El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por el “vacío legal” generado tras medidas del Poder Ejecutivo Nacional que eliminan incumbencias de control del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la cadena de producción de alimentos y bebidas, y advirtió sobre posibles riesgos sanitarios y productivos.

Desde la entidad señalaron que la decisión impacta en los controles técnicos vinculados a procesos industriales, metrología y calidad, y consideraron que no se trata de una simplificación administrativa sino de un debilitamiento de la salud pública y la soberanía tecnológica.

Según el comunicado, la falta de un organismo que fiscalice tareas como el control de balanzas, medidores y procesos de envasado afecta la trazabilidad de los productos. En ese sentido, remarcaron que estas funciones forman parte de la incumbencia profesional de los ingenieros y que su ausencia compromete garantías básicas para los consumidores.

Asimismo, advirtieron que la medida genera un desamparo para los profesionales del sector, al eliminar un marco regulatorio de referencia. Indicaron que, sin auditorías externas, la responsabilidad técnica recae exclusivamente en los ingenieros, muchas veces bajo condiciones de presión y sin herramientas suficientes para realizar controles adecuados.

El CIPBA también alertó sobre un posible impacto en la competitividad, al sostener que la desregulación puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas que invierten en calidad, favorecer la competencia desleal y dificultar el acceso a mercados internacionales que exigen certificaciones.

En ese marco, señalaron que la ingeniería constituye un pilar del desarrollo productivo y que la eliminación de estructuras de control sin alternativas implica desconocer el conocimiento técnico acumulado en el país.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanzó con su plan de ajuste tras la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una medida que consolida la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo, que resolvió eliminar dependencias en los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba. Con este nuevo recorte, el plan alcanza cerca del 50% de su meta total.

En Buenos Aires Norte dejarán de funcionar las agencias de Vedia y Rojas. En la región Sur, el cierre impactará sobre nueve sedes: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se avanzará con la eliminación de las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta decisión, ya son 24 las agencias eliminadas si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la sede de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El ajuste forma parte de la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, que prevé reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

La estrategia, impulsada por la presidencia del organismo a cargo de Nicolás Bronzovich, se inscribe en la política general del Gobierno y contempla, además, la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.

Parte de ese proceso ya se concretó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El avance del ajuste se da tras un 2025 marcado por conflictos institucionales, en el que las iniciativas de reforma encontraron resistencias en el Congreso y en la Justicia. Sin embargo, cambios recientes en la composición del Consejo Directivo permitieron destrabar decisiones que hasta entonces no habían logrado consenso.

Aunque el número de integrantes del órgano se mantuvo, se incorporaron nuevos representantes en reemplazo de perfiles críticos al plan, lo que facilitó la aprobación de las medidas de reestructuración.

Fuente: con información de DIB

En el marco de una jornada nacional, organizaciones sociales se manifestaron en las calles de Mar del Plata para denunciar el ajuste de alimentos y el programa Potenciar Trabajo impulsado por el gobierno a través del ministerio de Capital Humano. 

Al respecto, Gonzalo Virgil, referente de Libres del Sur, manifestó en diálogo con El Marplatense que “hoy nos encontramos en el marco de una jornada nacional de lucha, una vez más haciendo un corte total de la rotonda de avenida Champagnat y avenida Libertad, en reclamo por la ausencia de alimentos para los espacios comunitarios”.

De esta manera, aseguró que la determinación que surge “por parte del gobierno de Milei, también contiene un recorte realmente nefasto de los sueldos de más de 3500 familias de Mar del Plata”. 

A toda esta situación, “se le suma el retraso en los pagos del programa de acompañamiento social que es para aquellos mayores de 49 años y madres de más de cuatro hijos que efectivamente hoy no tienen para comer”, resaltó. 

Estas medidas implican “recortes de un ingreso en la ciudad de Mar del Plata y Batán de 300 millones de pesos menos que afectará la economía local”, evidenció. 

“Ese dato que surge a partir del relevamiento de los compañeros que han sufrido esta reducción, lo que nos parece realmente preocupante y entendemos que el intendente Guillermo Montenegro no puede hacer odios sordos a esta situación que va a traer grandes crisis a la ciudad, agudizando aún más lo que se vive cotidianamente desde hace muchos años”, concluyó. 

Trabajadores que se desempeñan en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se declararon en estado de "alerta y movilización" en las últimas horas por distintas problemáticas laborales que acusan a partir de medidas que se determinaron en el proceso de intervención que encabeza Marcelo Lobbosco.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su "repudio" a algunas decisiones tomadas, entre las que hacen mención de recortes "arbitrarios" de salarios y de otros descuentos por días de paro.

"No sólo no se ha logrado ningún avance en los reclamos que venimos llevando adelante, sino todo lo contrario, a los investigadores que ingresaron en el mes de enero a planta permanente se les recortó el salario en forma arbitraria desconociendo la antigüedad adquirida y reconocida por más de 10 años", denunciaron, a través de un comunicado.

Desde el gremio que en la ciudad conduce Ezequiel Navarro insistieron en que la reducción que se aplicó sobre los haberes de algunos investigadores es "sumamente importante". "A ello se le suma, descuento por días de paro, que nunca se habían practicado en el instituto y que evidencian una clara señal de persecución a la lucha", apuntaron.

El sindicato anunció el estado de "alerta y movilización", a la espera de que las autoridades que están al frente del organismo brinden una "la inmediata respuesta a los reclamos expuestos a la intervención hace ya más de dos meses".

Por medio del decreto 1127/2018 que fue publicado el 13 de diciembre en el Boletín Oficial, la administración de Mauricio Macri había definido la intervención en el organismo, tal como lo había anticipado El Marplatense a fines de octubre pasado.

Entre los argumentos que se esgrimieron para avanzar con la medida, el Gobierno acusó que “se observa que en el seno del mencionado Instituto Nacional existe una multiplicidad de conflictos entre los distintos niveles de personal, a raíz de diversos y continuos reclamos laborales”.