrir algunos días su atención en los centros de salud".

Y agregaron que la situación implica "discontinuar procesos de trabajo con los niños y niñas de nuestros barrios, hacer mas dificultoso el acceso a turnos, negar a les trabajadores la posibilidad de acceder a horas extras y mejorar sueldos que no han sido actualizados", precisaron en el comunicado.

Por lo que repudiaron el accionar "entendiendo que va en contra del derecho a la salud de las personas, y que amparándose en una reducción de gastos, se transforma en una forma perversa de vulnerar los derechos colectivos y populares", señalaron desde la asociación de profesionales.

"En época de pandemia, recortar en salud, es empeorar la crisis socio sanitaria, y hacerle pagar a los barrios de nuestra ciudad y a todos los niños y adolescentes que habitan en ella con la quita de un servicio básico y fundamental como es la atención en salud", remarcaron.

Por último, aseguraron que "seguirán insistiendo en la implementación de la Carrera Sanitaria Municipal, con el piso derecho contemplados en la Ley de Carrera Profesional 10471, dónde se organice, regule, democratice y jerarquice la labor de los profesionales de la salud", y exigieron a las autoridades municipales "la vuelta atrás inmediata de esta decisión, además de ponernos a discutir nuevas transformaciones en pos de garantizar derechos y nunca mas reducirlos y mucho menos interrumpirlos".

La Comisión Interna de Textilana y el conjunto de los trabajadores de la fábrica emitieron un comunicado en el que rechazan los términos impuestos en la negociación de la Asociación Obrera Textil (AOT) con la cámara empresaria (FITA) que dispone que para las categorías A y B corresponderá una suma mensual no remunerativa de $17.000, para las categorías C y D $18.000, para la E y F $19.000 y para la G y H $20.000.

En su comunicado "la burocracia de AOT declara que luego de innumerables y difíciles negociaciones acordaron este recorte", denunciaron.

Aún queda pendiente la homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero, de consumarse, las y los trabajadores de Textilana “pasaríamos a cobrar mensualmente lo mismo que cobramos durante una quincena. Es decir que, en el medio de la pandemia y con una inflación cada vez mayor, vamos a tener la mitad de nuestro salario para darle de comer a nuestros hijos”.

Exigieron al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Ministro Claudio Moroni que se “rechace cualquier acuerdo que implique una rebaja salarial para las y los trabajadores Textiles”.

Asimismo, alertaron que “en el caso de Textilana, la empresa no dejó de funcionar en ningún momento de la cuarentena, continuando con la venta online de sus mercancías, con personal reducido”.

Es por eso que, rechazaron el acuerdo entre AOT y FITA, pidieron que no se realice ninguna rebaja salarial para los trabajadores textiles y reclamaron al Ministerio de Trabajo de la Nación que no lo homologue.

Además, convocaron este lunes a una concentración en el Ministerio de Trabajo de la Nación (Santiago del Estero y Luro) a las 11, respetando el distanciamiento social y “con las medidas de higienes necesarias, para exigir que no se homologue el acuerdo”.

Por último, la Comisión Interna de trabajadores de Textilana solicitó a todos y todas las trabajadores del país a impulsar una campaña de solidaridad frente a “este brutal recorte de salarios”.

Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) acusaron una intención del Gobierno de "consolidar un recorte en los salarios" después del fracaso en su última reunión paritaria y el escenario que también atraviesan los maestros en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de una concentración que se gestó en la mañana de este jueves frente a la Catedral, Pedro Sanllorenti, el titular del gremio, reconoció "similitudes" con la discusión que mantienen los docentes en el territorio bonaerense.

"Lo que se ve es que el Gobierno te dice que para este año buscan que le empatemos a la inflación, pero lo que se olvidan es que te hacen perder como 15 puntos en 2018 y así se consolida el recorte de salarios", sostuvo el dirigente, en declaraciones a El Marplatense.

En base a lo resuelto por la CONADU, el gremio local ya resolvió adherir a los paros convocados para el 6 y el 7 de marzo, y resta definir la forma en que se sumará al paro internacional de mujeres que tendrá lugar el 8 de marzo.

"Tenemos previsto hacer una consulta a los docentes después de la reunión paritaria del 18 de marzo, y ahí veremos si los afiliados que están de acuerdo o no con lo que se ofrecerá. Nosotros pensamos que no hay que perder ante la inflación y hay que ver qué medidas estaríamos dispuestos a realizar desde fines de marzo o principios de abril para el caso que no haya acuerdo", confió.

En el último encuentro, el Gobierno nacional hizo una propuesta a los docentes universitarios consistente en un incremento salarial dle 4 por ciento no remunerativo y no bonificable, que se sumaría al 25 por ciento que acordó el sector el año pasado frente a una inflación que casi trepó al 50 por ciento.