La CGT tendrá este viernes una reunión clave de su Consejo Directivo, en un clima de creciente tensión interna y política, para definir su estrategia frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El encuentro, convocado para las 11 en la sede de Azopardo, servirá para analizar el estado del proyecto en el Congreso, pero también para debatir la posibilidad de avanzar con un paro general y movilizaciones, como reclaman los sectores más duros del sindicalismo.

La cita se produce luego de una gira fallida del triunvirato cegetista por las provincias, con el objetivo de sumar a los gobernadores a una postura crítica de la iniciativa oficial. El traspié más notorio fue la suspensión, a último momento, de la reunión prevista con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mientras que tampoco prosperaron los contactos con el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro. A esto se suman las dificultades para concretar audiencias con gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca.

Pese a estos obstáculos, en la cúpula de la CGT aseguran que mantienen canales de diálogo abiertos con distintos actores políticos y relativizan el impacto de las negativas provinciales. Sin embargo, admiten que muchos gobernadores evitan comprometerse mientras negocian con la Casa Rosada compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto, un punto sensible para las finanzas provinciales.

En este escenario, el Consejo Directivo realizará un repaso de las conversaciones mantenidas con referentes del oficialismo, como el asesor presidencial Santiago Caputo y dirigentes del entorno legislativo del Gobierno, con el objetivo de introducir cambios en la reforma laboral. No obstante, el debate interno apunta a evitar que siga creciendo el respaldo a un plan de lucha paralelo lanzado por sindicatos que no cuentan con el aval formal de la CGT.

Ese nuevo frente sindical, integrado por la UOM, las dos CTA y otros gremios, ya anunció movilizaciones y paros coincidentes con el tratamiento parlamentario del proyecto. La presión de ese sector, sumada al malestar por la falta de respuestas oficiales en otros conflictos salariales, acelera la discusión dentro de la central obrera, que este viernes podría dar el primer paso hacia una escalada de protestas a nivel nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su accionar ante el inminente tratamiento de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Con una estrategia que combina gestión política y participación técnica, la central obrera comenzó una ronda de contactos con gobernadores y dispuso la presencia de sus equipos jurídicos en el Senado.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es llevar su postura a cada distrito del país y advertir sobre los puntos del proyecto que consideran perjudiciales para los trabajadores. “La idea es ir a cada provincia”, señalaron referentes gremiales, al confirmar encuentros con mandatarios provinciales en las próximas semanas.

En paralelo, la CGT resolvió enviar a sus abogados laboralistas a las comisiones del Senado donde ya se iniciaron reuniones de carácter técnico. La intención es participar del debate previo y plantear observaciones sobre la redacción de los artículos antes de que el proyecto llegue al recinto.

La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo y genera fuertes tensiones con el movimiento sindical. Desde la CGT sostienen que la iniciativa podría implicar retrocesos en derechos adquiridos, por lo que consideran clave intervenir en todas las instancias posibles del proceso legislativo.

Con esta doble vía de acción, territorial y parlamentaria, la central obrera busca consolidar apoyos políticos y ganar margen de negociación en un escenario que anticipa un debate intenso en el Congreso y un fuerte impacto en el mapa laboral del país.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la "Política de Inteligencia Nacional", un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE. 

El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial.

La medida instruye además a la SIDE a dictar una "Estrategia de Inteligencia Nacional" que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con "un deterioro relevante" de más de tres décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, "cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos", así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que "constituyó un hecho de suma gravedad institucional".

También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno "implicó un notorio retroceso institucional". La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados: 

. Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)

. Agencia de Seguridad Nacional (ASN)

. Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) 

. División de Asuntos Internos (DAI)

La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".

Sobre la integridad territorial, se propone detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

El primer lineamiento aborda la "disputa de poder en el escenario de política exterior", donde se reconoce que la competencia entre potencias globales "impacta directamente en regiones periféricas como América Latina". El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

El segundo eje se refiere a la "superioridad de la información y riesgo de influencia externa", con foco en operaciones de desinformación que "buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional".

El tercer lineamiento analiza el "poder integral de la Nación", incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como "la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros" y "la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que "la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales" ha generado "un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas". Se menciona expresamente "la ocupación ilegítima del territorio nacional" en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina "por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos".

El sexto eje estratégico se centra en las "amenazas dentro y desde el ciberespacio", definiendo a este dominio como "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales "proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo".

El séptimo lineamiento aborda las "ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera", incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que "redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística".

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales", mencionando "el precedente de atentados con impacto regional".

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como "una estructura de poder paralela" que en Argentina se beneficia de "la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales" que han favorecido "la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales".

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como "herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional".

Fuente: NA

El Consejo de Mayo volvió a reunirse este miércoles en Casa Rosada en un encuentro clave para terminar de definir el borrador de la reforma laboral que el Gobierno busca presentar durante las sesiones extraordinarias. Fue la primera reunión encabezada por Manuel Adorni en su nuevo rol de jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos.

El cuerpo, integrado por representantes del Ejecutivo, el Congreso, las provincias, la UIA y la UOCRA, mantuvo un encuentro bajo fuerte hermetismo. Según trascendió, el objetivo central fue ajustar el documento legislativo que se enviará al Congreso el próximo 15 de diciembre, tal como marca el cronograma oficial.

Si bien el Consejo había prometido que los borradores finales estarían listos a comienzos de semana, el envío se demoró y recién en las últimas horas comenzó a circular el texto preliminar entre los consejeros. En paralelo, el Gobierno insiste en que busca consensos mínimos para que la reforma llegue al Congreso con acuerdos previos.

Fuentes vinculadas a la negociación indicaron que la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, dos puntos incluidos en el Pacto de Mayo original, no se discutieron y podrían quedar para una instancia posterior.

En la reunión participaron Federico Sturzenegger en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador Alfredo Cornejo por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez por el sector sindical y Martín Rappallini en nombre del empresariado. La coordinación del encuentro quedó a cargo de Manuel Adorni, que debutó al frente del Consejo.

Mientras tanto, Casa Rosada trabaja contrarreloj para cumplir con los plazos de diciembre, que incluyen el tratamiento del Presupuesto 2026, el avance de la Ley de Glaciares, clave para ampliar áreas habilitadas de explotación, y la presentación definitiva de la reforma laboral, aún sujeta a acuerdos con gobernadores y bloques legislativos. Según fuentes oficiales, el segundo paquete de reformas, que abarca cambios penales, impositivos y modificaciones en el Código Penal, quedaría para febrero.

Fuente: Infobae

En la última jornada del 61° Coloquio de IDEA que se realiza en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó que la ciudadanía “entendió que no se puede vivir con este sistema impositivo” y reveló que en breve los gobernadores se podrán reunir para “plasmar ese consenso que se da en la sociedad”.

En su discurso, el mandatario entrerriano manifestó que ahora “la gente entiende que finalmente no se puede vivir con déficit fiscal, que claramente para que haya empleo se deben que modernizar las normas laborales, que para que haya un sistema previsional sustentable en el largo plazo algo hay que hacer y que no se puede vivir con este sistema impositivo”.

Sobre la misma línea, remarcó que “es un tema que la ciudadanía finalmente entendió y la política se está adaptando a ese cambio”, al mismo tiempo que aseguró que se trata de “la primera vez” que es “optimista” respecto a “la posibilidad de hacer y plasmar esas reformas que van a mejorar la competitividad, porque está instalado y el triunfo de Milei tiene que ver con ese cambio de paradigma en la gente”.

“Ahora nos falta a nosotros organizarnos como dirigentes políticos y funcionarios con responsabilidad para plasmar con hechos, normas, leyes y en decretos esas reformas que ya están instaladas y fueron aceptadas por la gran mayoría de los argentinos”, expresó Frigerio.

En último instancia, el economista reconoció que se encuentran “a muy poco tiempo de sentarse en una mesa con otros gobernadores y dirigentes que tienen responsabilidad territorial para empezar a plasmar en los hechos ese consenso que se da en la sociedad, e insisto, por primera vez desde que tengo uso de razón”.

El contador público y docente universitario Marcelo Corbalán analizó en Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el alcance del proyecto de ley que modifica la Ley Penal Tributaria y el Régimen de Procedimiento Fiscal, y que crea por ley un régimen simplificado para contribuyentes. Aunque valoró el avance normativo, advirtió que la implementación “no es tan sencilla”.

“Arrancamos con el ‘usted haga lo que quiera con los dólares que tiene guardados, que nadie va a decir nada’, pero no es tan sencillo”, planteó Corbalán y en ese sentido, explicó que “la Ley Penal Tributaria castiga la evasión, que significa dejar de pagar con una mala intención, cuando uno adrede modifica su determinación para no pagar, palabras más, palabras menos”.

Consultado sobre cómo se articula esto con los bienes no declarados, Corbalán advirtió: “Se podría pensar: ‘¿De dónde sacaste estos dólares?’. Entonces, hay que hacer una cobertura con respecto a eso. Específicamente para eso la Ley Penal Tributaria no es modificada”. Y comparó la situación con regímenes de blanqueo anteriores: “La diferencia con las leyes del blanqueo es que decía que si ponés sobre la mesa lo que tenías escondido y pagás un porcentaje -que en algunos casos era del 0% si era menor a 100.000 dólares-, yo te perdono casi todo”.

Entre los cambios relevantes del nuevo proyecto, el contador remarcó que “lo que se va a hacer con la Ley Penal Tributaria es elevar los umbrales de evasión. Estábamos en un millón y medio de pesos, con lo cual todos estábamos en condición de ser reos. Ahora se elevan todos los montos, que pasan a 100 millones de pesos. Eso tiene otro color y beneficia a cualquier contribuyente, entre o no en este régimen”.

Además, señaló un cambio en la lógica de fiscalización del organismo recaudador: “Se iba a cambiar el ojo con respecto de quienes representaban un porcentaje importante de la recaudación: los 11.000 CUITs que representan el 70% y los 1.000 que representan el 50%”.

Corbalán también se refirió al fuerte aumento en las sanciones por incumplimiento: “Antes, si no presentabas en término una declaración jurada, la multa era de 200 pesos, y ahora se va a ir a $220.000. Todas las multas en esa ley de procedimiento se multiplicaron por mil”.

Respecto al monotributo, dejó una observación inquietante: “No sé si no hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de disminuir la cantidad de monotributistas o sacar el monotributo. Algo escrito hay ahí adentro”. Y aclaró: “En esta norma no hay nada respecto del monotributo. Por lo tanto, es régimen simplificado y renuncio al monotributo. Y si todo sigue como ahora, yo entro y salgo cuando quiero. Es verdad, pero del monotributo no entro y salgo cuando quiero. Entro cuando puedo y salgo cuando quiero, pero vuelvo a los 3 años. El monotributo, así como está, tiene todavía muy vigentes las normas de trazabilidad de operaciones y de justificación”.

Finalmente, Corbalán advirtió que el nuevo régimen no implica una “luz verde” para evadir: “Si uno se pone a mirar finamente el régimen simplificado, no dice ‘no te voy a mirar’, dice que no le va a llegar la información. Pero si te detectan diferencias respecto de lo que te va a dar ARCA, va a haber inspecciones. Ojo con la omisión de venta y el uso de facturas apócrifas. Yo iría con un poco más de pie de plomo”.

Y concluyó: “Trae también una especie de efecto liberador del pago y una especie de tapón fiscal, aunque no es novedoso y Cavallo ya lo había implementado”.

El intento de avanzar hoy con el proyecto de la reforma sindical sufrió un revés en el Congreso: no hubo quórum y se cayó la sesión convocada en Diputados por el radical Martín Tetaz, que impulsa la norma.

"Para que no quede dudas de que aplicaremos siempre el reglamento, sea a favor de intereses de uno u otro partido, vamos a dar cumplimiento con el mismo siempre. Se cumplió el tiempo, ha fracasado la sesión", anunció el presidente de la Cámara, Martín Menem, a las 13.31, un minuto después de que se agotara la media hora prevista para juntar el quórum. En ese momento, había 111 diputados presentes, 18 menos que los 129 necesarios para habilitar el tratamiento en el recinto.

El proyecto impulsado por Tetaz apunta a prohibir las reelecciones indefinidas en los sindicatos y eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria. La iniciativa ya había sufrido un traspié durante el debate en comisión al no alcanzar las firmas de la mayoría de los integrantes para el dictamen, aunque igual buscará llevarlo al recinto.

Sin el respaldo de Unión por la Patria y de Encuentro Federal, y con el Gobierno en negociaciones en marcha con la cúpula de la CGT, tenía pocas posibilidades de reunir el quórum. Desde el radicalismo díscolo y el bloque presidido por Miguel Pichetto señalaron la debilidad del intento sin dictamen de mayoría. En la UCR oficial decidieron avanzar de todos modos para “exponer” a los ausentes.

Con la sesión caída, Tetaz argumentó que la democracia sindical llegará "tarde o temprano". "Se ha argumentado que los sindicatos no tenían que ser auditados ni sujetos a reglamentaciones de esta Cámara, pero los sindicatos manejan la caja de las obras sociales, (dinero) que va a los fondos de los sindicalistas y por eso encaramos este proyecto", comentó.

"Todos entendemos que la Argentina necesita una reforma sindical sin dilaciones, una que termine las reelecciones indefinidas. El dictamen fue firmado por la UCR, el PRO, la CC y diputados de LLA. La principal casta que se tiene que terminar es la de quienes viven del trabajo de los demás desde hace más de 40 años manejando sus fondos", agregó.

Resignado, ya con la sesión caída, indicó que volverán a insistir. "Hoy no lo podemos conseguir, pero se ha producido un principio de revelación, quienes están con la reforma sindical. (Raúl) Alfonsín nos mira desde el cielo, le rendimos un homenaje a su enorme convicción de darse cuenta que el momento era cuando comenzaba su gestión. Quiero darle garantía al pueblo argentino la seguridad de que vamos a darle democracia sindical", cerró.

Fue una referencia a uno de los primeros proyectos enviados por Alfonsín en 1983, la llamada Ley Mucci, que planteaba reformas en los sindicatos, un texto que finalmente no pasó.

Fuente: Clarín

En el marco de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional logró avanzar en una reforma laboral que a simple viste luce menos profunda que la que se imaginaba en un comienzo. Al respecto, el abogado laboralista Damián Bes consideró que se trata de una normativa “menos ambiciosa” que lo que planteaba el DNU, pero que igualmente son “cambios sustanciales”.

“La Ley Bases trae un reflejo de una serie de artículos que habían intentado ingresar con el DNU. Reduce las expectativas que traía con relación al DNU y apunta básicamente a tres focos, una parte son modificaciones al sector del empleo público. Ese capítulo entero tiene que ver con la estabilidad del empleado público, de la posibilidad de pasarlos a disponibilidad, de suspenderlos”, explicó el especialista.

Sin embargo, “los cambios más gruesos están en el sector privado” aseguró Bes en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata. Y explicó que se trata de tres ejes: “Uno que tiene que ver con la duración del periodo de prueba que van a tener los empleadores, otro que hace al retiro de una serie de leyes que penalizaban con multas salariales a quienes no tenían correctamente registrados a los trabajadores, y por último un eje que hace a todo lo que tiene que ver con particularidades del despido. Cuestiones discriminatorias, sobre cómo un trabajador se puede relacionar con otro rebajador…”.

De todos modos, para Bes lo que se aprobó, en relación al DNU, “es mucho menos ambicioso, pero son cambios sustanciales”.

De cara a lo que puede venir con este cambio normativo, el abogado aseguró que “la situación no va a mejorar para los trabajadores, porque parte del plan implica un enfriamiento de la economía, que lleva a un menor consumo y a una menor demanda de trabajadores. No sé el plan a largo plazo qué sustentabilidad podrá tener, cómo se equilibra”.

No obstante, recordó que “Argentina tiene en su historia muchas idas pendulares de un extremo a otro, nos cuesta encontrar un punto de equilibrio relativamente sano y sustentable como para que dure en el tiempo. Esto no va a ser la excepción”.

Por otra parte, el abogado laboralista reconoció igualmente que se haya elegido el Congreso, esperando ahora por lo que vaya a pasar en el Senado. “Un DNU te puede gustar mucho lo que dice, pero si alguien tiene la facultad de hacer un cambio tan radical y te gusta, corrés el riesgo de que mañana venga otra persona que haga otro cambio radical y que no te guste. Es muy peligroso como Estado estar sujeto a esa gran oscilación”.

En cuanto a los parámetros que se adoptan para formar leyes laborales, Bes señaló que no se puede aplicar un rasgo generalizador: “El mundo de las empresas de software y de la economía del conocimiento, por ejemplo, te da la pauta de cómo un sector donde hay mayor demanda de trabajadores que la cantidad de trabajadores, la entrevista se hace al revés. El trabajador entrevista a la empresa para ver qué condiciones me das y negocia en un pie de igualdad, fuerza que el repositor de un supermercado no va a tener”.

“Es evidente que hacer modificaciones generales, pensando en un sector particular, donde hay pleno empleo, requeriría de un contexto igual, que haya pleno empleo en todos lados”, concluyó.

El Senado de la Nación comenzará a debatir este martes el nuevo Código Penal, un proyecto postergado que fue terminado de redactar el año pasado por una comisión especial. Entre otras cuestiones, esta reforma contempla nuevas sanciones para los accidentes viales.

"En la reforma se amplió la pena de homicidio culposo a siete años, que hoy por hoy es de seis. También se incorporó la figura temeraria, para aquellas personas que, aunque no ocasione daños o lesiones, pero maneja en forma imprudente (alcoholizado, drogado, en contra mano) va a tener una condena penal de uno a tres años, cuando hoy se le realiza apenas una contravención. Además, va a haber leyes más específicas y concretas", explicó Gustavo Parra, padre de Yésica y referente de la red Cuidarte Más, en diálogo con Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata.

En este sentido, Parra señaló que ellos pidieron, en las diversas reuniones a las que fueron invitados, que sean ocho años de pena. "No fue tomado así, pero en definitiva es un progreso después de tanta lucha, de tantos años, que nunca fuimos escuchados. Es importante que algunas de las cosas que planteamos, el Ministerio de Justicia las haya incorporado", agregó.

"Tenemos un promedio de 20 muertes diarias en el país. Nuestra ciudad es una de las que más inestabilidad vial tiene en la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir trabajando sobre esto, cuáles son las causas por las que se producen las muertes", aseveró el referente de Cuidarte Más.

El próximo lunes será el Día Mundial de la Seguridad Vial, por lo que ya trabajan en diversas actividades para brindar información y trabajar en políticas públicas orientadas a erradicar las causas que originan estas muertes.

"Hay que empezar a apuntar a la prevención. Una de las políticas podía ser educación vial en las escuelas, organizar campañas públicas. Poner más recursos para evitar todas estas cuestiones", concluyó.