La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hoy que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo, en un fallo que representa un revés para la central obrera.

La decisión, en línea con el planteo de la Casa Rosada, fue firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV.

El conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa, criterio que fue rechazado por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que pretendía remitir el expediente a la Cámara del Trabajo.

Ante esa disputa, la Cámara intervino para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral al considerar que se apartó del procedimiento previsto y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

Al analizar el caso, los camaristas sostuvieron que la causa involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

Para la central obrera, la decisión representa un escenario adverso, ya que considera que ese fuero es más proclive a convalidar la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. No obstante, tanto la CGT como el Ejecutivo prevén que el caso tendrá un recorrido judicial que culminará en la Corte Suprema.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La puesta en marcha de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se da en un contexto de definiciones judiciales aún abiertas según explicó el abogado especialista en legislación laboral, Humberto Noel, quien detalló el recorrido legal que derivó en la actual aplicación de la norma.

El especialista señaló, en diálogo con el programa Nunca se sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en una primera instancia “se dictó una medida cautelar, que es circunstancial y provisoria”, mediante la cual se suspendía la aplicación de la ley por un período limitado hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo. Noel explicó que el Gobierno apeló esa cautelar, aunque “no discute la cuestión de fondo, sino si la ley debe suspenderse o aplicarse mientras tanto”. Esa discusión recayó en la Sala VII, que finalmente adoptó una postura contraria a la del juez de primera instancia.

En ese sentido, precisó que la Cámara resolvió que “la ley debe aplicarse hasta tanto salga la sentencia definitiva”, lo que implica que la nueva normativa -aprobada por el Congreso- vuelve a regir pese a que su validez constitucional aún no fue definida. “El juez Raúl Ojeda había suspendido su aplicación mediante la cautelar, pero la Cámara dice lo contrario”, remarcó.

A partir de esta decisión, el proceso continúa en paralelo en distintas instancias. Por un lado, “debería aplicarse la nueva Ley de Reforma Laboral y el expediente volver al juzgado del doctor Ojeda”, quien tendrá que dictar una sentencia definitiva. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se expida directamente sobre la cuestión de fondo.

“En este interín, el Gobierno va directamente a la Corte Suprema de la Nación para que defina si la nueva ley es aplicable o no”, explicó Noel, subrayando que esta doble vía mantiene abierta la incertidumbre jurídica.

Mientras tanto, la aplicación efectiva de la reforma ya impacta en aspectos centrales de las relaciones laborales. Tal como se desprende del contexto actual, vuelven a regir cambios en indemnizaciones, esquemas de vacaciones y modalidades de jornada laboral, ejes clave del nuevo régimen que habían quedado en suspenso durante la vigencia de la cautelar.

Noel advirtió que, en este escenario, pueden coexistir fallos contradictorios en distintos puntos del país. “Distintos tribunales pueden tener decisiones diferentes sobre la constitucionalidad”, indicó, y agregó que la situación solo se ordenará cuando exista un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal: “Hasta que no haya una sentencia de la Corte en doctrina legal, que sea obligatoria para todos, la cuestión de fondo sigue pendiente”.

En cuanto a los tiempos, el panorama es incierto. El abogado fue claro al respecto: “No hay un plazo”. Y explicó que, a diferencia de los tribunales inferiores, “la Corte Suprema no tiene tiempos establecidos para resolver”, por lo que la definición final podría demorar sin una fecha precisa.

La Justicia laboral resolvió restablecer la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, luego de dejar sin efecto la medida cautelar que había frenado parte de su implementación.

La decisión fue adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional. De esta manera, la cautelar dictada a fines de marzo quedó suspendida de manera inmediata, mientras continúa la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la norma.

Con este fallo, vuelven a aplicarse modificaciones clave en distintos aspectos del mundo del trabajo. Entre ellos, cambios en el régimen de indemnizaciones, nuevas reglas para el cálculo y otorgamiento de vacaciones, y la implementación del llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o redistribución horaria mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Además, la normativa introduce ajustes en los costos laborales, actualizaciones en procedimientos judiciales vinculados a conflictos laborales y nuevas herramientas para la organización interna de las empresas.

La reforma había sido cuestionada judicialmente por sectores sindicales, entre ellos la CGT, que impulsaron acciones legales al considerar que algunos artículos vulneran derechos laborales adquiridos.

Sin embargo, con esta resolución, el Gobierno de Javier Milei logra una victoria judicial parcial mientras avanza la disputa de fondo en los tribunales.

El fallo genera expectativa tanto en trabajadores como en empleadores, ya que impacta de manera directa en las condiciones de contratación, despidos y administración de la jornada laboral en todo el país. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este miércoles el efecto de la cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral y restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802, mientras continúa la disputa judicial impulsada por la CGT contra el Estado nacional.

La decisión fue adoptada por la Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, al hacer lugar al planteo del Estado para que la apelación contra la cautelar tuviera efecto suspensivo. Hasta ahora, el recurso había sido concedido con efecto devolutivo, lo que permitía que la medida siguiera vigente mientras avanzaba la revisión.

Con este nuevo criterio, la cautelar dictada el 30 de marzo por el juez Enrique Ojeda quedó sin efecto de manera inmediata. En los hechos, eso implica que los artículos cuestionados de la reforma laboral recuperaron vigencia en esta etapa del proceso, al menos hasta que la Cámara resuelva sobre el fondo del planteo.

El tribunal sostuvo que corresponde aplicar lo previsto en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según esa norma, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe tramitar con efecto suspensivo, salvo en casos excepcionales vinculados con derechos especialmente protegidos. Los camaristas entendieron, en principio, que esas excepciones no se daban en este expediente.

La presentación original de la CGT cuestionó una parte central de la reforma laboral, entre ella cambios en indemnizaciones, condiciones de contratación, jornada laboral y representación sindical. En primera instancia, Ojeda había considerado acreditados los requisitos para suspender provisoriamente 83 artículos de la norma.

Tras el fallo de la Cámara, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar si confirma o revoca la cautelar, mientras el Gobierno también impulsa un recurso extraordinario por per saltum ante la Corte Suprema. Hasta que haya una nueva definición, la reforma laboral seguirá vigente en los términos establecidos por la ley.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo que suspendió la aplicación de varios artículos de la reforma laboral, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por sectores sindicales.

La resolución judicial, dictada por un juzgado federal, dispuso frenar de manera provisoria algunos puntos de la ley al considerar que podrían generar efectos inmediatos sobre los convenios colectivos y el sistema de aportes gremiales.  

Ante este escenario, desde el oficialismo sostienen que la reforma es clave para modernizar el mercado laboral y anticiparon que recurrirán la decisión para que sea revisada por instancias superiores.

El fallo tiene carácter temporal y no resuelve la cuestión de fondo, pero obliga al Estado a abstenerse de aplicar los artículos alcanzados mientras se desarrolla el proceso judicial.  

La disputa se da en medio de un fuerte debate entre el Gobierno y los gremios, que cuestionan varios aspectos de la reforma por considerar que afectan derechos laborales y el financiamiento sindical.

Con la apelación, el Ejecutivo buscará que se levante la suspensión y avanzar con la implementación plena de la normativa.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata llevó adelante este viernes una jornada de discusión dedicada al análisis de las actuales reformas laborales. El encuentro se desarrolló en la sede del Colegio de Abogados y convocó a más de 130 inscriptos.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Natalia Gómez, mientras que la moderación fue realizada por la Dra. Stella Maris Moscuzza. Durante la actividad expusieron el Dr. Miguel Ángel Maza y la Dra. Eleonora Slavin, quienes abordaron distintos aspectos vinculados a los cambios normativos y sus implicancias en el ámbito laboral y jurídico.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del libro “La reparación de los daños provocados por infortunios laborales”, de autoría del Dr. Miguel A. Maza. La actividad contó además con la participación especial del Dr. Roberto Loustanau.

Según destacaron desde la organización, la convocatoria superó las expectativas y permitió un intercambio enriquecedor entre magistrados, funcionarios, abogados y profesionales interesados en la temática.

El debate permitió profundizar en aspectos jurídicos y sociales vinculados a las reformas en curso, consolidando la iniciativa del Colegio de Magistrados y Funcionarios como un espacio de referencia para la reflexión académica y profesional sobre la realidad laboral y jurídica del país.

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley tras un extenso debate en el Senado. La norma modifica aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores del sector privado, incluyendo la registración laboral, la organización del tiempo de trabajo, las indemnizaciones por despido y los aportes previstos en convenios colectivos.

El nuevo marco regulatorio combina cambios en los costos laborales, herramientas para administrar la jornada laboral y nuevas reglas para la resolución de conflictos judiciales, además de incentivos orientados a la formalización del empleo y a la inversión.

Uno de los principales cambios operativos está vinculado al registro laboral. La ley establece que la inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin necesidad de trámites adicionales ante otros organismos. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán validez legal y deberán conservarse durante diez años. En materia salarial, se ratifica que el pago deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales, quedando excluidas las billeteras virtuales.

La ley introduce el banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, lo que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos dentro de los límites legales vigentes. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período general entre octubre y abril, aunque se habilita a pactar su goce fuera de ese intervalo y a fraccionarlas en tramos de al menos siete días consecutivos.

También se establecen cambios en los aportes sindicales y patronales. Los aportes de los empleadores a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios desde enero de 2028. En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes no podrán exceder el 2%, mientras que se mantiene el 6% destinado a obras sociales. Además, se elimina la posibilidad de que los empleadores actúen como agentes de retención de cuotas sindicales sin autorización expresa del trabajador.

Otro punto central es la ampliación del período de prueba, que pasa a ser de seis meses y podrá extenderse a ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización por antigüedad, aunque el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio y cumplir con todas las obligaciones previsionales.

La norma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de trabajo no registrado o con registración deficiente. En su reemplazo, se crea un régimen de incentivos para la regularización del empleo. Los empleadores que blanqueen personal no deberán abonar sanciones, pero sí pagar las diferencias salariales y previsionales correspondientes al período no registrado.

En materia indemnizatoria, se modifica la base de cálculo para los despidos sin causa, que considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el sueldo anual complementario y las vacaciones. Además, se establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido y se fija un nuevo sistema de actualización de los créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual.

La ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones, financiado con aportes mensuales obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones y las micro, pequeñas y medianas empresas el 2,5%, con posibilidad de incrementos mediante aval legislativo. También se habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual, que reemplazará a la indemnización tradicional sin afectar derechos adquiridos.

Asimismo, se dispone una reducción de las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social: de un punto porcentual para grandes empresas y de 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación. En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial.

Por último, se modifican las reglas para el pago de sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán cancelar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales podrán hacerlo en hasta doce cuotas.

Fuente: con información de Infobae

La mesa chica de la Confederación General del Trabajo resolvió hoy que recurrirá a la Justicia en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral y confirmó la realización de una marcha el próximo lunes, al considerar agotada la vía parlamentaria.

Con ese escenario, la conducción sindical decidió no convocar a un nuevo paro general, como reclaman los gremios más combativos. La evaluación interna sostiene que una huelga en la antesala de una votación que consideran encaminada tendría bajo impacto en el resultado legislativo y un alto costo político.

La estrategia central será la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, una vez sancionada. Según indicaron fuentes sindicales, el objetivo es cuestionar artículos que consideran violatorios de derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Desde la CGT señalan que la reforma vulnera principios básicos del derecho laboral, como el de protección del trabajador establecido en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales. Entre los puntos más objetados figuran las modificaciones al derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de cambiar esquemas indemnizatorios mediante convenios colectivos, además de la redefinición de conceptos salariales que impactan en el cálculo de indemnizaciones.

El planteo judicial será presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad de la norma. En la central obrera admiten que la Corte Suprema podría no frenar la ley en su totalidad y que los reclamos deberán resolverse caso por caso, aunque consideran que la judicialización es la única vía con impacto institucional tras la instancia legislativa.

En paralelo, los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, día de la sesión en el Senado, sin convocatoria a paro nacional. La protesta expone diferencias tácticas con la CGT, pero evita una ruptura formal.

Algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya lo anticipó la Asociación de Trabajadores del Estado. La CGT evalúa acompañar institucionalmente la marcha, mantener presencia sin organizarla o dar libertad de acción a los gremios que deseen participar.

Desde la conducción sindical señalaron que esta postura busca evitar nuevas fracturas internas entre el sector dialoguista y el ala más dura, y ordenar la estrategia en torno de la judicialización. Además, adelantaron que, si la ley es aprobada, expondrán políticamente a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a los vinculados al peronismo, al considerar que la reforma implica un retroceso en derechos laborales.

Fuente: con información de TN

La reciente media sanción de la reforma laboral ha planteado dudas sobre si los trabajadores contratados bajo la normativa anterior seguirán teniendo sus indemnizaciones calculadas según la ley vigente al momento de su ingreso o si, por el contrario, quedarán sujetos a las nuevas reglas cuando se produzca un despido después de la entrada en vigencia del nuevo marco legal.

Expertos en derecho laboral señalan que, en Argentina, lo que determina el régimen indemnizatorio no es la fecha de inicio del vínculo laboral sino la ley vigente al momento de la extinción de la relación de trabajo. En otras palabras, si un empleado cuya relación comenzó antes de la reforma es despedido una vez que la nueva normativa está en vigor, su liquidación por despido se regirá por las condiciones establecidas en la reforma, aunque hubiera sido contratado bajo la legislación anterior.

Esta interpretación se apoya en la doctrina y precedentes de la justicia laboral, que aplican la norma vigente al momento del hecho generador del derecho —en este caso, el despido— y no la ley bajo la cual se firmó el contrato originalmente. De este modo, los empleados con años de antigüedad podrían ver sus indemnizaciones calculadas conforme a las nuevas bases de cálculo, topes y exclusiones que propone la reforma, siempre que la desvinculación ocurra después de que la ley entre en vigor.

En el ámbito jurídico se distingue entre derechos adquiridos —los que ya se consolidaron bajo la ley anterior— y derechos en expectativa, que dependen de la normativa vigente al momento en que se materializa un evento futuro, como el despido. En este sentido, el derecho a la indemnización se considera ligado al momento de la desvinculación, lo que permite aplicar el nuevo régimen a contratos antiguos sin violar el principio de irretroactividad de las leyes.

Fuente: Infobae.

En medio de la sesión por la reforma laboral, la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, interrumpió el funcionamiento de los micrófonos de los taquígrafos para frenar el debate, en la Cámara de Diputados, y luego ratificó públicamente su decisión.

El episodio ocurrió durante una jornada marcada por la tensión política, cuando cámaras de seguridad y teléfonos celulares registraron a la legisladora desconectando cables de los equipos técnicos. Según su postura, la maniobra buscó impedir la aprobación de una ley que el kirchnerismo considera un “atentado contra los derechos de los trabajadores”.

En declaraciones radiales, Carignano justificó su conducta como un acto de resistencia política. “Se están llevando puestos 80 años de conquistas laborales y se escandalizan por un cable. Esa sesión no se podía llevar a cabo y había que hacer cualquier cosa para evitarlo”, afirmó.

La diputada sostuvo además que el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei es “un negocio para pocos” y cuestionó a los sectores dialoguistas por convalidar, según expresó, un proceso de precarización laboral.

Consultada sobre si se arrepentía de los incidentes que protagonizó -que incluyeron cruces verbales con la diputada Lilia Lemoine-, fue contundente: “Si es para defender a los laburantes, lo volvería a hacer una y mil veces”.

Tras estas declaraciones, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para solicitar la expulsión inmediata de Carignano por “inhabilidad moral” y por incurrir en “conductas contrarias al orden democrático”.

En los fundamentos de la iniciativa, el oficialismo argumentó que los actos de la diputada constituyeron un “sabotaje ilegal” destinado a impedir el normal funcionamiento del Congreso y vulnerar los procedimientos institucionales.

Desde el bloque libertario afirmaron: “No vamos a permitir que la violencia y el vandalismo se conviertan en herramientas parlamentarias. El Congreso debe sancionar a quienes no respetan las reglas de la democracia”.

Fuente: con información de TN

El oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para mañana a las 14:00 con el fin de debatir el proyecto de reforma laboral, luego de anunciar la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad y accidentes, en el marco de las sesiones extraordinarias.

La convocatoria fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que busca otorgar tiempo suficiente al Senado para ratificar o revertir las modificaciones antes del cierre del período extraordinario. El objetivo político es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de marzo.

Durante el plenario de comisiones, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó que se retirará el artículo 44 del proyecto, que reducía el pago de licencias por enfermedad del 100% al 75% o 50% del salario de convenio y acortaba su duración de 12 a 6 meses, según el tipo de patología. No obstante, adelantó que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, enfrenta crecientes cuestionamientos de distintos bloques opositores, que evalúan impulsar nuevas modificaciones al texto antes de su tratamiento en el recinto. Aunque no existe una postura unificada, varios sectores coincidieron en objetar artículos vinculados a derechos laborales.

Desde la CGT cuestionaron la iniciativa del Gobierno y advirtieron sobre el avance del oficialismo en materia laboral. “Están atrevidos y muy agrandados”, señalaron desde la central obrera al referirse al contenido del proyecto y a la decisión de llevarlo rápidamente a votación.

En las próximas horas, la oposición buscará coordinar una estrategia común para introducir cambios adicionales en el articulado que el oficialismo pretende aprobar en la sesión convocada para este jueves.

Fuente: con información de Infobae

UTHGRA Mar del Plata confirmó su adhesión al paro general que se realizará este jueves desde las 00:00, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados. La medida fue anunciada por la seccional local del gremio, en el marco de la convocatoria nacional.

Desde el sindicato advirtieron que la iniciativa enviada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado, “no generará ningún empleo” y que, por el contrario, “implica un retroceso absoluto y nefasto en derechos legítimos de los trabajadores”.

En este contexto, la sede de UTHGRA Mar del Plata permanecerá cerrada durante la jornada, al igual que el Centro Recreativo y el Centro de Formación Laboral, en sintonía con la adhesión del gremio a nivel nacional.

Asimismo, se informó que desde primera hora más de cien inspectores del área de Gremiales y del cuerpo de delegados recorrerán la ciudad para controlar que los establecimientos hoteleros y gastronómicos no obliguen a sus trabajadores a no adherir a la medida de fuerza, garantizando el respeto al derecho constitucional a huelga.

El secretario general del gremio, Pablo Santín, afirmó que la reforma laboral “no viene a mejorar ni modernizar nada; viene a quitar derechos y eso no lo vamos a permitir”.

El dirigente sostuvo además que desde hace años existe una “reforma laboral encubierta” vinculada a los altos niveles de informalidad. “Tenemos muchos trabajadores sin registrar y damos una pelea permanente contra empresarios inescrupulosos. Esta reforma que intentan imponer desde el Gobierno, más que modernizar, lleva a los trabajadores a una miseria total”, señaló.

Aliados del Gobierno nacional reclamaron la eliminación del artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que propone reducir los salarios durante las licencias médicas, de cara a la votación prevista para este jueves en la Cámara de Diputados. Las objeciones fueron expresadas públicamente por referentes del PRO, gobernadores y legisladores cercanos al oficialismo.

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo desde su cuenta de X que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, en referencia al apartado que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar el art. 44”. Además, expresó: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”.

Sáenz agregó que “tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Por su parte, el diputado Oscar Zago, cercano al bloque de La Libertad Avanza, también cuestionó la iniciativa al asegurar que “hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”. Y remarcó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Desde la oposición, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el impacto sanitario de la medida: “Uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas. Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad”.

Kreplak recordó además que las enfermedades contagiosas, como la tuberculosis o el sarampión, y las patologías complejas que requieren tratamientos prolongados, necesitan licencias adecuadas para evitar riesgos mayores. “Es un verdadero descalabro. Inhumano por donde se lo mire. No lo podemos normalizar”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La decisión fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada, que señalaron que la medida se aplicará a quienes no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta, prevista para el jueves si ese día se trata el proyecto en el recinto.

Desde el oficialismo sostienen que ya actuaron del mismo modo en paros anteriores y remarcan que los trabajadores “pueden hacer lo que quieran”, pero que el descuento salarial será automático.

El paro contará con la adhesión de gremios del transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes ni subtes durante 24 horas. Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que se movilizará al Congreso, mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) adherirá a la huelga pero sin marcha.

La tensión creció luego de que el oficialismo introdujera cambios en el capítulo de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. Sin embargo, los sindicatos sostienen que la iniciativa mantiene artículos que, según afirman, “quitan derechos” y no garantizan la creación de empleo.

Fuente: Infobae

La votación se realizó con el pleno completo de 72 senadores presentes. El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo votó en contra junto a legisladores de Santa Cruz.

La iniciativa introduce modificaciones en 41 leyes laborales y propone cambios en el régimen de indemnizaciones, aportes sindicales y organización judicial, entre otros puntos.

Entre los ejes centrales del texto aprobado se destacan:

La votación en particular mostró variaciones en algunos títulos, pero el oficialismo mantuvo mayoría en todos los casos.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que el régimen vigente “quedó desactualizado” y genera inseguridad jurídica.

Desde el oficialismo se argumentó que la reforma busca reducir la litigiosidad laboral y facilitar la formalización del empleo. El senador Agustín Monteverde afirmó que el sistema actual “penaliza la creación de empleo” y sostuvo que la industria del juicio representa un problema estructural.

El kirchnerismo rechazó el proyecto. El senador Mariano Recalde señaló que “ninguna reforma laboral flexibilizadora generó empleo” y cuestionó que se modifiquen múltiples leyes en un mismo texto. José Mayans calificó la norma como “inconstitucional” y advirtió que aumentará la conflictividad judicial.

Entre los bloques dialoguistas hubo respaldos con reservas. La salteña Flavia Royón sostuvo que la ley “no va a crear empleo por sí sola”, aunque puede reducir la resistencia a la formalización. Otros senadores acompañaron en general pero marcaron diferencias en artículos específicos.

Con la media sanción obtenida, el proyecto será girado a Diputados. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley sin modificaciones. Sin embargo, si la Cámara baja introduce cambios, el texto deberá regresar al Senado.

De aprobarse sin alteraciones, se trataría de la primera reforma laboral de alcance integral sancionada desde el retorno de la democracia, luego de varios intentos fallidos en las últimas décadas.

Fuente: Infobae

Violentos incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, cuando organizaciones de izquierda derribaron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad durante una movilización contra la reforma laboral.

La protesta se desarrollaba mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el Gobierno, rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA. Según fuentes oficiales, los manifestantes se enfrentaron con la Policía, que respondió con camiones hidrantes y balas de goma.

Guarecidos con bloques de madera y estructuras improvisadas, los manifestantes armaron bombas molotov y las arrojaron contra el cordón policial. Por los disturbios hubo 11 detenidos y 40 personas demoradas, de acuerdo con información de la Policía de la Ciudad.

Un video registrado durante los incidentes mostró el momento en que un grupo de personas preparaba un artefacto incendiario casero detrás de maderas y lo lanzaba luego contra los efectivos de seguridad apostados frente al Congreso.

Fuentes policiales indicaron que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras que el segundo y el tercero estaban a cargo de la Policía de la Ciudad.

Tras los hechos, el Gobierno nacional calificó a los manifestantes como “delincuentes organizados”. El presidente Javier Milei expresó en sus redes sociales: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que “por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”. Además, agregó: “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”.

En tanto, la jefe del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, afirmó que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, y subrayó que “la excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas

En un clima de alta tensión política y sindical, el Gobierno de Javier Milei busca dar el primer triunfo legislativo del año con la aprobación en el Senado de la reforma laboral. La sesión fue convocada para las 11 y, tras negociar 28 modificaciones con bloques aliados y gobernadores, el oficialismo asegura contar con los 37 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que uno de los cambios centrales fue la eliminación del capítulo de Ganancias, principal reclamo de los mandatarios provinciales. Con ese punto fuera del texto, el Gobierno espera que las objeciones provengan únicamente del kirchnerismo y la izquierda, mientras que el resto de los bloques acompañarían la iniciativa.

Entre los ejes del proyecto se destacan la redefinición del cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por empleadores y un nuevo esquema de actualización de créditos laborales atado al IPC más un 3% anual. 

También se impulsa la registración laboral simplificada y digital ante ARCA, la habilitación voluntaria del banco de horas y cambios en el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse y tomarse entre octubre y abril.

La propuesta incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral y otro para la Modernización e Inversión, orientados a promover empleo y reconversión productiva. A esto se suma una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones y la prelación de convenios de empresa sobre acuerdos nacionales. El texto deja asentado, asimismo, el compromiso de avanzar hacia una futura reforma fiscal integral en acuerdo con las provincias.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se desarrolla una movilización convocada por la CGT , con adhesión de distintos gremios y organizaciones políticas. La central obrera cuestiona la iniciativa por considerar que limita la autonomía sindical, precariza condiciones laborales y reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones. Desde el Ejecutivo anticiparon que se aplicará el protocolo de seguridad para garantizar la circulación y evitar incidentes en una jornada que se perfila como una de las más intensas del año político.

Fuente: TN

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo propone un cambio central en el modo en que los trabajadores registrados perciben sus salarios, al habilitar que los pagos se realicen a través de cuentas no bancarias y eliminar la garantía de gratuidad de las denominadas “cuentas sueldo”, en el marco del debate legislativo abierto esta semana en el Congreso.

La modificación se incorporó en un artículo que reforma el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establecía que el salario debía depositarse en una cuenta que integrara el régimen de Cuenta Sueldo Bancaria del Banco Central. Ese esquema aseguraba que el funcionamiento de la cuenta no implicara costos de apertura, mantenimiento ni extracción para el trabajador.

La nueva redacción mantiene la obligación de que el salario sea acreditado en una cuenta a nombre del empleado, pero ya no especifica que deba tratarse de una cuenta sueldo ni menciona su gratuidad. De este modo, se elimina la protección legal que garantizaba que el cobro del salario fuera completamente sin costo para el titular.

El cambio se inscribe en la disputa entre bancos y billeteras virtuales no bancarias por la captación de clientes, ya que la reforma abre a estas últimas el negocio del pago de sueldos, una operatoria que hasta ahora les estaba vedada por no estar registradas como entidades bancarias. Así, un empleador podría optar por pagar salarios mediante plataformas como Mercado Pago, algo que antes no estaba permitido. En cambio, aplicaciones como Cuenta DNI o MODO ya podían hacerlo por estar vinculadas a bancos habilitados por la autoridad regulatoria.

En este nuevo escenario, serán las propias entidades financieras o billeteras digitales las que definan, según su política comercial, si las cuentas tendrán o no cargos asociados. En todos los casos, los costos recaerían sobre los trabajadores, por ser los titulares de las cuentas.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, existen alrededor de 20 millones de cuentas sueldo en el país. Para bancos y billeteras, este segmento constituye un activo estratégico, ya que permite captar clientes con ingresos promedio más altos y ofrecerles otros servicios financieros, además de administrar una importante masa de fondos. A ello se suma la posibilidad de cobrar por el mantenimiento de las cuentas si se generaliza este nuevo esquema.

Fuente: con información de DIB

La jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, al señalar que se trata de “la primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

Bullrich informó que el proyecto “tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, tras el entendimiento alcanzado con la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales.

En ese marco, la dirigente sostuvo que la iniciativa pone fin a lo que denominó “la industria del juicio” y defendió la necesidad de una transformación estructural del régimen laboral vigente. 

“Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”, señaló.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El jefe del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, encabezará este viernes un encuentro sindical en Mar del Plata, donde reunirá a unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

El tradicional Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026, que Barrionuevo organiza cada verano, se desarrollará desde las 09:30 en el Hotel Presidente Perón, perteneciente a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El primer panel, previsto para las 10:00, estará centrado en el análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que genera fuertes resistencias en amplios sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales. A las 11:00 se realizará un segundo panel en el que se abordará la situación económica del país.

La jornada concluirá con un almuerzo y la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico y laboral del país, que se prevé será crítica de la gestión libertaria del presidente Javier Milei.

En los últimos días, Barrionuevo realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que la CGT “accionará” cuando sea necesario y afirmó que la reforma laboral “no va a salir”.

“La experiencia nos dice que hay que esperar, los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas