Se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, en la que se logró llegar a un acuerdo con mejoras en lo estipulado y se desestimó el desalojo del Club Social y Deportivo 2 de Mayo, situado en 3 de Febrero al 4585.

Por su lado, desde la institución le agradecieron a todas las personas que acompañaron la lucha, a los clubes barriales que apoyaron y a todos los medios por la difusión que realizaron y el espacio que  brindaron para contar la situación que tocó atravesar.  

"Es una alegría inmensa para todo el club poder mantener nuestra sede, con lo que significa para todas las familias, jugadores y jugadoras, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que se dedicó en refaccionarla", resaltaron en un comunicado.

Por último, enviaron un “especial agradecimiento a los abogados Pablo Zelaya Blanco y Evaristo Buccico” que representaron a la institución.

El conflicto inició hace dos semanas, cuando la institución sufrió un intento de desalojo a pesar de contar con contrato vigente. En esa situación, el presidente de 2 de Mayo, Carlos Brunini, había explicado: “Cuando nos dieron el lugar estaba prácticamente destruido. Lo reconstruimos con el esfuerzo de los socios y subsidios obtenidos. Hoy es un espacio digno para los chicos. Por eso, recibir una notificación de desalojo es incomprensible”.

En tanto, los letrados mencionados habían detallado que “lo que está en discusión no es solo un contrato, sino la continuidad de un espacio que forma parte del entramado social del barrio" y que "el derecho no puede ser una herramienta para desarmar la comunidad, sino para garantizar su permanencia y desarrollo”.

Además, habían calificado la demanda como “abiertamente inconsistente e improcedente”, ya que se basa en un supuesto incumplimiento de la cláusula 5 del contrato -referida a seguros, facturación y obligaciones administrativas-, cuando toda la documentación está al día y debidamente acreditada.

Por último, habían denunciado que, tras el fallecimiento de la titular original del contrato, el nuevo propietario increpó en reiteradas oportunidades a los miembros de la Comisión Directiva, hechos que adelantaron que iban a ser informados al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

El conflicto judicial por la administración de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazara un recurso extraordinario presentado por la provincia de Buenos Aires, el expediente volvió al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, que ahora dispuso una medida cautelar preventiva solicitada por la Municipalidad de General Pueyrredon.

La resolución, firmada por el juez Simón Francisco Isacch, ordena poner en conocimiento al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a la administración de Punta Mogotes y al Colegio de Arquitectos de la Provincia sobre la existencia del proceso judicial, con el fin de preservar la situación jurídica del predio mientras se define su restitución a la órbita local.

El fallo se dictó luego de que el Municipio denunciara un nuevo expediente administrativo iniciado por la Provincia para celebrar un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos, destinado a impulsar un concurso de ideas y proyectos urbanísticos en el complejo. Desde la comuna advirtieron que ese acuerdo podría alterar el “status quo” del predio y comprometer su administración mientras el litigio continúa.

En su resolución, el magistrado consideró “verosímiles los fundamentos invocados por la actora” y sostuvo que la medida cumple una función preventiva y de publicidad, destinada a alertar a potenciales terceros sobre la existencia del proceso judicial. “La cautela permitirá evitar que quienes contraten sobre el Complejo Punta Mogotes puedan invocar buena fe frente al Municipio”, fundamentó.

El expediente, caratulado “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos” (causa Nº 32496), busca la restitución del complejo al Municipio luego del pago en consignación de más de $14 millones previsto por la ley 10.233. El conflicto se remonta al convenio original firmado en 1980, que estableció una administración conjunta entre la Provincia y el Gobierno municipal, y cuya vigencia hoy está en discusión.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa iniciada por la Municipalidad de General Pueyrredon, que busca recuperar la administración del complejo Punta Mogotes

De esta manera, el tribunal confirmó que será la Justicia local la que deba intervenir y resolver la cuestión de fondo. El expediente se encuentra ahora en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, que deberá expedirse sobre la validez del pago en consignación realizado por el Municipio -en referencia al canon determinado por la administración provincial- y sobre la procedencia de la restitución de la administración del predio al ámbito municipal.

La resolución judicial dejó en claro que el recurso de la Provincia carecía de la condición de “sentencia definitiva”, un requisito indispensable para habilitar la instancia extraordinaria. En este sentido, la Cámara recordó que solo se admiten recursos de este tipo frente a resoluciones que pongan fin al litigio, lo que no ocurrió en este caso.

El conflicto entre el Municipio y la Provincia por el manejo de Punta Mogotes lleva años de idas y vueltas judiciales. Desde el Ejecutivo local se reclama que la ciudad recupere la administración de un complejo emblemático, cuya explotación está en manos del Gobierno provincial. En paralelo, se discute el canon económico que debe abonarse por la gestión del predio, cuestión que fue central en el expediente.

Mientras tanto, aún permanece pendiente de resolución una medida cautelar solicitada por la Municipalidad, que busca impedir que la Provincia avance con cualquier tipo de iniciativa, concesión o concurso que pueda condicionar el cumplimiento de la sentencia de fondo que deberá dictar la Justicia marplatense.

Con este nuevo revés judicial para la Provincia, todas las miradas estarán puestas en la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, que tendrá que definir si corresponde restituir al Municipio la administración del complejo y reconocer el pago realizado en consignación.

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica obtuvo una resolución favorable del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que respalda su reclamo ante los mayoristas que se niegan a cumplir con el acuerdo salarial firmado a nivel nacional.

“La resolución 351/2025,  nos da la razón en el reclamo que venimos haciendo: que se cumpla el acuerdo paritario. Lo que pedimos es muy simple: que se pague lo que se firmó”, sostuvo el secretario general del gremio, Guillermo Bianchi, en declaraciones a El Marplatense.

El conflicto involucra a grandes cadenas mayoristas como Maxiconsumo, Yaguar, Vital, Carrefour, Diarco, Macro, entre otros. Según Bianchi, estas empresas no han cumplido con el pago anticipado del incremento salarial, a pesar de que el acuerdo suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias incluye cláusulas de aplicación obligatoria, incluso antes de la homologación.

“Primero apelamos a la buena fe, nos reunimos con las empresas, hicimos asambleas informativas con los trabajadores y finalmente acudimos al Ministerio de Trabajo. Ahora, con un dictamen favorable en la mano, exigimos que las empresas se presenten y paguen lo adeudado de forma inmediata”, expresó el dirigente.

El sindicato ya inició los trámites para que el Ministerio de Trabajo notifique formalmente a las empresas, que deberán presentarse ante la autoridad laboral. Se espera que las notificaciones se concreten en los próximos días, según los plazos legales vigentes.

Consultado sobre las posibles negativas de las empresas a pagar, Bianchi fue enfático: “Las compañías ya firmaron este acuerdo. No tienen margen para desconocerlo. En caso de que no acaten lo resuelto, vamos a pedir inspecciones en cada firma, y que nos entreguen los recibos de sueldo para verificar si figura el aumento. De no ser así, solicitaremos sanciones y multas”.

Además, el gremio evalúa implementar medidas de acción directa, que serán definidas en asambleas con los trabajadores del sector mayorista. “Fuimos paso a paso. Primero la negociación, luego el reclamo formal. Ahora esperamos la respuesta de las empresas. Si persisten en el incumplimiento, tomaremos las medidas necesarias”, advirtió Bianchi.

Apoyo de la base y unidad sindical

El cuerpo de delegados del sindicato acompaña el proceso y ya está informando a los trabajadores sobre el dictamen favorable. “Los trabajadores nos dieron su apoyo desde el inicio. Hoy tenemos la legitimidad legal y el respaldo de las bases para avanzar con firmeza. Esperamos que las empresas actúen con responsabilidad y eviten un conflicto innecesario”, concluyó el dirigente.

El Ministerio de Salud introdujo recientemente cambios en la forma de acceder al Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que han sido vistos con desconfianza desde los sectores relacionados con el cultivo de esta planta para fines medicinales. “Lo que hace es limitar más el acceso a las terapias del cannabis”, aseguraron desde la Confederación Cannábica.

El Registro habilita a poder cultivar solamente o, en el caso de sociedades civiles o fundaciones, a cultivar para sus socios. Esto, que dependen de una ley del Ministerio de Salud del 2017, tiene el espíritu de promover la investigación médica científica, el uso medicinal terapéutico paliativo del dolor y derivados, el cuidado integral de la salud.

Sin embargo, según indicó Verónica Maidana, integrante de la Confederación, “el REPROCANN estaba en stand by. Hay más de 100.000 solicitudes pendientes de revisión, que vienen del Gobierno anterior”.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, la especialista aseguró que con esta nueva resolución lo que se hace es “limitar más el acceso a las terapias del cannabis, porque lejos de simplificar sucede todo lo contrario”.

Como ejemplo, comentó que “en el caso de las ONG, en sus directorios deben presentar antecedentes penales, cuando sabemos que hay muchos cultivadores que tienen antecedentes por haber sido perseguidos cuando la actividad era ilegal”.

Para Maidana lo único que se logra con esta modificación es “formar más burocracia”, que sería lo contrario a lo que el Gobierno manifiesta que viene a combatir: “Es verdad que hay menor cantidad de personal en el Estado, pero a la vez hay un desconocimiento alrededor de este tema en particular”.

Sin embargo la preocupación no termina ahí, ya que según manifestó Maidana, desde ahora “tenés seis meses para volver a presentar tus papeles y renovar”. El problema es que el sistema parece no funcionar: “Acabo de ingresar por cuestiones administrativas y el propio sistema no te dice dónde presentar. Como que no hay nada detrás de la resolución. No te da las herramientas administrativas para que puedas cumplir con lo que la ley te está pidiendo”.

Para la referente de la Confederación Cannábica el horizonte es complicado. “La verdad a corto plazo no veo una salida, ni tampoco que el espíritu de las resoluciones que están sacando quieran ir a algún lugar. Esto es inscribirte donde ya estabas inscripto y te agrega nuevas trabas”, aseguró.

Daniel Echeverria presidente de la Cámara de administradores de Propiedad Horizontal, analizó en Radio Mitre Mar del Plata la nueva resolución del Enargas que prevé la reparación de defectos en instalaciones internas manteniendo la provisión del servicio sin cortes, siempre que ello no implique peligro para los usuarios.

"Fue muy bienvenida esta resolución. Es algo sumamente nuevo que la gente de oficina técnica de Camuzzi recibió hace muy poco", comenzó a detallar y agregó: "Mucha gente entendía que se había cortado en gran cantidad de edificios de forma indiscriminada".

Detallando los problemas de reconexión, el presidente de la Cámara de administradores de propiedad horizontal, explicó: "El problema es que uno arreglaba el problema con un gasista matriculado y cuando ibas a pedir restituir el servicio, Camuzzi pedía un informe detallado de todo el edificio". "Había que llamar nuevamente a un gasista matriculado y pagar por todo el informe. Piden hasta la matricula del electrodoméstico cocina y hay veces que la chapita se pierde y por más que funcione bien, hay que comprar una nueva", apuntó Echeverría.

"Hay muchos edificios del '60 que tienen cocina y calefón y no dan las medidas para mantener el calefón. Hay que poner termotanque eléctrico, es toda una cadena de problemas. Luego se coloca todo eléctrico y la capacidad del edificio tampoco alcanza", aseveró.

"Desde la cámara de administradores vamos a asesorarnos para ver quien es el que determina si hay riesgo o no para el corte. Todavía es muy escueto hay que ampliarlo y ver cuales son los motivos de corte o no. Nadie se va a hacer responsable en firmar si algo es riesgoso o no", analizó sobre la nueva resolución.