La Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef publicaron un comunicado conjunto pidiendo a las autoridades nacionales que la decisión de volver a las clases virtuales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco del aumento exponencial de casos de coronavirus “sea durante el menor tiempo posible y lo más sectorizado posible”.

En ese sentido, los organismos enumeraron una serie de preocupaciones que genera la vuelta a “la no presencialidad” que puede impactar directamente en la salud y el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“La escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales. Su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas” indicó el texto, y añadió: “Es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente en los grupos sociales más vulnerables”.

Las entidades remarcaron que “la situación de encierro, la falta de interacción social, la pérdida del trabajo, y la incertidumbre general que ha originado esta pandemia es el ambiente propicio para aumentar el estrés y las situaciones de violencia. A ello debemos sumarle las inequidades sociales, puestas en evidencia por la pandemia, que se han recrudecido y aumentan el abismo educativo entre quienes acceden al uso de la tecnología y quienes carecen de la misma”.

En esa línea, indicaron que “la escuela es un ámbito donde esas disparidades sociales se pueden compensar” ya que “educa, crea lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene”.

Además, el comunicado remarcó: “Cuanto más tiempo las infancias y adolescencias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a las escuelas, menos probable es que regresen”. Para concluir, añadió: “La escuela es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas, no es un factor de riesgo: la responsabilidad de que continúe así recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos elaborados y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en la escuela como en las familias”.