Luego de que el Presidente Mauricio Macri anunció este lunes la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes, empresarios y gremialistas marplatenses que participaron este lunes de la reunión en Casa Rosa expresaron su conformidad ante la medida.

Del anuncio también participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, funcionarios provinciales, y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.

"En el DNU se venía trabajando desde hace casi un mes y es un documento consensuado con el sector empresarial. Estamos conformes, no es la máxima aspiración que podíamos tener pero, en esta primera etapa, creo que estamos muy bien y es importante para el sector", sostuvo Antonio Contessi a El Marplatense.

El decreto busca promover la renovación de los busques con permisos de pesca vigentes e incentivar la industria astillera nacional, para generar trabajo de calidad en la Argentina. "Estamos muy entusiasmados. El DNU contiene medidas de incentivo para la construcción en el país y permite una mayor flexibilidad a la hora de reemplazar los barcos y beneficios en el caso de que se reparen en el país", agregó el empresario.

A partir del 2040, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. El plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% de la nave. Aquellos buques que sean construidos en astilleros nacionales obtendrán una mejora del 10% en la capacidad de pesca.

"También prevé la posibilidad de incluir los buques como garantía para facilitar el acceso al crédito de los armadores. Hoy, para los bancos, ofrecer solo la hipoteca naval no es tan atractivo y no los quieren financiar", destacó Contessi.

Por su parte, Pablo Trueba, titular del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), aseguró en diálogo con El Marplatense que "hubo consenso en esta normativa de los astilleros locales y del sector empresarial". "De nuestra parte, con el personal de embarcados vemos y felicitamos la idea de un inicio. Si bien falta mucho por resolver, se puede llegar a una renovación de la flota", indicó.

Trueba destacó que el decreto promueve la "financiación económica para realizar un barco y el reconocimiento del esfuerzo de captura". "El Estado va a financiar ciertos créditos. La inversión será privada pero la financiación estará a cargo del Estado. Son anuncios para que, de una vez por todas, se modernice la flota", añadió el sindicalista.

En el marco de la mesa sectorial de Pesca e Industria Naval, el Presidente Mauricio Macri anunció este lunes en Casa Rosada la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes.

Del anuncio participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de gobierno de Agroindustria, Luis Etchevehere, funcionarios provinciales, y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.

A partir del 2040, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. El plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% de la nave. Aquellos buques que sean construidos en astilleros nacionales obtendrán una mejora del 10% en la capacidad de pesca.

La medida permitirá desarrollar la cadena de valor del sector potenciando la construcción local, mejorando la eficiencia y seguridad del sector pesquero y generando empleo en la industria naval nacional. El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce. En 2018 se realizaron ventas a mercados internacionales por 2.000 millones de dólares.

Según la nueva normativa, cumplido el plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años, aunque la antigüedad podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque en astilleros nacionales, o se fija como destino de captura de calamar.

Además, prevé incentivos para que los buques en reemplazo de los de mayor antigüedad sean construidos en astilleros nacionales mediante una mejora del 10% en la capacidad de pesca: aquellos buques de hasta 27 metros de eslora podrán recibir hasta un 10% adicional de especies excedentarias, con excepción de langostinos, en sus autorizaciones de captura.

Aquellos propietarios de buques con permisos de pesca vigente podrán ofrecerlos como garantía, complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de captura y la cuota individual de captura.

"Esta medida es el resultado del diálogo permanente que mantuvimos con todos los actores del sector. Fija las condiciones de base que nos permitirán delinear reglas claras en términos de mejoras en la eficiencia operativa y la competitividad de la industria naval, favoreciendo, no sólo su desarrollo, sino también a la creación de más y mejores puestos de trabajo de calidad y a la generación de un mayor valor agregado", indicó el ministro Sica.

Al respecto, Etchevehere puntualizó que "esta importante medida posicionará aún más a la actividad pesquera al mejorar la seguridad en las embarcaciones con una flota renovada que permitirá aumentar nuestra productividad". Y agregó: "En la actualidad el sector de la pesca genera alrededor de 22.000 puestos de trabajo y en 2018 aportó al país un ingreso de USD 2.000 millones. Por su trascendente papel en la economía argentina es fundamental trabajar en la modernización de la flota para seguir desarrollando este sector de la agroindustria".

De la mesa participaron, entre otros, Mariano Pérez por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); Sebastián Agliano por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera; Antonio fernando Mellino por la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); César Ciccioti por la Unión de Interes Pesqueros Argentinos (UDIPA); Enrique Godoy y Horacio Martínez, por la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA); Silvia Martínez por la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA); Miguel Ángel Álvarez, por la Cámara Santafesina de la Industria Naval (CASIN) y Domingo José Contessi, por la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata.

Los referentes de los sindicatos del sector presentes fueron, entre otros, Raúl Durdos, POr el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Carlos Mezzamico por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos; Armando Alessi, por el SindicaTo de Conductores Navales (SICONARA) y Juan Speroni, por el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON).

Por las empresas, asistieron, entre otros, Jorge Arosa de Tandanor; Juan Pablo Basavilbaso de Iberpesca, Miguel Glikman de Newsan, Antonio Solimeno y José Américo Moscuzza. También, Mauro Zamboni del Grupo Argenova.

Antecedentes

El Gobierno ya había anunciado en enero una línea de financiamiento por un monto total de 500 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos por astilleros radicados en el país, con el objetivo de impulsar la renovación de flota y la producción industrial nacional. La línea tendrá un plazo de hasta cinco años, un período de gracia de hasta 12 meses y se financiará hasta 60 millones de pesos (o su equivalente en dólares) por empresa o grupo que no supere el 80 por ciento del valor del bien.

Por otro lado, el Banco Central readecuó el 29 de noviembre del año pasado la normativa sobre hipoteca naval, facilitando la financiación para el sector, ya que se puede tomar garantía el 40% del valor del buque cuando está terminado o el 50% del valor tasado cuando está en construcción.

Sobre el sector

El sector de la industria naval y la pesca representa el 0.7% del PBI nacional. Existen actualmente 383 armadores inscriptos, 553 buques con permiso de pesca vigente y 135 plantas industriales en tierra. El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce. En 2018 se realizaron exportaciones por más de 2.000 millones de dólares, un 7% más en relación a 2017. El 60% de las ventas son langostinos.

En las próximas horas se conocerán detalles del decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente Macri para reactivar a la industria naval a partir de la renovación de la flota pesquera. Con ese objetivo el mes pasado el gobierno anunció la creación de un fondo de financiamiento de 500 millones de pesos.

El acto que encabezará el propio Presidente marcará el broche protocolar a una ronda ardua de negociaciones y que dejó al descubierto no solo las divergencias entre industriales navales y armadores pesqueros, sino la falta de decisión política del gobierno sobre el asunto.

El gobierno estuvo presionado para darle forma final al decreto porque lo corrían los plazos. Si no salía antes de este mes, tenía que pasar por el camino más sinuoso del Congreso, y su futuro era aún más incierto.

El proyecto de renovación de la flota pesquera para reactivar a la industria naval saldrá con formato de Decreto de Necesidad y Urgencia en las próximas horas. El primer borrador nació fallido por absoluta responsabilidad del subsecretario de Pesca. Juan Bosch lo presentó en sociedad de la mano del presidente Macri en la reunión de enero en Puerto Madryn.

Tan verde estaba el texto que sorprendió a algunos armadores y obligó al Presidente a devolverlo para que sea discutido entre las partes. Ese debate demandó tres reuniones conjuntas y varias más por separado en que quedó en evidencia la incomodidad de los armadores por verse obligados a reemplazar sus barcos en los próximos 20 años, sin las certezas de saber quién podría construirlo, con qué costo de financiamiento.

La antigüedad promedio de la flota es de más de 35 años, pero la mitad tiene más de 40 años. Los últimos naufragios del Repunte y el Rigel, con casi una veintena de tripulantes fallecidos y desaparecidos, puso sobre la mesa la necesidad de encarar un proceso de renovación de la flota y la incapacidad del gobierno de fijar una línea de acción.

Entre las promociones para los armadores que construyan buques en gradas nacionales el primer proyecto contemplaba una serie de beneficios ligados al poder de pesca y asignación de cuota.

Con el correr de las reuniones esos beneficios se fueron licuando ante la falta de voluntades para modificar la ley federal de pesca. También hubo presiones de armadores quienes a partir del plazo perentorio de 20 años para renovar su barco, solicitaron poder incorporar un barco usado con arancel 0, pedido rechazado de manera unánime por el sector naval.

La última reunión celebrada en el INIDEP la semana pasada dejó algunos puntos de concordia, como la conservación de incentivos para la flota costera de hasta 25 metros. Los que construyan en Argentina podrán pescar de manera adicional especies sedentarias como magrú o anchoíta.

Los armadores lograron filtrarse entre los beneficiarios para importar insumos, piezas, partes, componentes nuevas que no se fabriquen en el país, destinado a la construcción y/o reparación naval.

Pero las discusiones siguen trabadas en cuanto a la importación de barcos usados y a qué estrato de flota alcanza. Qué parámetros deben definirse para los casos de buques que no pueden construirse en el país.

Desde las cámaras armadoras ofrecen avalar que no ingresen barcos usados de menos de 35 metros de eslora, con un 14% de arancel para los nuevos. Entre 35 y 48 metros, piden un 14% de arancel para los usados y un 7% para los nuevos. Los barcos más grandes a esa eslora quedarían liberados.

Desde el sector naval piden subir a 39,90 metros los barcos que no podrían importarse usados y se aplicaría un arancel del 14% para el caso que quieran construirse nuevos. Entre esa medida y los 48 metros, solicitan que se aplique un arancel de entre el 7% y el 10% para los nuevos y el arancel del usado seria del 14% con la obligación de construir un barco en el país.

Tras la última reunión la grieta seguía abierta y todos esperan saber qué decisión tomó el gobierno cuando se conozcan detalles del decreto. Desde que circuló el primer borrador hasta hoy, desde ambos sectores han cedido posiciones para rescatarlo del naufragio. Ojalá el DNU no termine de hundirlo.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.