Crece la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por la falta de fondos para el mantenimiento de rutas. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se movilizará este martes junto a intendentes al Palacio de Hacienda para reclamar por la suba de combustibles y la paralización de obras.

En paralelo, diputados nacionales de Fuerza Patria denunciaron una “retención indebida” de más de $1,1 billones que, por ley, deben destinarse al sistema vial. Se trata de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienen asignación específica para el arreglo de rutas.

Según detallaron, el monto retenido asciende a $1.165.491.000.000 y corresponde a fondos no ejecutados desde 2024. “Esta subejecución contrasta con el estado de abandono de amplios tramos de la red vial nacional”, advirtieron.

El reclamo cobra fuerza en medio de reiterados accidentes en rutas como la 3 y la 5, donde vecinos vienen denunciando el deterioro y la falta de obras.

En ese contexto, Katopodis también apuntó contra el aumento de los combustibles y pidió retrotraer los precios. “Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va al Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial”, cuestionó.

La movilización contará con el respaldo de más de cien intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, y busca visibilizar un reclamo que suma apoyos en distintos sectores políticos.

Fuente: Dib

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo en la licitación de rutas nacionales, con especial atención en la Ruta Nacional 226, uno de los principales corredores que conecta el interior con Mar del Plata. La presentación fue realizada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ante el Ministerio de Economía de la Nación.

El proceso contempla la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas, entre ellas la 226, la Ruta Nacional 3, la 205 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Se trata de vías estratégicas para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad regional, con impacto directo en la economía bonaerense y en miles de usuarios que las transitan a diario.

Desde la Provincia denunciaron irregularidades en el desarrollo de la licitación, como cambios en los pliegos y la incorporación de nuevas exigencias técnicas y económicas en plazos acotados. Según indicaron, estas modificaciones podrían haber afectado la igualdad de condiciones entre los oferentes y la previsibilidad del proceso.

En este contexto, se advirtió sobre posibles criterios arbitrarios en la evaluación de las propuestas, lo que podría derivar en decisiones cuestionadas. Por ese motivo, se solicitó la designación de veedores que supervisen el procedimiento antes de que se definan etapas clave, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad.

Finalmente, desde el Gobierno bonaerense remarcaron que lo que está en juego es la gestión de corredores fundamentales como la Ruta 226, la 3 y la 205, claves para la seguridad vial, el desarrollo productivo y la conexión de distintas regiones de la provincia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó durante enero un total de 537.019 vehículos en rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, y sancionó a 12.474 conductores por distintas infracciones, con especial foco en la detección de alcoholemia positiva como una de las principales causas de siniestros viales graves.

El dato más relevante de los controles fue la detección de 2002 conductores que manejaban con alcohol en sangre. Además, se registraron 2453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Los operativos se realizan diariamente en 39 puntos estratégicos del país, de manera coordinada con provincias y municipios, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

En ese marco, se destacó una intervención realizada durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, donde agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad.

Con apoyo policial se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel considerado extremadamente alto. La intervención permitió evitar una situación de riesgo extremo y una posible tragedia.

El informe mensual de la ANSV también indicó que la alcoholemia más alta registrada en enero fue de 3,05 g/l en la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.

El Gobierno nacional firmó los contratos de concesión de 741 kilómetros de rutas estratégicas del país, que desde esta semana quedaron en manos de empresas privadas. La medida forma parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones e incluye corredores clave del Mercosur y el Puente Rosario–Victoria, con impacto directo en el transporte, la logística y los costos de circulación.

El dato central es que dos concesionarias comenzarán a administrar, explotar y mantener seis trazas nacionales, entre ellas las rutas 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria (RN 174). La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. se hará cargo del Tramo Oriental, rebautizado como Autovía del Mercosur, mientras que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) gestionará el Tramo Conexión, denominado Conexión Alto Delta.

Las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y conforman un corredor estratégico para el comercio regional con Brasil y Uruguay. Según destacó el Ejecutivo, estas vías conectan pasos fronterizos, zonas productivas y puertos clave del Gran Rosario, por lo que se espera que la nueva gestión privada potencie las exportaciones y mejore la infraestructura logística.

Como cierre, desde el área económica remarcaron que el nuevo esquema no contará con subsidios estatales, a diferencia del sistema anterior, considerado deficitario. Además, se estableció un esquema de peajes 100% electrónicos, con tarifas iniciales de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, una decisión que vuelve a poner en debate el impacto de las privatizaciones en los costos para los usuarios y el rol del Estado en la gestión vial.

Fuente: Dib

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que avanza hacia la privatización de casi 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En esta fase se licitarán cerca de 1.900 kilómetros, muchos de ellos ubicados en territorio bonaerense, como las rutas 3, 5, 226 y 205.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025 publicada en el Boletín Oficial. El proceso apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de corredores viales estratégicos, en su mayoría utilizados tanto por vecinos como por el transporte de producción agropecuaria.

Qué tramos serán concesionados

La Etapa II se divide en dos grandes corredores:

• Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325 km)Incluye:

Ruta Nacional 3 (615 km)

Ruta Nacional 205 (254 km)

Ruta 206

Autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas

Ruta Nacional 226 (404 km)

• Tramo Pampa (547 km)Comprende la Ruta Nacional 5 entre Luján (km 65) y Santa Rosa, La Pampa. Beneficia a localidades como Alberti, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.

En total, 1.872 kilómetros pasarán a gestión privada bajo este esquema, que no contempla subsidios estatales. La supervisión seguirá a cargo de Vialidad Nacional, responsable del control de los contratos actuales y futuros.

Avanza el nuevo esquema vial

El anuncio se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I de la RFC, que abarca 741 kilómetros en los tramos Oriental (rutas 12 y 14) y Conexión (accesos y puente Rosario–Victoria). Ese proceso debía comenzar en diciembre, pero la crisis económica había demorado los plazos.

El Gobierno sostiene que la concesión permitirá mejorar la infraestructura sin aportes públicos. Sin embargo, vecinos, productores y transportistas advierten desde hace años el deterioro de numerosos corredores y reclaman inversiones urgentes ante el aumento de siniestros viales.

Un modelo que tiene antecedentes

La iniciativa retoma un esquema similar al de los años 90, durante la gestión de Carlos Menem, cuando se privatizaron unos 8.000 kilómetros mediante peajes destinados al mantenimiento. Ese sistema fue modificado al año siguiente y nuevamente en 2003 debido al malestar de los usuarios por los escasos beneficios obtenidos.

Con esta nueva etapa, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar sobre los tramos que concentran el 80% del tránsito nacional, en un contexto marcado por la paralización generalizada de la obra pública y las crecientes quejas por el estado de las rutas.

El Gobierno nacional se prepara para publicar en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para concesionar más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias clave. 

Esta iniciativa forma parte de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, y contempla ocho tramos estratégicos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, con obras obligatorias de rehabilitación, mantenimiento y mejoras estructurales.

La licitación, que se oficializará por Boletín Oficial esta semana o la próxima, busca profundizar el modelo de gestión privada de la red vial nacional, desligando al Estado del mantenimiento directo. 

La propuesta incluye obligaciones de inversión, estándares de servicio y seguridad, así como la implementación del sistema Free Flow, que eliminará barreras de peaje físicas hacia 2027.

Esta etapa se lanza bajo el Decreto 97/2025, que habilita la privatización de estos corredores y la liquidación de Corredores Viales S.A., en línea con la política del gobierno de Javier Milei de reestructurar la obra pública hacia un esquema concesionado. El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.

En paralelo, continúa suspendido el Decreto 461/2025, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad, por decisión de la jueza federal Martina Forns. Pese a ello, el Ejecutivo reafirma su plan de centralizar funciones en Transporte y avanzar hacia un esquema basado en la planificación, supervisión y administración de contratos, sin intervención directa en la ejecución de obras.

Fuente: Infobae

Desde el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (CONADUV) un recurso de amparo con medida cautelar relacionado con los corredores viales concesionados bajo el régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.

La presentación, que llega con la firma de Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, integrante del CONADUV, tiene como finalidad solicitar la eliminación definitiva de las estaciones de peaje y sus respectivas casillas de cobro existentes en los distintos corredores viales nacionales concesionados.

Según fundamenta el texto, que cayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a cargo del Juez Hernán Sergio Viri, estas rutas son “caminos del dominio público abonados con creces con impuestos, sin caminos alternativos libres de pago y por la doble imposición a partir del Impuesto a los Combustibles”.

“El mayor objetivo es resguardar a los usuarios viales directos e indirectos de los abusos que sufrimos con un sistema de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, antieconómico e inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito, generando serios perjuicios sociales y económicos que afectan al usuario vial a toda la sociedad en su conjunto”, indicó Cadoppi.

Además agregó que “se presentó un amparo contra el sistema de peaje que se pretende seguir implementando, por ser groseramente inconstitucional e inconvencional con relación al contrato de concesión de las rutas concesionadas, incluyendo todos los derechos reglamentarios dictados en consecuencia por resultar contrarios a los derechos contemplados en la Constitución Nacional, los tratados Internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes”.

Por su parte, desde el CONADUV se reitera la necesidad de implementar un “verdadero” Proyecto Vial, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno y a los legisladores, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles para el objeto que le dio origen.

“De esta manera se puede lograr el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino garantizando condiciones óptimas de transitabilidad, ‘sin barreras’ y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales”, señala el comunicado.