La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Gobierno nacional avanzar con una serie de trabajos destinados a garantizar condiciones mínimas de seguridad en la Ruta Nacional N°3, específicamente en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.

La decisión surgió a partir de una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Azul. Los camaristas hicieron lugar al reclamo y revocaron una resolución anterior del Juzgado Federal N°2 de esa ciudad, que había rechazado el planteo.

De esta manera, el Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y Corredores Viales S.A. deberán implementar intervenciones para reducir los peligros existentes en ese sector del corredor.

Uno de los principales argumentos considerados por los magistrados fue la cantidad de episodios registrados recientemente. En apenas seis meses se contabilizaron 11 siniestros viales entre Azul y Cacharí.

A esto se sumaron informes de la Policía Federal Argentina que detectaron baches, hundimientos, huellas producidas por el tránsito y sectores con falta de señalización. Para la Cámara, estas condiciones representan un riesgo actual y concreto para quienes utilizan la ruta.

El fallo establece que el Gobierno deberá presentar ante el Juzgado Federal de Azul, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, un plan detallado de trabajo. Allí tendrá que especificar las prioridades, los responsables de las tareas, el cronograma y las medidas de contingencia.

Además, se fijó un plazo máximo de 120 días corridos para ejecutar las intervenciones, que permanecerán bajo control judicial. Durante ese período deberán presentarse informes mensuales para dar cuenta del avance de los trabajos.

Mientras se desarrollan las tareas, también deberán adoptarse medidas preventivas. La resolución contempla la colocación de carteles de advertencia y señalización, reducciones de velocidad, balizamiento y dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna.

También se ordenaron reparaciones provisorias y focalizadas en aquellos puntos considerados de mayor peligrosidad.

Los camaristas señalaron que el objetivo de la cautelar es actuar antes de que ocurran nuevos daños y recordaron jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que quienes tienen a su cargo servicios relacionados con la seguridad deben adoptar medidas razonables frente a riesgos previsibles.

Con la resolución, la administración nacional deberá intervenir sobre el tramo Azul-Cacharí y acreditar periódicamente ante la Justicia el cumplimiento de las medidas dispuestas.