Tres organizaciones no gubernamentales presentaron un amparo colectivo para impedir lo que describen como la “destrucción inminente e irreversible” del Luna Park. La acción fue interpuesta el pasado lunes 1 con el patrocinio de los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelat y Pacífico Rodríguez Villar, y busca frenar el proyecto aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que consideran incompatible con el régimen de protección patrimonial vigente sobre el inmueble.

La presentación fue elevada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°5, donde ya tramita otra denuncia por el mismo tema, con la intervención del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La iniciativa surgió tras la autorización otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante la Disposición 1283/DGIUR/25.

Las entidades -Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad- sostienen que la habilitación da lugar a una obra que excede lo permitido para un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y catalogado con protección estructural, categoría que prohíbe demoliciones y modificaciones de volumen.

El amparo se apoya en un informe técnico elaborado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, especialistas en patrimonio arquitectónico. Allí se afirma que el proyecto presentado como una “puesta en valor” constituye “la demolición encubierta de casi todo el edificio, a excepción de las fachadas, que se modifican sustancialmente”. El escrito advierte sobre el reemplazo de la cubierta histórica, el incremento del volumen edilicio y la construcción de un nuevo estadio con capacidad ampliada, que pasaría de 8400 a entre 11.000 y 13.000 espectadores.

Según las ONG’s, estas intervenciones implican “la pérdida irreparable del bien protegido” y violan numerosos artículos del Código Urbanístico. Señalan que la normativa exige conservar tipología, materialidad exterior y elementos que definen la forma del edificio, permitiendo únicamente adecuaciones menores, reversibles y sin impacto en la volumetría ni en la estética del conjunto.

El documento subraya que las mejoras tecnológicas necesarias -como actualización de instalaciones, seguridad, iluminación y acondicionamiento- podrían ejecutarse sin demoler la cubierta ni las tribunas, sin aumentar el volumen ni modificar las fachadas. En esa línea, sostiene que existen alternativas de rehabilitación compatibles con la normativa y que la propuesta aprobada provoca una pérdida “prácticamente total” de los componentes patrimoniales.

En la medida cautelar, las asociaciones solicitaron suspender los efectos de la disposición, prohibir cualquier intervención sobre el inmueble -incluyendo demoliciones, modificaciones de fachada, reemplazo de la cubierta o excavaciones- y ordenar a la Ciudad abstenerse de otorgar permisos basados en la factibilidad aprobada.

Finalmente, las entidades acusan al Ejecutivo porteño de incumplir su deber de preservar el patrimonio cultural y de actuar con arbitrariedad al habilitar una intervención que consideran contraria al Código Urbanístico. Afirman que la autorización implica atribuirse facultades legislativas, ya que una obra de tal magnitud sobre un edificio protegido requeriría una ley de la Legislatura con doble lectura y audiencia pública. Advierten, además, que el caso pone en cuestión la capacidad del Estado para aplicar las normas de preservación frente a intereses económicos y remarcan el “sinsentido” de destruir un edificio histórico con el argumento de conservarlo.

Fuente: con información de Ejes.com

El Tribunal de Trabajo N° 1 desestimó por unanimidad una acción de amparo presentada por Carlos Costa contra UTHGRA Mar del Plata y ratificó la transparencia de la conducción del sindicato que nuclea a trabajadores hoteleros y gastronómicos. “Es justo, sincero y muy bien fundamentado”, consideraron desde la conducción del gremio.

De acuerdo al comunicado difundido, “la medida había sido impulsada por Carlos Costa, quien intentó entrometerse en el proceso electoral de UTHGRA con apoyo de Dante Camaño y se encuentra denunciado penalmente por estafa procesal, debido a que recorrió distintos juzgados buscando engañar a los jueces para obtener medidas cautelares, además de falsificar firmas en diferentes expedientes”.

Según informaron desde el gremio, “el Tribunal demostró que Costa recorría distintos juzgados con idénticas presentaciones, intentando que se le otorgara de manera irregular una afiliación”, y “la maniobra fue calificada como una estafa contra los jueces, quienes actuaron en consecuencia”.

En concreto, remarcaron que “el autor presentó firmas muy distintas a la original de su DNI y a las asentadas en diferentes actas, incorporando expedientes con firmas falsas, lo que es gravísimo institucionalmente e intenta forzar a los jueces a fallar en un determinado sentido”.

Por ende, desde la conducción de UTHGRA a nivel local, encabezada por el secretario general Pablo Santín, señalaron la contundencia del fallo, destacaron que “es justo, sincero y muy bien fundamentado” y subrayaron “la transparencia con la que han trabajado los jueces y su vocación y dedicación”.

Además, manifestaron que por una razón existen la ley de asociaciones sindicales, los estatutos de los gremios y los convenios colectivos: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El gremio recordó además que Costa no es trabajador de la actividad y que intentó darse de alta de manera fraudulenta, sin cumplir los requisitos formales para afiliarse. “Se trata de una persona alineada con Dante Camaño que intentó entrometerse en las elecciones de UTHGRA y tuvo un paso por demás frustrante. La resolución judicial respalda la transparencia del sindicato y sienta un precedente clave en defensa de la autonomía de las asociaciones sindicales frente a maniobras individuales que buscan vulnerar la ley”, concluyeron.

Desde el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (CONADUV) un recurso de amparo con medida cautelar relacionado con los corredores viales concesionados bajo el régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.

La presentación, que llega con la firma de Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, integrante del CONADUV, tiene como finalidad solicitar la eliminación definitiva de las estaciones de peaje y sus respectivas casillas de cobro existentes en los distintos corredores viales nacionales concesionados.

Según fundamenta el texto, que cayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a cargo del Juez Hernán Sergio Viri, estas rutas son “caminos del dominio público abonados con creces con impuestos, sin caminos alternativos libres de pago y por la doble imposición a partir del Impuesto a los Combustibles”.

“El mayor objetivo es resguardar a los usuarios viales directos e indirectos de los abusos que sufrimos con un sistema de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, antieconómico e inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito, generando serios perjuicios sociales y económicos que afectan al usuario vial a toda la sociedad en su conjunto”, indicó Cadoppi.

Además agregó que “se presentó un amparo contra el sistema de peaje que se pretende seguir implementando, por ser groseramente inconstitucional e inconvencional con relación al contrato de concesión de las rutas concesionadas, incluyendo todos los derechos reglamentarios dictados en consecuencia por resultar contrarios a los derechos contemplados en la Constitución Nacional, los tratados Internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes”.

Por su parte, desde el CONADUV se reitera la necesidad de implementar un “verdadero” Proyecto Vial, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno y a los legisladores, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles para el objeto que le dio origen.

“De esta manera se puede lograr el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino garantizando condiciones óptimas de transitabilidad, ‘sin barreras’ y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales”, señala el comunicado.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) espera que en las próximas horas la Justicia se defina respecto al amparo que presentaron para que cese el bloqueo que un grupo de choferes disidentes lleva adelante en la cabecera de la empresa 25 de Mayo y que dejó sin servicio de transporte público a Mar del Plata desde el sábado por la mañana.

La presentación se realizó este domingo al mediodía, ante el Juzgado de Garantías Nº 2 y, entre otras cuestiones, solicita "promover acción de amparo contra el accionar de un grupo de personas que dicen representar a un grupo de choferes  de la ciudad de Mar del Plata; quienes están apostados en la terminal de salida de los micros del servicio de transporte urbano de pasajeros, impidiendo su normal salida y en consecuencia imposibilitando la prestación de este servicio esencial".

Por eso, la UTA pidió a la Justicia, con carácter muy urgente, una medida cautelar innovativa que "permita el egreso de los colectivos y el normal trabajo de los choferes que desean trabajar y les esta siendo imposibilitado desarrollar tal tarea".

Al tiempo que destaca que "se vincula con el tipo de afectación que nos convoca, por un lado la de los trabajadores de las empresas que ven cercenado su derecho a laborar y por el otro el de todos los usuarios del sistema de transporte público que por este accionar se están viendo privados de contar con colectivos para desplazarse".

Asimismo, la Junta Ejecutiva del gremio, difundió un comunicado en el que manifestaron: "Con relación a los hechos que provocaron la interrupción del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Mar del Plata, informamos a todos los compañeros trabajadores y a la opinión pública en general que los mismos fueron provocados por un reducido grupo de personas que no representan a los trabajadores, ni tampoco defienden sus derechos".

En el mismo sentido, desde la UTA agregaron que quienes llevan adelante la medida de fuerza "solo responden a mezquinos intereses personales y de otros sectores, que no son trabajadores precisamente (...) no se dejen engañar por quienes dicen defender reclamos salariales, impidiéndoles trabajar y prestar un servicio tan esencial como lo es el transporte. Este grupo de violentos solo defiende sus intereses y los intereses de los que se perjudican cuando UTA actúa en defensa de los trabajadores".