El juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, formalizó la investigación penal y dictó la prisión preventiva por 120 días de los dos hombres de 30 y 32 años, acusados de cultivar, almacenar y poseer con fines de comercialización más de 100 kilos de marihuana, secuestrados en un procedimiento realizado el pasado sábado en un predio rural de 8,75 hectáreas ubicado en Colonia Barragán, partido de Mar Chiquita, cercano a la Ruta 2.

El caso se inició tras la denuncia de un grupo de jóvenes que, días antes, mientras buscaban leña en un campo cercano, fueron amenazados con disparos de escopeta por un hombre del predio lindero. La investigación, que también tiene un plazo de 120 días, está a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, titular de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Mar del Plata, liderada por el fiscal Daniel Adler.

El sábado, a las 08:00, la Estación Camet de la Policía Bonaerense realizó un allanamiento ordenado por un juez provincial. Durante el procedimiento, se descubrieron dos galpones y una edificación adicional en el predio. En uno de los galpones se hallaron 17,51 kilos de ramas de cannabis secándose con ventiladores, mientras que en otro espacio, acondicionado con reflectores, se encontraron 530 plantas de marihuana.

Además, en una de las construcciones se secuestraron 351 bolsas herméticas con cogollos, totalizando 97,45 kilos, y cuatro cajas plásticas con 20,24 kilos adicionales, junto con blísteres de semillas, 11,5 millones de pesos y 400 dólares.

El fiscal Eyherabide, acompañado por el auxiliar fiscal Hércules Giffi, expuso que la intervención del fuero federal se originó por el hallazgo policial y destacó que el cultivo y la cosecha se realizaban en el mismo predio, evidenciado por el sistema de riego detectado. 

El Ministerio Público Fiscal solicitó medidas patrimoniales, como la inhibición general de bienes y el levantamiento de secretos fiscal y bancario, así como el secuestro provisorio de tres vehículos, dos motos de alta cilindrada y una camioneta utilitaria. Estas medidas fueron convalidadas por el juez Inchausti sin oposición de la defensa oficial.

La prisión preventiva se fundamentó en la alta probabilidad de culpabilidad, dado que los acusados fueron detenidos en el predio, y en la gravedad de los delitos, que contemplan penas de 4 a 15 años de prisión. Eyherabide también señaló el comportamiento agresivo de uno de los imputados y las amenazas con arma de fuego que originaron la denuncia. 

Fuente: con información de fiscales.gob.ar

La causa en la que una abuela rescató a su nieta de 17 años de una red de trata de personas sumó en los últimos días un nuevo detenido y el pedido de ampliación de la imputación para uno de los principales acusados.

El caso había salido a la luz gracias a que Fabiana, una abuela de 58 años, quien rescató a su nieta en febrero de este año. Se hizo pasar por prostituta para salvarla del edificio de avenida Libertad, donde estuvo secuestrada durante 21 días.

La Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, logró identificar a un hombre mayor de edad que también habría participado en los hechos por los que ya se encuentra procesado otro imputado: Gabriel Sánchez, acusado de ser el cabecilla de la organización.

La fiscal dispuso el secreto de sumario del expediente para así avanzar en la investigación y en las últimas semanas solicitó la detención y el allanamiento del domicilio del nuevo sospechoso. El juez de actuación del Juzgado N°3, Santiago Inchausti, autorizó las medidas que se concretaron el 18 de diciembre.

El celular del hombre estaba registrado en el edificio donde ocurrió el calvario, pero se había mudado de ese lugar a mitad de año. Se sospecha que, tras la detención de Sánchez, trató de escapar de la Justicia y buscó refugio en otro punto de la ciudad para no ser encontrado. Pero las autoridades llegaron hasta él mediante escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de antenas.

Aunque en el lugar allanado no había mujeres ni menores de edad, la Fiscalía avanzó con su imputación. Es por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes”.

El 19 de diciembre, el hombre fue indagado en sede judicial y actualmente el juez Inchausti se encuentra evaluando su situación procesal. El magistrado debe analizar si las pruebas que tiene la Fiscalía son suficientes para dejarlo detenido.

En paralelo, Mazzaferri había solicitado la ampliación de la imputación contra Sánchez, sumando el delito de abuso sexual agravado en relación con otra menor que también estaba alojada en el edificio de Avenida Libertad. Sin embargo, el juez decidió no hacer lugar a este pedido.

Se recuerda que a principios de este año Fabiana logró rescatar a su nieta infiltrándose en una red de trata. La joven había sido secuestrada tras un engaño por redes sociales y retenida durante 21 días en un departamento de avenida Libertad. Allí fue drogada, golpeada y abusada, mientras sus captores la ofrecían a clientes por 20.000 pesos.

Hoy, la chica ya tiene 18 años e intenta reconstruir su vida bajo la protección de su familia, mientras sigue con miedo a que la vuelvan a buscar. Aunque el rescate marcó un punto de inflexión, la investigación sigue abierta. La Fiscalía avanza en cada pista para desarticular por completo la red y obtener justicia para las víctimas.

Fuente: TN

El titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictó la ampliación de los procesamientos por el delito de cohecho para el presunto jefe y para el funcionario de Aduanas acusados de liderar y organizar una asociación ilícita desarticulada en mayo pasado.

Según la imputación, se dedicada a la comercialización de celulares de alta gama y otros artículos electrónicos ingresados de contrabando; a la administración, operación y captación de juegos de azar en línea sin la debida autorización; y a la puesta en circulación del dinero y otros activos provenientes de las actividades ilícitas.

La decisión va en línea con lo dictaminado por la fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, cuando oportunamente pidió ampliar por ese delito las indagatorias de ambos acusados, quienes además se encuentran con prisión preventiva. La causa tiene a otros ocho coimputados ya procesados desde junio pasado.

En el caso del principal acusado, un comerciante de 53 años que en su momento estuvo prófugo con pedido de captura nacional e internacional pero se presentó ante el juzgado el 3 de julio pasado, el juez Inchausti le amplió el procesamiento como autor del delito de cohecho activo. Esa figura concurre de manera real con los delitos por los cuales ya había sido procesado, es decir, asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con el de administración y explotación de juegos de azar sin la debida autorización en calidad de coautor; en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad.

El otro imputado es un empleado de la Dirección General de Aduanas (DGA) de Mar del Plata de 49 años -con prisión preventiva domiciliaria- a quien el magistrado le amplió el procesamiento también por cohecho pero en su modalidad pasiva, que concurre de manera real también por el delito por el que ya había sido procesado hace cinco meses, que es el de asociación ilícita, también en calidad de jefe u organizador.

El hecho nuevo que se les atribuyó, y por el que ahora fueron nuevamente procesados, según la investigación, señala que el comerciante le pagó y el empleado de Aduana recibió, la suma de 594.000 pesos a través de un depósito en efectivo realizado por un empleado del primero, el 3 de diciembre de 2021, en una sucursal del banco BBVA Francés de la ciudad balnearia “con el fin de poder llevar a cabo las maniobras investigadas”.

Según se desprende de la resolución, al momento de los hechos, ese monto en pesos equivalía a la suma de 5.871,88 dólares (al tipo de cambio del Banco Central de la República Argentina) y a 19,09 salarios mínimos vitales y móviles. Además, superaba de manera amplia los 375.596,27 pesos del salario que en ese entonces tenía el imputado en la DGA.

Un ticket del depósito, secuestrado en un allanamiento

La prueba clave a partir de la cual ambos acusado ahora también quedaron procesados por cohecho es un ticket de un depósito bancario hallado en una carpeta repleta de otra documentación similar, que fue secuestrada en uno de los allanamientos realizados el pasado 6 de mayo en una oficina vinculada al comerciante sindicado como el jefe de la asociación ilícita.

El depósito fue realizado en la sucursal 90 del mencionado banco por un empleado de una sociedad anónima controlada por primero de los acusados y su esposa, y para ser acreditado en la caja de ahorros del empleado de Aduana.

El juez Inchausti sostuvo en la resolución que entendía que el pago de los 594.000 pesos realizado por el comerciante al empleado de Aduanas, “responde sin dudas a su intervención como funcionario público aduanero ya sea para intervenir en sus operaciones, no efectuar los controles físicos de la mercadería que debía realizar en función de su cargo, o simplemente agilizar los despachos de importación de los imputados con tiempos más acotados en muchas de esas importaciones […]. No existe otra explicación posible”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Una asociación delictiva dedicada a comercializar éxtasis en eventos, tanto en Mar del Plata como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue desbaratada a partir de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Tras realizar siete allanamientos en Mar del Plata, las fuerzas de seguridad lograron la detención de tres personas (una de ellas con pedido de captura) y se secuestraron pastillas, marihuana, municiones y dinero en efectivo.

Mediante las pesquisas, iniciadas en marzo de 2023 y las cuales incluyeron “exhaustivas tareas de campo e intervenciones telefónicas”, el personal policial logró establecer que los sospechosos realizaban maniobras compatibles con la venta de estupefacientes y determinó los roles de cada uno.

Los implicados concretaban sus transacciones en fiestas electrónicas tanto públicas como privadas en la costa argentina. Asimismo, los detectives determinaron que el principal investigado viajaba frecuentemente a CABA donde replicaba las mismas acciones delictivas.

Fue así que por orden judicial, los agentes de la PSA allanaron siete domicilios ubicados en Mar del Plata, donde detuvieron a una mujer y dos hombres que quedaron incomunicados. Una de estas personas, además, registraba un pedido de captura vigente en el marco de una investigación que tramita la justicia de la provincia de Buenos Aires.

En el operativo, que contó con la intervención del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 a cargo de Santiago Inchausti, se secuestró marihuana, pastillas de éxtasis, una balanza de precisión, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, municiones y documentación de interés.

A partir de una orden del juez federal Santiago Inchausti, quien subroga el Juzgado Federal N°1, se resolvió la entrega de 3300 pares de zapatillas y unas 700 prendas de ropa a organizaciones que trabajan en los barrios vulnerables de Mar del Plata, que habían sido decomisadas en el marco de una causa en la que se investigó el contrabando de indumentaria y accesorios, como así también la comercialización de mercadería en infracción a la ley de marcas.

Según la investigación, esta mercadería pertenecía a una organización que operó al menos desde mediados de 2016 y hasta junio de 2018, cuando se produjeron los allanamientos, a través de la venta de estos artículos en comercios tipo “showrooms” y por medio de redes sociales, que tenían almacenados en viviendas particulares y en bauleras que alquilaban para tal fin.

Al momento de dictaminar en el marco de esta causa, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, sostuvo: “Del análisis del caso surge el secuestro de gran cantidad de mercadería (en su gran mayoría vestimenta y zapatillas), respecto de las cuales el juez ordenó su decomiso, mientras actualmente se encuentran en el depósito de la Dirección General de Aduanas. Es decir, hace cuatro años que las cosas se encuentran depositadas e incumplida la manda judicial”.

“En ese marco -añadió-, tal como oportunamente ya he sostenido y ha sido acogido favorablemente por esta Cámara, los bienes que resultan de la propia conducta delictiva son normalmente destruidos o dispuestos a fines sociales independientemente de la culpabilidad o inocencia de su titular, o derechos de terceros, lo cual muestra que el fundamento de estos decomisos es de naturaleza preventiva. La privación de esos bienes encuentra fundamento en que tales elementos han sido utilizados de un modo perjudicial para la sociedad y por ello, el Estado debe impedir que ello vuelva a ocurrir”.

En este sentido, Adler sostuvo que “la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia de este MPF informó que los elementos referidos resultarían de extrema necesidad para las personas en situación de vulnerabilidad que son asistidas por diversos centros comunitarios”.

Y agregó: “En consecuencia, he de requerir que, en atención al criterio ya sentado en los precedentes referidos, instruya la entrega de la mercadería decomisada a las entidades de bien público de nuestra comunidad informadas”.

Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Mar del Plata, con el voto del juez Eduardo Jiménez -al que adhirió su colega Alejandro Tazza-, indicó: “En cuanto al planteo fiscal de disponer la entrega de la mercadería incautada -siendo imposible su venta en subasta pública- a entidades de bien público de nuestra comunidad, entiendo que dicha cuestión deberá ser tratada por el juez de la instancia anterior en el correspondiente incidente”.

Por ello, el juez federal Inchausti -quien había actuado en la instrucción-, dispuso el decomiso de toda la mercadería secuestrada en el marco de la causa y ordenó su disposición a fines sociales.

De esta manera, y bajo la articulación del personal de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la semana pasada se armó un dispositivo en inmediaciones a la sede de AFIP-Aduana en el Puerto, a través del cual se distribuyeron alrededor de 3300 pares de zapatillas y ojotas, cerca de un centenar de prendas de abrigo, y unas 700 unidades de pantalones, camisetas y remeras.

Fuente: Fiscales.gob.ar