La decisión quedó plasmada en la Resolución 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que actualiza y unifica los procedimientos de fiscalización, reemplazando normativas vigentes desde principios de los años 2000. A partir de este marco, se establecen mecanismos más ágiles para detectar, denunciar y sancionar intervenciones hidráulicas clandestinas, como canalizaciones, terraplenes o movimientos de suelo que afecten cursos de agua.

Entre los cambios principales se destaca la ampliación de los actores habilitados para iniciar denuncias. Además de los organismos provinciales competentes, los municipios y los propios ciudadanos podrán informar sobre obras sospechadas de no contar con los permisos correspondientes.

La normativa pone el foco en los barrios cerrados y desarrollos privados, donde este tipo de intervenciones suele realizarse dentro de predios particulares, pero igualmente requiere autorización provincial según lo establece el Código de Aguas. Desde la Provincia advierten que estas obras, aun cuando se ejecuten en terrenos privados, pueden impactar negativamente en zonas linderas y en la red hidráulica general.

Otra de las herramientas incorporadas es el uso de imágenes satelitales de alta resolución para constatar posibles irregularidades, especialmente en aquellos casos en los que no sea posible acceder físicamente a los predios. Esta tecnología permitirá ampliar el alcance de los controles y acelerar los procesos de verificación.

El procedimiento prevé plazos para que los responsables presenten la documentación correspondiente. En caso de no acreditar la autorización, la obra podrá ser declarada clandestina, con la aplicación de sanciones económicas y la obligación de desactivar la intervención y restituir el terreno a su estado original. Si no se cumple con esa intimación, la Provincia podrá ejecutar las tareas necesarias, con costos a cargo del propietario.

Con esta medida, las autoridades provinciales buscan fortalecer la prevención frente a eventos climáticos intensos y avanzar en un mayor control sobre prácticas que, en muchos casos, alteran el funcionamiento del sistema hidráulico y generan consecuencias en áreas urbanas y rurales.

Según fuentes de seguridad consultadas por este medio, APreViDe sancionará a doce miembros de las barra de Aldosivi y les aplicará una medida de restricción de concurrencia a eventos deportivos por tiempo indeterminado. 

El enfrentamiento en la tribuna popular del José María Minella estuvo protagonizado por integrantes de la facción oficial, denominada “La Pesada”, y miembros de la disidente, llamada “Plaza Italia”.

Además, por disposición del organismo provincial, para el partido por Copa Argentina frente a Argentinos Juniors le venderán entradas únicamente a socios del club, las cuales se conseguirán tan solo en el predio de la institución marplatense.

Por otra parte, también informaron que el acceso al estadio de Defensa y Justicia será solamente con entrada y carnet, y que no se podrán ingresar banderas ni instrumentos.

Se recuerda que, en paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación también apercibió a tres miembros activos de la barra oficial, quienes fueron identificados como: Carlos Manuel Juárez, alias “Kiu”, señalado como número dos de la facción Nuevo Golf; Braian Nicolás Ezequiel Otero, quien tiene antecedentes penales por encubrimiento; y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi, con antecedentes por robo y encubrimiento.

Las sanciones corresponden a los graves incidentes que se registraron el sábado pasado durante el partido entre el elenco marplatense y Newell’s en el José María Minella, donde enfrentamientos entre facciones de la barra terminaron con heridos por el uso de armas blancas.

De acuerdo a la información a la que accedió este portal, los agresores utilizaron como armas un palo redoblante al que le rompieron la punta, un destornillador que tenía el fin de ajustar los instrumentos y dos cuchillos, a los que accedieron al amenazar a los trabajadores que se dedican a la gastronomía en la cancha.

Durante el partido entre Aldosivi y Newell’s, se desató una feroz pelea en la tribuna popular del estadio Minella. Hay tres heridos leves y todos los involucrados fueron identificados. 

Una violenta disputa interna entre facciones de la barra brava de Aldosivi generó momentos de extrema tensión en el estadio José María Minella, durante el empate 0 a 0 frente a Newell’s, por la tercera fecha del Torneo Clausura. 

Según fuentes de la Seguridad provincial, la pelea, que incluyó armas blancas, habría sido por el dominio de banderas y la ubicación en la tribuna, símbolos de poder entre las hinchadas.

El parte policial confirmó que tres personas, de 36, 34 y 29 años, sufrieron heridas cortantes. Si bien ninguna reviste gravedad, la situación obligó a identificar a los implicados y girar las imágenes a la fiscalía. 

Analizan sanciones: prohibición del ingreso de banderas e instrumentos musicales, derecho de admisión para los involucrados y la chance concreta de que el club juegue con restricciones por tiempo indeterminado.

Aldosivi emitió un comunicado repudiando los hechos y reafirmando su postura contra la violencia. Mientras tanto, se espera que entre hoy y mañana se defina la sanción oficial, que también podría afectar la presencia de Aldosivi en la Copa Argentina.

A raíz de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), comenzaron a llegar las primeras sanciones económicas a empresas que incumplieron con el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Las multas, que alcanzan cifras millonarias, fueron aplicadas a empresas como Yaguar, Vital, Caromar, Maxiconsumo y Makro, que se negaron a incorporar en los salarios el incremento acordado legalmente, a pesar de que el convenio cuenta con la homologación del gobierno provincial.

“El tiempo de las advertencias terminó. Se inicia ahora una etapa de sanción efectiva a quienes se creyeron por encima de la ley y del derecho de los trabajadores a percibir lo que les corresponde por paritaria”, expresaron desde el sindicato encabezado por Guillermo Bianchi.

Desde la organización gremial destacaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido de defensa del salario y de lucha contra la precarización laboral: “No vamos a permitir que ningún empleador desconozca los acuerdos que garantizan el poder adquisitivo de nuestros compañeros”, añadieron.

Por último, remarcaron que el sindicato continuará impulsando inspecciones y denuncias ante cada caso de incumplimiento, y llamaron a los trabajadores a reportar irregularidades para seguir avanzando en la defensa de sus derechos.

Ingresó en el Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales y comerciales para quienes cometan delitos o prácticas abusivas durante situaciones de extrema vulnerabilidad social, como las vividas recientemente en la ciudad de Bahía Blanca.

El proyecto, titulado Ley de Agravamiento de Sanciones en Contextos de Conmoción Social, establece que las penas para los delitos cometidos durante o inmediatamente después de desastres naturales, catástrofes humanas o tecnológicas se incrementen al doble. Además, prevé que las multas por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas comerciales también se dupliquen en estos contextos.

“Lo que vivimos en Bahía Blanca fue una verdadera tragedia, con familias enteras afectadas, infraestructura devastada y servicios esenciales colapsados. No podemos permitir que haya quienes, en medio del dolor y la desesperación de la gente, se aprovechen para cometer delitos o abusos comerciales”, expresó el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, autor del proyecto.

Además, agregó que “no sólo nos referimos a los hechos más visibles, como los robos, sino a situaciones que generan aún más daño e inseguridad, como la violación a la propiedad y las usurpaciones. Estas acciones siembran el miedo entre quienes ya lo ha perdido todo y complican las tareas de evacuación y restablecimiento del orden”.

El proyecto también contempla que la diferencia recaudada por estas sanciones agravadas se destine directamente a la asistencia y recuperación de las víctimas y de las comunidades afectadas. “El objetivo es claro: quienes cometen delitos en medio de una catástrofe no sólo deberán enfrentar penas más duras, sino que lo recaudado por esas sanciones irá a reparar los daños sufridos por la población. Se trata de justicia y de reconstrucción social”, sostuvo el diputado.

Sánchez Wrba concluyó que “la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar con firmeza y equidad en situaciones de crisis y garantizar que la solidaridad y la justicia prevalezcan por sobre la especulación y el delito”.

Las fiestas clandestinas continúan siendo una problemática en Mar del Plata. Luego que el Municipio desarticulara una en Punta Mogotes a la que asitieron más de 500 personas, el concejal Mauricio Loria pidió a la Justicia de Faltas que exima sanciones "ejemplificadoras".

"Espero el máximo de los controles del Municipio, y el máximo de la pena por parte de los jueces de Faltas cuando tengan que aplicarla, porque hay una falta de conciencia social en este caso muy marcada. Es increíble, más allá que a los jóvenes no los afecta en gran medida, son transmisores del virus. Esa gente anda en colectivos, ven a sus padres, abuelos", afirmó Loria en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, señaló que los jóvenes que asisten a las fiestas deben pensar "en toda la gente que ha fallecido a nivel mundial y los trabajadores de la salud que vienen haciendo un esfuerzo tremendo este año". "Todos queremos salir y volver a la vida normal, pero hay que tomar un poco de conciencia", agregó.

"Pido que a la hora de aplicar una sanción sean realmente ejemplificadoras, porque acá está en riego la salud pública. Que la persona reciba una pena que realmente le cueste, porque pone en riesgo a toda la comunidad. Las multas van de 350 mil a 1 millon de pesos, el monto lo define el juez de faltas. Espero que apliquen el máximo", aseveró el concejal.

El intendente Esteban Reino firmó el decreto que prohíbe en el ámbito del Partido de Balcarce, toda reunión social o familiar entre personas que no sean convivientes para lo cual se prevé una serie de multas económicas que van desde los $ 3000 a $ 248.760.  También se tomaron medidas para taxis, remises y quienes circulan sin tapaboca por la calle.

Por lo tanto, "los propietarios, poseedores o tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas, u otro tipo de inmueble sean personas físicas o jurídicas donde se realicen las reuniones sociales, serán pasibles delas sanciones establecidas por el artículo 39 de la Ordenanza 328/79. Además se formará una causa penal, dado que se labrará el acta para remitir a la Justicia Federal", comunicaron.

En diálogo con este medio, el Jefe comunal comentó que actualmente tienen más de 400 personas aisladas. "Por malas conductas y el crecimiento de casos positivos relacionados a la realización de reuniones sociales, cumpleaños, etc, tuvimos que tomar medidas", dijo.

"Los médicos del comité Respiratorio nos dieron su parecer sobre la actualidad del virus en el distrito y tuvimos que tomar medidas de este tipo que sabemos no son simpáticas. Creo que ya con cinco meses de educación fue suficiente" señaló.

Comentó Reino que las multas para quienes no usen el tapabocas van de entre $3 mil y $5 mil y llega a casi $250 mil para quienes organicen fiestas clandestinas. "No tenemos que relajarnos", apuntó Reino.

"La comunidad de Balcarce tomó bien esta medida", dijo Reino. "Es una pequeña minoría la protagonista de las malas acciones y ese comportamiento de ese grupo minoritario puede complicar todo. Se trata de jóvenes pero apañados por los mayores", alertó.

"Notamos que se hacen reuniones en el Cerro el Triunfo, en el autódromo, compartiendo bebidas, mates, y no nos quedó otra cosa que acudir a estas medidas. Ya se hicieron las primeras multas y ya se notó que circuló menos gente y los que había, todos con barbijos", señaló luego.

Sobre la situación de casos, el Intendente dijo que no tienen pacientes en terapia intensiva pero "estamos alertas a todo lo que puede pasar". Para Reino, es clave el ingreso de mercadería que ingresa al distrito "que viene de Mar del Plata, porque tenemos un trato de circulación continua. Por eso pedimos que no vayan a Mar del Plata, sacan un permiso y fingen datos para ir a pasear y eso no es lo que queremos", refirió sobre la situación en "la Felíz".

"Tratamos de ser severos en los controles de ingreso pero más que eso no podemos hacer. Apelamos a la conciencia de todos los balcarceños. Quiero a Mar del Plata, soy un fanático pero tenemos que tomar conciencia, lo mismo pasa con Tandil que es otra ciudad con la que tenemos vínculos", sentenció y pidió que quienes vayan "lo hagan por una causa que se justifique".

Reino dijo que "los aislados están en sus domicilios, controlados" y que pronto "alquilaremos una casa que antes era un Hotel para albergar allí los casos como sucedió con el Hotel Balcarce".

De cara al futuro inmediato, Reino sostuvo que el tema COVID-19 tiene toda la agenda ocupada pero reconoció que se trabaja asimismo en obras viales de asfalto en barrios o en temas turísticos de estancias y ofrecer los atractivos de su distrito.

"Somos conscientes que si no aparece la vacuna no podemos pensar mucho más allá de lo que vemos, pensando también en la pospandemia. Creo que después de  una crisis nace una buena oportunidad y nosotros tenemos preparado el distrito para pensar en un destino de turismo interno, porque creo que Balcarce es una buena opción para todos", concluyó no sin antes enumerar destinos como la Laguna La Brava, el Cerro El Triunfo, las sierras para el deporte de aventura o el Museo Juan Manuel Fangio, entre otros.

El intendente Esteban Reino firmó el decreto que prohíbe en el ámbito del Partido de Balcarce, toda reunión social o familiar entre personas que no sean convivientes. "Todo esto como medida en salvaguarda y protección de la salud pública", deslizaron desde el ejecutivo. También se tomaron medidas para taxis, remises y quienes circulan sin tapaboca por la calle.

Por lo tanto, "los propietarios, poseedores o tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas, u otro tipo de inmueble sean personas físicas o jurídicas donde se realicen las reuniones sociales, serán pasibles delas sanciones establecidas por el artículo 39 de la Ordenanza 328/79. Además se formará una causa penal, dado que se labrará el acta para remitir a la Justicia Federal", comunicaron. Las multas irán de $ 3000 a $ 248.760.

Y quienes concurran a las reuniones sociales también serán pasibles de las sanciones establecidas por el artículo 39 de la Ordenanza 328/79. En el caso de menores de edad, la penalidad recaerá sobre los padres o tutores legales.

En caso de verificarse el desarrollo de un evento de las características establecidas, "los funcionarios actuantes estarán facultados para hacer cesar en forma inmediata la reunión, requiriendo si fuese necesario el auxilio de la fuerza pública y procederán a labrar el acta de infracción pertinente al responsable de la vivienda, como también a los asistentes de esta reunión social. Se deberá relevar e identificar a las personas y vehículos que se encuentren en el lugar", detallaron.

MEDIDAS SOBRE TAXIS Y REMISES

El servicio de taxis y remises podrá funcionar en condiciones normales, hasta la 1 de cada día, momento en que cesan las actividades del sector gastronómico en sus distintas variantes. "A partir de ese horario, las agencias de remises y los propietarios de taxis deberán solo mantener guardias para traslados de emergencia o pasajeros amparados por el traslado de actividades esenciales", remarcaron desde el gobierno de Esteban Reino. "Deberán informar diariamente, conforme legislación aplicable, el registro de pasajeros transportados sin excepciones", agregaron.

El incumplimiento o violación de lo normado será juzgado por la Justicia de Faltas, pudiendo aplicarse las multas previstas en el artículo 39 de la Ordenanza 328/79, clausura de la agencia y suspensión o baja de la respectiva licencia, de acuerdo a las normas que regulan el servicio de taxis y remises.

SANCIONES A QUIENES NO USEN TAPABOCAS

En tanto, cabe recordar la vigencia del decreto municipal Nº 791, cuyo artículo 3 señala que “toda persona que circule por la vía pública deberá obligatoriamente usar elementos de protección de nariz y boca”.

La transgresión a esta disposición será pasible de las sanciones que estipula el Código Contravencional de la Municipalidad.

Como parte de las acciones coordinadas entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Tandil, se continuó con los controles del cumplimiento del distanciamiento social, preventivo y obligatorio y se infraccionó a 178 personas por violación al artículo 205 del Código Penal.

Además se clausuró una fiesta en la que se identificó a 70 participantes y se iniciaron acciones a un ciudadano que intentó evadir uno de los puestos sanitarios.

En los últimos días, se hicieron más de 60 procedimientos a cargo de la Policía Bonaerense, a través de los cuales se detectaron e infraccionaron 178 personas que estaban incumpliendo las disposiciones en el marco de la pandemia. En todos los casos se iniciaron las actuaciones legales correspondientes y se elevaron al Juzgado Federal de Azul.

Los operativos se concretaron en distintas zonas de Tandil, principalmente entre las 0 y las 7 de la mañana, horarios en los que no hay actividades económicas permitidas y sólo puede circular el personal esencial en cumplimiento de sus funciones o quienes tengan la autorización correspondiente.

FIESTA CLANDESTINA

A partir de una denuncia recibida durante la madrugada del domingo en uno de los Puestos de Control Sanitario, se realizó un operativo en una chacra donde se realizaba una fiesta clandestina en la que participaban un importante número de personas.

Personal del comando de Patrulla Rural labró actuaciones a los cuatro responsables del lugar por Infracción del Artículo 205 del Código Penal, poniéndolos a disposición del Juzgado Federal de Azul, que resolverá su situación.

A partir del trabajo conjunto del Puesto de Control y del equipo de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, se logró identificar a 70 personas que participan en la fiesta, para que la justicia determine las acciones que correspondan.

CAUSA PENAL A VECINO DE RAUCH

Durante el fin de semana también se procedió a la aprehensión de un ciudadano proveniente de Rauch que intentaba ingresar ilegalmente a Tandil, sin permiso de circulación y evadiendo los controles de los puestos sanitarios.

Al evasor se le realizó una causa penal por infracción al Artículo 205 del Código Penal, con intervención del Juzgado Federal de Azul, y se le secuestró el vehículo.

Las autoridades comunales recordaron que Tandil está en Fase 5 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, “esta es una etapa en la que se busca la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios, y no significa que están permitidas todas las actividades”.

En ese sentido insistieron en que fuera de los horarios establecidos para las actividades económicas de la ciudad, solo se permite la circulación de ciudadanos que realicen tareas esenciales o que tengan el permiso correspondiente.

Las denuncias por incumplimiento del aislamiento obligatorio de 14 días para las personas provenientes de zonas de transmisión local del virus o de brote epidémico activo o a la normativa de aislamiento, se pueden realizar comunicándose telefónicamente al 101 o 2494607324. Para las denuncias por cuestiones vinculadas a la Dirección General de Inspección y Habilitaciones está disponible el 103.

El intendente Carlos Fernando Arroyo confirmó que se elevó en las últimas horas un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con el que busca endurecer las sanciones y multas económicas al transporte ilegal de pasajeros, después de la llegada de Uber a la ciudad.

La normativa contempla unan inhabilitación para conducir (180 días hábiles y 360 hábiles en casos reincidentes), multas económicas para choferes, titulares de los vehículos y a la empresa. “Se aplican sanciones gravísimas a la persona que conduzca el vehículo, al titular del mismo y, además, a la plataforma como Uber ya que hemos ubicado un domicilio. Habrá sanciones para todos y van a ser muy graves“, garantizó el jefe comunal.

Asimismo, Arroyo confió que la iniciativa “tendrá apoyo del Concejo Deliberante". "Creo que han tenido reuniones con representantes de taxis y remises y han llegado al convencimiento que la política que está siguiendo el Ejecutivo es la correcta. No podemos permitir un servicio público de transporte sin control y que no está regulado por el Estado", sostuvo, e insistió: "Acá no se trata del transporte de piedras, son personas y yo, como Intendente, tengo que cuidar a la gente de mi ciudad”.

DETALLES DEL PROYECTO

Desde la Municipalidad informaron que el primer artículo del Proyecto modifica la Ordenanza Municipal Nº 13.613 que regula en materia de transporte de personas rige en el Partido de General Pueyrredon y, establece que la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa graduable entre 10 y 50 sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de 180 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida.

En caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre 15 y 60 sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de 360 días hábiles. Además será infraccionado quien resulte ser el titular registral del vehículo, en el supuesto caso de no haber coincidencia de su identidad con la del conductor.

Además, se deja constancia que la difusión por cualquier medio y formato y/o la oferta pública del servicio de transporte dará lugar a la imposición de una multa, para las personas humanas y/o jurídicas responsables del hecho, graduable entre cincuenta (50) sueldos y ochenta (80) sueldos mínimos del personal municipal. En caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre (70) setenta y noventa (90) sueldos mínimos del personal municipal.