El Gobierno puso en marcha el nuevo Régimen Penal Tributario, publicado en el Boletín Oficial, que actualiza los montos mínimos de punibilidad y modifica los procedimientos de fiscalización y sanción aplicables a contribuyentes. La medida, establecida en la Ley 27.799 -conocida como “Inocencia Fiscal”-, introduce cambios sustanciales en los umbrales para delitos e infracciones tributarias, informaron desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

La reforma eleva el monto mínimo para considerar la existencia de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones por cada tributo y ejercicio anual. En el caso de la evasión agravada, el piso se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. Asimismo, la evasión de recursos de la seguridad social tendrá un mínimo de $100 millones, mientras que su variante agravada se fija en $10 millones.

El aprovechamiento indebido de beneficios fiscales será sancionado a partir de los $7 millones, y la retención indebida de aportes de la seguridad social cuando supere los $20 millones. La norma también sustituye artículos del Régimen Penal Tributario establecido en la Ley 27.430, así como disposiciones de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y del Código Civil y Comercial de la Nación.

En relación con la extinción de la acción penal, la ley establece que la administración tributaria no formulará denuncia si el contribuyente cancela de forma total e incondicional la deuda y los intereses antes de la presentación de la denuncia. Este beneficio podrá utilizarse una única vez por cada persona física o jurídica.

Si la acción penal ya se hubiera iniciado, el imputado contará con 30 días hábiles desde la notificación para pagar la deuda más un 50% adicional, lo que permitirá extinguir el proceso judicial. En materia de prescripción, se reduce de cinco a tres años el plazo para que el Fisco exija impuestos a contribuyentes inscriptos que presentaron sus declaraciones en término.

Este beneficio se pierde si existe una “discrepancia significativa”, definida como una diferencia superior al 15% entre lo declarado y lo determinado por ARCA, o cuando la diferencia supere los $100 millones establecidos en el artículo 1 del régimen.

La ley crea además un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Quienes opten por esta modalidad y paguen en término la declaración propuesta por el organismo recaudador obtendrán un efecto liberatorio que impide futuras acciones civiles o penales por ese período fiscal, salvo en casos de facturas apócrifas o ingresos omitidos.

Finalmente, se dispone que todos los montos mencionados se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero de 2027 según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Para determinar si un hecho constituye delito, se tomará el monto vigente al momento de la comisión, mientras que para las multas se aplicará el valor vigente al momento del pago.

Tras la pelea con arma blanca protagonizada por integrantes de las dos facciones que se disputan el liderazgo de la barra brava de Aldosivi, el APreViDe sancionó al club marplatense con tres fechas de local sin posibilidad de usar las populares del estadio y en las que además sólo podrán ingresar los socios.

Además, el organismo difundió una lista con trece personas a las que se les aplicará el derecho de admisión por tiempo indeterminado y se informó que el ingreso de banderas, instrumentos y afines quedará suspendido hasta nuevo aviso.

Por otra parte, se intimó al Club Aldosivi a que identifique a los responsables y cumpla con el compromiso de vender entradas sólo a los socios. 

Como anticipo a esta sanción, el organismo provincial ya había informado que para el partido por Copa Argentina frente a Argentinos Juniors le venderán entradas únicamente a socios del club, las cuales se conseguirán tan solo en el predio de la institución marplatense.

Se recuerda que el enfrentamiento en la tribuna popular del José María Minella estuvo protagonizado por integrantes de la facción oficial, denominada “La Pesada”, y miembros de la disidente, llamada “Plaza Italia”, durante el partido que jugó Aldosivi contra Newell’s Old Boys el pasado sábado.

De acuerdo a la información a la que accedió este portal, los agresores utilizaron como armas un palo redoblante al que le rompieron la punta, un destornillador que tenía el fin de ajustar los instrumentos y dos cuchillos, a los que accedieron al amenazar a los trabajadores que se dedican a la gastronomía en la cancha.

En paralelo a la sanción del APreViDe, el Ministerio de Seguridad de la Nación también apercibió a tres miembros activos de la barra oficial, quienes fueron identificados como Carlos Manuel Juárez, alias “Kiu”, señalado como número dos de la facción Nuevo Golf; Braian Nicolás Ezequiel Otero, quien tiene antecedentes penales por encubrimiento; y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi, con antecedentes por robo y encubrimiento.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una medida de restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado a tres hombres, quienes fueron identificados como miembros activos de la barra oficial de Aldosivi.

Según informaron desde la cartera nacional, los sancionados son: Carlos Manuel Juárez, alias “Kiu”, señalado como número dos de la facción Nuevo Golf; Braian Nicolás Ezequiel Otero, quien tiene antecedentes penales por encubrimiento; y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi, con antecedentes por robo y encubrimiento.

La decisión se debe a los graves incidentes que se registraron el sábado pasado durante el partido entre el elenco marplatense y Newell’s en el José María Minella, donde enfrentamientos entre facciones de la barra terminaron con heridos por el uso de armas blancas.

Además, indicaron que los implicados fueron identificados a partir del análisis de registros audiovisuales, quienes figuran como parte de la facción que responde a “El Indio Comán”, actual jefe de la barra.

La sanción, dictada en el marco de la Ley 20.655 y el Decreto 246/17, fue publicada en el Boletín Oficial y ya se encuentra vigente.

Una empresa armadora, responsable de una embarcación, reembolsó al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata 9,5 millones de pesos correspondientes a los costos de las tareas de remediación ambiental por un derrame de combustible provocado por un buque pesquero en la zona portuaria.

El acuerdo, presentado por el fiscal federal Santiago Eyherabide junto a representantes de la empresa involucrada y del Consorcio Portuario, fue homologado por el juez federal Santiago Inchausti, en cumplimiento del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que prevé la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del daño. La resolución fue destacada por su celeridad y el monto involucrado.

El incidente ocurrió cuando se detectó una mancha oleosa de aproximadamente 10x10 metros en el espejo de agua del muelle 10 del Puerto de Mar del Plata. El Consorcio Portuario llevó a cabo las tareas de contención y limpieza, utilizando barreras para evitar la propagación del combustible y recolectando el producto derramado, con un costo total de 9,5 millones de pesos.

La investigación penal, liderada por el fiscal Eyherabide, identificó al buque responsable mediante un peritaje químico que estableció la correspondencia entre las muestras del agua contaminada y el combustible del buque, consistente en hidrocarburos derivados del petróleo similares al gasoil impurificado. La empresa armadora fue imputada bajo el artículo 56 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación ambiental por imprudencia, negligencia o inobservancia de normativas.

Con la homologación del acuerdo y el reembolso de los gastos de remediación, la acción penal quedó extinguida, marcando un precedente en la gestión de conflictos ambientales con soluciones efectivas y expeditivas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

A raíz del pedido que le realizó la Comisión Provincial por la Memoria al Concejo Deliberante para que sancionen al intendente Guillermo Montenegro, el director ejecutivo de la organización, Roberto Cipriano, respaldó la iniciativa y señaló que el líder de la comuna “le está poniendo una atención importante a agraviar, hostigar y amenazar a gente que está en situación de vulnerabilidad”.

El pedido se debe al accionar de los agentes de la Patrulla Municipal en los operativos contra trapitos y cuidacoches, el cual es festejado con frecuencia por el jefe comunal en sus redes sociales. “La Patrulla Municipal agarró prófugos de la Justicia y eso les molesta. Yo lo celebro, y eso les molesta el doble", se defendió Montenegro.

“Denunciamos penalmente la actuación de la Patrulla Municipal, porque en su accionar comete delitos, y realizamos una presentación al Concejo Deliberante para que analice la situación, ya que el intendente además de la responsabilidad penal que tiene por haber omitido denunciar hechos que cometieron agentes de la Patrulla Municipal, él mismo sube videos de estos actores pegándole a una persona y noqueándola, y en vez de denunciarlo, lo promueve y los alienta”, expresó en diálogo con “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

La Comisión Provincial por la Memoria -cuyo presidente es Pérez Esquivel- le pidió al Concejo Deliberante de nuestra ciudad que me sancionen. Se basan en acciones expresadas en la red social X sobre los operativos contra trapitos y fisuras que estamos llevando adelante.Creen… pic.twitter.com/DFOJECXtWC

Al mismo tiempo, añadió que “hacer apología al delito constituye otro accionar delictivo”, en referencia a esas acciones del jefe comunal, y que “hay elementos que tienen que ver con su comportamiento como intendente que podría evaluar el Concejo Deliberante”.

En tanto, acerca de la publicación en la que sostuvo que la Comisión Provincial por la Memoria trata de “vulnerables” a los delincuentes, el referente de la organismo comentó que “es parte de su ejercicio dialéctico en las redes sociales para tratar de menospreciar lo que decimos”.

Y por su lado, expresó: “Le decimos que cumpla con la ley y con sus obligaciones, porque como funcionario público tiene que denunciar los delitos que llegan a su conocimiento y no promover ni festejar los delitos que cometen sus empleados. Por supuesto que estamos a favor de que la Justicia investigue a todos los delitos, que se condene a quien se tenga que condenar, acá no hay una promoción del delito”.

En ese sentido, Cipriano remarcó que Montenegro “le está poniendo una atención importante a agraviar, hostigar y amenazar a gente que está en situación de vulnerabilidad”, a la vez que contempló que "habrá trapitos y cuidacoches que hostigan a la gente", lo que ellos no convalidan sino que dicen “que el intendente y sus funcionarios tienen que actuar en el marco de la ley”.

“Lo que está haciendo mal y lo sabe es que está generando una fuerza que interviene por fuera de la ley porque se está rogando facultades que tiene solamente la policía de la provincia de Buenos Aires, y utiliza las denominadas armas no letales. No puede armar un cuerpo, más aún porque no está habilitado en la Ordenanza de la creación de la Patrulla Municipal”, sentenció.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que conduce Federico Thea, publicó los fallos para aprobar las rendiciones de cuentas de los 135 municipios.

Se trata del órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales y posee las atribuciones que le confiere la Constitución bonaerense. Algunos intendentes fueron amonestados, mientras que la mayoría deberá afrontar multas o cargos.

En tanto, Balcarce, a través del intendente Esteban Reino, se encuentra entre el selecto grupo de jefes comunales que no recibieron sanción alguna. Además, se encuentrancomprendidos Emilio Cordonnier (Ayacucho) Guillermo Montenegro (GeneralPueyrredon), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Mariel Fernández (Moreno), Facundo Diz (Navarro), Sebastián Walker (Pila), Ricardo Alessandro (Salto) y  Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano).

En un fallo que se dio a conocer hoy, la Justicia reconoció que Brian Rosso tenía razón en su demanda por la sanción de 6 meses que le fue impuesta y no sólo le tendrán que reparar el daño de forma retroactiva a marzo, sino que le permitiría también regresar a la Selección Nacional buscando una plaza para Tokio.

Todo llega para quien sabe esperar. Es una frase remañida pero en este caso, muy cierta. Brian Rosso masticó bronca, se sintió frustrado, pero nunca dejó de pelear luego de que la AARA lo sancionara por 6 meses fuera de la Selección Argentina en la previa de los Juegos Olímpicos de este año.

Las acciones legales que interpuso, como toda acción vinculada a la justicia, llevan su tiempo pero su arma era tan valedera como determinante: la verdad. Brian Rosso junto con su abogado Hernán Frisone lograron ir hasta las últimas consecuencias y 7 meses después de la sanción, la justicia le dio la razón al remero de Mar del Plata revocando la sanción impuesta por el ente que maneja el deporte en el país.

¿Qué significa esto? Primero que debe recibir un resarcimiento por todos meses donde ni siquiera pudo cobrar su beca por estar fuera de la Selección Nacional, entre otros daños que sufriera. Pero también le abrirá la posibilidad de regresar al equipo nacional buscando la clasificación a Tokio 2020 el próximo año, un gran sueño que tenía Brian y que creía que podía concretar.

No será sencillo, pero se abrió el camino de la esperanza después de un año realmente difícil y esta vez, la justicia no le soltó la mano, sino que le dio la razon. Pero por insistir, por ir hasta el fondo sabiendo que tenía la razón y no tenían pruebas para acusarlo de lo que finalmente lo declararon culpable.

El enfrentamiento que tuvo Brian Rosso con los dirigentes de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) trajo consecuencias muy drásticas para el deportista. La Federación lo sancionó y le cortó el camino para clasificar a los Juegos de Tokio. 

La normativa, publicada por el mismo remero en sus redes sociales, sentencia que no podrá formar parte de los seleccionados nacionales en un plazo de seis meses. La sanción rige desde el 10 de marzo y culminará el 10 de septiembre.

Y este jueves, por la misma vía, Rosso manifestó que "ya van 4 meses desde que me sancionaron y estoy intentando por todos los medios posibles tratar de revocar la sanción, que me terminó quitando todo el apoyo económico que recibía para poder entrenar y vivir representando a Argentina".

"Todo lo que tenia en el 2016, hoy no lo tengo. No tengo el bote, ni el apoyo de mi Federación, ni beca para poder clasificar", manifestó el marplatense.

El remero solicitó una medida cautelar en el Juzgado Civil Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, la cual fue rechazada porque no está clasificado para los Juegos Olímpicos. No obstante, se pidieron otras tres medidas cautelares, las cuales no fueron resueltas al día de la fecha.

"Lamentablemente cada día veo más lejana mi preparación para la clasificación de los Juegos Olímpicos Tokio 2021", indicó Rosso.

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— Brian Rosso (@brarosso) July 23, 2020