Luego de que se confirmara el fallecimiento de un paciente en el Hospital Subzonal Felipe Fossati de Balcarce tras recibir una dosis de fentanilo, el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación en primera instancia, señaló que ya se realizó un primer análisis y se detectó la presencia de una bacteria, lo que motivó la intervención del fuero federal.

“Ya se hizo un primer análisis y el fentanilo tendría una de las bacterias que lo ha contaminado, y justamente el director del hospital, el Dr. Ángel Reino, hizo la denuncia que cayó en la Fiscalía N° 11 de Delitos Culposos”, informó Moure en diálogo con El Marplatense. 

Asimismo, el fiscal explicó que hoy se contactó con el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que actualmente concentra todas las causas abiertas por fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires. “Me solicitaron que la causa tramite allá para que un solo juez intervenga en los casos”, indicó.

Por ese motivo, Moure planteó la incompetencia del fuero ordinario ante el juez de garantías marplatense Gabriel Adrián Bombini, con el objetivo de que se remita el expediente a la órbita federal.

Respecto a la víctima, el fiscal detalló: “Era un hombre mayor que tenía una patología grave. El fentanilo contribuyó a la muerte, pero era un paciente mayor con una infección generalizada”.

Esta información confirma la sospecha del titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 3 de La Plata: las víctimas fatales atendidas en hospitales públicos y privados, a las que se les suministró el medicamento contaminado, eran más de las 33 previamente registradas hasta el 23 de mayo por Claudia Perandones, titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS).

En esa fecha, la funcionaria comunicó al magistrado que “hasta el momento en todo el país existen 69 casos sospechosos” de pacientes contaminados con el fentanilo de HLB Pharma “y 33 personas fallecidas”. Ahora, la cifra asciende a 34 y sigue en aumento. Así, en territorio bonaerense los fallecidos son 16.

La provincia de Santa Fe, con 17 casos, es donde más víctimas fatales se registraron. La actualización es la siguiente:

El viernes, el juez Ernesto Kreplak ordenó a los ministerios de Salud de todo el país informar los nombres de “todos” los pacientes fallecidos o infectados con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae detectadas en la partida contaminada de fentanilo de HLB Pharma desde el 1 de abril.

Al menos dos ministros y un secretario de Salud consultados sobre la medida reconocieron que la tarea será “ardua para el sistema”. Los funcionarios deberán extender la directiva a los efectores públicos y también al sector privado. De hecho, los primeros 18 casos, 15 de los cuales resultaron mortales, se dieron en el Hospital Italiano de La Plata. Hasta ahora, el Instituto Malbrán informó que ya son 34 los fallecidos en el país, pero se estima que la cifra es mayor.

En este contexto, Kreplak considera que no todas las clínicas y hospitales públicos denunciaron o registraron muertes por las bacterias mencionadas, que no suelen ser contraídas durante internaciones y producen, entre otras enfermedades, neumonía y resistencia a los antibióticos.

Un ciclista de 32 años fue atropellado el sábado a la tarde por un auto que circulaba a gran velocidad por la costa, en la zona del barrio Playa Grande, y debió ser trasladado al Hospital Interzonal de Agudos con politraumatismos.

El ciclista fue dado de alta este lunes y el conductor, que no contaba con registro, seguro no VTV, se encuentra en libertad dado que "las penas son muy bajas y ni siquiera nos permite pedir al juez la detención porque es una pena que no supera los tres años de prisión. Así que estamos bajo una legislación que no ayuda en nada a prevenir la siniestralidad", según expresó a El Marplatense Rodolfo Moure, titular de la Fiscalía Descentralizada y colaborador de la Fiscalía de Delitos Culposos

"Si bien fue un hecho que causó lesiones leves, dispusimos la aprehensión del sujeto de 20 años de edad que manejaba sin registro, sin seguro y sin VTV. Es un hecho de extrema gravedad. Asimismo se decomisó el auto", afirmó el fiscal.

"Hay un testigo que confirma que corría una "picada" y pedimos las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero lo más preocupante es que este es el segundo accidente que sucede en la Costa en el término de 15 días y en la misma zona. Este lunes me comuniqué con el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta y el Jefe de la Departamental, Lucio Pintos, para acentuar los controles en esa parte de la Costa para proteger a las familias", explicó Moure.

Y continuó: "Hay que hacer un trabajo coordinado y no puede ser que algunas personas piensen que la Costa de Mar del Plata es un autódromo, poniendo en riesgo la vida de los marplatenses. No podemos permitir que haya una víctima fatal más de las que ya hubo".

Igualmente, el fiscal comentó que "este fin de semana me han comunicado entre 10 y 15 accidentes con heridos a causa de siniestros viales. El 95% producidos por motociclistas. Y ahora hemos tenido una proliferación de gente andando en bicicleta, lo cual va a provocar que aumente la tasa de siniestralidad, que antes no lo teníamos.

En Argentina, 4 de cada 10 personas que pierden la vida en accidentes viales son motociclistas. Y, considerando el número de víctimas fatales totales, el 43% tienen entre 15 y 34 años y la gran mayoría (79%) son hombres.

Los datos se desprenden del último Anuario Estadístico publicado por la Dirección Nacional de Observatorio Vial. Ya sea por infraestructura vial insegura, exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas, conducción distraída o la no utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños; las cifras son representativas de una situación que necesita atención inmediata.

"La situación en Mar del Plata preocupa, pero no de ahora sino de hace tiempo. Nosotros venimos reclamando desde la fiscalía una acción más efectiva en el control del tránsito y que no sea 'resorte' exclusivo del municipio, ya que es un tema mayor que debe ser controlado por la policía de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales", manifestó el fiscal del distrito, Rodolfo Moure, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"En la actualidad Mar del Plata está viviendo prácticamente la misma normalidad que teníamos antes de la pandemia. Estamos teniendo el mismo nivel de siniestralidad que teníamos en el mes de febrero o marzo de este año, por lo que no es que nos hayamos alarmados, sino que al haber mayor circulación están habiendo la misma cantidad de siniestros que teníamos en esas fechas y que aproximadamente son de 10 a 15 personas por día que ingresan al HIGA con distintas lesiones causadas por siniestros viales", aseguró.

"La mayoría de quienes ingresan al HIGA, en un 95% son motociclistas. Esto indica entre otras cosas, que se necesita infraestructura y un plan de control efectivo sobre el tránsito, ya que de 10 motos que circulan 8 no están en condiciones de hacerlo, ya sea por falta de licencia, seguro, papeles y otros requisitos que deben cumplir, que no los cumplen", afirmó Moure.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones por accidentes de tránsito son evitables. "Los gobiernos deben adoptar medidas para abordar la seguridad vial de manera holística. Esto requiere la participación de múltiples sectores, tales como los de transporte, policía, salud y educación, y medidas dirigidas a mejorar la seguridad de las carreteras, los vehículos y los usuarios”, estableció la OMS, quien también advierte que los motociclistas tienen una probabilidad 26 veces mayor que los automovilistas de fallecer en un siniestro vial.

"Con respecto al uso del casco, generalmente aquellos que van a parar al HIGA, son aquellos que no lo usaban, por lo que hace falta un control efectivo por parte del Estado Nacional y Provincial, más que el Municipal, ya que el tránsito es una cuestión mayor que no debe ser delegada al municipio, ya que ni este gobierno municipal, ni los que vengan, con los recursos que cuenten, van a poder lograr un control efectivo en el tránsito", subrayó el fiscal.

La importancia del correcto cumplimiento de las normas de tránsito no es arbitraria. El uso de casco disminuye el riesgo y la gravedad de los traumatismos alrededor de un 72% y las probabilidades de muerte en un 39%. Sin embargo, según el último estudio del Ministerio de Transporte, la cantidad de motovehículos que circulan con todos sus ocupantes protegidos mediante el uso del casco es solo del 64,2%. Los hombres se protegen más que las mujeres y su uso entre menores de 18 años es significativamente inferior a la media.

"Los accidentes viales son los que más muertes provocan, incluso mucho más que la delincuencia y es un tema que debe ser atacado desde todo punto de vista por todas las fuerzas Provinciales y Nacionales, no solamente con las Municipales", remarcó.

Al ser consultado sobre si ha existido algún diálogo al respecto con autoridades provinciales, Moure sostuvo que "actualmente estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en proyectos de reforma legislativa y también con el municipio integramos una comisión de legal y técnica para reformar y aportar ideas en materia de tránsito, aunque lamentablemente la pandemia interrumpió estas reuniones y hoy todos los esfuerzos están dedicados a otra cosa".

"Lo que ahora estamos viendo, es lo que veíamos antes de la pandemia con respecto a los accidentes viales, y esto es algo que siempre generó una saturación en el HIGA. Considero que de 20 o 30 personas que pueden ingresar al HIGA todos los días mas de la mitad son a causa de los siniestros viales de Mar del Plata y el 95% son causados por motociclistas o al menos son las víctimas de esos siniestros", detalló el fiscal.

"En el caso de los motociclistas, en su mayoría son jóvenes y en un 90% a cada uno de ellos se le detecta alguna infracción, por lo que no estarían en condiciones de circular y si hubiese un Estado mas presente, ese siniestro se podría haber evitado. Al Estado le esta constando aproximadamente 2 millones de pesos anuales en la rehabilitación de un sujeto protagonista de un siniestro vial. Por este motivo es un tema mayor y hasta económico también", destacó.

Finalmente con respecto a una pronta solución, Moure indicó que "sin dudas que para mejorar esta situación y descomprimir la guardia del HIGA en lo inmediato, se debería salir ya mismo con controles más efectivos, sobre todo en los barrios y sacar de circulación todas las motocicletas que no están en condiciones de circular y a largo plazo, la construcción de bicisendas, ciclovías o de carriles exclusivos para motocicletas, rediseñando la infraestructura de la ciudad, porque vemos que el parque de motocicletas ha superado al parque automotor".

A más de un mes de implementado el aislamiento preventivo obligatorio, la movilidad de la ciudad está vivenciando una situación particular. La siniestralidad en las calles de Mar del Plata a disminuido notablemente entre el 15 de marzo y el 27 de este mes, si se lo compara con el mismo período de 2019, en relación con la cantidad de víctimas fatales, habiéndose registrado 11 muertes el año pasado y solo una este año, según manifestó el fiscal Rodolfo Moure, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"Se nota a las claras una disminución de los siniestros viales y de la cantidad de muertos, a causa de ellos. Por supuesto que esto obedece al aislamiento obligatorio que se impuso y a la baja restricción vehicular", aseguró.

"Para nosotros la cuarentena terminó beneficiando la actuación de la fiscalía, teniendo en cuenta que bajó en un 95% la siniestralidad vial. Hemos elaborado una estadística teniendo en cuenta lo que había pasado desde el 15 de marzo del año pasado al 27 de abril del ese mismo año y tuvimos en ese momento 11 muertes. Haciendo la misma evaluación de lo ocurrido en ese mismo período en este año, registramos una sola muerte por un siniestro vial", remarcó Moure.

"Lo mas importante, es que con esta medida de la cuarentena que se adoptó, se está logrando tener a la vista cual seria la solución al problema que tenemos de la siniestralidad vial y la solución no es otra que el control. Sin llegar al aislamiento, ni la cuarentena, cuando se llevan adelante los controles como en este caso por la pandemia, se nota a las claras, que se ven resultados prontamente satisfactorios", destacó.

"Si nos pusiéramos a pensar que hubiese pasado si el control del aislamiento lo hubiese hecho solo la municipalidad con los inspectores, seguramente muchos no hubiesen cumplido con esta medida y hubiese sido un desastre, en cambio cuando el Estado pone toda la "carne al asador", me refiero a las Fuerzas Nacionales, Gendarmería, Prefectura, la Policía de la Provincia y asume a su vez la tarea de los municipios, eso demuestra claramente que cuando el Estado coordina todos sus esfuerzos en combatir algo, lo logra", subrayó el fiscal.

"Lo mismo justamente es lo que hay que hacer entender hoy en día con toda esta experiencia que tuvimos con el aislamiento social y que es estamos teniendo en la actualidad. Esto nos tiene que dejar un mensaje claro, que es que el Estado debe tener al tema de la seguridad vial, como una cuestión de prioridad y poner el mismo esfuerzo que puso ahora en controlar la expansión de la pandemia, ponerlo también para controlar la siniestralidad vial, lo que seguro logrará bajar la tasa que tenemos hoy en día", afirmó Moure.

"El Covid-19 tuvo dos efectos primordiales. El primero, la concientización de la gente, por la cual la mayor parte no incumplió con la misma y en segundo lugar porque se generó la conciencia de que el Estado estaba presente y que estaba siendo eficaz en el control, porque uno sabía que si salía a la calle había una alta probabilidad de que lo detengan, lo paren o le hagan una multa", señaló.

"Estos fueron dos puntapiés iniciales que nos sirven a nosotros que estamos trabajando en el tema de la siniestralidad vial, para poder proyectarlo en el futuro y pedirle al Estado que aplique los mismo mecanismos que aplicó ahora, para bajar la siniestralidad vial. Es decir un control efectivo y a su vez una concientización de la población, para que vea que hay un Estado presente y que tiene la capacidad suficiente para controlarla", concluyó Rodolfo Moure.

La justicia le abrió una causa por "intimidación pública" a un joven de 21 años que, tras enterarse de que no le será otorgado el Ingreso Familiar de Emergencia preguntó en Twitter si seguía en pie "lo del saqueo".

Al conocer que no estaba entre los designados por Anses para cobrar el bono de $10.000 a trabajadores vulnerables, el joven de 21 años oriundo de la localidad bonaerense de Balcarce, de nombre Kevin, usó su cuenta de la red social Twitter para expresar: "Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo, ¿no?".

"Se trató de un hecho cometido el viernes 7 de abril, donde a raíz de un llamado que recibimos de parte de Gendarmería Nacional, de Capital Federal, donde habían detectado a través de ciberpatrullaje, que en una red social pública, una persona estaba incitando a cometer saqueos en la ciudad de Balcarce", manifestó el fiscal de Balcarce, Rodolfo Moure, en declaraciones a El Marplatense.

"A raíz de eso, se notificó a la persona identificada, que se encontraba incurso en el delito de intimidación pública y la idea de la fiscalía, logicamente es abortar cualquier intento de saqueo que pudieran haber intentado. Hasta el momento no se produjo ningún saqueo, mas allá de que también adoptamos medidas para evitar estos hechos", aseguró.

En referencia a como se lleva a cabo el ciberpatrullaje, Moure sostuvo que "lo que se está haciendo de parte de áreas especializadas de distintos organismos gubernamentales, es navegar en redes sociales que son públicas. Esto no significa que se metan en conversaciones privadas entre dos personas y esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo".

"Las denuncias por pedofilia o por otro tipo de delitos relacionados con el tráfico de personas o de prostitución infantil, generalmente se detectan a través de ciberpatrullaje. Por ejemplo hay intercambios de videos internacionales de pornografía infantil, donde muchas veces organizaciones como Missing Children, terminan denunciando este tipo de conductas y estos ciberpatrullajes sirven para prevenir delitos no solo relacionados a estos temas, sino también actos de terrorismo", destacó el fiscal.

Al ser consultado sobre que ocurre con las personas que realizan un retweet de este tipo de mensajes, Rodolfo Moure indicó que "lo que estamos adoptando es una postura de ir puntualmente contra quien publicó el mensaje o sugirió la idea, que es quien crea la situación de alarma social y de peligro común. Aquel que realiza un retweet de ese mensaje, penalmente tal vez no tenga responsabilidad, si es que no se comete el delito".

"El problema es que una persona genere esta idea y dos o tres personas digan que lo van a hacer y después sí, se va a investigar a todos los que reenviaron el mensaje para llegar a ellos. Se trata de amenazas muy peligrosas, porque tal vez la persona que lo dice, lo hace como chiste o de manera irónica por algún motivo y después cuatro o cinco que leyeron su amenaza, terminan concretándola y es en ese caso donde caen todos, porque son delitos que generalmente se cometen en masa", afirmó.

Al ser consultado por la pena de este tipo de delitos, el fiscal de Balcarce, señaló que "la intimidación pública tiene una pena de hasta 6 años de prisión, después se avanzará con la causa o no, hay que ver como termina todo esto. Veremos que es lo que pasa, si finalmente se produce o no el saqueo en este caso. Si se llega a concretar, porsupuesto que el delito se agrava".

"Lo importante es que la intimidación pública consiste en crear una situación de peligro común, incitar a un tumulto o desmán social como seria un saqueo y justamente es lo que se está haciendo en este caso, donde por redes sociales, se insta a otras personas a que cometan saqueos", concluyó el fiscal Rodolfo Moure.

A poco más de una semana de que se confirmara el robo del cadáver de un segundo bebé en Miramar, identificado como Liam Rodríguez, el fiscal Rodolfo Moure quedó a cargo de la investigación. "Estamos haciendo todo lo necesario para encontrar los cuerpos", dijo.

En diálogo con El Marplatense, la autoridad informó cómo continuará la investigación."Queremos darles a las familias una rápida respuesta, por eso hemos convocado a la DDI ( Dirección Distrital de Investigaciones), a la policía federal, y a otras fuerzas nacionales que puedan colaborar como nosotros", comentó. Por el momento, la causa ha incorporado "testimonios de interés" y está en etapa investigativa, de averiguación de ilícito.

"Ponemos todos los medios que tenemos, trabajando como si se tratara de uno de los delitos más graves del código penal, pese a que no está previsto como delito", continuó. En la actualidad, el robo de cadáveres sólo es punible si luego se pide un rescate. "Tenemos el Código Penal desactualizado, hay ciertos bienes que deberían ser amparados por la justicia penal para permitir que se intervenga y no se discuta si algo es delito o no", agregó.

Actualmente, la justicia participa del hecho porque se encuentra investigando "delitos conexos a la sustracción de cadáveres". "No vamos a abandonar a las familias", aseguró Moure. Si se autorizan más exhumaciones, serán llevadas a cabo por la municipalidad de General Alvarado, en compañía de la policía en caso de que se descubra otro hecho similar.

Sobre la principal hipótesis, que asegura que una secta estaría relacionada con el robo, el fiscal dijo que "es viable", porque no se ha pedido ningún rescate.  "Es la más probable, la más posible", siguió.

"Lo más importante es tratar de determinar qué mente enferma puede estar detrás de todo esto", concluyó.

Este lunes se llevó a cabo en el Concejo Deliberante una jornada por la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad Vial, en la que estuvieron presente familiares de víctimas como Verónica Borelli (madre de Lucía Bernaola) y también el fiscal Rodolfo Moure, quien dialogó con El Marplatense y destacó la importancia de esta reunión al manifestar que “es muy importante que hablemos de siniestralidad vial, porque significa que hay interés de los diferentes sectores de la población para trabajar en esto y tratar de reducirla. Han surgido ideas interesantes que serán transmitidas a aquellos que tienen poder de decisión”.

En referencia a una posible y práctica solución, Moure le apuntó a la policía: “para comenzar a solucionar esta problemática debe haber concientización y hacerle ver a la gente que las leyes están y se cumplen. Trabajamos en ello, desde el poder legislativo, pero si no hay alguien que haga cumplir las leyes, esto es un viva la pepa, que es lo que está pasando hoy en día. Debe ser la policía quien las haga cumplir”, sostuvo y amplió: “ya desde hace un mes hemos mantenido reuniones con la policía, tanto nacional como provincial para pedir su urgente intervención con un rol activo en el control del tránsito. Lamentablemente se sigue tratando el tema como una cuestión menor y que es delegable exclusivamente a las municipalidades, y los demás miran para otro lado. Desde la fiscalía pedimos que sea atacado como si se tratara de un delito de acción publica y la policía debe intervenir”.

 “Es una burla a mi hija muerta”

Por su parte, Verónica Borelli, también presente en la jornada de este lunes, expresó que “estoy enojada con la vida porque me sacaron mi vida, que es un hijo. La verdad que para llegar a algo tenemos que estar todos unidos. En este día tan importante, en esta reunión éramos 6 mamás y papás de víctimas, con 5 o 6 concejales. Acá está el desinterés que nos brinda el Estado, el desinterés de una muerte, pero nosotros vamos a seguir peleando desde el lugar más doloroso que hay, que es la pérdida en este caso de mi hija Lucía”.

Sobre la resolución de la justicia en el caso de su hija, subrayó que “nosotros apelamos prácticamente a los diez días de haber finalizado el juicio tan ridículo para Lucía. La realidad es que acá había un solo culpable que es Federico Sasso, quien fue condenado a 6 años de máxima. Nunca voy a estar conforme. Me parece que no poner como agravante un test de alcoholemia es una burla hacia mi hija muerta. Donar el auto de Federico Sasso a sus padres es una burla a mi hija muerta. Todo esto lo dictó un Tribunal, por lo tanto, tengo mucha fe que Casación va a rever la sentencia de este tribunal y va a haber novedades positivas para Lucía”.