La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados durante una marcha frente al Congreso, dispuso investigar a todos los responsables por las lesiones ocasionadas y apartó a los jueces que habían intervenido en el expediente.

La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, quienes hicieron lugar al recurso presentado por la querella encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por María del Carmen Verdú.

En su resolución, el tribunal consideró arbitrario el archivo de la causa impulsado por el fiscal Eduardo Taiano, y fundamentó su decisión en registros audiovisuales que evidenciarían el accionar de las fuerzas de seguridad contra manifestantes jubilados que no ofrecían resistencia.

El juez Slokar sostuvo que el operativo, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión, operó como un obstáculo injustificado para su ejercicio. Además, advirtió sobre la existencia de un “paradigma de combate” en el accionar de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, alertó que la violencia estatal sobre sectores vulnerables puede generar un “efecto desaliento” en la participación ciudadana y afectar el debate público, con impacto en el sistema democrático.

El fallo también cita estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, que obligan a los Estados a investigar hechos de violencia contra manifestantes pacíficos y evitar situaciones de impunidad.

Por su parte, Ledesma adhirió al voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de origen, mientras que Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso.

La resolución dejó sin efecto el archivo de la causa, apartó a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, y ordenó avanzar con nuevas medidas de prueba.

Desde el tribunal señalaron que la falta de control judicial frente a eventuales excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El fiscal Eduardo Taiano solicitó elevar a juicio oral la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar y provocar lesiones gravísimas al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso en marzo de 2025.

Según el requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, el efectivo deberá responder por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado, en cinco hechos.

De acuerdo con la investigación, el 12 de marzo de 2025, en el marco de una protesta en defensa de los derechos de los jubilados, se registraron disturbios y la intervención de fuerzas de seguridad. En ese contexto, la fiscalía sostuvo que los efectivos actuaron de manera “desproporcionada e irracional”, incluyendo los disparos efectuados por Guerrero.

El expediente señala que entre las 17:05 y las 17:25, el imputado realizó seis disparos con una pistola lanza gases, “sin que existiera un contexto de agresión” y en forma antirreglamentaria, es decir, en ángulo horizontal. Uno de esos disparos, efectuado a las 17:18, impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba fotografiando la escena a unos 47 metros de distancia.

A raíz del impacto, el reportero fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades. Las pericias médicas determinaron un deterioro significativo de sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibles secuelas permanentes.

Para la fiscalía, Guerrero contaba con la capacitación necesaria para el uso del arma y conocía los protocolos vigentes, pero “ejerció las potestades conferidas en razón de su cargo de manera abusiva” al disparar contra personas que no representaban una amenaza.

En ese sentido, el fiscal sostuvo que el accionar del imputado “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, y que se apartó de los principios de necesidad y proporcionalidad que regulan el uso de la fuerza.

Asimismo, rechazó el argumento de la defensa sobre la ausencia de intención de lesionar, al considerar que el gendarme actuó con pleno conocimiento del riesgo que implicaba su conducta y aceptó la posibilidad de causar daño.

El requerimiento también destacó que el acusado tenía experiencia en operativos antidisturbios y formación específica, por lo que no podía desconocer las normas que establecen que los disparos con ese tipo de armamento deben realizarse en forma oblicua hacia el suelo y no directamente hacia personas.

Finalmente, la fiscalía concluyó que el uso de la fuerza resultó excesivo e injustificado, ya que al momento de los disparos los manifestantes se encontraban en retirada y no existía una amenaza inminente, por lo que consideró que corresponde avanzar hacia el juicio oral.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

Un manifestante fue detenido hoy en el marco de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una protesta contra la Ley de Glaciares que se debate en la Cámara de Diputados.

Los enfrentamientos ocurrieron en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes para evitar que avanzaran hacia el Congreso.

Según informaron fuentes policiales, hasta el momento se confirmó la detención de un activista que habría participado de los disturbios en el centro porteño.

La movilización se llevó a cabo mientras en el recinto se discute el proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva en el Congreso.

En ese contexto, se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fuerte operativo policial desplegado en la zona.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Tras la agresión y detención sufrida por el camarógrafo Facundo Tedeschini cuando se encontraba cubriendo una movilización de Greenpeace en el Congreso, desde la Policía Federal lanzaron un comunicado en el que se confirmó que iniciaron “actuaciones administrativas” tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente.

Según señala el mismo comunicado, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, y a la Secretaría N°16 a cargo de Rafael Ortea Escandon, desde donde dispuso se libere al detenido.

Desde la Fuerza recordaron que los hechos se dieron en el contexto de la protesta de Greenpeace por la votación de la Ley de Glaciares, cuando 12 activistas irrumpieron en el edificio y fueron detenidos. “En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos”, señalaron.

El comunicado señala que fue en ese marco que “se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas”. Desde Policía Federal indicaron que allí “se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

Se destaca que Tedeschini fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

Según se pudo ver a través de los medios que estaban cubriendo en el lugar, la Policía utilizó gas pimienta contra periodistas y varios trabajadores de prensa resultaron agredidos. “Facu me estaba dando imagen desde adentro del estacionamiento donde estaban los detenidos. En un momento les piden a todos que se corran con las cámaras. Se estaban corriendo de a poco y empieza el gas pimienta, los empujones, lo golpean a él, le pegan con algo que lo lastiman y se lo llevan adentro”, relató un colega.

La medida, que surgió como un gesto simbólico, tomó fuerza como un recurso concreto frente al protocolo de orden público que aplica el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La iniciativa busca apelar a la empatía de las fuerzas de seguridad y generar un escudo emocional que disuada posibles intervenciones violentas: “Si atacan, también golpean a los animales”, señalaron algunos manifestantes. 

La idea comenzó a circular en redes sociales y medios televisivos con tono irónico, pero en las últimas horas se convirtió en una propuesta real entre jubilados que cada semana reclaman por la actualización de sus haberes y la restitución de la cobertura completa en medicamentos.

El trasfondo político de la protesta también quedó atravesado por un reciente episodio mediático: la aparición del presidente Javier Milei junto a uno de sus perros en una entrevista en el canal de streaming Neura, donde participó con su hermana Karina Milei. 

El gesto fue interpretado como un intento de reafirmar el vínculo con sus mascotas, luego de versiones que aseguraban que “Conan”, su perro más emblemático, había fallecido en 2017 y habría sido clonado en Estados Unidos por una empresa llamada PerPETuate.

En este contexto, la imagen de los perros tomó un valor simbólico en las calles y sumó un inesperado componente afectivo al reclamo previsional. “Si Milei valora a sus animales, tal vez entienda lo que significa que también nosotros marchemos con los nuestros”, expresó una de las manifestantes.

"Conan":Porque Javier Milei llegó a Neura junto a su perro pic.twitter.com/GEzqzcMXxH

La protesta se da mientras el oficialismo enfrenta un nuevo foco de conflicto en el Congreso: la oposición avanza con proyectos que apuntan a recomponer los haberes de los jubilados y restituir la moratoria previsional, con amplio respaldo en la Cámara de Diputados y proyecciones favorables en el Senado.

Desde la Casa Rosada ya anticiparon que, de prosperar, el presidente Milei vetará las leyes, por considerar que comprometen el equilibrio fiscal. “Nos están empezando a soltar la mano porque nos está yendo bien”, deslizaron cerca de Karina Milei, en relación al quiebre de algunas alianzas dentro del Congreso.

Fuente: Diputados bonaerenses

Una vez más se realiza una movilización de jubilados, organizaciones sociales, piqueteros y partidos políticos en los alrededores del Congreso de la Nación y, tal como viene sucediendo semana tras semana, la policía aplicó con rigurosidad el protocolo antipiquetes y la situación volvió a tensarse. Ya hay dos personas detenidas.

Minutos antes de las 16:00, en la esquina de Rivadavia y Callao, los efectivos y los manifestantes que buscaban dar inicio a la ronda alrededor del parlamento nacional protagonizaron discusiones que incluyeron algunos empujones y mucho contacto físico entre el cordón policial, la vereda y la calle.

La situación es la misma que se reiteró los últimos miércoles en idéntico contexto: mientras los manifestantes buscan hacer sentir su reclamos caminando por la calle, las fuerzas de seguridad privilegian con firmeza la libre circulación del tránsito de automóviles. Para ello montaron un vallado y arrojaron gases, que alcanzan a manifestantes, periodistas y fotógrafos sin distinción.

La ronda de este miércoles en particular cuenta con la participación del grupo habitual de jubilados y esta vez también se dieron cita en el lugar sindicatos, como los las dos CTA, en Plaza Congreso para luego dirigirse hacia Plaza de Mayo.

Los docentes universitarios, agrupados en CONADU, también se sumarán a la marcha, en el marco de reclamos propios por recomposiciones salariales.

Las cámaras de televisión que transmitieron desde el lugar las primeras imágenes también mostraron cómo la Policía Federal se llevó detenido a uno de los manifestantes. La detención se produjo en uno de los laterales del palacio legislativo, sobre calle Rivadavia, y el hombre fue trasladado a pie por el frente del Congreso, caminando sobre la calle Entre Ríos.

La protesta es también una antesala de la movilización que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador. Como la de hoy, tendrá un claro mensaje opositor al gobierno de Javier Milei, que mañana viaja a Roma para el funeral de Jorge Bergoglio que se desarrollará en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Fuente: Infobae

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido y con pérdida de masa encefálica durante la represión policial en la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo, fue operado nuevamente este miércoles y “el pronóstico es bueno”, según informó esta mañana su padre, Fabián Grillo.

“Anoche ya comió, estuvo charlando, estuvo animado, la operación salió bien, según nos dicen los médicos y ahora hay que esperar la evolución”, expresó Fabián en declaraciones radiales.

Grillo, fotoperiodista de 35 años fue herido por una granada de gas lanzada por la policía en la marcha del 12 de marzo y desde ese día permanece internado en el porteño hospital Ramos Mejía.

“Aparentemente está en vías de mejorar, el pronóstico es bueno según los médicos y ahora hay que apoyarlo y por suerte está saliendo”, manifestó el padre del joven.

Explicó que sobre el día en que fue herido “recuerda que estaba en la marcha, pero ni se enteró de lo que pasó”, porque “fue muy rápido, él estaba sacando fotos y de repente pasó eso del proyectil, de eso no se acuerda”.

Fabián Grillo reiteró que a nivel judicial “están las demandas” contra el Ministerio de Seguridad y la Policía, y explicó que “la intención es que haya un ‘nunca más’ para este tipo de casos, de represión y mentira política, de ocultar y mentir”.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno cambiará la estrategia de seguridad en la marcha de los jubilados y no aplicará el protocolo anti-piquetes. Las fuerzas federales se ubicarán detrás del vallado que pondrán en las inmediaciones del Congreso y evitarán el contacto con los manifestantes. “Las calles van a estar cortadas. Se va a avanzar con un esquema de prevención”, expresan en Nación.

La Casa Rosada sostiene que reforzará los controles en los accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Encabezará el operativo el comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria.

En Balcarce 50 no esperan barrasbravas y buscan evitar una situación similar a la del periodista Pablo Grillo, que sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, que disparó la Policía Federal. Comparan el operativo de este miércoles con el despliegue que aplican las fuerzas federales en las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso.

“Es como en el primero de marzo, se cierran los accesos con vallas y se aísla a los manifestantes”, agregan en el oficialismo. El Ejecutivo asegura que reprimirá a las personas que intenten derribar las vallas y manifiesta que utilizará camiones hidratantes para dispersar la movilización en caso de que se produzca un enfrentamiento.

La Casa Rosada mantuvo este martes una cumbre de Seguridad para afinar detalles del operativo. La encabezó el asesor presidencial Santiago Caputo y participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y al jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.

El encuentro se realizó en el despacho del consultor en Balcarce 50, comenzó a las 11:00 y terminó a las 12:40. Asistieron también el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. En Nación sostienen que analizaron la situación y que prepararon un esquema para “reaccionar a la violencia”.

Fuente: TN

Hubo forcejeos, corridas e incidentes entre la Policía y los manifestantes durante la marcha de los jubilados frente al Congreso. Las fuerzas de seguridad desplegaron un gran operativo sobre Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen para liberar la calle.

La movilización comenzó alrededor de las 15 con banderas y carteles en contra del ajuste del Gobierno. Estuvieron presentes el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y militantes de organizaciones sociales.

Minutos después de que empezara la concentración en la zona, se desplegaron los agentes de la Policía que formaron un cordón para contener la situación en el marco del protocolo antipiquetes.

A su vez, el tránsito en el centro porteño se vio afectado en un sector de Entre Ríos y avenida Rivadavia, que ya tiene todos los carriles habilitados por el avance de los policías.

Ante el doble cordón policial, un grupo de jubilados frenó un colectivo y decidió sentarse en el medio de la calle para visibilizar el reclamo. “Nos duele que los policías nos agredan, nos peguen e insulten. No nos dejan caminar por la vereda ni por la calle por el simple hecho de que reclamamos lo justo, un salario digno”, expresó un manifestante en diálogo con TN.

Además, contó que hace un mes que participa de las marchas de los jubilados que se realizan los miércoles frente al Parlamento. “Me doy cuenta que cada vez tengo más ganas de venir, invito a más gente y somos cada vez más. Vamos a vencer”, señaló.

“Creo que este gobierno es tan desastroso que todos tienen derecho a protestar y a exigir. Todo aquel que trabaja está perjudicado, Milei no beneficia a ninguno, salvo a dos o tres amiguitos de él”, agregó.

Más temprano, trabajadores aeronavegantes y gremios del transporte se concentraron en las afueras del Congreso para rechazar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, que empezó a debatirse en comisiones.

La marcha fue convocada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que nuclea al personal de cabina y forma parte de la Confederación General del Trabajo (CGT); la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y ATE ANAC.

Fuente: TN

Pablo Moyano fustigó al Gobierno del presidente Javier Milei por su veto a la reforma de la fórmula para calcular los haberes jubilatorios, y afirmó que el mega operativo de seguridad contra quienes se manifestaron en contra fue "un show para quedar bien con los poderosos".

El líder de Camioneros pronosticó una confrontación permanente entre sociedad y Gobierno. "La conflictividad social va a ir creciendo, cada vez va a ser mayor la violencia y la represión. Porque la gente ya está cansada de que te manoteen parte del salario, que aumenten las tarifas, la recesión que hay, el verso de que bajó la inflación y vemos que no bajó", dijo en una entrevista con FM Milenium.

Puntualmente sobre lo ocurrido el miércoles último, cuando el Congreso ratificó el veto a una reforma del cálculo de las jubilaciones, Moyano criticó a los diputados que votaron a favor de sostener el rechazo del Ejecutivo a lo que se había votado en junio.

"La verdad que fue lamentable el papel del Congreso, fundamentalmente parte del radicalismo. Algunos votaron a favor del veto y otros se abstuvieron, lo que le dio la posibilidad al presidente de negarle casi 14 mil pesos de aumento a los jubilados y las jubiladas", manifestó.

Por otro lado, reivindicó el papel del sindicalismo en función de voltear el veto: "Hicimos todo lo necesario. La responsabilidad es de los políticos que nos cagan cuando votan las leyes, ellos son los responsables".

Y más allá de cuestionar lo que ocurrió en Diputados, rechazó “la represión salvaje que se produjo afuera del Congreso” y agregó: "Se les negó un mísero aumento a los jubilados (...) No fue un triunfo de Milei, fue una derrota lamentable para los jubilados”.

En esa línea, apuntó sus dardos contra una enemiga "histórica" del clan Moyano: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"No pueden encontrar un chiquito, que Dios quiera que esté vivo, el nene Loan (Peña), y te meten 20 mil milicos para reprimir a los jubilados. Vos fijate la incoherencia de esta mujer. Ellos mismos cortan la calle. Yo he hecho marchas, he cortado la calle y no pasó nada", expresó acerca del niño que continúa desaparecido en Corrientes desde hace tres meses.

"Ellos mismos cortan la calle y te arman todo ese show para quedar bien con los poderosos; para quedar bien con el Fondo Monetario, con los empresarios", agregó.

Por último, tras asegurar que no tiene ni tendrá diálogo con el Gobierno de Milei, debido a que considera que no se puede sentar en una mesa con “tipos que se cagan de risa” cuando anuncian el cierre de algún organismo, y que el lunes se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano, Moyano afirmó que no se va a quedar "sentado por tres años viendo cómo se despedaza y entrega el país".

"Este Gobierno manda a reprimir a los jubilados, te saca el presupuesto universitario, le pone techo a las paritarias, te pone el impuesto a las Ganancias, ¿no te parece que odia a los laburantes?”, concluyó.

Fuente: Clarín

Tras la votación en Diputados, que dejó firme el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria,  una serie de incidentes comenzaron a registrarse en los alrededores del Congreso, luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas de contención y se cruzara con la Policía, en medio del operativo del Ministerio de Seguridad.

Cerca de las 16, manifestantes tiraron las vallas que estaban en Entre Ríos y Rivadavia, y en consecuencia, un reducido grupo de manifestantes logró acercarse a uno de los accesos al Congreso. En ese sentido, las fuerzas de seguridad nacionales comenzaron a avanzar y se escucharon detonaciones.

Además, camiones hidrantes y diferentes formaciones realizaron movimientos para hacer retroceder a los manifestantes, algunos de ellos representados por una bandera del Más. También, en varias calles, policías levantaron a protestantes del piso que se tiraban para expresar así su protesta.

Desde el momento de la votación, que fue pasadas las 15.35, se retiraron de la zona y fueron grupos aislados de manifestantes los que se quedaron reclamando e insultando frente a los agentes del orden.

El Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad ante la movilización en contra del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, luego de los incidentes en las últimas marchas de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La protesta fue convocada a partir del mediodía por diferentes organizaciones de jubilados, sindicales, partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras, quienes pasadas las 10 de la mañana comenzaron a concentrar en las inmediaciones del Parlamento. Dijeron presente La Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que llegó a primera hora de la tarde.

En tanto, el operativo a cargo del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, desplegó a los efectivos de las cinco fuerzas: Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, hay un comando unificado que siguió de cerca el operativo y habilitaron a dos unidades en el Departamento Central de la Policía para los eventuales traslados de detenidos.

En tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires concentró en un tercer cordón, mientras que la Federal estuvo presente en un perímetro desde la avenida Callao y Sarmiento, por Callao y su continuación, Entre Ríos, hacia el sur hasta la avenida Belgrano, continuando hacia el Río de la Plata hasta su intersección con San José, yendo hacia el norte por su continuidad, Uruguay, hasta encontrarse nuevamente con Sarmiento.

"Nosotros tenemos una decisión, que este país tenga orden público. Las personas pueden marchar pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo”, expresó la ministra Bullrich.

La funcionaria también hizo alusión a los incidentes producidos en las últimas marchas de jubilados y sostuvo que quienes estaban manifestando son "las mismas organizaciones que hace años tenían tomada la calle" y que ahora no lo pueden hacer más.

Fuente: Clarín

El bloque de diputados de Unión por la Patria se retiró de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien concluyó su exposición en medio de los episodios de violencia de efectivos de fuerzas federales contra cientos de jubilados en las adyacencias del Congreso nacional.

“No se puede seguir en sesión con el Jefe de Gabinete mientras están reprimiendo jubilados frente al Congreso. Incomprensible que una manifestación tan pacífica termine con esta represión. Patricia Bullrich dinamitó la sesión en Diputados con Guillermo Francos”, justificó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, por la red social X, adjudicando la responsabilidad de lo sucedido a la ministra de Seguridad.

De esta manera, los oradores designados de la bancada kirchnerista se abstuvieron de formular sus preguntas y la sesión finalizó prematuramente.

Ya se habían levantado de sus bancas minutos antes los diputados del Frente de Izquierda, que se sumaron a la marcha de los distintos frentes de jubilados y agrupaciones políticas y sindicales.

Los incidentes, que incluyeron gases lacrimógenos y golpes a los manifestantes, recrudecieron cuando la sesión informativa estaba en cuarto intermedio, y al reanudarse la deliberación, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se utilizara el tiempo para condenar la represión.

El riojano rechazó el pedido del santafesino, y tampoco aceptó extender el cuarto intermedio, por lo que el bloque kirchnerista tomó la decisión de vaciar el recinto para apersonarse en la calle, para ayudar a detener la violencia.

Fuente: Noticias Argentinas

Fuertes incidentes ocurrieron esta tarde entre las fuerzas de seguridad y organizaciones sociales, piqueteras y de jubilados que se movilizaron en rechazo al veto total del presidente Javier Milei al aumento previsional que días atrás sancionó el Congreso de la Nación.

Las agrupaciones se concentraron desde las 15 en las inmediaciones del Parlamento y desde ahí se esperaba que se movilizaran a Plaza de Mayo, en un nuevo desafío al protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Cerca de las 15.45 se dieron los primeros incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hubo empujones y corridas cuando las organizaciones bajaban a la calle para iniciar la marcha. Del protocolo antipiquetes participaron Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, que se habían desplegado más temprano en cordones para impedir que los manifestantes bajen de la vereda y corten la calle.

A las 15.50, integrantes del PTS protagonizaron un tenso momento cara a cara con agentes de Prefectura sobre Combate de los Pozos, al desatarse una serie de empujones, tironeos e insultos entre ambos.

"Intentamos machar pacíficamente y la policía empezó a reprimir", dijo a la señal TN un manifestante, manchado con un líquido rojo, al igual que varios otros. En las fotos se ve a agentes de Prefectura sosteniendo, por encima de los escudos, tubos de gases pimienta.

Las primeras imágenes fueron tras un tironeo por una bandera de la agrupación piquetera. Sin embargo, pocos minutos después la marcha hacia Plaza de Mayo finalmente dio sus primeros pasos. En ellos, la Gendarmería no acompañó.

"Adónde está la CGT que no se ve" fue uno de los cánticos que se escucharon hacia la central obrera por parte de una parte de los manifestantes.

A las 16.10, la Policía cortó la calle Entre Ríos, pero pocos segundos después, algunos de los que marchaban intentaron seguir su camino por un costado del cordón, entre la reja del Congreso y los oficiales, por lo que los empujones volvieron durante unos instantes.

A su vez, a las 16.45 sobre la avenida Callao la Gendarmería comenzó a avanzar y, al igual que Prefectura, tuvo como objetivo evitar que haya manifestantes sobre la calle. Allí se generaron nuevos intercambios violentos entre las autoridades y algunos manifestantes con palos de los uniformados y carteles y botellazos de quienes marchaban.

Antes de las 17, el tránsito en esa vía fue despejado y el tránsito fue restablecido hasta la normalidad. En el mientras tanto, manifestantes prendieron fuego un contenedor de basura frente a oficinas del Banco Provincia.

El Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) son algunas de las agrupaciones que marcharon junto a organizaciones de jubilados.

Fuente: Clarín

Tras la aprobación de la reforma a la movilidad jubilatoria y luego de que el Gobierno anunciara que va a vetarla, grupos de izquierda y jubilados marcharon hoy desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

Efectivos policiales buscaron dispersar a los manifestantes que ocupaban parte de la calzada frente al Congreso. En rigor, la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes.

A la marcha se sumaron movimientos de izquierda y sociales, como el Polo Obrero. En un momento, hubo empujones, tensión con la Policía y gas pimienta. Para evitar que la protesta se extendiera hacia los carriles de la avenida Rivadavia e interrumpiera el tránsito, los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos.

La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) había convocado a una movilización para este miércoles a las 15:00 desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para reclamar contra el anuncio de veto de Milei de la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores.

“Esto es una vergüenza, nosotros somos trabajadores, toda la vida hemos trabajado. Ahora este ladrón de Presidente dice que el país se va a fundir porque nos da un miserable aumento de $20.000. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿Quién puede vivir con $10.000 por día, si tenemos que comer y comprarnos remedios?”, expresó un jubilado ante los medios presentes.

“Jubilados junto con sindicatos, agrupaciones, piqueteros, estudiantes y asambleas rechazamos el veto y exigimos la recomposición de lo perdido durante los gobiernos de Macri, de Fernández y de Milei. También la movilidad automática por sueldos e inflación, los medicamentos y transporte gratis y restitución de la tarjeta alimentaria”, dice el comunicado de las organizaciones sociales que impulsaron la convocatoria.

“Para los jubilados y pensionados que hoy cobran $225.000 en su mayoría, la Ley de Movilidad, aun con sus límites, debe entrar en vigencia ya. El degenerado es Milei que usa los fondos jubilatorios para pagarle al FMI, para financiar la fuga de capitales y los negociados de banqueros y empresarios. Robar a los jubilados es un crimen social”, cerraron.

El Gobierno no descarta judicializar la reforma jubilatoria, que se aprobó el jueves pasado por la Cámara de Senadores, en caso de que el Congreso junte los números para revocar el veto presidencial que Javier Milei ya confirmó que utilizará. Sin embargo, especialistas aseguraron que es inconstitucional judicializar la reforma e ir contra la voluntad del Parlamento.

Desde Casa Rosada explicaron que están decidiendo cuáles serán los pasos a seguir si los bloques opositores consiguen los números para oponerse al veto. “Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

No obstante, el abogado Andrés Gil Domínguez explicó que judicializar la reforma “es constitucionalmente imposible, porque el Poder Ejecutivo no tiene legitimación procesal para hacerlo”. Además, aclaró que “si el Congreso insiste con los dos tercios de ambas Cámaras, el Presidente debe cumplir la ley”.

Fuente: TN

Patricia Daniela Calarco Arredondo, oriunda de Mar del Plata, es una de las personas que permanecen detenidas tras la manifestación del 12 de junio frente al Congreso por el tratamiento de la Ley de Bases. 

La acusación presentada es por haber incendiado los cestos de basura del Congreso y daño agravado. Sin embargo, sus allegados aseguran que se trata de una persecución política. 

Al respecto, Patricia Rosales, integrante de una organización social, contó que “ella es militante del MTR por el Cambio Social, se encontraba manifestándose el 12 de junio en la plaza de los Congresos donde la policía de Bullrich empezó con la cacería. Protestar no es delito, la detuvieron y hasta hoy no sale en libertad”. 

De modo que “nos solidarizamos no solo con los compañeros que tienen que declarar hoy, sino que también pedimos la libertad de nuestra compañera y los otros cuatro detenidos”. 

En detalle, explicó que “ella se encuentra en una cárcel de Ezeiza, nosotros entendemos por los abogados que son los que pueden ingresar y hablar, está bien, fuerte, pero esto no quita que solo por protestar esté en una prisión federal”.

Respecto a la causa, “se le había informado que estaban por terroristas, pero eso fue cambiando. El equipo de abogados de Derechos Humanos presentó una apelación, pero todavía tiene que expedirse a Jueza”. 

“Son compañeros que están detenidos por saltar una valla, nosotros no podemos entrar en razón de por qué siguen presos por saltar una cerca o manifestarse frente al Congreso”, resaltó. 

Por lo que “es una persecución que viene desde diciembre, que continúa, por lo que hay que seguir denunciando en la calle y organizados porque no puede ser que salgamos a enfrentar este gobierno y que recibamos palos o cárcel. En Argentina, aunque no quieran decirlo, hay presos políticos”, concluyó. 

Luego de la masiva manifestación que se realizó en Plaza de Mayo, liberaron ayer a la noche a 11 de los 16 detenidos por la represión en los alrededores del Congreso de la Nación. De los cinco que quedaron detenidos, hay una sola mujer: la marplatense Patricia Daniela Calarco Arredondo.

La jueza federal María Servini dictó “falta de mérito” para las personas que fueron liberadas y dictó procesamientos para las cinco que siguen privadas de su libertad por protestar. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. La situación procesal de los detenidos deberá ser evaluada por la magistrada en los próximos días.

La medida fue tomada luego de la multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, donde familiares de los detenidos junto a organismos de derechos humanos y referentes políticos exigieron la liberación de los manifestantes que todavía están privados de su libertad.

De las seis mujeres que quedaban en el penal de Ezeiza, solo una no fue liberada, la marplatense Arredondo, quien está procesada por incendio y daño agravado. Se la acusa de haber incendiado tachos de basura en la zona de Congreso.

La mujer tiene 39 años, es del barrio Hipódromo y desde 2021 vive en Lomas de Zamora. Es una defensora de la lucha ambiental, militancia que forjó en Mar del Plata contra las fumigaciones. 

“Nos atropellábamos entre nosotros porque no podíamos ver”, contó a Presentes María Emilia Manazza, pareja de Daniela. “Estábamos a unas 13 cuadras ya del Congreso cuando la agarró de atrás un policía de civil, con toda la brutalidad e impunidad que tienen. Traté de forcejear para sacarla, pero no se podía”, aseguró.

Fuente: Presentes

La jueza federal María Servini ordenó anoche la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso por la Ley Bases, en cambio, rechazó la excarcelación sobre las otras 16 detenidas.

La magistrada se basó en la ‘falta de mérito’ para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que hay evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.

Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.

Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados, y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.

La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los reos de diversas infracciones, desde “lesiones” hasta “delitos contra los Poderos Públicos y el Orden Constitucional”.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera “un ataque contra el ejercicio democrático”.

Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos “no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión”, y en ese sentido culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.

En tanto, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por “terrorismo” a los implicados en los disturbios.

En el escrito Santoro explicó que la denuncia es por la posible comisión de los “delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo”.

Fuente: Noticias Argentinas

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que febrero cerró en la isla con al menos 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias. En el balance mensual de la ONG constituida en Madrid, se explica que, de las detenciones arbitrarias, 71 fueron contra mujeres y 24 contra hombres.

Además, el régimen cometió otros 186 abusos contra civiles. Entre los datos recopilados por el OCDH, se reportan 63 denuncias realizadas por actos contra presos políticos, presos comunes y sus familiares.

“Con estas, ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024, relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos”, indicó el observatorio en un informe.

Y siguió: “El OCDH recibió denuncias sobre violaciones a los derechos sociales, las cuales reflejan la crítica situación socioeconómica cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza”.

Por último, recordó que, como expresaron recientemente 34 eurodiputados en una carta a el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estos problemas “son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita, en lugar de las medidas como el reciente ‘paquetazo’, que implican sacrificios solamente para la población”.

“Para el pueblo no es el momento” de aplicar un ajuste, le dijo a la agencia de noticias AP la jubilada de 62 años Lourdes González. “Ahora mismo la gente está con problemas y situaciones económicas fuertes”, subrayó.

La gasolina premium pasó de 30 a 156 pesos cubanos. Y el mismo comportamiento tuvieron los combustibles de diferentes tipos como el diésel y la gasolina de menor calidad, llamada en Cuba “regular”, que pasó de 25 a 132 pesos cubanos.

El precio difiere según la tasa de cambio que se utilice: la de 24 pesos -el cambio oficial- o la de 120 pesos, tasa que el Estado ofrece a los particulares cuando entregan efectivo.

Además, aumentó el precio de la tarifa eléctrica para los grandes consumidores y algunos boletos de transporte para la media y larga distancia, tanto de autobuses como trenes. En tanto, se pospuso el aumento del balón de gas con el que muchas familias cocinan.

Fuente: Infobae

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los oficiales que reprimieron las protestas en Chile contra el presidente Sebastián Piñera. Aseguraron que hubo "graves desmanes" en algunas de estas manifestaciones.

Asimismo, el organismo mostró preocupación por el elevado número de denuncias registradas en los últimos meses, por presuntas violaciones de derechos humanos. En un comunicado, se pidió además a las autoridades chilenas que ordenen “el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Por otro lado, también se cuestionó la actuación de los Carabineros, una de las fuerzas militarizadas más importantes del país transandino. "El mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos, que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad", pidieron.

De acuerdo con la CIDH, el uso de la fuerza ha dejado 26 muertos, de los cuales al menos 5 fallecieron por “acción directa” de agentes y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros. Asimismo, se recibieron varias denuncias sobre presunta violencia sexual, tortura y tratos "crueles, inhumanos y degradantes". Entre estos casos, destacan la enorme cantidad de personas que sufrieron traumas oculares como resultado de los encuentros con las fuerzas de seguridad.

Según datos del Ministerio de Salud de Chile, hasta el 18 de noviembre, las acciones de los Carabineros ha ocasionado más de 200 lesionados oculares, de los que muchos han quedado ciegos.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia  informó en las últimas horas que ya son 32 los muertos a causa de la ola de violencia que se apoderó del país luego de la sospecha de fraude en las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre. Ayer, ocho personas murieron a causa de un encuentro con la policía y las fuerzas militares en la planta de  Senkata, en El Alto.

El bloqueo de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en Senkata había ocasionado escasez de combustible tanto en la región de El Alto como en La Paz. El 80% del transporte público no estaba en funcionamiento, según datos del sindicato local.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, continúa en la zona de Senkata en un intento de “promover la pacificación entre los vecinos del distrito 8”, informó Infobae. “Pedimos a las autoridades suspender el sobrevuelo de aeronaves en el sector para mantener la tranquilidad en la población”, ha expresado.

El cerco a la planta se enmarca en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales. El ex presidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un “fraude gigantesco” y la auditoria realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó “irregularidades”.

A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder solo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.