Un nuevo episodio de imprudencia vial generó indignación en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre fue filmado mientras conducía distraído jugando con su celular a un popular videojuego. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y trasladaba a una menor en el asiento trasero, aparentemente sin sujeción. Un motociclista lo increpó con la frase: “Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos”, registró la escena y la compartió en redes sociales, reveló un informe de la asociación civil Luchemos por la vida.

El video se viralizó rápidamente y provocó un fuerte reproche social. La conducta tuvo sanción, ya que la normativa vigente prohíbe el uso del celular al conducir. Sin embargo, la imprudencia persiste: son numerosos los conductores que repiten esta práctica y los pasajeros que la toleran, en un contexto donde el teléfono móvil parece imposible de dejar de lado.

Diversos estudios científicos demuestran que el cerebro humano no está preparado para atender dos tareas al mismo tiempo con eficacia. La atención dividida es atención disminuida. Usar el teléfono mientras se conduce o incluso al cruzar la calle multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro.

La discapacidad para manejar que genera el uso del celular -ya sea hablar, leer o escribir mensajes- es comparable a la conducción bajo los efectos del alcohol. Incluso con manos libres, se pierde concentración, se altera la velocidad constante, disminuye la distancia de seguridad y aumenta el tiempo de reacción.

Investigaciones revelan que tras minuto y medio de conversación telefónica el conductor deja de percibir el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12% y el ritmo cardíaco se acelera bruscamente. Peor aún, quienes leen o responden mensajes recorren cientos de metros prácticamente a ciegas.

Ante este panorama, especialistas y autoridades coinciden en la urgencia de implementar controles preventivos eficaces y permanentes, que sancionen de manera efectiva y disuadan a los conductores irresponsables.

Fuente: Luchemos por la vida

Con seis sedes activas, la Municipalidad de General Pueyrredon continúa impulsando el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, una iniciativa que desde hace más de diez años acompaña a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

El programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social a través del área de Niñez y Adolescencia, busca promover la integración social, mejorar las condiciones de vida y fomentar la participación comunitaria de chicos y chicas de entre 12 y 21 años.

En las sedes de Puerto, Belgrano, Dorrego, Batán, Centenario y Libertad se desarrollan talleres y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, tecnológicas y de salud, todas con perspectiva de género. 

Además de los espacios de capacitación y recreación, Envión fomenta la inserción laboral y educativa de los jóvenes mediante la articulación entre el Estado provincial y local, organizaciones sociales y el sector privado. El objetivo es generar mayores oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Durante este año, las distintas sedes participaron de la Feria del Libro de Mar del Plata, donde presentaron los trabajos realizados y organizaron actividades de pintura, dibujo y juegos recreativos para toda la comunidad.

El programa está destinado a jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que no cuentan con suficientes redes de apoyo. Quienes deseen conocer el calendario completo de actividades pueden hacerlo a través de la web oficial del Municipio: mardelplata.gob.ar/Contenido/sedes-envion.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó la presentación del anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, y establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social del joven.­

Garavano dijo que el anteproyecto viene "a saldar una asignatura pendiente", ya que la actual legislación en la materia "es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional".­

Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo al monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.­

Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal.­

Según consignó la agencia Télam, el acto se realizó en la sede de la cartera de Justicia, con la asistencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Justicia 202, Ricardo Gil Lavedra; senadores y diputados nacionales, jueces, juristas y los miembros de la comisión que redactó el texto, entre otros invitados.­

Garavano señaló que "se trabajó durante tres años para redactar el texto, sobre una base empírica" y que "la clave no es sólo la ley, sino su implementación", que se estima demandará unos siete años para que se aplique en todo el país, aunque "casi todas las provincias ya tienen normativa sobre este tema".­

Explicó que la edad de imputabilidad "es de término medio, similar a las muchos otros países, en los que inclusive es más baja", y que se determinó el límite de 15 años "porque es cuando se produce el click para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros".­

El ministro rechazó en ese punto las críticas que desde distintos sectores se hacen a la baja de la edad de imputabilidad, "porque o hay intencionalidad política o desconocimiento por no haber leído el proyecto, que está hace tiempo publicado para que se opine sobre él, o hay ambas cosas".­

Por su parte, Bullrich afirmó que la iniciativa tiene el objetivo de que "haya menos delincuentes y no más presos, porque tiene un sistema de contención para que los chicos no tengan como fin hacer una carrera delictiva, a través del Estado que va a dar respuesta a los grupos de jóvenes de 18 a 25 años, que es la franja en la que se cometen los delitos más graves".­

A su turno, Gil Lavedra indicó que se trata de "un proyecto serio" que hace hincapié en "recuperar a los jóvenes" sin tener a la cárcel como primera instancia. Su implementación demandará unos 600 millones de pesos prorrateados en los siete años que se prevén".­