El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó este viernes su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional, en medio de diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva por la administración de las cárceles federales y el problema de la sobrepoblación de detenidos.

El funcionario, que había asumido en enero de 2024 durante la gestión de Patricia Bullrich, era responsable de la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que administra 34 establecimientos penitenciarios en todo el país.

Según trascendió, la salida se produjo por desacuerdos sobre cómo enfrentar la falta de espacio en las cárceles y resolver la situación de los presos alojados en comisarías y dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales conflictos está relacionado con el traslado de aproximadamente 2.000 detenidos. Mientras la Justicia porteña exige que sean derivados a establecimientos penitenciarios, distintos jueces federales establecieron límites a la cantidad de internos que pueden recibir algunas unidades.

Esta situación generó un enfrentamiento judicial que también afectó personalmente a Curi. En su carta de renuncia, el funcionario advirtió que había sido intimado por un tribunal porteño ante posibles incumplimientos de órdenes judiciales y que enfrentaba multas de $200.000 diarios sobre su patrimonio personal, aunque todavía no se habían aplicado.

En el escrito, Curi agradeció al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y especialmente a Patricia Bullrich, con quien mantiene una relación política cercana desde antes de su llegada al Gobierno.

Si bien su salida ocurre en un contexto de tensiones políticas dentro del oficialismo, fuentes cercanas al caso señalaron que la renuncia respondió principalmente a diferencias sobre la gestión penitenciaria y no a los enfrentamientos entre Bullrich y otros sectores del Gobierno.

Por el momento, el Ministerio de Seguridad no anunció quién reemplazará a Curi. Mientras tanto, Fernando Martínez continuará al frente de la conducción operativa del Servicio Penitenciario Federal.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, recibió este jueves al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde analizaron la situación delictiva de Mar del Plata y acordaron profundizar el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

Tras el encuentro, ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad, optimizar los recursos disponibles y avanzar en estrategias de prevención e investigación.

“Lo que está claro es que acá el enemigo es el delincuente”, afirmó Montenegro, quien reconoció que la inseguridad constituye uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la ciudad.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que la prioridad debe estar puesta en obtener resultados concretos. “Nosotros tenemos que dar respuesta y somos los responsables de llevar adelante esta decisión de trabajar cooperando en conjunto en las distintas áreas del Estado para que ese enemigo ceda”, expresó.

Asimismo, remarcó que la articulación entre Nación, Provincia y Municipio debe traducirse en acciones efectivas para los vecinos. “Esa cooperación y coordinación que nosotros tenemos que generar no pasa por mostrarle un organigrama al vecino, todo lo contrario: tenemos que dar respuesta”, señaló.

Montenegro también hizo hincapié en la importancia de mantener un intercambio permanente de información entre las distintas áreas para facilitar las investigaciones y mejorar la prevención. “Al margen de los anuncios, para mí lo más importante es el laburo y el resultado”, enfatizó.

Por su parte, Alonso calificó la reunión como productiva y explicó que durante el encuentro realizaron un balance de las acciones desarrolladas durante los últimos dos meses. Además, adelantó que la próxima semana se incorporará el Ministerio de Seguridad de la Nación a las conversaciones, con el objetivo de coordinar las investigaciones de las fuerzas federales y provinciales que operan en el distrito.

El funcionario bonaerense anticipó que también buscarán sumar a jueces y fiscales de ambas jurisdicciones para consolidar una estrategia integral contra el delito.

En paralelo, explicó que se profundificarán las acciones preventivas en barrios, centros comerciales, peatonales y sectores gastronómicos y turísticos, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, cuando aumenta la circulación de personas en Mar del Plata.

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue establecer reuniones semanales hasta el comienzo del verano, con el propósito de evaluar las necesidades de cada sector, ajustar los operativos y mejorar la respuesta policial.

“La idea que nos propusimos es tener una reunión por semana de aquí hasta que llegue la temporada y a lo largo de esas semanas y de esas reuniones iremos fortaleciendo sector por sector, entendiendo las principales preocupaciones, trabajando al lado de la justicia provincial y federal”, detalló Alonso.

Finalmente, el ministro destacó la necesidad de aprovechar los recursos existentes y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “El Estado tiene que ser eficiente, cuenta con un montón de recursos. Nosotros necesitamos fortalecer los lazos de cohesión en la comunidad, reducir los niveles de violencia y devolver la legitimidad a las instituciones que tienen que resolver estos problemas”, concluyó.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que las entraderas disminuyeron “drásticamente” en Mar del Plata durante los últimos meses y destacó el trabajo coordinado entre la Provincia, el Gobierno nacional y el Municipio. Durante una ronda de prensa en la puerta de la Jefatura Departamental, también se refirió a las investigaciones contra bandas delictivas, la situación de las chatarreras, los recursos policiales y el impacto de las dificultades económicas y sociales en la seguridad.

Alonso sostuvo que la articulación entre las distintas jurisdicciones forma parte de una tarea cotidiana y remarcó que cada nivel del Estado tiene responsabilidades específicas. En ese sentido, destacó el papel del gobierno local en la administración del espacio público y la convivencia. “La municipalidad tiene un rol importantísimo en lo que es la seguridad”, afirmó.

En cuanto a la Provincia, explicó que la Policía interviene en la prevención y represión del delito, además de participar en las investigaciones vinculadas con causas judiciales. Sobre la relación con el Gobierno nacional, señaló que mantuvieron varias reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para avanzar en el intercambio de información criminal.

“Hay una fuerte presencia de las fuerzas federales que están para combatir los delitos de competencia federal, fundamentalmente el narcotráfico, y entonces tenemos una tarea cotidiana de coordinación”, afirmó.

El ministro también destacó el funcionamiento de una mesa de trabajo en Mar del Plata destinada a intercambiar información sobre las bandas delictivas que operan en la ciudad. En ese marco, valoró la relación con el fiscal general Fabián Fernández Garello y aseguró que ambos impulsaron investigaciones importantes.

Como ejemplos, mencionó la reciente desarticulación de una banda y las pesquisas sobre desarmaderos. Además, anticipó nuevos procedimientos para los próximos días. “Ahora en estos días también va a haber allanamientos importantes que pronto se van a conocer”, adelantó.

Consultado sobre las modalidades delictivas que generan mayor preocupación en Mar del Plata, entre ellas las entraderas, la venta de estupefacientes y los delitos cometidos por menores de edad, Alonso destacó los resultados de las investigaciones y del trabajo coordinado durante los últimos meses.

Según explicó, se desarrollaron tareas de capacitación y fortalecimiento de los equipos de investigación, además de una labor conjunta con la fiscalía. El ministro sostuvo que los resultados comenzaron a hacerse más notorios durante los últimos dos meses.

“Ustedes vieron cómo se redujeron las entraderas drásticamente”, afirmó. También señaló que están disminuyendo los robos automotores y otros delitos. Para Alonso, la intervención conjunta de las distintas áreas contribuye a mejorar los resultados en materia de prevención y persecución del delito.

Otro de los temas abordados fue la situación de las chatarreras, luego de operativos realizados contra establecimientos investigados por su posible vinculación con actividades delictivas. La consulta también incluyó el incendio de vehículos en la vía pública para extraer cables y la continuidad de la actividad de algunos de esos comercios.

Al respecto, Alonso explicó que las investigaciones policiales se ponen a disposición de la Justicia y que los establecimientos pueden funcionar siempre que desarrollen una actividad lícita. “Nosotros, mientras que la actividad sea lícita, no va a estar prohibida”, afirmó.

De todos modos, aseguró que las autoridades continuarán trabajando para prevenir situaciones de ese tipo y evaluar mecanismos que impidan que esos establecimientos sean utilizados para canalizar actividades delictivas.

Alonso también se refirió a los recursos disponibles para la Policía y destacó la incorporación de nuevos móviles para reforzar la prevención en la ciudad. En ese punto, cuestionó la demora del Municipio en utilizar los fondos que había recibido de la Provincia durante el año pasado, en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, destinados a la compra de patrulleros.

“Fue muy importante que la municipalidad, después de un año de tener el dinero que le había transferido a la provincia, lo usara”, señaló. Según explicó, correspondía al gobierno local adquirir los vehículos con esos recursos. Finalmente, indicó que la compra se concretó aproximadamente hace un mes y que los nuevos móviles ya fueron incorporados al esquema de prevención.

Además, recordó que la Provincia había enviado otros 15 patrulleros para reforzar la capacidad operativa local. “Así que hoy tenemos un nivel de patrullaje muy alto”, concluyó.

Ante la consulta sobre las diferencias entre la situación de la seguridad de meses atrás y el panorama actual, Alonso rechazó que se haya modificado la forma de trabajar de la cartera provincial, aunque reconoció que los cambios operativos pueden contribuir a mejorar los resultados. En esa línea, consideró importante el regreso del intendente Guillermo Montenegro a la ciudad y destacó su disposición para colaborar y dialogar con la Provincia.

El ministro también valoró la coordinación con la cartera nacional y el trabajo conjunto con la Justicia provincial. Según planteó, parte de los resultados actuales responde a investigaciones que comenzaron meses atrás y que requieren tiempo para llegar a una instancia concreta.

“A veces se hace un trabajo silencioso que no se nota y que de repente empieza a dar resultados, por lo que tiene que ver la investigación”, explicó. Y agregó: “Una investigación tarda tres, cuatro, cinco, seis meses”, según las características de cada caso.

Para Alonso, ese proceso explica por qué algunas tareas policiales no producen resultados visibles de inmediato, aunque posteriormente puedan derivar en procedimientos y detenciones.

Durante la ronda de prensa, el funcionario también relacionó la situación de la seguridad con las dificultades económicas y sociales que atraviesa la población. En ese sentido, advirtió que “hay una economía que está paralizada” y sostuvo que ese escenario afecta progresivamente a las familias.

Como parte de su diagnóstico, señaló que durante el año pasado se registraron en toda la provincia de Buenos Aires 86 asesinatos en ocasión de robo y 2000 suicidios. También manifestó su preocupación por los problemas vinculados con la salud mental y las situaciones que atraviesan numerosas familias. “En esos resquicios del deterioro social, en las dificultades a veces de los estados para llegar a diferentes barrios, también ahí se mete el narcotráfico”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la comercialización de drogas tiende a crecer en contextos de dificultades económicas y sociales. “La venta de drogas siempre crece cuando aparecen las dificultades económicas y sociales”, afirmó. Frente a ese escenario, aseguró que la Provincia trabaja para combatir el narcotráfico en conjunto con la Justicia y las fuerzas federales.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió hoy la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en San Isidro, acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Ramón Lanús. La dependencia funcionará como centro operativo para reforzar las tareas de prevención del delito en distintos barrios del distrito.

Las instalaciones cuentan con dormitorios, vestuarios, cocina y sectores de descanso para alojar a los 100 efectivos asignados a la zona. El despliegue se complementará con cinco patrulleros y el trabajo coordinado con la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

El operativo estará enfocado en los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Durante la actividad, Kicillof destacó el crecimiento de los cuerpos especiales de seguridad, que alcanzaron los 10.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires.

Luego de la visita a la base, el gobernador se trasladó al barrio La Cava para conversar con vecinos sobre las problemáticas habitacionales. Lo acompañaron los diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño.

La comitiva también visitó la parroquia Nuestra Señora de la Cava, donde se reunió con el presbítero Lucas Schcolnik para evaluar el estado de la infraestructura local.

De las actividades participaron, además, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario Andrés Escudero; el subjefe policial Leandro María Sarlo; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro; el senador provincial Federico Fagioli y la concejal Manuela Schuppisser.

El diputado nacional Alejandro Carrancio participó hoy de distintas actividades institucionales en Mar del Plata y Batán junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para abordar la agenda de prevención y lucha contra el delito en el partido de General Pueyrredon.

La jornada dio continuidad a las reuniones que ambos mantuvieron semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, orientadas a coordinar operativos de control y acciones de asistencia en la región.

Durante las actividades, Carrancio insistió en la necesidad de consolidar una mesa de trabajo permanente que reúna a los referentes con responsabilidades en la toma de decisiones.

“La seguridad necesita un trabajo serio, coordinado y sostenido en el tiempo. Estamos convencidos de que los resultados no se consiguen con esfuerzos aislados, sino con planificación, responsabilidades claras y una mesa de trabajo que permita abordar de manera conjunta los problemas de nuestra ciudad”, afirmó el legislador.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de la cartera nacional y sostuvo que “el Ministerio de Seguridad de la Nación es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar la seguridad en una ciudad como Mar del Plata”.

Además, reafirmó su compromiso con el relevamiento territorial en los barrios y remarcó: “En seguridad, como en tantos otros temas, los resultados no se declaman: se construyen con responsabilidad, coordinación y trabajo sostenido”.

Un estudio conjunto del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET–UNMDP) y la organización Mar del Plata Entre Todos relevó que el 44,4% de los habitantes del partido de General Pueyrredon sufrió al menos un hecho delictivo durante el último año.

El informe, basado en 1470 encuestas a mayores de 18 años, detalla que los robos y hurtos alcanzaron al 35,6% de los consultados, mientras que la violencia interpersonal -incluyendo amenazas o lesiones- afectó al 20,4%. A su vez, menos de la mitad de las víctimas (46,7%) realizó la denuncia correspondiente.

En términos de percepción, el trabajo evidencia una brecha aún mayor: el 96,5% de los encuestados considera la inseguridad como un problema grave o muy grave, y el 88,8% afirma que la situación empeoró respecto del año anterior.

Según se desprende del informe, este escenario impacta en la vida cotidiana, con cambios de hábitos como la reducción de salidas nocturnas, la menor utilización del transporte público y la implementación de medidas de autoprotección en los hogares.

En cuanto a las instituciones, las fuerzas federales registran el nivel más alto de confianza (55,1%), mientras que la Policía Bonaerense (20,4%), la Patrulla Municipal (25,5%) y el Poder Judicial (16,5%) presentan indicadores sensiblemente más bajos.

Entre las medidas priorizadas por los encuestados se destacan la prevención social, el endurecimiento de las penas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del equipamiento policial

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Voceros oficiales de la Casa Rosada comunicaron esta tarde que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei. La transferencia de responsabilidades y bienes tendrá un plazo de 60 días para completarse. 

Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la complejo presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, quien hasta ahora ha sido una de las personas de confianza de Karina Milei, a quien conoce desde la campaña libertaria de 2021.

En principio, desde el Gobierno afirmaron que la disolución de la Administración de Olivos fue con el objetivo de reducir la estructura formal y la cantidad de personal. En el entorno del Presidente apuntaron a que el traspaso está enfocado en elevar los estándares de seguridad en un contexto golpeado por la creciente inseguridad del último tiempo. 

A su vez, se efectuaron estos cambios de cara a la visita del Papa León XIV a la Argentina, que requerirá el ingreso de personal externo para obras y servicios de acondicionamiento.

Tras el desplazamiento de Sosa, la Casa Militar gana protagonismo en la estructura de seguridad. La fuerza, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y está bajo el mando del general de brigada Sebastián Ibáñez, tiene por Ley de Defensa Nacional la responsabilidad de custodiar al Presidente en cualquier lugar del mundo.

Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas a empleados civiles y de formación militar.

Se presentó ante el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración y un pedido de informes vinculados a la situación de seguridad en el partido de José C. Paz, a raíz del asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años. La iniciativa fue impulsada en el ámbito legislativo bonaerense con el objetivo de expresar repudio por el hecho y requerir información oficial al Poder Ejecutivo provincial sobre políticas y estadísticas de seguridad.

En el proyecto de declaración, presentado por legisladores de La Libertad Avanza, el Senado manifiesta su “profunda preocupación y enérgico repudio” ante el crimen del joven, ocurrido en un hecho de inseguridad en el distrito. Asimismo, advierte sobre la situación de inseguridad en la zona y plantea la necesidad de que tanto el Gobierno provincial como el Municipio adopten medidas concretas y eficaces para la prevención del delito.

En paralelo, el cuerpo legislativo elevó un proyecto de solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, en el que se requiere información detallada sobre la evolución del delito en José C. Paz durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. El pedido incluye la discriminación de denuncias por tipo de delito, homicidios dolosos con fecha, modalidad y localidad, y datos sobre procedimientos, detenciones y secuestros vinculados a robos cometidos mediante motocicletas.

También se solicita información sobre políticas de prevención del delito, eventuales requerimientos del Municipio para reforzar la presencia policial, cantidad de efectivos y móviles asignados al distrito, su estado operativo, y los fondos provinciales transferidos en materia de seguridad durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, incluyendo los montos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y su destino.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) lanzó una licitación privada para adquirir 40 cámaras de seguridad y todo el equipamiento necesario para poner en funcionamiento un nuevo sistema de monitoreo en distintas dependencias de la institución, la medida se conoce en medio de la preocupación por la inseguridad que afecta a la ciudad. 

La contratación corresponde a la Licitación Privada 20/2026 e incluye cámaras, grabadores, discos rígidos para videovigilancia, pantallas, computadoras, switches, cableado de red, conectores y sistemas de respaldo eléctrico. La compra contempla los elementos necesarios para instalar la infraestructura de red y la apertura de sobres de la licitación está prevista para el 16 de septiembre de 2026. 

La UNMdP no estableció un presupuesto oficial ni un monto estimado para la contratación, para elegir la propuesta ganadora se tendrá en cuenta la relación entre precio, calidad, prestaciones e idoneidad del oferente. Por el momento, el pliego no especifica en qué edificios o sectores de la Universidad serán instaladas las 40 cámaras y el objetivo formal de la contratación es adquirir equipos de monitoreo para distintas dependencias de la institución.

La UNMdP ya cuenta con un sistema de monitoreo y mantiene una articulación con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon. En 2022, la Universidad fue incorporada al programa de Corredores Seguros y comenzó a trabajar junto al organismo municipal. A partir de ese acuerdo se instalaron botones antipánico y se colocaron cámaras de seguridad urbanas que son compartidas entre el COM y la sala de monitoreo de la Universidad.

Según informes de gestión de la propia UNMdP, también se consolidó el Centro de Monitoreo y Vigilancia del Complejo Universitario y se mantuvo el vínculo entre el área de monitoreo y vigilancia de la Universidad y el COM municipal. La institución señaló que la instalación de cámaras tuvo un efecto positivo tanto para disuadir hechos delictivos como para ayudar a esclarecer situaciones ocurridas en distintas unidades académicas. 

En el marco de un amplio despliegue de seguridad en el barrio Libertad, el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la fuerza, Andrés Escudero, supervisaron las acciones preventivas y detallaron el alcance de las medidas de control, destacando que se cumplió con el compromiso de “trabajar 24/7”.

En diálogo con la prensa, Escudero explicó la estrategia de despliegue territorial montada sobre la zona, remarcando que “estamos trabajando puntualmente en este barrio” mientras de forma “simultánea, hay otros barrios de Mar del Plata que están teniendo operativos similares”. En ese sentido, detalló que se emplazó un control fijo articulado con patrullajes dinámicos en los sectores aledaños, donde “hay policías recorriendo con la instrucción de garantizar el orden público y de hacer todos los registros necesarios para combatir la droga y sobre todo la portación ilegal de armas”, sumado al control de motos.

Respecto de los resultados preventivos recientes, Escudero ponderó la efectividad del Comando de Patrulla y las unidades tácticas como la Fuerza de Aproximación Táctica de Operaciones Especiales (UTOI) y el Grupo de Restablecimiento del Orden Público (ROP). Al respecto, confirmó que “en la última semana con la prevención desarmamos tres bandas dedicadas a las entraderas”, cuyos procedimientos se registraron en los barrios Alfar, Constitución y Peralta Ramos.

El funcionario enfatizó además la importancia de coordinar la labor entre el municipio, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, trazando un firme posicionamiento respecto del juzgamiento de los hechos delictivos más severos: “Para nosotros hay una línea roja que no se puede cruzar que tiene que ver con el delito que se comete con arma”. En esa misma línea, Escudero sumó “los delitos en los delincuentes que ingresan en las casas, violentando a las personas, rompiendo la tranquilidad, poniendo en peligro la vida y la integridad física. Ahí hay que marcar un límite muy claro y no puede haber contemplaciones”.

FORMACIÓN POLICIAL

Por su parte, Aparicio ponderó el despliegue de los procedimientos territoriales, resaltó las tareas de formación y las recientes incorporaciones en la escuela local, donde se informó que se alcanzó un récord de participación, con “más de 300 hombres y mujeres en el reclutamiento para que puedan ser policías en la Vucetich de Mar del Plata”. Asimismo, subrayó la inversión en infraestructura edilicia al indicar que “pusimos en valor la sede para que puedan dormir y puedan estudiar y puedan ser profesionales policiales en esta institución”.

El subsecretario enfatizó el abordaje integral de la problemática delictiva en la infancia y la juventud al ponderar las acciones llevadas a cabo durante los últimos días. Al respecto, destacó que “esta semana también tuvimos un trabajo muy importante, presentamos un programa tan sensible a la niñez como Entramado” para que “aquellos jóvenes que tienen conflicto con la justicia hoy van a participar de este programa que es vital para Mar del Plata porque nosotros hemos detectado que hay mucha delincuencia juvenil y hay que tratarlo”.

En ese sentido, concluyó que “hay que tratarlo con seriedad, por eso el Ministerio de Seguridad a través del gobernador dispuso los fondos necesarios” e insistió en que “el Gobierno municipal va a firmar ese convenio que insistimos tanto para poder trabajar coordinadamente; no sólo con la faz política que es la municipal, sino también la policial y también la Justicia que tiene que estar, que es una pata muy importante”.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Andrés Escudero, oficializó hoy la designación del comisario mayor Valerio Gallo como nuevo jefe departamental de Mar del Plata y detalló la estrategia de seguridad enfocada en delitos complejos y mercados criminales. En ese marco, destacó que la coordinación con la Municipalidad “es correcta” y se mostró “convencido, porque es el criterio que nos ha fijado el gobernador y el ministro, que hay que separar la discusión política de la coordinación operativa”.

En conferencia de prensa brindada en las instalaciones del Complejo Policial Juan Vucetich, en avenida Independencia 2447, Escudero oficializó la asunción de Gallo y expresó un “enorme agradecimiento por los funcionarios salientes”. Señaló además que los cambios se realizan de manera planificada y que “cada perfil responde a los objetivos de cada una de las etapas de trabajo”.

El funcionario explicó que el objetivo para el próximo año y medio será profundizar la investigación de organizaciones criminales y mercados delictivos, en particular aquellos vinculados “al robo de autopartes, al robo de motos y a las entraderas”, delitos que -según indicó- “han generado preocupación” en la ciudad.

Sobre el nuevo jefe departamental, Escudero destacó que Gallo “reúne todas las condiciones que necesitamos para profundizar esta etapa de trabajo en Mar del Plata”, y remarcó su “experiencia operativa, 32 años de servicio”, además de su paso por una comisaría compleja como la de Pinamar durante casi cinco años.

En cuanto a eventuales cambios adicionales en la estructura tras la división del distrito en zonas Norte y Sur, el funcionario afirmó que “por el momento los cambios son estos” y que cualquier modificación futura será informada “en tiempo y forma”.

Precisamente, sobre la reorganización operativa, justificó que responde a la necesidad de fortalecer la conducción policial, señalando que el crecimiento de efectivos exige una estructura de control acorde. En ese sentido, indicó que hoy existen “2800 policías con arma trabajando, incluyendo todas las áreas”, de los cuales “2300 cumplen tareas de prevención y 500 funciones de apoyo”.

También precisó que la provincia incorpora nuevos egresos bajo una metodología de formación más exigente, con instancias prolongadas de capacitación y especialización. En ese contexto, explicó que se han creado nuevas estructuras de control para supervisar el funcionamiento del personal desplegado.

En cuanto al análisis del contexto delictivo, sostuvo que es “muy difícil hablar de estadística en materia de seguridad”, aunque reconoció la existencia de hechos vinculados a violencia y ajustes de cuentas por deudas en un escenario de mayor endeudamiento social. No obstante, afirmó que el delito de homicidio mantiene una tendencia decreciente y se encuentra en “un piso histórico” en la provincia.

Escudero también remarcó que la estrategia actual se centra en atacar los mercados ilegales vinculados a robos de bienes como celulares, autos y motos, y en reforzar el patrullaje preventivo. En esa línea, sostuvo que “no les vamos a dar respiro” a las organizaciones criminales.

Respecto al vínculo institucional con el municipio, calificó la coordinación como “correcta” y afirmó que la discusión política “debe separarse de la gestión operativa”. Señaló que existe un trabajo conjunto permanente entre los distintos niveles del Estado: “La discusión política es legítima y está muy bien que cada espacio político manifieste su mirada sobre la política de seguridad, es parte del juego de la democracia pero la coordinación operativa es una cuestión de estado y la tratamos como tal”.

Como ejemplo, mencionó un operativo reciente de desalojo de una feria en La Rambla, realizado con intervención de Fiscalía Federal, Prefectura, el Municipio y la Policía bonaerense, destacando la articulación interinstitucional. En ese sentido, Escudero afirmó que ya se observan resultados en las nuevas prioridades de trabajo, mencionando también un operativo que permitió desarticular una banda dedicada al robo y comercialización de autopartes, con cuatro detenidos y el secuestro de vehículos y armas.

El senador bonaerense y exministro de Seguridad Sergio Berni volvió a expresar sus reparos frente a la creación de policías municipales y planteó que detrás del impulso de estas fuerzas existen intereses comerciales relacionados con la venta de armas no letales.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una entrevista en la discusión sobre el papel que deberían asumir los intendentes en la prevención del delito y el grado de autonomía que podrían tener las comunas frente a la estructura policial provincial.

En ese contexto, Berni aseguró que observa un “lobby” de empresas interesadas en vender este tipo de dispositivos a partir del avance de las fuerzas locales. El legislador no identificó compañías específicas al realizar esa afirmación.

El planteo adquiere relevancia en Mar del Plata debido a las políticas implementadas por la gestión municipal. La comuna incorporó armas no letales para la Patrulla Municipal con el objetivo de utilizarlas en intervenciones ante situaciones de violencia en la vía pública.

Entre el equipamiento adquirido se encuentran dispositivos Byrna. Durante 2025, el Municipio compró 30 armas cortas modelo SD, cinco Mission 4 y cinco TCR, además de alrededor de mil municiones. La operación representó una inversión superior a los 58 millones de pesos.

Desde la administración local han defendido la incorporación de estas herramientas al considerar que brindan una alternativa para actuar ante episodios violentos sin recurrir a armamento letal. Los dispositivos ya fueron utilizados por agentes municipales en distintos procedimientos realizados en la ciudad.

Berni aclaró, sin embargo, que su postura no implica un rechazo general a las armas no letales. Recordó que durante su paso por el Ministerio bonaerense había solicitado autorización para utilizarlas, aunque finalmente no avanzó con una adquisición masiva debido, entre otros factores, a los costos que implicaba su incorporación.

El exfuncionario también manifestó reparos sobre la conformación de estructuras policiales dependientes de cada municipio. En contraposición, defendió un esquema de conducción centralizada que permita coordinar las distintas áreas encargadas de intervenir frente al delito.

Sus declaraciones vuelven a poner en discusión el alcance que deben tener los gobiernos municipales en materia de prevención y seguridad, un debate que cobra especial relevancia en Mar del Plata por el despliegue de la Patrulla Municipal y la incorporación de equipamiento propio para sus agentes.

La Secretaría de Seguridad municipal anunció la incorporación de nueve vehículos a su flota operativa con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y optimizar la presencia en distintos puntos del distrito. La medida contempla la incorporación de siete camionetas y dos motocicletas destinadas a operativos de seguridad y guardias activas, además de la reasignación de dos móviles a la Dirección de Tránsito para fortalecer los controles en la vía pública.

El intendente Agustín Neme destacó el alcance de la iniciativa al señalar que “estamos poniendo más recursos en la calle porque nuestra prioridad es cuidar al vecino. Cada móvil, cada herramienta y cada inversión que hacemos tiene un objetivo concreto: fortalecer la prevención y tener más capacidad para actuar donde haga falta”.

En la misma línea, afirmó: “Vamos a seguir avanzando con decisión y planificación porque en esta pelea tenemos muy claro quién está enfrente, el enemigo es el delincuente”.

La incorporación de unidades forma parte de un plan integral que incluye la modernización del Anillo Digital mediante el sistema de lectura de patentes, desarrollado en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para la detección de vehículos con dominios robados. A ello se suma la reciente entrega de 12 patrulleros -que elevan a 23 las unidades activas- y la planificación del futuro Cuerpo Motorizado, orientado a ampliar la capacidad de respuesta en el territorio.

La Municipalidad, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad, incorporó una nueva modalidad al sistema de lectura de patentes del Anillo Digital, destinada a detectar con mayor rapidez vehículos que circulen utilizando dominios sustraídos.

El mecanismo está orientado especialmente a combatir la modalidad delictiva en la que las chapas patentes son robadas para ser colocadas en otros vehículos, con el objetivo de encubrir o facilitar hechos ilícitos.

Para su activación, la Secretaría de Seguridad habilitó la línea de WhatsApp 2236337040, donde los vecinos pueden informar la sustracción de la patente y recibir las instrucciones para realizar la denuncia correspondiente. Una vez cargada en el sistema, la patente permanece activa durante 30 días en la base de datos, generando alertas automáticas ante cualquier detección por cámaras.

En ese sentido, el intendente Agustín Neme explicó: “Si esa patente pasa por un LPR en los próximos 30 días a esta visualización, quiere decir que está siendo utilizada en otro vehículo, potencialmente con fines ilícitos”.

Y agregó que lo que busca la Municipalidad es “dar un mecanismo más rápido y con mayor celeridad a aquellas personas que encuentran que su patente no está en su vehículo”.

La nueva funcionalidad se integra al Anillo Digital, operativo desde 2022 en el distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y el monitoreo vehicular en tiempo real.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata comenzó un plan integral de renovación de balizas con el objetivo de optimizar la seguridad náutica y el ordenamiento del tránsito marítimo en la terminal local.

La primera fase de los trabajos abarcó el recambio de los equipos lumínicos situados en la Escollera Norte, Escollera Sur y Escollera de Abrigo, integrándose a un esquema de mantenimiento continuo que se completará en dos etapas.

Desde la entidad destacaron como “prioridad” la seguridad en la navegación y en ese sentido consideraron que el señalamiento constituye un “elemento vital” para el ingreso y egreso de embarcaciones.

Las balizas son reemplazadas por equipos modernos y con mejores prestaciones que los existentes. Las mismas poseen un rango de alcance que varía entre las 6 y 14 millas, distribuyéndose en posiciones clave como la Escollera de Abrigo, Enfilación 217°, Enfilación 238°, los extremos de los Espigones 1, 2, 3 y 7, y la Baliza del Club Náutico.

Esta modernización se complementa con obras de alumbrado público, reparación de calles y acondicionamiento de muelles ejecutadas dentro de la jurisdicción portuaria.

El subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, aseguró que existe “una gran preocupación por los últimos hechos sucedidos” en Mar del Plata, detalló cómo se implementa el refuerzo de seguridad en la ciudad y afirmó que el operativo “se va a extender en el tiempo hasta que la situación mejore”.

En diálogo con el programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, el funcionario sostuvo que detectaron al hablar con los vecinos “una sensación de que están desamparados localmente”, vinculada a “la presencia de cuidacoches y de jóvenes en situación de calle con problemáticas de drogadicción”. En ese contexto, confirmó un despliegue que incluye “50 patrulleros y más de 170 hombres y mujeres dedicados al cuidado de la gente”, junto a caminantes de la Fuerza Barrial de Aproximación y móviles motorizados.

Por otra parte, señaló que uno de los momentos más sensibles es el cierre de los comercios, aunque advirtió que los problemas también se registran en horas tempranas: “Jóvenes que trasnochan y están bajo los efectos del alcohol o la droga molestan al comerciante que va a abrir su local”. Frente a este escenario, remarcó que trabajan para que “los vecinos de Mar del Plata se sientan seguros”.

En relación con el impacto en la actividad económica, enfatizó: “El cuidado de los turistas es clave, porque son quienes dejan su dinero en la ciudad; si no se sienten seguros, el turismo fracasa. A aquel que tiene la oportunidad de visitar esta ciudad tan importante le tenemos que garantizar tranquilidad y seguridad”.

Sobre el mapa del delito, explicó que se avanza en “la periferia de Mar del Plata, la zona portuaria y los demás barrios” y anticipó que las investigaciones permitirán “llegar a las bandas delictivas”. También mencionó modalidades como el robo piraña y aseguró que la tecnología permitirá aportar “mucha más tranquilidad”.

En cuanto a los recursos, garantizó que el refuerzo “viene para quedarse, para plantear un esquema distinto al que teníamos y generar corredores seguros”. No obstante, marcó diferencias con el Municipio: “Todavía no hemos coordinado algunas cosas que necesitamos articular mutuamente”, como la luminaria y la videovigilancia.

En esa línea, cuestionó la ejecución de fondos: “Cuando el gobernador dispuso que Mar del Plata recibiera más de 3080 millones de pesos para la compra de patrulleros y cámaras, el municipio ejecutó solo el 50%. Vimos una falencia y reclamamos rápidamente que ejecuten la otra parte”. También recordó que esos recursos se reasignaron luego de que “el Gobierno nacional encabezado por Milei quitó los fondos que eran para seguridad al asumir”.

Por último, Aparicio sostuvo que “la política de seguridad la diagrama cada intendente” y advirtió que “el tejido social se rompió y los primeros golpeados son los jóvenes”. Además, de cara al fin de semana largo, anunció “muchos anillos de seguridad”, patrullajes intensivos y el apoyo de “un helicóptero dotado de cámaras infrarrojas”, además de “corredores seguros a la salida de los colegios”.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires enviará este lunes efectivos y equipos a Mar del Plata para fortalecer los operativos de prevención y seguridad. Según informaron fuentes de la cartera a El Marplatense, el personal llegará durante el mediodía y comenzará a trabajar desde hoy.

Desde el Ministerio aclararon que, por el momento, no cuentan con información oficial sobre la llegada de fuerzas federales a la ciudad ni sobre un eventual operativo previsto para los próximos días.

La medida contempla el arribo de personal de la Policía de la Provincia y equipos del propio Ministerio de Seguridad, que se sumarán a los dispositivos que ya funcionan en Mar del Plata.

La decisión se conoce luego de distintos contactos institucionales vinculados con la situación de seguridad de la ciudad. Entre ellos, hubo gestiones del diputado provincial Alejandro Carrancio y del intendente Agustín Neme ante autoridades del área.

Por el momento, desde la Provincia confirmaron únicamente el envío de estos efectivos y equipos durante este mediodía. En tanto, no existe confirmación oficial sobre un desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata.

Un grave fallo en los protocolos de seguridad del Empire State Building quedó expuesto hoy, cuando un hombre y una mujer lograron trepar hasta la aguja del emblemático rascacielos de Nueva York.

La pareja, vestida con ropa oscura y el rostro cubierto, accedió a la sección superior de la antena de telecomunicaciones, ubicada a casi 400 metros de altura, sin ser interceptada por los sistemas de control del edificio.

El episodio fue registrado en vivo por un helicóptero del canal NBC Nueva York, cuyas imágenes mostraron a ambos activistas desplegando una tela negra con una frase en letras blancas: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.

Tras colocar el estandarte sobre la estructura metálica, los protagonistas se abrazaron y permanecieron varios minutos en la cima, desafiando las intensas ráfagas de viento.

El hecho generó una inmediata reacción de las autoridades locales, que iniciaron una investigación para determinar cómo lograron eludir los controles de acceso en uno de los edificios más vigilados del mundo.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que no se descarta que los involucrados hayan planificado la acción con antelación, aprovechando posibles vulnerabilidades en los circuitos internos de seguridad.

El incidente encendió alarmas sobre la eficacia de los sistemas de vigilancia en infraestructuras críticas, especialmente en un ícono arquitectónico que recibe miles de visitantes diarios.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de los protagonistas ni si fueron detenidos tras descender de la estructura.

Intendentes de distintos sectores del peronismo y un representante del PRO analizaron hoy en Pilar, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la posibilidad de otorgar mayor autonomía a las policías locales y habilitar el uso de armas de fuego por parte de sus efectivos.

El encuentro se realizó en Pilar, con el intendente Federico Achával como anfitrión, y estuvo centrado en el avance de estrategias para combatir la inseguridad en distritos densamente poblados del Conurbano bonaerense. Los jefes comunales plantearon la necesidad de ampliar las competencias de las fuerzas locales para mejorar su capacidad operativa.

Uno de los antecedentes de la discusión fue el anuncio realizado este año por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones legislativas, cuando adelantó el envío de un proyecto de ley para incrementar la autonomía de las policías locales. Aunque la iniciativa todavía no ingresó a la Legislatura, el mandatario envió a Alonso para escuchar los reclamos de los alcaldes.

Según trascendió, los intendentes propusieron un esquema con mayor independencia para las fuerzas municipales, bajo conducción formal de los propios jefes comunales. Además, impulsaron un cambio de perfil en las tareas de prevención ciudadana para avanzar hacia un combate más directo del delito, incluyendo la posibilidad de que los agentes porten armas de fuego.

Los participantes sostuvieron que necesitan policías locales con “poder efectivo y responsabilidad definida” y remarcaron que cualquier descentralización debe ir acompañada de mayores recursos por parte de la Provincia.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a DIB que Alonso escuchó los planteos, tomó nota de los reclamos e intervino en el análisis de las problemáticas expuestas durante la reunión.

Participaron del encuentro Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Botto (Luján), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar) y Ramón Lanús (San Isidro).

Fuente: con información de DIB

La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un operativo en Mar del Plata y detuvo a un hombre que era investigado en una causa por infracción a la Ley 26.364, normativa que tiene como objetivo la prevención y sanción de la trata de personas, como así también la asistencia a sus víctimas.

Tras una investigación de larga data llevada adelante por la propia Autoridad Marítima Nacional, que tuvo su origen a partir de una declaración recepcionada por la Autoridad Judicial en Cámara Gesell, los miembros de la fuerza concretaron este martes una orden de allanamiento y detención emanada por el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8 del Dr. Pablo Dallera; y la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el Dr. Santiago Eyherabide.

En este marco, se llevó adelante un procedimiento en una vivienda del barrio Cerrito y San Salvador que permitió detener a un hombre de 49 años, de nacionalidad argentina, acusado de extorsionar a mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad, una de las cuales radicó la denuncia que originó la investigación.

Asimismo, en el inmueble se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa, arrojando el aforo total de lo incautado un valor aproximado de 1.650.000 pesos.

El magistrado interviniente ordenó que el acusado sea alojado en la sede local de la Prefectura hasta que este miércoles por la mañana fuera citado a declarar.