Un feroz temporal afectó a la provincia de Salta en las últimas horas, provocando inundaciones repentinas, desbordes de ríos y una crisis habitacional, especialmente en el departamento Metán y la localidad de El Galpón, donde se registraron lluvias récord para la región.

Según informaron medios locales y autoridades provinciales, en Metán cayeron 200 milímetros de agua en un lapso extremadamente corto, un volumen de precipitaciones considerado histórico. La intensidad del fenómeno anegó calles en cuestión de minutos y provocó severos daños en la infraestructura urbana.

Uno de los puntos más afectados fue la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, donde el caudal de agua ocasionó el colapso de un canal subterráneo y la destrucción total del pavimento.

El impacto humano y material es significativo. Hasta el momento se contabilizan más de 240 personas evacuadas en El Galpón y zonas aledañas, quienes fueron trasladadas al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como centro de asistencia social y sanitaria.

“Llovió, rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo”, relató Claudia Chávez, una de las vecinas damnificadas.

En barrios como San Francisco, el desborde del río sorprendió a las familias durante la madrugada, generando pérdidas materiales totales en numerosas viviendas.

El gobierno provincial, junto con Defensa Civil y fuerzas de Seguridad, mantiene un operativo de emergencia en Metán y El Galpón. No obstante, la situación continúa siendo compleja debido a que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta por tormentas para el resto del fin de semana.

Las zonas más afectadas son Metán, El Galpón, Barrio 20 de Junio y Villa San José, donde se registran rutas anegadas, canales colapsados y cortes preventivos del suministro eléctrico.

Fuente: con información de TN

En cumplimiento de la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, se llevaron a cabo dos operativos en las provincias de Salta y Catamarca que permitieron rescatar 25 loros y liberar nueve aves silvestres en su hábitat natural.

En el primer procedimiento, personal de la Sección Senda Hachada, dependiente del Escuadrón 52 Tartagal, realizaba patrullajes sobre la Ruta Nacional N°34, a la altura del Paraje Senda Hachada, cuando detectó a dos hombres ocultos entre la maleza.

Al aproximarse, los efectivos constataron que los individuos transportaban 25 ejemplares de loros de la especie Amazona aestiva (habladores), que se encontraban ocultos dentro de tres cajas.

La Fiscalía Penal de Embarcación dispuso la incautación de las aves y la aprehensión de las personas involucradas por infracción a la normativa vigente en materia de protección de fauna silvestre.

Por otro lado, en la provincia de Catamarca, integrantes de la Sección Santa María, dependiente del Escuadrón 23 Tinogasta, acompañaron a la Delegación de Flora y Fauna en el Paraje Entre Ríos para concretar la liberación de nueve aves silvestres que habían sido recuperadas del cautiverio.

La restitución de los ejemplares a su entorno natural se realizó con éxito, garantizando la preservación de las especies protegidas en la región, indicaron desde el Gobierno.

La Policía de Salta detuvo durante la jornada del jueves a tres personas en el marco de una investigación por un robo calificado en poblado y en banda, cometido contra un depósito de agroquímicos en la localidad de Embarcación.

El procedimiento, coordinado por la Subdirección General de Investigaciones, fue el resultado de una serie de operativos desplegados tras la denuncia de los propietarios de la empresa afectada.

El hecho investigado ocurrió el lunes pasado en un establecimiento ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires.

De acuerdo con la información, un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza al predio, se apoderó de más de 16 millones de pesos destinados al pago de sueldos de los empleados y escapó en cuestión de minutos. La denuncia penal presentada por los damnificados permitió a los investigadores reunir pruebas y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Los operativos incluyeron una intervención en la vía pública y tres allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Las acciones contaron con el respaldo de la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías N° 1, que supervisaron el cumplimiento de las medidas judiciales.

Los investigadores de la Subdirección General de Investigaciones comenzaron a trabajar sobre los registros de cámaras y los testimonios recabados. Este trabajo permitió identificar a los presuntos involucrados y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Durante estos procedimientos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un arma de fuego con pedido de secuestro en una causa previa por hurto, un teléfono celular y otros objetos de interés para la causa. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el robo.

La Fiscalía Penal de Embarcación continúa con las actuaciones para reunir todas las pruebas necesarias y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. El Juzgado de Garantías N°1 mantiene bajo seguimiento la evolución de la causa y avala las nuevas medidas solicitadas por los investigadores.

Fuente: Infobae

La Justicia condenó a 10 años de prisión a Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, por abusar sexualmente de su nieto entre los 10 y los 17 años. La sentencia fue confirmada por su hijo Aníbal Jiménez, quien actuó como denunciante en la causa y expresó tras el fallo: “Se hizo justicia”.

El caso se inició en 2022, cuando Emanuel, hoy de 31 años, decidió llevar su testimonio a los tribunales. En declaraciones a TN, relató lo difícil que fue para él poder hablar: “Es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo, sentí mucha vergüenza por mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo”.

El joven contó además que la primera persona con la que pudo compartir lo sucedido fue un amigo en 2021, y que desde entonces continúa trabajando el trauma con su terapeuta.

Según la denuncia, los abusos comenzaron con manoseos y se prolongaron durante años. Emanuel recordó que su abuela le decía que no debía contarlo porque “íbamos a tener un problema”. El relato fue acompañado por sus padres y su hermano, quienes sostuvieron el proceso judicial.

La sentencia establece una pena de 10 años de prisión, aunque resta definir si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, decisión que dependerá de la edad y el estado de salud de la condenada, de 73 años.

Fuente: con información de TN

Una nena de 12 años de la comunidad wichí vivió una situación límite en Tartagal, al norte de Salta. En las últimas horas, se encadenó en el edificio de la Ciudad Judicial por miedo a que la Justicia intentara obligarla a interrumpir su embarazo de cinco meses, producto de un abuso sexual.

La confusión surgió a partir de la citación judicial: la víctima interpretó que la audiencia era para forzarla a abortar, cuando en realidad solo debía prestar declaración testimonial en el marco de la causa penal.

Durante la protesta, la nena estuvo acompañada por su propia madre y por la referente wichí Marcela Calermo.

Todo empezó con una denuncia presentada por la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, tras un caso de abuso sexual ocurrido en un paraje donde vive la comunidad wichí.

El acusado es un joven de 19 años, sobre quien pesa una orden de detención por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

En esta misma causa, la víctima fue citada días atrás para declarar a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), para resguardar su integridad y privacidad.

Sin embargo, la nena creyó que la convocatoria era para interrumpirle el embarazo en contra de su voluntad. Por eso, se encadenó en el edificio judicial, con su familia y referentes de la comunidad.

Ante la escena, una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal intervino de inmediato. Le explicó a la nena que la citación era solo para que pudiera contar lo sucedido, y que nadie podía obligarla a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.

También se sumó un intérprete para garantizar que tanto ella como su familia entendieran perfectamente el procedimiento.

Una vez despejadas las dudas, la víctima accedió a brindar su testimonio y la causa judicial pudo avanzar.

En diálogo con distintos medios locales, la directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, contó que fue ella quien detectó el embarazo durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la nena tenía unas ocho semanas de gestación.

Leal aclaró que la madre fue informada sobre todas las opciones legales, tanto la posibilidad de continuar con el embarazo como la de interrumpirlo, pero remarcó que “de ninguna manera se la obligó a abortar”.

Desde entonces, la menor recibe controles médicos periódicos en el hospital de Tartagal, con seguimiento de un equipo de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. Incluso fue internada para realizarle todos los estudios necesarios, ya que vive en una zona alejada.

Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, enfatizó que la ley argentina no puede obligar a nadie a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. Asimismo, recordó que una nena no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales.

El Juzgado de Garantías N°2 ya ordenó la detención del joven acusado, y la Policía continúa con la búsqueda.

Fuente: TN

La Sala I del Tribunal de Impugnación ratificó la condena a un sacerdote por abuso sexual simple agravado por su carácter de ministro de culto. Su víctima fue una niña de 11 años y cumplirá una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El hecho por el que se lo condena ocurrió en 2021, cuando la víctima participaba en actividades de la capilla.

Según consta en el expediente, la menor relató que el sacerdote “le tocó la cola” durante un juego con monaguillos y agua en el patio de la parroquia. Su testimonio se mantuvo “claro, consistente y sostenido en el tiempo”, tal como consta en el fallo.

En la resolución judicial, los integrantes del tribunal, Luciano Martini y Ramón Medina, ordenaron la notificación inmediata a la autoridad eclesiástica, remarcando la necesidad de actuar con celeridad en instancias preventivas.

Los jueces remarcaron que la suspensión preventiva dispuesta por la institución religiosa se dio mucho después de que el Arzobispado tomara conocimiento de otros hechos de connotación similar, lo que aumenta el peso institucional de la medida.

El acusado ya había sido condenado en primera instancia como autor responsable del delito de abuso sexual simple agravado en perjuicio de una menor durante su desempeño pastoral, pero la defensa presentó un recurso de impugnación. Sin embargo, su planteo fue rechazado ahora de forma definitiva.

El tribunal respondió punto por punto los cuestionamientos de la defensa, que había puesto en duda la credibilidad de la víctima y sus familiares acusándolos de falsedad, al señalar supuestas omisiones en torno al estado emocional de la niña.

En ese sentido, los magistrados refirieron que en casos de delitos sexuales no corresponde descalificar el valor probatorio de las manifestaciones de las víctimas a menos que existan elementos concretos y comprobados que prueben un interés por tergiversar los hechos, ánimo vindicativo o incongruencia con el resto de las pruebas.

Además, los jueces destacaron que no existe contradicción en el hecho de que el imputado haya resultado absuelto en algunos cargos por aplicación del principio de la duda y condenado por uno de los hechos investigados. De esta manera, sostuvieron que eso se fundamenta en el diferente grado de certeza alcanzado en cada una de las conductas examinadas.

Además, recordaron que en la declaración que ofreció la víctima ante las cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), afirmó que el tocamiento no fue accidental ni percibido como inocente.

El tribunal también abordó la demora en formular la denuncia, destacando que ese aspecto no le resta veracidad al contenido de la acusación, especialmente, considerando las especiales circunstancias personales y familiares, así como el vínculo con la institución religiosa.

En simultáneo, los jueces señalaron que la madre de la víctima inicialmente buscó consejo en su guía espiritual por el especial lazo con la Iglesia, situación que demoró la presentación judicial, pero no desacreditó la narrativa de los hechos.

Al analizar el conjunto de pruebas, la sala valoró que el cuadro probatorio, conforme la sana crítica racional, acredita con el grado de certeza constitucionalmente exigido el hecho de avasallamiento a la integridad sexual por parte del acusado. Todo esto, sin que logre revertirse dicho cuadro probatorio mediante la negativa del sacerdote en el curso de su defensa material.

Una mujer, oriunda de Chile, denunció a Atilio Luis Bruno, un sacerdote sanador de Jujuy, por abuso sexual. La víctima relató que fue invitada a Mendoza por el hombre y Elena C.V., una supuesta vidente. Según la denunciante, en la vivienda donde los hospedaron, mientras dejaba sus cosas, Bruno entró en la habitación, la sujetó de la nuca, introdujo su lengua hasta su garganta y le dijo: “Estuvo rico eso”. Después, el sacerdote salió de la habitación riendo.

Posteriormente, siempre según el testimonio de la mujer, el sacerdote reiteró la agresión en la cocina. Expresó que la ayudaría, pero al mismo tiempo le pidió colaboración para poder “ser un hombre para Elena”, y la forzó a practicarle sexo oral. La mujer declaró que sintió náuseas y deseos de vomitar, mientras él reía durante el abuso.

Estos hechos quedaron expuestos en la denuncia presentada el 3 de abril ante las autoridades de Jujuy, bajo los cargos de abuso sexual, maltrato y daño psicológico. La causa, que involucra a figuras de la iglesia y a la supuesta vidente, se maneja con extrema reserva ante la filtración de mensajes que comprometen tanto al Poder Judicial provincial como al Obispado local.

Fuente: Infobae

Desde las primeras horas de este domingo, equipos de Policía de Salta, Defensa Civil y grupos de rescate de montaña mantienen un operativo de búsqueda en la zona del cerro Pacuy, ubicada en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano.

El despliegue comenzó después de la denuncia realizada por familiares de dos hombres de 30 años que, tras haber ascendido a la montaña el sábado último, no lograron regresar y perdieron todo contacto con sus allegados.

La última comunicación señalaba que ambos se encontraban a una altitud de 4.000 metros y que enfrentaban condiciones climáticas adversas, lo que incrementó la preocupación de los rescatistas y de la propia comunidad.

La intervención de los distintos equipos especializados se extendió durante toda la jornada dominical. Entre las agrupaciones participantes se encuentran efectivos de Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones y la División Canes, junto a personal local apostado por la Policía de Salta.

El epicentro de las tareas de coordinación, según informaron, se instaló en una base operativa móvil al pie del cerro, gestionada por Defensa Civil y utilizada como centro logístico para la articulación de los grupos en el terreno.

Con el correr de las horas y ante la complejidad del escenario, a la búsqueda se sumó un equipo de Gendarmería Nacional especializado en rescates en altura, ampliando la dimensión y el alcance de la operación.

El área de El Chorrillo, en Campo Quijano, está reconocida entre escaladores y senderistas por la dificultad de sus cumbres y las variaciones climáticas bruscas. Justamente, el cerro Pacuy figura entre los destinos habituales para actividades de trekking y ascenso en la provincia, aunque el acceso exige experiencia y preparación adecuada.

Fuente: Infobae

El Tribunal de Salta condenó a los 17 imputados en la causa que investigaba la existencia de una organización narcocriminal en la Unidad Carcelaria N° 1 de la provincia, a penas que contemplan desde 1 a 10 años de prisión, dependiendo del grado de participación que hayan tenido. Entre los condenados se encuentran integrantes del Servicio Penitenciario, internos alojados en la unidad y familiares vinculados a los hechos.

El proceso judicial había comenzado el 4 de agosto en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, bajo la dirección de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

A raíz de una denuncia anónima que advertía sobre posibles hechos de corrupción dentro de la cárcel, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició un operativo. Debido a que los internos solían cambiar de manera frecuente los chips en los teléfonos celulares empleados para organizar actividades, la investigación se centró en el monitoreo de dispositivos y en el seguimiento de los códigos IMEI, con la autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO).

Durante al menos un mes, examinaron las comunicaciones entre las personas privadas de libertad, familiares y personal penitenciario. El cruce de información y la colaboración con el área de Inteligencia Penitenciaria permitieron identificar con precisión las funciones de los involucrados, que incluían jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional, responsable de gestionar traslados, progresividad de pena y acceso a regímenes especiales.

El análisis abarcó el funcionamiento de la Junta Correccional y la entrega de beneficios a cambio de pagos canalizados por medio de familiares o transferencias encubiertas. Según los investigadores, la modalidad incluía pagos mediante transferencias y la redistribución de fondos a través de una red compuesta por más de 113 cuentas bancarias vinculadas a diecisiete imputados.

De esta manera, los magistrados encontraron culpables a los ocho funcionarios penitenciarios, sumando a dos internos y varios familiares de personas alojadas en la institución. De acuerdo con la Unidad Fiscal a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, la investigación permitió acreditar que todos actuaron con funciones y jerarquías definidas, constituyendo una organización estable orientada a la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria y al ejercicio de exacciones ilegales.

Sergio Faustino Moya fue condenado a 10 años de prisión por coautoría de comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales agravadas y ser miembro de asociación ilícita. La Fiscalía había solicitado 11 y 8 meses.

Sobre Francisco Arturo Bisceglia recayó una pena aún mayor de 10 años y 6 meses de prisión, por delitos similares y cinco hechos de exacciones ilegales.

Luis Roberto Castaño recibió 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Marcos Matías Bucotich García fue condenado a 6 años. Raúl Antonio Arjona deberá cumplir con una pena de 7 años; Marcelo Olguín Magno estará 4 años y 6 meses recluído; y Rubén Antonio Guaymás, 5 años. Estas penas sí coincidieron con el pedido de los fiscales.

Por su parte, José Luis Alarcón a 8 años, Baldomero Darío Córdoba obtuvo dos años de prisión en suspenso.

En cuanto a los internos y familiares, Manuel Méndez fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión, María Inés Méndez recibió 9 años, exactamente como lo requirieron los fiscales; y Héctor Gustavo Banega, a 8 años. Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo y Nicole Judith Ana Luna recibieron 6 años, esta última cumplirá con lo impuesto de manera domiciliaria, con consigna policial. Patricia Daiana del Rosario Flores fue condenada a 4 años y Andrea Abigail Alba a 1 año de prisión en suspenso, con una unificación de condena por una causa anterior que elevó la pena a 8 años y 2 meses.

Fuente: Infobae

El jueves por la tarde estuvo marcada por diferentes focos de incendio en el área metropolitana de Salta, una situación que derivó en la movilización inmediata de equipos de bomberos, personal de Defensa Civil y fuerzas de emergencias provinciales.

Las autoridades desplegaron recursos en distintos puntos de la región para contener los siniestros, que hasta el momento no provocaron evacuaciones ni daños materiales reportados.

El primer llamado de alerta fue recibido por el Sistema de Emergencias 911 a las 16.10, cuando ciudadanos notificaron la presencia de llamas en las inmediaciones del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.

Allí, las dotaciones de Bomberos Voluntarios, el cuerpo de Bomberos Sur y posteriormente unidades de Bomberos Centro trabajaron durante horas para sofocar el fuego. La situación generó preocupación por la proximidad de los focos a una de las principales terminales aéreas de la provincia, aunque no se informó sobre alteraciones en la actividad aeroportuaria.

La respuesta coordinada entre los equipos operativos permitió contener el avance del incendio en la zona urbana, sin que haya personas afectadas ni inmuebles comprometidos.

Además, en paralelo, se produjo un incendio forestal en el Cerro Elefante, ubicado en la localidad de San Lorenzo, sobre una zona de serranías de acceso complejo para los equipos de emergencia. Personal de Bomberos de la Policía junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo desplegó recursos en el área para combatir el fuego, que se mantenía alejado del casco urbano aunque bajo estricta vigilancia.

La magnitud del siniestro motivó la intervención directa del subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Ignacio Vilchez, quien sobrevoló el sector junto al AeroClub con el objetivo de identificar los puntos críticos del incendio y coordinar las acciones de contención. La colaboración entre las distintas fuerzas permitió optimizar los despliegues sobre el terreno, según fuentes oficiales consultadas por el mismo medio.

La presencia de bomberos voluntarios y efectivos especializados en el manejo de emergencias resultó fundamental para limitar la expansión de las llamas y proteger las viviendas cercanas a zonas de riesgo.

Se puso especial énfasis en salvaguardar áreas con vegetación densa y de difícil acceso, por lo que los recursos se destinaron en primer término a la protección de la zona perimetral de los focos detectados.

En el caso del Cerro Elefante, la labor de los bomberos se extendió durante la tarde y primeras horas de la noche de ayer. Las autoridades remarcaron la necesidad de redoblar los esfuerzos en áreas serranas, donde la topografía complica las tareas de extinción y permite la rápida propagación en condiciones desfavorables.

Las condiciones meteorológicas adversas representaron un desafío adicional para el trabajo de los servicios de emergencia. El incremento de las temperaturas, sumado al viento y a la sequedad ambiental, incrementó el riesgo de nuevos focos ígneos y dificultó los operativos de control.

Ante este escenario, las autoridades provinciales reiteraron su llamado a la población para evitar el uso de fuego en zonas rurales y serranas.

Fuente: Infobae

La denuncia de un grupo de madres reveló un caso estremecedor en la provincia de Salta y derivó en la detención de cuatro hombres acusados de integrar una red de trata de menores con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la denuncia, la banda captaba a las víctimas a la salida de la escuela y después las “ofrecía” a clientes que las esperaban en dos hoteles ubicados sobre la ruta 26.

La organización tenía todo calculado: desde una lista de precios por cada “servicio” hasta el tiempo exacto que debían durar los encuentros sexuales.

La investigación se inició por la denuncia de un grupo de madres. (Foto: Gentileza El Tribuno)

El dato más escalofriante, según detalló una fuente cercana a la causa, es que los hombres pagaban más si las chicas era vírgenes. En ese caso, la tarifa llegaba a los 200 mil pesos.

Las entrevistas en Cámara Gesell a las menores confirmaron el horror: los encuentros sexuales se hacían en hoteles de la ciudad y un remisero de 63 años era quien las llevaba y facilitaba el contacto con los adultos. Las chicas contaron que los clientes les ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos.

El remisero no solo trasladaba a las adolescentes, sino que también habría abusado de una de ellas. Además, tenía un código para pactar los encuentros. La frase “Vamos a hacer la onda” era la clave para organizar las citas, tanto entre él y las víctimas como con los clientes.

Por la investigación hay cuatro detenidos. (Foto: Gentileza El Tribuno)

Eduardo Villalba, el fiscal a cargo de la investigación, detalló que los clientes pagaban una escala de dinero según el “servicio” que solicitaban. “Por un beso se pagaba 60 mil pesos, por sexo oral 80 mil y hasta 200 mil pesos por penetración si la víctima aún no había perdido la virginidad”, apuntó.

En la estructura de la red, un menor de edad jugaba un papel clave: era amigo de las víctimas y aprovechaba esa confianza para averiguar detalles personales, como cuáles de las adolescentes eran vírgenes. Esa información se la pasaba al remisero a cambio de dinero.

El remisero no solo organizaba las citas, sino que controlaba que las chicas cumplieran con los servicios pactados. Les preguntaba si habían ido a la cita y exigía el pago, que generalmente se hacía por transferencia.

Los encuentros duraban 18 minutos y se realizaban casi al final del horario escolar, aprovechando las horas libres. El conductor monitoreaba todo y les pedía a las menores que se grabaran en poses sugestivas para ofrecerlas a los clientes.

El fiscal relató un caso puntual: el menor le contó al remisero que una de las víctimas, de 16 años, tenía una hermana de 12. El hombre intentó sumarla a la red y, en una oportunidad, logró que la nena subiera a su auto, donde la manoseó. Por este hecho, fue imputado por abuso sexual.

Durante los allanamientos, la policía secuestró en la casa del remisero juguetes sexuales, pastillas de estimulación masculina y femenina, y otros elementos que sostienen la acusación.

Por la gravedad del caso, la fiscalía pidió la prisión preventiva de los imputados, salvo el menor. Insistieron en que se trata de un hecho de “gravedad inusitada”, donde está en juego la obligación del Estado de proteger a los niños y adolescentes frente al delito de trata de personas.

El fiscal remarcó que hay más víctimas que todavía no declararon y que restan pericias clave, ya que se trata de una causa de alta complejidad. “Hay derechos humanos en estado puro comprometidos, incluso la dignidad de los niños”, advirtió.

Fuente: TN

El actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta reconoció en el juicio, que se desarrolla contra integrantes de la fuerza que administra los establecimientos penitenciarios, presos y familiares por conformar una organización narcocriminal, que existieron beneficios para internos.

Enrique Torres declaró frente al Tribunal y allí expuso que existió una serie de irregularidades cometidas por personal penitenciario, ya señaladas por otros testigos en el proceso.

El funcionario que durante 2022 y 2023 se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y confirmó que a mediados de 2023 se detectaron anomalías en los trámites vinculados al otorgamiento de beneficios a internos.

En ese marco, mencionó que los rumores apuntaban directamente a Francisco Bisceglia, funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los que otorgaba beneficios a los internos, entre las que se destacaban salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de elementos prohibidos -celulares, cargadores, comida, bebidas- y sustancias estupefacientes.

Al ser consultado sobre por qué no se realizó una investigación interna, Torres respondió que, debido a la inusual gravedad del caso, las limitaciones estructurales del propio sistema investigativo del Servicio Penitenciario y el hecho de que los involucrados seguían en funciones dentro de la unidad, “se optó por derivar el caso a un organismo judicial externo, con mayores garantías de imparcialidad y eficacia”.

Asimismo, sumó que hubo irregularidades como planillas de concepto y conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a los internos sobre sus trámites y expedientes incompletos o sin documentación respaldatoria.

Torres detalló que todos los internos cuentan con un sistema de evaluación interna en base a dos parámetros: conducta y concepto, ambos calificados del 1 (pésima) al 5 (muy buena).

El resultado de ese sistema permite que los presos obtengan beneficios y es por eso por lo que los jefes de pabellón son quienes informan al Consejo Correccional sobre el comportamiento.

Respecto al ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal, Torres reconoció graves fallas en los controles y señaló que no cuentan con tecnología adecuada.

Sumado a eso, expuso que, aunque el personal está instruido sobre lo que está y no está permitido, las requisas no siempre son realizadas de forma exhaustiva y suelen ser más superficiales.

También se le preguntó acerca qué recorrido hacen los objetos que son incautados dentro de la cárcel: “No pueden quedar ni por un instante en la oficina del jefe de pabellón. Los elementos deben ser retirados por personal de la División Sumarios; no pueden permanecer en esa oficina”.

Esta consulta estuvo ligada a que, durante el allanamiento realizado en el penal en diciembre de 2023, en el cajón del escritorio del jefe de pabellón fueron encontradas varias “puntas” y cargadores.

Por último, respondió acerca de si los integrantes del Servicio Penitenciario pueden recibir dinero de familiares: “No, no está permitido”.

Luego prestaron declaración investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) que participaron en la investigación y en los allanamientos.

Ante los jueces detallaron cómo, mediante un exhaustivo entrecruzamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales, lograron identificar al interno Manuel Méndez como proveedor de sustancias dentro del penal, y a su madre, María Inés Méndez, como la persona que le proveía.

Por último, el oficial de UFINAR, Oscar Ruiz Córdoba, encargado de analizar las grabaciones de video en el Servicio Penitenciario, presentó un registro donde se observa a un jefe de pabellón, identificado como Castaño, ingresando con una bolsa blanca a través de los controles sin que esta sea inspeccionada.

Fuente: NA

Un hombre atacó brutalmente a su pareja: le pegó y la arrojó a un canal de riego tras una violenta discusión a la salida de un karaoke en la Ciudad de Salta.

Todo ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando testigos advirtieron que una pareja -que acababa de salir de un local ubicado entre avenida Artigas e Hipólito Yrigoyen- peleaba y elevaba el tono mientras caminaba por la zona.

Un carrero que circulaba por allí vio cómo escaló la violencia y relató: “Él la agarró del cuello desde atrás, la golpeó y, sin dudarlo, la tiró al canal. Cayó totalmente desvanecida, fue terrible”. “La agarró y la tiró como si nada. No le importó nada, estaba sacado”, sumó otro testigo en declaraciones.

Luego, el agresor se arrojó al canal tras la víctima. Algunas personas que se encontraban en la estación de servicio cercana alertaron a la Policía y lo señalaron como el autor del ataque. Minutos más tarde, fue rescatado y reducido por los efectivos que se acercaron al lugar.

La mujer estuvo inconsciente al menos 15 minutos en el fondo del canal, herida y ensangrentada, hasta que pudo ser rescatada por personal de Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta, con asistencia de efectivos y del SAMEC.

Una vez que pudieron sacarla, fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, con lesiones visibles, múltiples golpes y pérdida de sangre. Según indicaron medios locales, la mujer permanece internada bajo observación médica.

El episodio obligó a cortar el tránsito en la zona mientras se desarrollaba un megaoperativo de rescate. Las tareas incluyeron el uso de escaleras, sogas y camillas rígidas para inmovilizar a la víctima y trasladarla con rapidez.

Aunque al principio hubo varias versiones sobre la situación del agresor, fuentes oficiales indicaron que fue detenido en el lugar.

La Fiscalía Penal de Violencia de Género intervino en el caso y empezó a recabar testimonios y pruebas, ya que el hecho podría encuadrarse como intento de femicidio. En ese contexto, los investigadores quieren determinar si se encontraba bajo efectos del alcohol o de alguna sustancia, como sugirieron algunos testigos, aunque la Policía aún no lo confirmó oficialmente.

Fuente: TN

Luego de la decisión de avanzar en la construcción de un alambrado de 200 metros en la ciudad salteña de Aguas Blancas que delimite la frontera con Bolivia y de que ese país expresara formalmente su preocupación por esta medida, el Gobierno le dio un fuerte respaldo a la determinación del interventor de la localidad Adrián Zigarán: “Pone fin al caos”.

El plan contempla la construcción de un cerco perimetral con Bolivia que se extenderá desde la terminal de buses hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, en Aguas Blancas. La medida busca asegurar que todas las personas que entren y salgan del país realicen los trámites migratorios, y el interventor Zigarán aseguró que hoy se firmará el convenio para avanzar con la obra.

Por medio de un comunicado que lleva el membrete del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, y que la propia funcionaria tuiteó, se explicó que “la cerca” en Aguas Blancas es “una medida más para cuidar a los argentinos del narcotráfico”.

En el texto se describe que, antes de la implementación del Plan Güemes, “el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol".

"Desde el Ministerio de Seguridad, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, recuperamos el control", detalla el texto.

Y continúa: “En la mesa del Plan Güemes, que reúne a funcionarios nacionales, provinciales, locales y al interventor de Aguas Blancas, se tomó una decisión clave: sumar una medida más al control que establecimos, reforzando la pared existente -vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína- con la construcción de una cerca de 200 metros".

Para el Gobierno, “esta medida elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera".

La propia Bullrich destacó hoy en un tuit -con el que difundió el comunicado del Gobierno de respaldo a la construcción del alambrado- que así se incorpora “una nueva medida de refuerzo al control en la frontera, que se encontraba completamente descontrolada”.

La medida había sido anunciada por Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, quien aseguró que la iniciativa responde a una solicitud del Ministerio de Seguridad del Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei.

Zigarán explicó que el objetivo del cerco es evitar el paso irregular de personas hacia las chalanas -embarcaciones pequeñas que conectan ambos países por el río Bermejo-, obligándolas a transitar exclusivamente por las oficinas de migraciones.

En tanto, el Gobierno de Bolivia expresó su preocupación ante el anuncio de Argentina de construir el alambrado en la frontera entre Aguas Blancas y la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija.

Mediante un comunicado, la cancillería boliviana señaló: “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.

Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.

Luego del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, el interventor de Aguas Blancas confirmó que en las próximas horas avanzarán con la firma del convenio para avanzar con la obra. “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”, planteó Zigarán en diálogo con Urbana Play.

Fuente: Infobae

Una mujer de 42 años fue rescatada en condiciones inhumanas en General Güemes, provincia de Salta. La víctima, que tiene síndrome de Down y discapacidad mental moderada, estaba encadenada a una cucha de perro en el fondo de una casa precaria.

El rescate fue posible gracias a un vecino que, cansado de presenciar el sufrimiento de la víctima, tomó fotografías de su encierro y las llevó a la Comisaría Primera de General Güemes. Las imágenes, que muestran a la mujer rodeada de inmundicia, maleza y animales, impulsaron a las autoridades a actuar de inmediato.

La policía acudió rápidamente al lugar. Inicialmente, la mujer que atendió a los agentes intentó negar los hechos y retrasar el ingreso, pero finalmente permitió que revisaran la propiedad. En el interior, los oficiales encontraron rastros que confirmaban las denuncias: marcas en el suelo, cadenas y una argolla en la cucha del perro.

Tras un diálogo con los agentes, la víctima apareció cubierta de tierra y con lesiones visibles en los tobillos, producto de las cadenas que la inmovilizaban. La víctima señaló a un tal Pablo E. como el responsable de su sometimiento.

La justicia dispuso el traslado inmediato de la mujer para su atención sanitaria. Mientras tanto, se secuestraron las cadenas, un candado y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Vecinos del barrio expresaron su indignación y solidaridad con la víctima. “Es un nivel de crueldad que nunca imaginamos en nuestra comunidad”, comentó una vecina conmovida.

La mujer vivía sola en un gallinero, compartiendo espacio con gallinas y perros, sin acceso a condiciones básicas de dignidad. Según testimonios, realizaba sus necesidades en el mismo lugar donde estaba encadenada, mientras sus agresores negaban incluso su existencia.

El denunciante presentó un video que expone las humillaciones sufridas por la víctima. Este material será fundamental en la causa para determinar responsabilidades.

Fuente: TN

Un desalojo de una vivienda en El Barrial, un paraje cercano a San Carlos, en Salta, se tornó violento y dejó a ocho policías heridos por picaduras de abejas y a dos jóvenes detenidos.

“Ocho son los efectivos policiales que resultaron con lesiones producto de las picaduras de las abejas. Uno de ellos sufrió una lesión en la cabeza tras un golpe que le habría ocasionado uno de los sospechosos”, informó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a los detenidos, de 31 y 45 años, por el presunto delito de atentado contra la autoridad y lesiones leves.

Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia de un sargento de la División Infantería de la Policía de la Provincia. El efectivo relató que la mañana del 11 de noviembre, durante el operativo de desalojo ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Cafayate, los dos acusados llegaron al lugar con trajes de apicultores y cajas con abejas, que habrían lanzado a los policías.

Como resultado, los efectivos sufrieron múltiples picaduras en la cabeza, cara, cuello y extremidades. Los agresores luego se escaparon por un campo de cultivo cercano.

A pesar de las heridas causadas por las abejas, el personal policial persiguió a los sospechosos hasta una vivienda a 300 metros del lugar del incidente, donde lograron detenerlos. El sargento denunciante, alérgico a las picaduras, tuvo que ser atendido en un centro de salud donde se le administró medicación para controlar la reacción alérgica.

Durante la audiencia de imputación, los acusados dieron su versión de los hechos, mientras que la fiscal Rojas solicitó al Juzgado de Garantías que permanezcan detenidos.

Fuente: TN

Una insólita secuencia ocurrida en Salta se viralizó en las últimas horas. Una mujer intentó estacionar su auto en un supermercado, pero terminó incrustada en el alambrado del establecimiento. Tras ello, fue ser rescatada por personal del lugar, pero afortunadamente no sufrió heridas.

El episodio ocurrió esté sábado por la mañana en un comercio ubicado en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la capital de salteña. Según precisaron los medios locales, la conductora llegó al lugar en su Renault Sandero.

Al ingresar al estacionamiento del supermercado VEA, sin embargo, habría confundido el acelerador con el freno y todo se descontroló. El vehículo terminó incrustado en el alambrado y las imágenes de la insólita situación enseguida se viralizaron.

La mujer tuvo que ser rescatada por personal del lugar. (Foto: gentileza El Tribuno)

La señora tuvo que ser rescatada por el personal del establecimiento, que la ayudaron a salir y a retirar el auto del lugar.

La mujer no tuvo heridas graves, aunque el vehículo sufrió algunos daños en la parte delantera.

Hace poco más de un mes ocurrió una situación similar, pero en Córdoba. Una mujer provocó un choque múltiple tras hacer una mala maniobra cuando intentaba estacionar.

La conductora intentó dejar su auto en un amplio lugar de la calle Obispo Trejo al 1200, entre Perú y Brasil, en el barrio Nueva Córdoba. Delante tenía otros autos y detrás había una moto y un contenedor de basura. En las imágenes se observa que primero estampa, con la parte trasera de su vehículo, a la moto contra el contenedor. En ese momento acelera para correrse hacia adelante.

Pero en el afán de querer alejarse rápidamente de la motocicleta, pierde el control y termina impactando contra el auto de adelante a una considerable velocidad, que por la fuerza del choque embistió al que estaba delante de él y lo mismo ocurrió con cinco vehículos que estaban estacionados en la cuadra, provocando así un choque en cadena.

Después del accidente, algunos peatones se acercaron para ver qué había sucedido y hablar con la conductora. Minutos más tarde, llegó a la escena personal policial para controlar la situación. Afortunadamente no se registraron heridos y la imprudencia de la conductora solo provocó daños en los autos.

Fuente: TN

Las bandas de cumbia Green y Red protagonizaron un impactante accidente vial este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 9 de la provincia de Salta. Ocho músicos resultaron heridos, pero todos están fuera de peligro.

El choque ocurrió cerca del peaje Cabeza de Buey, donde una de las combis de los grupos musicales chocó por detrás a la otra. Según informaron medios locales, el vehículo que iba adelante perdió el control y volcó sobre la banquina.

Los automovilistas que estaban en el lugar llamaron rápidamente al Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), que se encargó de asistir a los heridos de ambas bandas de cumbia.

Por el hecho, ocho personas resultaron heridas, siete hombres y una mujer, entre los que se encuentra el reconocido cantante de cumbia Javier “Javito” Torres”, vocalista del grupo Red.

Personal del SAMEC trasladó rápidamente a los músicos al Hospital Joaquín Castellanos de la localidad salteña de General Güemes. Allí se confirmó que todos se encuentran “fuera de peligro”.

El primer parte médico del hospital salteño indicó que los pacientes “están compensados” y detalló que tres de ellos sufrieron “traumatismos craneales y de columna”, por lo que quedaron en observación. “Lo más importante es que hemodinámicamente se mantienen estables”, señalaron a Qué Pasa Salta desde el Hospital.

Así quedó una de las combis de los grupos musicales que protagonizaron el accidente en Salta. (Foto: Gentileza qué pasa salta).

“Javito” Torres detalló que sufrió un fuerte dolor en su espalda, producto del impacto, y fue trasladado a un centro radiológico con el fin de que se le realice una tomografía que brinde más detalles sobre su estado de salud.

Por otra parte, las agrupaciones llevaron tranquilidad a sus familiares y seguidores al avisarles a través de las redes sociales que se encontraban bien y, al mismo tiempo, agradecieron por el apoyo.

En un comunicado, indicaron que se encuentran hospitalizados por “curaciones y precaución”. Y cerraron: “Gracias a todos por preocuparse y por los mensajes de solidaridad. Se agradece mucho de corazón”.

Los músicos de Red y Green, que lograron gran popularidad en los años 90, se encontraban de gira y habían presentado recientemente su show “La guerra de los colores” en la provincia de Tucumán.

Fuente: TN

Una nena de 11 años estaba merendando con sus amigos en la zona de una represa cuando cuatro perros la atacaron brutalmente y le provocaron graves heridas. Producto del brutal episodio, debió ser operada y permanece hospitalizada.

Todo sucedió este sábado por la tarde en el Parque de la Salud de la localidad de Rosario de Lerma, en Salta. En aquel momento, debido al día primaveral, había mucha gente paseando en la zona.

Eliana Montaño, la mamá de la menor, contó cómo fue el brutal episodio: “Cuando los chicos estaban regresando, los perros se lanzaron directamente a atacarlos. Eran cuatro, y aunque ellos comenzaron a correr asustados, a mi hija la alcanzaron. Uno de ellos la mordió en la parte de los glúteos y en la espalda”, describió en diálogo con El Tribuno.

Ante esta situación, el papá de la nena se acercó rápidamente al lugar y la trasladó de inmediato al hospital Corbalán. Allí, la derivaron al Hospital Materno Infantil donde fue intervenida quirúrgicamente. “Las mordeduras fueron muy profundas, al punto que mi hija tuvo desprendimiento de piel”, precisó la madre, quien aseguró que la familia presentará la denuncia correspondiente una vez que la pequeña reciba el alta médica.

Los animales se encuentran en una zona de represa y suelen atacar a la gente que pasa por el lugar.

“Mi niña está en recuperación. Le están dando calmantes porque aún siente los dolores de la cirugía. Poco a poco está mejorando”, añadió.

Por otro lado, le agradeció a un vecino de la zona que acudió rápidamente a ayudarlos cuando escuchó los gritos de los chicos. “Si no hubiera sido por él, no sé en qué terminaba todo este ataque. Mi hija me contó que eran perros grandes, tipo mestizos, muy agresivos, porque fueron directo a atacar a los chicos, donde estaba mi pequeña”, explicó Montaño.

Según consignaron los medios locales, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques en la zona. El 16 de agosto dos mujeres estaban paseando cuando fueron atacadas por esta misma jauría que salió de un predio cercano a la represa del lugar, en las inmediaciones del Parque de La Salud. Las víctimas fueron salvadas por un vecino que debió usar un palo y un machete para frenar el ataque.

El área donde ocurrió todo se encuentra en fincas tabacaleras, cuyas tranqueras suelen permanecer abiertas, lo que facilita el acceso de personas que buscan atravesar el campo para comunicarse entre los distintos barrios. La represa de ingreso y sus inmediaciones son puntos muy concurridos, ya que se ubican cerca del popular parque, donde muchos vecinos realizan caminatas y actividades deportivas al aire libre.

En la parte trasera, donde se encuentran perros, no existe ningún cerco ni alambrado que delimite claramente la zona privada de la pública, indicaron.

Fuente: TN

Gendarmería Nacional incautó más de 39 kilos de cocaína en dos operativos realizados en la Ruta Nacional Nº50 en la provincia de Salta. Los procedimientos, llevados a cabo por efectivos del Escuadrón 20 “Orán”, se desarrollaron en dos puntos distintos según informaron las autoridades de esa fuerza federal.

El primer operativo ocurrió pasado el mediodía del lunes pasado en un tramo de la ruta conocido como “El Gauchito”. Los agentes detuvieron una Renault Kangoo que funcionaba como taxi y, al revisar el vehículo, descubrieron cuatro neumáticos cubiertos con una lona. Una mujer que era pasajera del taxi intentó ocultar la mercancía, pero los gendarmes encontraron dentro de las ruedas 23 paquetes amarillos, que contenían 24 kilos 332 gramos de cocaína.

El segundo procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 46, en el puesto de control “28 de Julio”. Aquí, con la ayuda de un perro antinarcóticos llamado “Coti”, los oficiales inspeccionaron un ómnibus de larga distancia. El perro alertó a los agentes sobre unos bultos en la bodega del vehículo. Al abrirlos, encontraron medias de vestir que ocultaban 14 kilos 780 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ambos operativos fueron puestos bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Orán, que ordenó la detención de las personas involucradas por infringir la Ley 23.737.

Y a fines del mes de mayo pasado, en un operativo similar, agentes del Escuadrón 53 “Jujuy” de la GNA detuvieron una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes en un operativo de prevención vial en el kilómetro 1.730 de la Ruta Nacional Nº 9.

Al momento de ser consultados, los individuos, procedentes de La Quiaca y con destino a Buenos Aires, mostraban signos de nerviosismo y evadían las preguntas de los oficiales.

Fue durante la inspección que un perro policía, Nahir, señaló la posible presencia de estupefacientes en el área del tanque de combustible.

Ante ello, la Fiscalía Federal de Jujuy ordenó una revisión exhaustiva, que resultó en el hallazgo de 19 paquetes de una sustancia blancuzca y las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20,062 kilogramos.

Las autoridades confiscaron la droga y el vehículo, y arrestaron a los dos ocupantes bajo cargos de violación de la Ley de Estupefacientes 23.737.

Y en una operación destinada a enfrentar el narcotráfico en áreas fronterizas, efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron en el mes de marzo pasado, un vehículo en la provincia de Salta que ocultaba más de 24 kilos de cocaína en su tanque de combustible lo que resultó en la detención de dos individuos.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control en la ruta nacional Nº34, parte de una serie de operaciones de saturación sincronizada dirigidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando miembros del Escuadrón 54 “Aguaray”, asistidos por el perro detector de narcóticos “Minos”, señalaron la camioneta para una inspección más detallada.

El can alertó a los agentes sobre la posible presencia de sustancias prohibidas en la parte inferior del vehículo y un escáner reveló anomalías en el tanque de combustible y una inspección manual posterior permitió recuperar 44 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo confirmaron que contenían cocaína, con un peso total de 24,985 kilogramos. La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó el secuestro de la sustancia y del vehículo, y la detención de los dos sospechosos.

Asimismo, en otro operativo, miembros de la Sección “Joaquín V. González” del Escuadrón 45 “Salta” detuvieron un vehículo sospechoso en la Ruta Nacional Nº 16.

Allí, una inspección detallada reveló 20 paquetes de cocaína sumergidos en el combustible, con un peso total de 21,526 kilogramos. Los ocupantes del vehículo fueron detenidos y se ordenó el secuestro del vehículo y la droga.

Fuente: Infobae.

La llegada del viento Zonda en varias provincias del norte del país alentaron el inicio de varios incendios forestales, sobre todo, en Salta. Después de una ardua jornada de tareas de sofocamiento, las autoridades confirmaron que aún hay tres focos de gran magnitud activos en todo el territorio. No obstante, al menos unas nueve provincias también reportaron problemas con los siniestros forestales.

A raíz de los destrozos que generó el fuego en varias localidades, el Gobierno salteño activó una alerta por el alto riesgo de propagación de siniestros en la provincia. En paralelo, la Subsecretaría de Defensa Civil, la Policía de Salta, la Brigada Forestal, los Bomberos de la Policía y Seguridad Urbana han participado de los operativos montados durante la jornada del sábado.

Pese a los esfuerzos de los brigadistas, las ciudades de Güemes, Tartagal y el Valle de Lerma aún cuentan con varios focos activos. Sin embargo, los puntos que fueron detectados en la ciudad de Salta lograron ser sofocados al final del día. Desde Defensa Civil señalaron que los barrios de la capital afectados fueron Don Santiago, San Ignacio, San Alfonso, Los Tarcos, Pinares y Castañares.

Según la información publicada por el medio local Qué pasa Salta, los socorristas se concentraron en el sofocamiento de focos activos registrados en la ruta 26, en las cercanías de Río Ancho; en la zona de Circunvalación Oeste, entre la ruta nacional 51 y Río Arenales; y en la ruta provincial 99 Finca El Prado. Además, se trabajó en los municipios de Cerrillos y La Merced.

Hasta el momento, no hubo heridos ni viviendas afectadas por los incendios. No obstante, las autoridades señalaron que una familia domiciliada en el barrio 14 de Mayo de Salta Capital tuvo que ser evacuada y asistida por el personal médico, debido a que habían sufrido una inhalación excesiva de humo.

Lamentablemente, la fauna y flora autóctona que habitaba en el área de Villa Rebeca, un suburbio situado al sur de la capital, no corrieron la misma suerte. De acuerdo con el testimonio de los Bomberos Voluntarios de La Silleta, el foco fue sofocado, pero las imágenes post siniestro fueron impactantes.

“Estaban todos muertos”, confió uno de los brigadistas al hacer referencia a los animales que fueron consumidos por el fuego, entre ellos, cinco caballos y varios perros. Incluso, una chacra que estaba sembrada y una cancha de fútbol fue consumida en la zona de El Prado. Según señaló el medio El Tribuno, las tareas de enfriamiento continuarán como forma de prevenir que las llamas vuelvan a expandirse.

El resto de las provincias en donde se registraron incendios forestales fueron Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones, aunque todos ellos ya fueron sofocados hacia el final del día de ayer. Además, en los últimos días también se reportaron siniestros en Jujuy, con un saldo de 30 hectáreas de vegetación consumidas en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Palpalá, Santa Bárbara y El Carmen tal como comunicó el medio local Somos Jujuy.

En el caso del Noroeste argentino (NOA), las ciudades afectadas fueron Tafí del Valle, en Tucumán; Las Juntas, en Catamarca; y el Cerro de la Cruz, ubicado en la capital de La Rioja. Todos ellos fueron declarados extintos, aunque en la localidad tucumana señalaron que “quedan unos árboles ahí que están husmeando, y eso va a hacer hasta que se terminen de combustionar esos árboles, que ya dejen de prender”, explicó la titular de Defensa Civil del lugar, Andrea Cruz, durante un diálogo con LV12 Web.

Sin embargo, los resultados de los incendios en Catamarca fueron preocupantes, ya que se contabilizaron un total de 8 personas heridas y dos viviendas destruidas por las llamas. De acuerdo con La Nueva Rioja, el paciente que presentaba mayores heridas de gravedad era un empleado municipal de 35 años que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, debido a que tenía un 80% del cuerpo quemado.

Aparentemente, su caso se complicó porque el hombre intentaba evitar que su motocicleta fuera alcanzada por las llamas. El resto de los siete heridos serían socorristas que participaron de las labores de sofocamiento. No obstante, se desconoce el origen del siniestro, por lo que la causa será investigada por el fiscal de Instrucción N° 4, Federico Aldecó.

Más en el centro del país, los incidentes en Córdoba y Santa Fe continuaron a la orden del día. Desde hace varios días que los bomberos trabajaban en el sofocamiento del foco detectado en Villa del Totoral (Córdoba) y, finalmente, el frente pudo ser contenido este sábado por la tarde. “En estos momentos no hay focos de incendio en el territorio provincial”, señalaron desde la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego durante una entrevista para El Doce.tv.

En el territorio santafesino, las autoridades reconocieron que la provincia se encuentra en un estado delicado, debido a que otra vez volvieron a notificarse focos en la zona de la Autopista Rosario-Santa Fe y la Ruta 168. Según Aire de Santa Fe, el director provincial de la Zona Norte de Protección Civil, Daniel Iglesias, el problema para controlar el inicio de nuevos incendios sería promovido por la falta de lluvias que hubo tanto en el norte, como en el sur de la provincia. Además, apuntó a la sequía que afectó a los pastizales y vegetación del lugar.

“No se puede considerar que haya una intencionalidad, pero está todo en materia de investigación y lo que podemos decir es que no son fuegos casuales. Puede ser por limpieza de terrenos, por descuidos en la quema de basura”, evaluó al indicar que los casos serán investigados. No obstante, solicitó la colaboración de la ciudadanía para evitar la activación de nuevos puntos.

Los incidentes también se extendieron hacia el Noreste argentino (NEA), en donde se denunció un incendio en Campo General Ávalos, situado en la localidad de Monte Caseros, Corrientes. En una charla con Diario Época, el subjefe de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, señaló que “el inicio del fuego puede provocar daños irreversibles a nuestro ambiente”, a la vez que recordó que se encontraba prohibido cualquier tipo de quema en el territorio ante el nivel de riesgo que se corre en el área producto de la sequía y las condiciones climáticas actuales.

Según Data Chaco, cuatro focos de incendios fueron combatidos en Chaco, específicamente, en Los Frentones, San Bernardo, Fontana y Resistencia. Todos fueron sofocados por los brigadistas y se cree, al menos tres ellos, estuvieron relacionados con la quema de pastizales. No obstante, el caso de Los Frentones tuvo lugar en un aserradero, en donde se perdieron 100 postes de madera, más de 21 mil kilos de leña de campaña y algarrobo, sumado a los daños materiales provocados en una vivienda aledaña.

Por último, la Policía de Misiones comunicó que entre el viernes y la madrugada del sábado se contabilizaron un total de 23 focos en toda la provincia. Pese a que todos fueron detenidos con el paso de las horas, remarcaron que el punto de mayor conflictividad fue en el barrio Itaembé Guazú, situado en la ciudad de Posadas, donde se registró un total de 80 hectáreas de malezas consumidas.

En el operativo que duró más de 12 horas trabajaron cinco dotaciones de Bomberos, los cuales se distribuyeron entre la zona del Hipódromo y las canteras Las Marías y Don Luis, según indicó La Voz de Misiones. Al igual que en el resto de las provincias, desde el Gobierno pidieron precaución y alertaron sobre el riesgo de incendios en toda la provincia, debido a que las heladas de las últimas semanas volvieron más propensas a la vegetación y los espacios verdes que fue quemada por el frío.

Fuente: Infobae.