El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Julián Villarreal, advirtió sobre la crítica situación salarial que atraviesan miles de trabajadores del sector y confirmó una nueva jornada de protesta para este miércoles 15.

En diálogo con El Marplatense, el dirigente explicó que alrededor de 6.000 empleados judiciales en toda la provincia de Buenos Aires —cientos de ellos en Mar del Plata— se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

“La medida busca visibilizar el descontento por la situación de compañeros y compañeras que están cobrando entre 750 mil y un millón de pesos, salarios que no alcanzan ni para cubrir necesidades básicas como alimentos o servicios”, sostuvo Villarreal.

El conflicto se desató tras el incumplimiento de un acuerdo paritario que contemplaba la creación, durante el primer trimestre de 2026, de un ítem de bonificación por antigüedad destinado a los trabajadores con ingresos más bajos. Según explicó el titular de la AJB, esta suma no resolvía de fondo el problema, pero representaba un alivio ante un escenario que calificó como “desesperante”.

Sin embargo, el dirigente denunció que la Suprema Corte de Justicia bonaerense no avanzó con la firma de la acordada necesaria para implementar esa mejora. “El Poder Ejecutivo había informado que la partida presupuestaria estaba disponible, pero la Corte no cumplió con el acuerdo”, afirmó.

En ese sentido, Villarreal señaló que el máximo tribunal habría condicionado la firma a la incorporación de una partida adicional destinada a sectores con mayor antigüedad, incluyendo cargos con salarios significativamente más altos. “Plantearon que si no se contemplaba esa masa presupuestaria, no firmaban. Y así dejaron sin respuesta a quienes están en una situación más crítica”, cuestionó. 

Ante este escenario, desde la AJB ratificaron el plan de lucha y convocaron a una nueva jornada de protesta y visibilización en distintos puntos de la provincia, en reclamo de una solución urgente.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar en la Argentina urbana creció en todos los deciles de la población, superando la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, lo que implicó una “mejora real” en la capacidad de compra de los hogares.

El crecimiento de los ingresos fue progresivo, con mayores incrementos en los estratos más bajos. El segundo decil registró la mayor variación real (+43,3%), seguido por el tercero (+37,0%), mientras que los deciles medios, del quinto al octavo, crecieron entre 30,8% y 32,3%. El decil más alto presentó el menor incremento (+29,9%), configurando un patrón distributivo favorable.

Este comportamiento se reflejó, según el informe del INDEC, en una reducción de la desigualdad. El coeficiente de Gini descendió de 0,435 en el cuarto trimestre de 2023 a 0,427 en el mismo período de 2025, evidenciando una leve compresión de las diferencias de ingresos.

No obstante, la estructura distributiva se mantuvo concentrada. La brecha entre las medianas del decil más alto y el más bajo se sostuvo en 13 veces en ambos períodos, lo que indica que las mejoras, si bien significativas, no modificaron de manera sustancial la desigualdad estructural.

El informe concluye además que el incremento más acelerado de los ingresos en los sectores de menores recursos resulta consistente con la caída de los niveles de pobreza observada durante el período, aunque los especialistas advierten que la reducción de la desigualdad requiere continuidad en el tiempo para consolidar cambios estructurales.

La provincia de Buenos Aires reabrió las negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales, mediante reuniones virtuales, y ofreció un incremento salarial del 2% sobre los sueldos de enero. La propuesta fue rechazada por los sindicatos y las partes pasaron a un cuarto intermedio.

El ofrecimiento se realizó luego del acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la paritaria de 2025. Sin embargo, los representantes gremiales consideraron que el aumento no resulta suficiente frente a la inflación y reiteraron su reclamo de una recomposición acorde a la evolución de los precios.

En primer término, los docentes mantuvieron un encuentro virtual con funcionarios provinciales y, posteriormente, lo hicieron los trabajadores comprendidos en la Ley N°10.430. Ambos sectores recibieron la misma propuesta y una promesa oficial de retomar la discusión en marzo, aunque la respuesta fue negativa en los dos casos.

La administración de la provincia busca cerrar un acuerdo especialmente con los docentes para garantizar un inicio de clases sin conflicto. En ese marco, el Gobierno había decidido reabrir la negociación con la intención de que la mejora salarial correspondiente a febrero se cobre en los primeros días de marzo.

Desde los gremios también plantearon la necesidad de establecer reuniones paritarias bimestrales debido a la aceleración inflacionaria. Tanto docentes como estatales calificaron la oferta como “insuficiente” y anticiparon que continuarán las negociaciones.

En la previa del encuentro, fuentes sindicales habían señalado que el objetivo era evitar que los salarios de febrero pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y recuperar los puntos perdidos durante el año pasado. También se había mencionado que el Gobierno evaluaba presentar una propuesta en dos tramos, uno correspondiente a febrero y otro previsto para abril.

Fuente: con información de DIB

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que los salarios del sector público y privado registrados aumentaron 1,8% en noviembre de 2025 en Argentina, quedaron por debajo de la inflación mensual del 2,5% y acumularon así el tercer mes consecutivo de pérdida frente al aumento de precios.

De acuerdo con el organismo oficial, la evolución de los ingresos se explicó por un incremento del 2,1% en los salarios del sector privado registrado, del 1,2% en el sector público y del 1,7% en el sector privado informal.

Según el informe, los salarios promedio del sector registrado acumularon una suba del 26,2%. Sin embargo, en el período enero-noviembre los ingresos quedaron por debajo de la inflación acumulada del mismo lapso, que alcanzó el 27,9%.

En el caso de los trabajadores estatales, el aumento de noviembre se ubicó 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En términos interanuales, los salarios del sector público registraron una suba del 29,8%.

El INDEC recordó que el Índice de Salarios mide la evolución de los ingresos pagados en la economía aislando variables como cantidad de horas trabajadas, ausentismo, premios por productividad y otros conceptos asociados al desempeño individual.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) INDEC denunció el deterioro de los salarios y de las condiciones laborales en el sector público y acusó al Gobierno nacional de aplicar un ajuste “deliberado y premeditado” sobre los ingresos.

Desde el gremio señalaron que en diciembre de 2025 un trabajador necesitó un salario de bolsillo de $2.136.860 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar. Ese monto se integra por una canasta alimentaria básica de $729.753 y otros $1.407.107 destinados a bienes y servicios esenciales.

En cuanto a las perspectivas para 2026, el informe anual indicó que, si bien la inflación de 2025 fue del 31,5% -la más baja de los últimos ocho años-, el Gobierno nacional manifestó preocupación por la aceleración registrada en los últimos meses, cuando pasó del 1,9% en julio al 2,8% en diciembre.

Un relevamiento del Banco Central que reunió proyecciones de 44 consultores, bancos y centros de investigación estimó que la inflación de enero volverá a ubicarse por encima del 2% y que recién en junio podría descender hasta el 1,5%.

El Gobierno nacional proyecta que la inflación perforará el 1% a partir del segundo semestre de 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó el presidente en una reciente entrevista.

Por su parte, el Banco Provincia anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se mantendrá por encima del 2% durante el primer semestre, impulsado por el aumento del impuesto a los combustibles y la actualización de las tarifas de servicios públicos. “La recuperación parcial del poder adquisitivo perdido en la segunda parte de 2025 podría sumar tensión por el lado de los salarios y de los servicios privados”, indicó el informe.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar

El arranque de las paritarias 2026 se da en un clima de creciente conflictividad. Tras conocerse el último dato del INDEC, que confirmó un repunte inflacionario por cuarto mes consecutivo, distintos gremios rechazaron propuestas de aumentos que consideran insuficientes y advirtieron que no aceptarán subas por debajo de la evolución de los precios.

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos estatales, docentes y judiciales rechazaron la oferta del 1,5% para enero presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Desde ATE, SUTEBA y la AJB coincidieron en que la propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada del salario real durante 2025 y exigieron una recomposición previa antes de discutir el nuevo año.

“El salario quedó muy retrasado y es necesario un esfuerzo concreto para recuperar el poder adquisitivo”, sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo. En la misma línea, desde SUTEBA remarcaron que la discusión debe contemplar no solo la inflación futura, sino también lo perdido en el último año.

La tensión también se trasladó al sector del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó un aumento del 1% propuesto por las cámaras empresarias de colectivos del AMBA y declaró el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar en un plan de lucha si no hay una mejora en la oferta. El Gobierno convocó a una nueva audiencia para esta semana con el objetivo de evitar un paro.

Desde las empresas, las cámaras del sector advirtieron sobre la “extrema fragilidad financiera” del sistema y señalaron el atraso en los costos y en el pago de subsidios. El gremio, en cambio, respondió que no aceptará precarización ni demoras en el cobro de los salarios.

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició medidas de fuerza en distintas plantas del país al denunciar que varias empresas no están pagando los aumentos ya acordados. El sindicato apuntó contra la falta de homologación de acuerdos salariales por parte de la Secretaría de Trabajo.

El trasfondo del conflicto es claro: la mayoría de los grandes gremios cerró 2025 con pérdida de poder adquisitivo. Solo algunos sectores, como Smata, estacioneros y Camioneros, lograron terminar el año con salarios levemente por encima de la inflación, en muchos casos recién hacia el último tramo del año y mediante sumas fijas no remunerativas.

Con este escenario, el inicio de 2026 aparece marcado por una pulseada salarial que promete profundizarse, en un contexto donde la inflación no logra perforar el piso del 2% mensual y los sindicatos buscan recuperar terreno perdido tras un año de ajustes.

Fuente: TN

A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata expresó su “profunda preocupación ante el deterioro sostenido de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del transporte en todo el país”.

“Esta situación no es producto del azar, sino consecuencia directa de una política económica que prioriza el ajuste y la especulación por encima del trabajo digno”, señalaron. Y agregaron: “Cada día, compañeros del transporte se ven obligados a abandonar su oficio por no poder sostener sus hogares”.

En el comunicado de la UTA se destaca que “un trabajador que se levanta a las 04:00 y no llega a fin de mes es el rostro de una injusticia estructural que no podemos tolerar”. A la vez que señalaron que “los aumentos salariales pactados no alcanzan a cubrir la inflación acumulada, que entre enero y septiembre de 2025 fue del 21,97%, mientras que la interanual supera el 31,8%”.

“¿Qué modelo de país se construye sobre el empobrecimiento de quienes lo sostienen con su trabajo cotidiano?”, se presentaron desde UTA y señalaron que suman en los reclamos “a las autoridades gremiales nacionales que asuman su rol con firmeza, transparencia y compromiso”.

“No alcanza con declaraciones generales ni con acuerdos que no reflejan la realidad de nuestros afiliados”, agregaron. En ese sentido exigen “que se escuche la voz de las bases, que se convoque a instancias democráticas de deliberación, y que se defienda con decisión el salario, las condiciones laborales y la dignidad de cada trabajador del transporte”.

Ante esto, convocaron a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas comprometidas con el salario digno a sumarse a este reclamo. “La dignidad del trabajo no se negocia. El transporte público no puede sostenerse sobre la precarización de quienes lo hacen posible”, concluyeron.

Los gremios APPAMIA, SUTEPA, ATE-PAMI y UTI, que conforman el frente sindical del PAMI, resolvieron profundizar su plan de lucha tras rechazar la última propuesta salarial por considerarla “irrisoria y lejos de cubrir las necesidades básicas” del personal.

En ese marco, convocaron a una concentración este jueves a las 12 del mediodía en las puertas del PAMI de Mar del Plata, en simultáneo con otras protestas que se realizarán en todo el país. La medida se enmarca dentro de una serie de acciones escalonadas que incluyeron asambleas y ceses de actividades durante toda la semana.

Lo que las autoridades del organismo les ofrecieron a los trabajadores en la última reunión paritaria, realizada el 21 de octubre, fue de apenas un 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre. 

En diálogo con El Marplatense, Jorge Acedo, delegado e integrante de la comisión directiva sindical del PAMI, explicó los motivos del reclamo y el malestar que atraviesan los trabajadores: “Veníamos haciendo medidas más cortas, que habían tenido algo de efecto, pero la verdad es que ahora nos ofrecen menos del 3% después de un año sin aumentos, cuando todo subió más del 200%. Lo tomamos como una cargada.”

El dirigente también cuestionó la falta de transparencia en la negociación y la ausencia de un acta formal de paritarias: “La irregularidad es muy grande. Lo hicieron por Zoom, sin un acta donde los gremios podamos expresar nuestros pedidos".

Acedo adelanto que el reclamo solo es el inicio del repudio al destrato por parte de las instituciones: “La próxima semana se reunirá nuevamente la Intersindical para definir cómo seguir si no hay respuestas del Instituto.”

Desde el frente gremial anunciaron que continuarán las asambleas y no descartan nuevas medidas si no hay respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales. “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, concluye el comunicado difundido por los representantes sindicales.

Según un relevamiento realizado en la provincia de Buenos Aires, se necesitan 65 salarios formales para poder adquirir una vivienda tipo. Estos datos -que incluyen información sobre los tipos de inmuebles comercializados, tendencias, alquileres, tenencia de la vivienda y accesibilidad, entre otros- surgen de un estudio elaborado y dado a conocer recientemente por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) junto al Instituto de Política y Gobierno (IPG) de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

A través de un convenio estratégico entre ambas instituciones, se estableció como objetivo generar indicadores de alta frecuencia que permitan monitorear el mercado inmobiliario, comprender sus tendencias y brindar herramientas a los profesionales para la toma de decisiones estratégicas fundamentadas.

Algunos de los aspectos relevados fueron: tipo de inmueble, cantidad de operaciones de compraventa, valor promedio de las operaciones, inmuebles en alquiler y valor promedio de los alquileres. Los datos se obtuvieron mediante encuestas a inmobiliarias pertenecientes a los 20 colegios departamentales judiciales de la Provincia, además de fuentes complementarias como INDEC, BCRA, AFIP y ARBA.

El relevamiento estadístico -correspondiente al primer semestre de 2025- arrojó que el 65% de las operaciones de compraventa corresponde a casas y departamentos, aunque se observa un incremento en la participación de terrenos. En otras palabras, dos de cada tres operaciones involucran viviendas, mientras que el interés por los terrenos crece hasta alcanzar el 21% del total. Este dato confirma que el mercado continúa siendo predominantemente residencial, con una demanda que se reorienta hacia nuevas urbanizaciones y loteos en zonas intermedias y del interior provincial.

En materia de accesibilidad, en el territorio bonaerense se requieren 65 salarios formales para adquirir una vivienda tipo de dos dormitorios, considerando que el salario promedio formal en julio de 2025 fue de $1.524.216. Este indicador -equivalente a más de cinco años completos de ingresos- evidencia las dificultades que enfrenta la población para acceder a la vivienda propia.

En cuanto a los alquileres, estos son liderados por los departamentos, seguidos por las casas. Los alquileres temporarios muestran una fuerte presencia en los departamentos judiciales costeros de la provincia. El valor promedio equivale al 36% del salario formal, lo que ubica a gran parte de los inquilinos en el límite del umbral de asequibilidad recomendado internacionalmente.

El estudio también permitió establecer marcadas diferencias territoriales derivadas de una alta heterogeneidad regional.

Por ejemplo:•    Conurbano bonaerense y AMBA: urbanización e industria.•    Interior: base agropecuaria y agroindustrial, con ciudades intermedias estratégicas.•    Costa y puertos: economías mixtas basadas en turismo, pesca y polos energéticos.

El informe completo identifica que el mercado inmobiliario provincial se consolida como un sector en crecimiento, aunque enfrenta desafíos vinculados a la accesibilidad y el financiamiento habitacional. En cuanto a la tendencia, desde el segundo semestre de 2024 se registra un aumento en la cantidad de escrituras y del crédito hipotecario, con plazos más largos y mayor participación en las operaciones.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, destacó “el gran trabajo realizado por la UNNOBA”, y valoró el compromiso de los martilleros y corredores públicos matriculados en los 20 colegios departamentales bonaerenses, quienes aportan regularmente los datos necesarios para la confección de estos índices.

Colao adelantó que se darán a conocer estadísticas inmobiliarias de manera semestral, y afirmó que “serán, sin lugar a dudas, una herramienta que brinde certezas a los profesionales del sector para tomar decisiones. Hasta ahora solo se conocían estadísticas sesgadas por su centralidad en CABA. Estos indicadores permitirán contar con datos provinciales y regionales de gran utilidad para el sector”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los empleados del PAMI llevan desde octubre de 2024 sin paritarias, en un contexto de inflación que supera el 400% en los últimos dos años. Según el comunicado difundido, la pérdida salarial acumulada ronda el 45% y para recuperar el poder adquisitivo de 2023 sería necesario un incremento inmediato del 60%.

“Necesitamos un aumento del 60% para volver a tener el nivel adquisitivo del 2023”, advirtieron desde la organización, donde remarcan que la situación obligó a muchos trabajadores a sumar changas o empleos informales para sobrevivir. Algunos manejan vehículos de traslado como Uber, otros realizan tareas domésticas o venden productos por redes sociales, mientras se multiplican los adelantos de haberes y el endeudamiento con tarjetas de crédito, de acuerdo a la denuncia.

El gremio también cuestionó las condiciones laborales dentro del PAMI, que calificaron como “sobreexigidas y desprofesionalizadas”, sin carrera administrativa ni posibilidad de ascenso. Además, señalaron que los gobiernos de turno utilizan el organismo con fines políticos: “Pagan con cargos que corresponden al personal de planta a sus militantes”, criticaron.

Ante este panorama, se conformó una mesa intersindical integrada por ATE, SUTEPA y UTI para impulsar un reclamo que va más allá de lo salarial. “Pedimos dignidad, reconocimiento y condiciones de trabajo humanas. El PAMI funciona gracias al sacrificio invisible de sus trabajadores, y ese sacrificio ya no puede sostenerse más”, expresaron.

El comunicado concluye con un mensaje directo a las autoridades nacionales: “No alcanza solo con paritarias, no alcanza solo con aumentos, necesitamos de manera urgente recomposición salarial ya”.

En medio del debate por la emergencia en discapacidad, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) denunciaron que la situación de las escuelas especiales es crítica. Con un retraso en sus aranceles del 73% respecto de la inflación, reconocieron que hay demoras en el pago de los salarios y que se reducen los servicios que brindan a sus alumnos.

Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPA, señaló que la educación especial no escapa a la situación de emergencia, principalmente debido a la falta de actualización de los aranceles de las escuelas especiales, aunque reconoció que es un problema de arrastre: “Aunque el desfasaje actual entre las cuotas de las escuelas especiales y la inflación alcanza aproximadamente un 73%, este problema no es nuevo, ya que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores”.

A raíz de esto, explicó la especialista en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, las escuelas especiales enfrentan serias dificultades para mantener la calidad de sus servicios, ya que “se encuentran con dificultades para el pago de los sueldos, para la prestación de los servicios de calidad. No porque no presten servicios de calidad sino porque los deben reducir en general”.

Giorgi también hizo hincapié en el impacto que esta situación tiene en los estudiantes con discapacidad. Explicó que, “muy por el contrario a lo que se puede pretender, intentamos motivar y estimular permanentemente a los niños con discapacidad. La escuela, más allá del del servicio base que ofrece, trata de presentar nuevos estímulos y nuevas ofertas para que estos niños tengan la mayor cantidad de oportunidades”.

Sin embargo, consideró la directiva, los talleres y actividades adicionales que enriquecen la experiencia educativa se ven limitados, ya que “todos esos talleres que se pueden ofrecer en las escuelas especiales se ven afectados justamente porque los costos son enormes”.

Además, resaltó que el presupuesto de estas instituciones está mayormente destinado a los salarios del personal, ya que “el 80% de lo que se gasta en las escuelas especiales es sueldo y es la prioridad que nosotros tenemos a la hora de cancelar deudas. Pero luego la institución se queda como en la cuerda floja para todo lo demás”.

Más allá de esta situación, Giorgi subrayó la particularidad de estas instituciones. “Las escuelas especiales tenemos un gran número de profesionales al servicio de los chicos en proporción a la cantidad de chicos que acompañamos; es decir, son números reducidos de grupos de trabajo dentro de las escuelas las especiales”. 

En ese sentido, detalló que a diferencia de las escuelas de barrio, las escuelas especiales no están al alcance inmediato de las familias, ya que “los chicos con discapacidad no tienen una escuela especial a la vuelta de la casa. En general recorren kilómetros para poder llegar a estas instituciones”. Además, enfatizó que los servicios ofrecidos están diseñados considerando la singularidad de cada estudiante, ya que “hay escuelas que tienen una caracterización donde atienden niños con alguna problemática en especial”.

La especialista destacó, no obstante, la fortaleza del vínculo que se establece en estas instituciones y señaló que esto se debe a la presencia de un equipo interdisciplinario que incluye “docentes educación especial, con gente como psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Todos ellos arman, construyen una red de labor entre todos, pero al mismo tiempo con las familias”.

En ese sentido, concluyó que “las familias se sienten acompañadas, sienten que son parte de la institución. Y la confianza, el respeto que se maneja con ellos hace que el vínculo sea fuerte. También que los niños no sean un número, sino que realmente sean un niño con nombre y apellido, con una característica, con una singularidad y con una historia de familia que es entendida y es acompañada desde la escuela especial”.

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se pronunció durante la marcha de los trabajadores del Hospital Garrahan, realizada en Buenos Aires en reclamo por mejoras salariales. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó: “Vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido”. 

Además, destacó que las partidas presupuestarias del hospital han aumentado “124 puntos por encima de la inflación”.

En su declaración, el ministro subrayó que los problemas del Garrahan no se limitan a la falta de recursos, sino que también involucran cuestiones de gestión y eficiencia. “Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud”, expresó en X. 

Según Lugones, la situación del hospital ha mejorado desde la asunción del presidente Javier Milei, contrastando con el supuesto recorte de “75 puntos por debajo de la inflación” durante la gestión anterior.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene como objetivo incrementar los salarios del personal sanitario utilizando ahorros generados por “procesos de eficiencia”. Fuentes oficiales informaron que se priorizarán los fondos provenientes de la renovación de tres licitaciones en seguridad, salud y limpieza previstas para este año. 

“Lo que se conserve de eso va a estar destinado a subir el salario de los médicos”, señaló una fuente del Ministerio, enfatizando que el aumento se realizará con “fondos propios” para proteger el equilibrio fiscal. Sin embargo, se aclaró que este “se va a hacer, pero no es inmediato”.

Por su parte, durante la marcha, el Hospital Garrahan emitió un comunicado en su cuenta oficial de X destacando la realización de cinco intervenciones de alta complejidad en simultáneo.

“Los médicos y el personal de salud tienen que hacer lo que saben hacer mejor que nadie: salvar vidas”, concluyó Lugones en su mensaje.

Entre ellas, se incluyeron una donación hepática de una madre a su bebé, transmitida en vivo durante el Curso Internacional de Trasplante Pediátrico; dos neurointervenciones por malformaciones arteriovenosas cerebrales congénitas, una condición grave que requiere abordaje especializado; y la primera etapa de una cirugía espinal compleja por escoliosis sindrómica en un niño derivado desde su provincia.

Fuente: con información de TN

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, aseguró que “el mundo sindical es el que se está enfrentando decididamente de forma colectiva a Milei”, en el marco de un análisis crítico sobre la situación política, económica y social que atraviesan los trabajadores.

Al trazar un panorama general, Bianchi sostuvo que “la justicia social en Argentina no es un pecado, sino un objetivo supremo de las organizaciones colectivas”, y planteó que para explicar el presente del país bastaría con “llevar a un extranjero a la marcha de los jubilados o al Hospital Garrahan para mostrar cómo se desprotege la vida de los niños y la importancia de los sindicatos”.

Respecto del rumbo nacional, advirtió que el oficialismo ejerce “una sociedad de mercado basada en el autoritarismo, no en la democracia”, y que “el discurso violento acentúa el autoritarismo no solo desde lo discursivo, sino también desde sus acciones legislativas, ejecutivas y policiales”.

También cuestionó el relato presidencial de lucha contra “la casta”. Aseguró que “nada de lo que hace Milei es nuevo. Lo único distinto es la forma de comunicarlo. La gente ya se dio cuenta de que la casta es la mayoría del pueblo argentino”.

En cuanto al rol de las organizaciones gremiales, el titular del SECZA afirmó que “la acción sindical debe incorporar la comunicación como forma de lucha”, ya que “el conflicto no ocurre solo en la calle o el lugar de trabajo, sino también en el celular de cada trabajador”. Propuso avanzar hacia un “sindicato 4.0” capaz de informar, canalizar reclamos y promover derechos desde lo digital.

Bianchi denunció además que el Gobierno “interviene en todos los niveles salariales para disciplinar a los trabajadores”, desde el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta las jubilaciones, salarios estatales y convenios colectivos. “Incluso cuando hay acuerdos entre Comercio y las patronales, el Ministerio de Trabajo se niega a homologarlos. Es una forma de controlar el ingreso y romper la negociación colectiva”, criticó.

Finalmente, enfatizó que “el movimiento sindical es hoy el principal obstáculo para un modelo que busca desarticular derechos y avanzar sobre los sectores más vulnerables”.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Resolución N° 0220/25 de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, ha aprobado un aumento salarial del 1,5% para todos los agentes municipales de la Administración Central y Entes Descentralizados. 

La medida, publicada en el Boletín Oficial N° 788 con fecha 17 de junio de 2025, ajusta las escalas salariales y el Fondo Compensador del personal, incluyendo entes clave como el Emder (Ente Municipal de Deportes y Recreación), Emtur (Ente Municipal de Turismo y Cultura), Emvial (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) y el EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos).

Este anuncio se da en un escenario particular de la relación entre el gobierno local y el personal municipal. Recientemente, el Decreto N° 1356/25 delegó a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda la facultad de aplicar descuentos salariales por inasistencias injustificadas derivadas de "medidas de fuerza, paros, movilizaciones u otro tipo de manifestaciones" hasta el 31 de diciembre de 2025.

De hecho, la Resolución N° 0221/25 ya aplica esta política de descuentos, estableciendo que las ausencias del pasado 18 de junio de 2025, motivadas por el "paro y movilización" convocado ese día, serán objeto de las deducciones salariales correspondientes.

La medida, si bien representa una mejora en los ingresos, podría ser percibida como insuficiente en un contexto inflacionario, mientras que la política de descuentos por paros reafirma la posición municipal de no abonar días no trabajados bajo estas circunstancias.

En el último año, los trabajadores asalariados en la Argentina mostraron cierta mejora en su poder adquisitivo sobre algunos productos de la canasta básica, como la yerba, el aceite, la leche, el huevo y el pan.

Así lo indicó el último informe realizado por Coninagro, titulado “Del Sueldo al Plato”, que analiza la evolución del salario promedio medido por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la capacidad de compra de ese ingreso sobre bienes alimenticios.

El salario medido por RIPTE ganó poder de compra frente a seis alimentos básicos que monitorea Coninagro, los cuales son aceite de girasol, yerba mate, leche, asado, huevo y pan.

En el caso del aceite de girasol, se pudo adquirir un 49% más de botellas de 1,5 litros en comparación con marzo de 2024, y en cuanto a la yerba mate, un 72% más de paquetes en relación con el año previo.

En tanto, fue posible comprar un 57% más de sachets de leche de un litro y 18 kilos más de asado, es decir un 16,4%. Además, un salario promedio permitió hacerse de un 33% más de huevos y un 28% más de kilos de pan.

Entre marzo de 2024 y el último marzo, los salarios aumentaron un 93%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 56%. Este crecimiento permitió una recuperación de esos ingresos. “El salario promedio pasó de $1.131.211 en marzo de 2024 a $1.401.427 en marzo de 2025″, destacó el relevamiento.

Sin embargo, esta situación empezó a generar “una dificultad para la rentabilidad de los productores agropecuarios” que enfrentan dificultades debido al rezago en los precios de los alimentos. En productos como la yerba mate, los costos aumentaron más que los precios, afectando su rentabilidad.

Esta situación se replica en varias economías regionales que abastecen el mercado interno. Por ejemplo, en el último año la cebolla perdió el 51,6% de su valor real; la naranja, el 48,5%; el arroz, el 48,1%; el azúcar, el 35,6%; y la harina, el 30,1%.

El escenario plantea un desafío para equilibrar el poder adquisitivo de los consumidores con la sostenibilidad económica de los productores, quienes ven cómo sus márgenes se reducen en un contexto de costos crecientes.

Fuente: TN

Durante este martes, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se verá afectada por un paro total de actividades convocado por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM).

La medida, que incluye la suspensión de clases y tareas administrativas, forma parte de una semana de protesta nacional en reclamo de salarios dignos y paritarias libres, impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

El paro de hoy es la continuidad de las acciones iniciadas ayer, cuando se realizaron clases públicas en el Complejo Universitario, ubicado en Funes y Roca, con el objetivo de visibilizar el deterioro salarial del sector y exigir al Gobierno nacional una recomposición urgente del poder adquisitivo.

De acuerdo a Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, durante todo el 2024 perdieron "más de 30 puntos de poder adquisitivo y la inflación, al igual que en los primeros cuatro meses de este año, fue muchísimo más alta que los incrementos que recibimos”.

La protesta cuenta también con el respaldo del personal no docente, representado por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), que inició una campaña de difusión durante toda la semana y realizará un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo el viernes.Desde los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales remarcan la urgencia de una solución por parte del Gobierno y convocan a mantener la unidad del sector frente a lo que consideran un “grave vaciamiento del sistema universitario”.

Se espera que las actividades en la UNMdP se reanuden con normalidad el miércoles, salvo a que nuevas medidas se definan en el transcurso de la semana.

En la reanudación de la negociación salarial, el Gobierno bonaerense mejoró la oferta salarial para los docentes, que pondrán ahora a consideración de sus bases la suba del 10% en dos tramos.

En concreto, este incremento, según la propuesta que recibió el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), fue de un 6% con el sueldo de mayo (a cobrar en junio) y del 4% con los haberes de julio (a percibir en agosto). Es decir, en total la mejora con respecto a la propuesta anterior, que fue rechazada, es de tres puntos porcentuales.

Pese a que los gremios Suteba, FEB, Amet, Sadop y Udocba se comprometieron en la reunión que se realizó de manera virtual a llevar la propuesta a sus diversas asambleas, esperaban que la oferta sea aún mejor. Es que, indicaron, en el caso de un maestro de grado sin antigüedad, el sueldo actual de $603.000 trepará a $670.000 con el cobro de agosto.

Si bien ambas partes iban a reunirse la semana pasada, luego esa cumbre se pasó a un cuarto intermedio para el lunes, cuando se postergó para este miércoles. Esta reunión se dio tras el rechazo de una suba del 7% en dos tramos: un 4% para mayo, (a cobrar en junio), y un 3% en julio (a cobrar en agosto).

Tras esa cumbre, es el momento de los estatales de la Ley 10.430 y judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril. Sin embargo, después de esas cifras, la inflación sufrió una aceleración y la última medición del INDEC marcó un 3,7% y un 6% en alimentos.

Fuente: DIB

El Gobierno de Axel Kicillof recibirá mañana a representantes de los gremios docentes, estatales y judiciales para intentar llegar a un acuerdo salarial que se verá reflejado con el cobro de los haberes en junio.

Tras una primera reunión sin oferta y en medio de la aceleración de la inflación, los funcionarios se reunirán en La Plata primero con docentes y al mediodía con los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430.

Luego de una primera cumbre a mediados de mes donde no hubo una oferta concreta, los gremios esperan llevarse un número para discutir con las bases. Sobre todo, teniendo en cuenta que el último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril.

Más allá de recuperar los puntos perdidos a raíz del 3,7% de inflación de marzo y una cifra similar que se espera para abril, los docentes piden continuar con el trabajo sobre el Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación y su efectiva aplicación. Además, demandaron que se profundice el trabajo en relación al decreto 900, que se atienda la problemática de la sobrecarga de tareas y que se avance en el análisis del borrador del Convenio Colectivo de Trabajo presentado para su futura concreción.  

Luego será el turno de los estatales, representados por ATY y UPCN, cuyos principales planteos se centran en la dificultad que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes debido a la inflación, especialmente en alimentos, y el ajuste nacional de Javier Milei. Del mismo modo reclaman la restitución del 3% de antigüedad.

También la Provincia convocó mañana en la sede del Ministerio de Trabajo a los judiciales, quienes estarán representados por la Asociación Judicial Bonaerense.

Fuente: DIB

Este martes comenzó en Mar del Plata una nueva jornada de lucha de la comunidad universitaria bajo el lema “Devalúan la Educación, la Universidad Pública en peligro”. Las actividades incluyen clases públicas, una radio abierta, un paro total de 24 horas este miércoles y una movilización al centro de la ciudad. El reclamo apunta a la defensa de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), por salarios dignos, mayor presupuesto educativo, mejoras en las jubilaciones y financiamiento para Ciencia y Técnica.

El reclamo central gira en torno a la situación crítica que atraviesa la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), en el marco de un ajuste presupuestario que impacta tanto en los salarios como en el sostenimiento general del sistema educativo y científico.

La primera jornada de lucha comenzó este martes desde las 10:00 en la Plaza de la Memoria, en el complejo universitario de Funes y Roca. Allí, docentes, no docentes, estudiantes e investigadores realizaron clases públicas y una radio abierta para visibilizar sus demandas: paritarias libres, aumentos salariales, restitución del Fondo de Financiamiento Educativo, incorporación de la garantía salarial al básico y mayor presupuesto para Ciencia y Técnica.

“Comenzamos con una jornada de lucha de 48 horas, con una radio abierta en las inmediaciones de la Universidad. Llegar a la sociedad con esto es fundamental y por eso mañana realizaremos un paro total de actividades con una columna universitaria que partirá desde el Complejo a las 15:30 en defensa de los jubilados”, expresó Victoria Schadwill, referente de ADUM.

El miércoles, la actividad en la UNMdP se paralizará completamente. Las organizaciones gremiales ADUM, APU, ATE y la Federación Universitaria Marplatense (FUM) convocaron a un paro total por 24 horas. Por la tarde, se sumarán a la marcha de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados. La concentración será a las 15:30 en el complejo universitario y la columna universitaria marchará hacia el centro a las 16:00, para confluir con la movilización principal.

“Son los reclamos que venimos visibilizando desde hace un año y medio cuando comenzaron las políticas de ajuste del Gobierno nacional, siendo uno de ellos la defensa de nuestros salarios. Hoy la situación es muy crítica, estamos 70 puntos abajo y mes a mes estamos cada vez peor porque no tenemos paritarias nacionales”, advirtió Schadwill.

Desde ADUM, el secretario general Pedro Sanllorenti recordó que “el problema del año pasado con el presupuesto se logró estabilizar con la movilización del 23 de abril, pero el salario no tuvo la misma respuesta. Desde entonces no hubo nuevos incrementos y eso provocará problemas para sostener los servicios básicos como la luz o el gas”.

Además, Sanllorenti alertó sobre un panorama aún más crítico en los espacios de investigación científica: “La comunidad universitaria incluye investigadores del Conicet, el Inidep y otros organismos que están sufriendo un desfinanciamiento aún mayor. El país está atravesando un cientificidio. La investigación se vuelve inviable, y eso lleva a la fuga de cerebros o a que quienes están afuera no quieran volver”.

El dirigente también subrayó la crisis en el sistema de concursos universitarios: “Con salarios tan bajos, muchas áreas quedan desiertas. Hay renuncias y falta de profesionales. Es un escenario que ya vivimos en los 90 y en 2001. Por eso salimos a la calle, no sólo para recordar las marchas anteriores, sino también para construir las condiciones de una nueva Marcha Federal Universitaria hacia fines de mayo o principios de junio”.

Los gremios y la federación estudiantil de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) dieron a conocer cómo será la movilización que se llevará a cabo mañana en la ciudad, en defensa de la educación pública y el sistema previsional argentino, y en reclamo de salarios dignos.

En este sentido, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) y la Federación Universitaria Marplatense (FUM) concentrarán desde las 16 frente al Rectorado, en Diagonal Alberdi y San Luis.

Desde allí, se movilizarán hasta Salta y avenida Luro, donde la columna universitaria confluirá con las centrales obreras para iniciar la marcha por el microcentro, encabezada por la multisectorial de jubilados.

“La Universidad enfrenta, como tantos otros sectores, un intento sistemático y cruel de vaciamiento y descomposición. Desde que asumió este Gobierno, no hay paritarias, la pérdida del poder adquisitivo es muy profunda, las jubilaciones son variable de ajuste, las becas estudiantiles están congeladas y los desfinanciamientos de la Universidad, el sistema científico y tecnológico, y las obras sociales son una constante.", indicaron en un comunicado los dirigentes docentes, no docentes y estudiantiles.

Y sentenciaron que “frente a esta crítica situación resulta imperioso y urgente movilizarnos y unirnos en defensa del derecho a la educación”.

Representantes de ATE y pacientes residentes en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) se movilizaron hoy a la puerta de la institución con una serie de reclamos que tienen que ver con aumento de salarios, poner un freno a los despidos en la administración pública y por mejoras edilicias.

Además de la movilización a la puerta de la entidad, ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta 88, los manifestantes se expresaron con pancartas y letreros donde decían que el INAREPS está “en alerta” y exigiendo que “la rehabilitación de las personas con discapacidad es un derecho”. 

Incluso algunos cortaron brevemente el tránsito para extender el reclamo e informar de la situación a quienes pasaban por el lugar.

“Es un reclamo que si bien es puntual por lo salarial, también es por lo despidos que se dan en el ámbito de la función pública”, comentó Gustavo, paciente residente en el INAREPS, en diálogo con El Marplatense.

Pero además, como intendente de la Comisión de Residentes, señaló que al reclamo se suma un pedido por las condiciones edilicias de la entidad. “Esta administración hace cinco meses que está y no le brinda la suficiente atención que es lo que esperamos que haga”, agregó.

Sobre la movilización, Gustavo manifestó que “estamos en lucha” y aseguró que “vamos a estar palmo a palmo siguiendo la situación, porque esto sigue”.