Tras las declaraciones de el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, en las que expresó "que la Provincia congela durante 25 días" los pedidos que hace el intendente Guillermo Montenegro en el marco de las reaperturas de actividades comerciales o deportivas, el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano, consideró las expresiones del exfuncionario macrista son "inoportunas".

"Si uno las analiza con otras declaraciones anteriores se da cuenta que lo que está tratando de hacer es instalar algo que los argentinos debemos superar, que es la confrontación y la grieta, que tanto mal le hizo a nuestro país", manifestó.

Al ser consultado por El Marplatense, el concejal de Sergio Massa destacó el trabajo conjunto del presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que "en este momento en el que estamos atravesando una crisis, se sientan juntos para resolver la cuestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y a nivel local todos ponderamos el trabajo que se ha realizado para por ejemplo, tener un hospital modular próximo a inaugurarse entre la Nación, la Provincia y el Municipio, declaraciones como la de Lombardi".

"Son falacias las declaraciones de Lombardi, porque yo jamás le escuche decir al intendente Guillermo Montenegro que existía esa demora en los protocolos. En Mar del Plata, se tomaron decisiones antes de la autorización de la Provincia, como la apertura de los comercios minoristas, o incluso se han modificado resoluciones del gobernador Axel Kicillof, como el horario para salidas recreativas. Se trabaja coordinadamente", destacó el expresidente del HCD.

"Hay que usar la palabra como el cirujano usa el bisturí. Creo que Lombardi se equivocó y muy feo, porque puede alterar un trabajo armónico que está generando que Mar del Plata esté muy bien con el COVID-19. Más allá de trabajar para la pospandemia y de lo que suceda con los gastronómicos y el turismo", expresó.

Por último, el concejal Ciano insistió con "ser cuidadosos con lo que se dice porque lo que se hace es buscar zozobra donde hay tranquilidad y alterar los ánimos, no sabemos con qué objetivos, o con el único de dañar cierta armonía".

Para finalizar, señaló que "lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando se permita la reapertura y en eso quiero destacar cómo se trabaja buscando los protocolos y esperemos que pronto se puedan reabrir las actividades que faltan, que son pocas pero importantes". "Todos estamos trabajando para ello", concluyó.

El titular del Juzgado de Garantías N°4, Juan Tapia, sumó cuestionamientos al proyecto que el oficialismo busca revitalizar en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que las "respuestas penales a los problemas sociales" solo otorgan un mayor complejidad al escenario delictual.

En medio de la polémica por el proyecto, el magistrado advirtió que "los discursos que proponen un aumento de la penalidad y el castigo como salida" son los que hoy parecen contar con un "aval de gran parte de la población".

Tapia atribuyó este respaldo por el "miedo al delito" que se instala en parte de la sociedad pero, ante ello, también insistió en que se "construyen realidades que no se ajustan a las estadísticas", después de hacer mención de la baja incidencia que tienen los menores en el total de los delitos cometidos. "El porcentaje es insignificante en términos estadísticos", ratificó.

El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata, Néstor Salas, se había expresado en la misma sintonía con Radio Mitre Mar del Plata y afirmado que esa cifra sólo ascendía al 7 por ciento. “No creo que la baja de la edad tenga un efecto en cuanto a la disminución de la delincuencia juvenil", coincidió.

Por su parte, Tapia insistió en que "el discurso punitivo y de segregación y exclusión hacia el otro" se puede traducir en importantes riesgos vinculados con la violación de distintos derechos humanos que están contemplados en la Constitución y tratados internacionales.

El juez de Garantías reconoció que debe modificarse la Ley Penal Juvenil porque la normativa tiene su origen en la dictadura pero cuestionó que la discusión se "empantane" en la baja de la edad de la imputabilidad. "Un joven de 15 o 14 años que está cometiendo un delito en vez de estar con la familia, lo que pone de manifiesto en realidad son las falencias sociales del Estado y de otra serie de derechos", analizó, y sentenció: "Cuando a un problema social se propone una respuesta penal, evidentemente lo que se hace es agravar la problemática".

Además, el magistrado señaló que la situación que atraviesa a los institutos de menores "no dista de las falencias" que se advierten hace tiempo en las cárceles para mayores. "Hay altas tasas de suicidio y de violencia", remarcó, y concluyó: "Pensar en aumentar la cantidad de jóvenes que ingresan a la unidad penal sin buscar alternativas previas seguramente aumentará el estigma y consolidará la trayectoria criminal de ese joven hacia la comisión de delitos", concluyó.