Un hombre de 55 años fue imputado por el delito de “defraudación agravada – falsa denuncia”, luego de comprobarse que había simulado el robo de las cubiertas de su vehículo con el objetivo de cobrar el seguro.

El hecho se remonta al pasado jueves 6, cuando el acusado denunció la sustracción de las cuatro cubiertas de su Renault Logan estacionado en Dorrego al 4000, entre las 21:00 del lunes 3 y las 08:00 del día siguiente. Según la denuncia, el rodado había sido despojado de sus neumáticos, aunque el hombre nunca dio aviso a la central de emergencias 911.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda realizó un análisis de cámaras de seguridad, tomó testimonios y efectuó tareas de verificación en la zona. De esa manera, se estableció que la denuncia presentada era falsa y que el supuesto robo había sido inventado para percibir el importe del seguro.

La compañía aseguradora, en paralelo, desestimó el siniestro presentado por el imputado. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal Fernando Berlingieri, a cargo de la Oficina de Determinación de Autores, dispuso abrir una nueva investigación y dar intervención a la UFI Temática de Delitos Económicos.

Finalmente, el fiscal Javier Pizzo ordenó la notificación de formación de causa al hombre, en el marco del artículo 174 inciso 1 del Código Penal.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por corrupción en la denominada causa Seguros, acusado de incompatibilidad en los deberes de funcionario público durante su mandato. 

La investigación se centra en la contratación de seguros a través de Nación Seguros, una subsidiaria del Banco Nación, con la intermediación de brokers presuntamente vinculados al entorno del ex mandatario. Según la causa, estas operaciones habrían beneficiado a personas cercanas a Fernández, configurando un posible esquema de defraudación al Estado.

Un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), recibido por el juzgado semanas atrás, resultó determinante para avanzar en la investigación. Según fuentes, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” implicados en el caso.

En la causa también están involucrados María Cantero, ex secretaria de Fernández, su esposo Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del ex presidente, y Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. Se les acusa de haber montado un supuesto mecanismo de defraudación al Estado a través del decreto 823/2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar servicios de seguros exclusivamente con Nación Seguros.

Al ser citado a declarar, Fernández presentó un escrito en Comodoro Py donde afirmó: “No comprendo los cargos que me formulan”. Además, defendió el decreto, asegurando que no fue una iniciativa exclusivamente suya, sino que contó con el respaldo de organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. 

En sus palabras, “este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”.

Fuente: con información de TN

El ex presidente Alberto Fernández se presentó ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en el marco de la causa de los Seguros. Durante la audiencia, negó haber participado en hechos ilícitos y solicitó su sobreseimiento en la investigación que lo imputa por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

En su defensa, Fernández ofreció pruebas y pidió que se cite a declarar a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce. “Alberto Fernández ha ofrecido pruebas en esta nueva audiencia. Hay que investigar y estamos dispuestos a acompañar esa investigación. El haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional”, afirmó su abogada, Marina Barbita. 

Además, la defensora señaló que el juez Julián Ercolini, quien intervino anteriormente en la causa, no era imparcial debido a una relación académica previa y a una denuncia presentada por Fernández contra él por el caso Lago Escondido. No obstante, destacó que Ercolini fue “muy respetuoso” en su actuación.

En un comunicado oficial, se subrayó la postura del ex presidente: “Fernández creyó necesario hablar ante el nuevo magistrado y reafirmar con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado”. El texto agrega que la imputación contra Fernández carece de claridad y precisión, y que el Decreto Nro. 823/2021, cuestionado en la causa, buscaba proteger el patrimonio estatal al evitar la intervención de terceros que pudieran ponerlo en riesgo.

Asimismo, el comunicado enfatizó: “Alberto Fernández no participó jamás de ninguna maniobra tendiente a perjudicar el patrimonio estatal, todo lo contrario, buscó protegerlo. Por ello, esperamos una resolución de la justicia que sea independiente de presiones externas”.

En relación con otros imputados, Fernández reconoció conocer desde hace años al broker Héctor Martínez Sosa, pero se aclaró que “nunca lo benefició desde su rol como presidente”. Explicó que su vínculo era “profesional y anterior a su gestión”, y que Martínez Sosa ya trabajaba con el Estado mucho antes de su mandato.

Finalmente, el ex presidente respondió a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre su evolución patrimonial. Fernández afirmó que los datos presentados no muestran irregularidades y que sus ingresos y bienes son consistentes con su trayectoria pública y profesional.

Fuente: con información de TN

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández y a otros 38 acusados en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos.

Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10:00 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A.”, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A.”, detalla la imputación.

“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros SA y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.

Y añadió el texto que “según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros”.

Fuente: Noticias Argentinas

El ex presidente Alberto Fernández presentó en las últimas horas un escrito ante el juez federal Julián Ercolini para defenderse de la acusación en su contra en la causa de los seguros. Es la primera presentación, luego de la recusación contra el magistrado, a seis meses del comienzo de la investigación. A través de un escrito, redactado en primera persona, Fernández busca desligarse una vez más del broker Héctor Martínez Sosa, en pareja con la secretaria María Cantero, y apunta a los medios y a la Justicia por el avance de la causa.

Hasta ahora, Fernández solo había intentado apartar al juez Ercolini por “enemistad manifiesta”. Pero ese planteo hasta ahora fracasó. En junio, la Cámara Federal, con el voto del juez Roberto Boico, rechazó la recusación.

Sorpresivamente, en medio del escándalo por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez, el ex presidente presentó un escrito de 48 páginas redactado por él mismo aunque lleva la firma de su abogada en esa causa, Mariana Barbitta. La presentación aterrizó el martes en los tribunales de Comodoro Py, pero recién trascendió este jueves.

Fernández defendió el decreto 823/21 que le dio el monopolio a Nación Seguros, en la misma línea que ya lo había expresado públicamente. “Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado”, escribió, según publicó el diario La Nación. Y agregó: “Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero”.

El decreto aparece mencionado en decenas de chats que fueron incorporados a la causa.

En el teléfono de Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, se encontró una extensa conversación con Roberto Gilbert, un contador que estaba a cargo de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Pese a su cargo, durante meses intervino en las gestiones para tratar de impulsar un borrador del decreto.

Ese borrador tenía un artículo, el número 3, que hablaba específicamente de la figura del “productor asesor de seguros”. Pero fue borrado por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra.

El ex Presidente también remarcó que las comisiones habían sido limitadas en un 10 por ciento, por una decisión del directorio de Nación Seguros.

Sobre el broker Martínez Sosa, el esposo de María Cantero que ingresaba a la Quinta de Olivos y hasta se reunió con el presidente a escondidas, dijo que nunca tuvo relación comercial. “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”, sostuvo.

La investigación de los seguros sigue avanzando. Los peritos de la PSA y la Policía Federal trabajan a contrarreloj para terminar de procesar miles de mensajes encontrados en unos 20 teléfonos que se lograron abrir. Pertenecen a ex funcionarios y brokers involucrados en el escándalo. En el expediente hasta ahora solo hay conversaciones encontradas en los teléfonos de dos personas: la secretaria María Cantero, que tenía los mensajes de Fabiola Yáñez, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Son más de 1000 páginas que todavía siguen arrojando sorpresas.

El último teléfono secuestrado fue el de Daniel Rodríguez, el ex intendente de la Quinta de Olivos que este lunes declaró como testigo en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez. Su relación con Alberto Fernández sigue intacta. “El Gordo”, como lo conocen sus amigos, también tiene una relación estrecha con Martínez Sosa, a quien recibía en la residencia oficial. Sus vínculos policiales (era Bombero de la PFA) le habrían permitido anticipar algunos de los allanamientos.

Fuente: Infobae

El Ministerio de Economía derogó finalmente una normativa que establecía una ampliación del seguro obligatorio para el transporte automotor de pasajeros de larga distancia, algo establecido por la administración anterior en 2022.

A través de la Resolución Sintetizada 416/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, se reglamentaron los cambios en la normativa que regula el sector asegurador, especialmente en lo referente a los seguros de transporte de pasajeros.

Hora, la normativa establecía la ampliación del seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga distancia.

Según menciona el nuevo texto, la resolución del Gobierno de Javier Milei busca simplificar y modernizar aspectos regulatorios del sector asegurador, con un enfoque particular en los seguros relacionados con el transporte de pasajeros. Así como incentivar la competencia entre las empresas de transporte, lo que podría resultar en tarifas más bajas para los consumidores.

Sin embargo, la eliminación del seguro obligatorio podría dejar a los pasajeros en una situación más vulnerable en caso de accidentes, ya que dependerían únicamente de los seguros básicos contratados por las empresas.

Qué dice la nueva normativa sobre los seguros

Fuente: DIB. 

Los peritos de la PSA y la Policía Federal trabajan contrareloj para terminar de procesar miles de mensajes encontrados en unos 20 teléfonos que se lograron abrir y se sumarán en los próximos días a la causa de los seguros. Pertenecen a ex funcionarios y brokers involucrados en el escándalo. En el expediente hasta ahora solo hay conversaciones encontradas en los teléfonos de dos personas: la secretaria María Cantero, que tenía los mensajes de Fabiola Yañez, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Son más de 1.000 páginas que todavía siguen arrojando sorpresas.

Durante las últimas semanas, Infobae analizó el contenido de 24 conversaciones, la mayoría obtenidas del teléfono de Pagliano. El contrato que más se repite en esos chats es el de Corredores Viales, una empresa estatal que se encarga de la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas. La firma dependía del ex ministro de de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios mencionados en los chats.

El contrato de Corredores Viales estaba a cargo de la empresa Castello Mercuri pero a fines de 2021 pasó a manos de Martínez Sosa, a través de una firma asociada llamada Bri Brokers. La disputa por esa póliza millonaria aparece en decenas de conversaciones.

“Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?”, le preguntó Pagliano a Mauro Tanos, uno de los ex funcionarios de Nación Seguros que fue allanado y tuvo que dejar su cargo. La respuesta revela cómo era el entramado. “¿Cómo andas Alberto? La tiene Martinez Sosa, sí. No directamente porque la tiene BRI Brokers como productor y el organizador de BRI Brokers es Martinez Sosa. Asi que sí, es Martinez Sosa, técnicamente son ellos”, explicó Tanos.

- “¿La comisión es 10 y tienen nota de nombramiento?”, insistió Pagliano

- “Si todo eso”, respondió Tanos.

El diálogo se registró el 25 de octubre de 2022 y hace alusión al porcentaje de comisión que se quedaba el intermediario. Para ese entonces, Nación Seguros ya había fijado un tope del 10 por ciento.

Una semana después, Tanos le mandó a Pagliano la carta de designación de Bri Brokers. Llamativamente, ese documento no tiene la firma del entonces presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, sino del gerente general, Leonardo Zara. “Había un interna dentro de la empresa por la presión que ejerció Martínez Sosa, luego de esa decisión echan a dos gerentes”, explicó una fuente que conoce la trama de esa negociación.

Otro dato llamativo: esa carta de designación ingresó a las oficinas de Nación Seguros el 2 de diciembre de 2021, el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Alberto Fernández.

El “trofeo” en disputa era un contrato de USD 7 millones anuales.

Atasanof aparece mencionado en un chat entre Pagliano y Fernando Arana, subgerente General de Administración y Finanzas de Nación Seguros. “Estoy con Gonzalo Atanasof. Te quiere ir a ver la semana q viene. Es el titular de Corredores Viales”, le dijo Arana a su jefe el 30 de agosto de 2021. “Será un gusto”, contestó el entonces titular de Nación Seguros y amigo de Alberto Fernández.

Las negociaciones secretas para quedarse con esa póliza también quedaron expuestas en las charlas entre Martínez Sosa y Cantero. “Me acaba de decir Kato (por Katopodis) q lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Que cualquier cosa que lo llames”, le escribió Cantero a su pareja el 1 de julio de 2021.

A fin de ese año, efectivamente el contrato cambió de manos.

El 23 de junio de 2022, otra vez aparece el nombre del entonces ministro de Alberto Fernández. Ese día, Cantero le preguntó a “Hecky” por una reunión con “Kato”. “10 puntos !!!”, reaccionó Martínez Sosa.

Todo se derrumbó tras el escándalo. El 11 de marzo de este año, el actual presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, revocó la designación de Bri Brokers, es decir, de Martínez Sosa. “Dejo expresa constancia que esta acción reemplaza cualquier otra conferida con anterioridad a la firma de la presente, y que, a partir de la fecha, Corredores Viales SA no cuenta con ningún productor asesor designado”, dice esa nota. “Hoy están todas la pólizas en directo (sin intermediarios), hay que ver cómo impacta la derogación del decreto 823″, confirmó un funcionario ante una consulta de este medio.

En el teléfono de Pagliano hay una conversación muy breve con Gastón Alvarez, un histórico gerente del Banco Nación. Los peritos de la PSA rescataron un mensaje llamativo referido a la póliza de la ANSES, la misma que destapó el escándalo. “Me podrías indicar con quien podría comunicarme por el seguro al FGS ANSES por los créditos a jubilados. Este es un tema q me pidió el Presidente en una reunión con el titular del FGS”, dice Alvarez el 12 de octubre de 2021.

En ese entonces, Federico D’Angelo, el funcionario que puso a dedo a dos intermediarios, revestía el cargo de director de inversiones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Ese funcionario fue echado y denunciado por el gobierno nacional.

Tras el mensaje de Alvarez, Pagliano lo deriva con Carlos Soria, uno de los directores de Nación Seguros, y la charla se diluye.

Las 24 conversaciones relevadas por Infobae fueron agregadas al expediente de los seguros el 4 de julio. Surgen de los teléfonos de la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, y del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Ahora, se sumarán otros 20 teléfonos que fueron secuestrados al comienzo de la investigación y ya fueron abiertos. “Es un trabajo lento, que lleva mucho tiempo, y en medio hubo planteos de las defensas”, advirtió una fuente de la investigación.

La ronda de allanamiento arrancó el 7 de marzo, en las propiedades de Cantero y su pareja, Héctor Martínez Sosa. Luego hubo otra tanda de operativos sobre otras propiedades de esa pareja. “En total le secuestramos cuatro teléfonos a ellos, dos a cada uno”, detalló una fuente inobjetable. Y agregó: “Los teléfonos de Martínez Sosa todavía no se abrieron”.

Solo en el mes de abril, el juez Ercolini hizo allanamientos y secuestró los celulares de Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros; de Brian Kelly y Hernán Bressi, dos empresarios vinculadas a la empresa San Ignacio, entre otras personas.

El último teléfono secuestrado fue el de Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que este lunes deberá declarar como testigo en la causa por violencia contra Fabiola Yañez. Su relación con Alberto Fernández sigue intacta por lo que su testimonio no lo perjudicaría. Todo lo contrario.

“El Gordo”, como lo conocen sus amigos, también tiene una relación estrecha con Martínez Sosa, a quien recibía en la residencia oficial. Sus vínculos policiales (era Bombero de la PFA) le habrían permitido anticipar algunos de los allanamientos.Fuente: Infobae.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Gustavo Hornos, rechazó el pedido de apartamiento de la investigación del escándalo de los seguros del juez federal Julián Ercolini que presentó la defensa del ex presidente Alberto Fernández, y dispuso que continúe a cargo del caso. Se trata de la causa madre de la cual surgió la acusación de violencia de género que presentó ayer la ex primera dama Fabiola Yañez.

Según se informó, Fernández había promovido la recusación del nombrado juez instructor alegando temor de parcialidad, al describir que había mantenido una relación personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, expresó que, en ejercicio de la primera magistratura había ordenado que fuera denunciado por un viaje realizado con ejecutivos de una empresa a la Patagonia. Esas dos circunstancias -de tener amistad a enemistad- para Fernández era un argumento suficiente para sacar al juez.

Ercolini quedó como blanco del ex mandatario desde que fue asignado a investigar el denominado “escándalo de los seguros” -que se refiere a supuestos actos de corrupción con pólizas y comisiones que eran decididas por el Estado-, avanzó con rapidez y tomó decisiones clave que permitió ir descubriendo una posible matriz de negocios ilegales. En esas averiguaciones y medidas ordenadas por el juez, se secuestraron teléfonos celulares de los que surgieron los chats que mostraron cómo se manejaba en la cúspide del poder las relaciones entre contratos, funcionarios y empresarios amigos del poder.

Entre esos mensajes de texto por WhatsApp, aparecieron miles de intercambios entre el ex presidente, su secretaria histórica, María Cantero, y el esposo de ella y empresario del seguro Héctor Martínez Sosa, en los que se intercambiaban comunicaciones, fotos, audios y videos. De entre todo ese material secuestrado de los celulares por la causa seguros es que se encontró una comunicación entre la colaboradora de Fernández y Fabiola Yañez, donde le pidió ayuda debido a supuestas agresiones físicas que habrían sido de su ex pareja en la Quinta de Olivos. Después de tomar estado público esta situación, la ex primera dama decidió denunciarlo: “Estoy viviendo terrorismo psicológico”, le contó a Ercolini.

La recusación al magistrado, de todos modos, se había presentado previamente a que se conociera esos hechos de enorme impacto político y social. El ex presidente quiso desplazar al juez desde el primer día, bajo el mismo argumento: enemistad manifiesta. Lo hizo en primera instancia, lo hizo ante la Cámara Criminal y lo planteó ante Casación, algo que quedó descartado esta tarde.

Al momento de rechazar el apartamiento de Ercolini de la causa, el juez Gustavo M. Hornos entendió que el reclamo no se encontraba fundado en situación o actitud alguna del magistrado para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad, se indicó en los tribunales.

Y respecto a la supuesta relación personal mencionada por Alberto Fernández, a la que describió como “de amistad primero y de enemistad después”, recordó que tal circunstancia fue negada por el magistrado, quien dijo “no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que agregó que la parte no había aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo”.

Además, en la decisión se señaló que la denuncia a la que hacía referencia el ex presidente en su presentación se produjo “como consecuencia del ejercicio de la más alta responsabilidad funcional ejecutiva que desempeñaba Alberto Fernández por aquel entonces, y muy especialmente por la percepción que tuvo, en términos políticos, acerca de la oportunidad y conveniencia de hacerlo”.

Y también se entendió que la reproducción de la cadena nacional donde se anunció que sería acusado por el viaje a “Lago Escondido”, incluso permitía “advertir carencia de adjetivación personal alguna respecto del juez Ercolini, más allá de su expresa mención, y que la presunta maniobra delictiva que se le atribuyó al magistrado no fue orientada al ex presidente”.

El juez Hornos sostuvo en su decisión que hacer lugar a las pretensiones de la parte “importaría llevar al resultado inaceptable de permitir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magistrado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales”.

Finalmente, afirmó que permitir el planteo recusatorio en este caso “tergiversaría y minimizaría el verdadero sentido de la norma, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nuestra Constitución Nacional, como el permitir la conformación de tribunales a gusto del pretendiente”.

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la resolución que autorizó a las compañías de seguros a dejar de prestar el servicio de grúas en forma obligatoria a partir del 1 de julio.

“Se está por firmar una resolución que deroga la anterior, por lo cual vuelve a estar el servicio de remolque y grúas en los mismos términos que estaba antes”, confirmaron fuentes de la Superintendencia de Seguros.

La Resolución 217/2024, publicada en el Boletín Oficial, había planteado el objetivo de desregular el sector, “proteger al ciudadano” y aumentar la competencia. En rigor, algunas compañías de seguros ya habían empezado a enviar a sus clientes cartas notificando los cambios.

La modificación implicaba, además, que las aseguradoras ya no estuvieran obligadas a cubrir los “desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible”. Solo tendrían la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de “accidente, incendio y robo y/o hurto”.

En este contexto, la pregunta que se hacían todos los asegurados a raíz de esto es si con la quita de servicios podrían bajar los montos mensuales de las pólizas, que aumentaron por arriba de la inflación según el registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El cambio que aplicó la Superintendencia de Seguros acerca de los servicios de remolque que ofrecen las compañías de seguros de autos apuntaba a “proteger a los asegurados y asegurables ante cualquier regulación que ponga en dudas la concreción de dicha misión”.

“Existe una percepción muy negativa de parte de los asegurados sobre la asistencia que hoy reciben y los altos costos que demanda la prestación del servicio de remolque y auxilio mecánico para situaciones ajenas a un siniestro, alteran la capacidad de responder a la función principal del contrato de seguro”, argumentó el Boletín Oficial en abril, cuando se publicó la resolución.

Fuente: TN

El fin de semana se conoció una decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que ordena que las compañías de seguros ya no se deben encargar del servicio de acarreo, el cual tendrá que ser ahora contratado aparte por el cliente. Algo que “impactó en los usuarios más que en las aseguradoras” según comentó Luciana Cerro Aragón, bróker de seguros.

Con la resolución, ya no tendrá vigencia la cobertura sobre traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto.

La resolución publicada en el Boletín Oficial señala que únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto, los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador. “La verdad que fue algo que impactó en los usuarios más que en las aseguradoras”, señaló Cerro Aragón en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

La bróker explicó que “la Superintendencia le dio un plazo de 90 días para implementar este cambio” a las empresas, y que a partir de ese momento “puede suceder que cada compañía ofrezca el servicio con un costo adicional, aunque es muy reciente y hay que esperar que las empresas se aggiornen”.

No obstante, Cerro Aragón aclaró que “este cambio se va a ir dando a medida que se renueve la póliza, es decir mientras tanto van a seguir teniendo la cobertura”.

En este sentido la especialista en seguros reconoció que “tener este servicio les insumía un costo adicional a las compañías”, por lo que ahora resta ver de qué manera se adecua el precio que paguen los clientes: “Amén de que las pólizas de automotor vienen subiendo mucho en este último tiempo porque vienen aumentando el valor de los autos. Hay que ver con la baja de inflación cómo va repercutiendo el tema de la tarifa en los próximos meses”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó este viernes en el Boletín Oficial una resolución que modifica el servicio de remolque que tenían las compañías aseguradoras en todo el ámbito de la República Argentina y por la cual, desde ahora, los seguros ya no podrán incluir en sus pólizas el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios.

Así, lo que se ha determinado es que únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto, los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador. En cambio, ya no tendrá vigencia la cobertura que existía hasta ahora sobre “traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto”, expresa el texto oficial.

La Resolución SSN 217.2024 que modifica el Reglamento de la Actividad Aseguradora, ha dado un plazo de hasta 90 días para implementar este cambio, pero además, una vez pasados los 90 días, el cambio se aplicará a cada usuario al finalizar el actual contrato de seguro, es decir al momento de renovar las pólizas.

“Esto favorece a la solvencia del mercado, pero como bróker tenemos también que darle una solución a los clientes. Estoy de acuerdo con la medida, pero ahora tengo la responsabilidad de darle a los clientes el mismo servicio que tenían. Tenemos que encontrarle la vuelta y ese es nuestro desafío”, dijo Juan Ignacio Perucchi, CEO de Cinalli Brokers.

Según los especialistas, esta es una decisión que debería haberse tomado hace bastante tiempo, ya que los servicios de auxilio mecánico y el servicio de remolque no forman parte del objeto de seguro y alteran el principio básico por el cual las primas deben destinarse al suficiente cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacidad económica y financiera.

“No es el espíritu de la póliza la asistencia mecánica. La gente además ha abusado durante mucho tiempo de estos servicios, encareciendo fuertemente los costos de las compañías de seguros. Es algo de lo que se viene hablando hace tiempo, en algún momento iba a suceder. Es una buena noticia para las aseguradoras”, dijo un operador de seguros independiente.

Desde hace muchos años, las compañías se han visto obligadas a destinar parte sustancial de la recaudación de las primas a brindar un servicio que además de muy costosos, es tercerizado, lo que termina generando problemas de otra índole a una aseguradora, que termina distrayendo recursos y tiempo a atender temas que no le son propios, exponiéndose además a un desgaste de imagen con sus clientes.

“Lo peor es que muchos usuarios, al cotizar una póliza te preguntan por la cantidad de servicios de grúa por mes que tienen disponibles antes que por la cobertura. Esto hizo que, con el tiempo, las aseguradoras tuvieran que ampliar mucho este adicional, que incrementa los costos y complejiza el trabajo. El de las grúas es un problema. Hay clientes que quedan tirados cuatro o cinco horas esperando una grúa porque hay mucha demanda y tiene un costo altísimo para la aseguradora. Un acarreo de 150 kilómetros tiene un costo superior a los $100.000, y las primas se terminan yendo en esas cosas”, dijeron algunos brókers al conocer la resolución.

La gran pregunta que se harán los usuarios es ahora si el precio de las pólizas va a bajar, porque eventualmente hay un servicio menos y además hay un gran costo menos para las compañías. También existe la posibilidad de empezar a ofrecer otros productos como servicio mecánico o de remolque con pago aparte, como un producto nuevo que las compañías aseguradoras tengan que incorporar, tanto directamente como tercerizados.

Mientas la inflación siga existiendo, las sumas aseguradas van a seguir subiendo, por lo tanto, no va a bajar el precio de las pólizas. En todo caso se adecuará el esquema tarifario teniendo en cuenta la proporción que le correspondía a esos servicios adicionales en comparación con el costo de brindar el seguro en sí mismo.

“No creo que las pólizas bajen de precio. Hay que ver si da alguien el primer paso o si se ponen de acuerdo entre las compañías para ofrecer lo mismo. Si no, va a pasar como se está viendo con las fábricas de autos. Cada uno pone sus precios, sus bonificaciones y se están canibalizando entre ellos. Acá lo que puede pasar es que la gente salga a cambiar de seguro de acuerdo a lo que le ofrezca cada compañía respecto a grúa y auxilio mecánico”, concluyó una fuente del sector.

Fuente: Infobae

El escándalo de los seguros acaba de generar las primeras renuncias: el gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno, fue apartado de su cargo tras el allanamiento ordenado ayer por el juez Julián Ercolini en su domicilio, donde le secuestraron el teléfono. La salida, confirmada por fuentes oficiales, se concretará el lunes de manera formal.

Entre ayer y hoy, Tanos habló varias veces con el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres, y acordaron su cese como funcionario del Gobierno tras el escándalo público.

Tanos (37) comenzó su carrera política en la Juventud Peronista a los 19 años de la mano de José Ottavis. Luego fue funcionario en la Municipalidad de Moreno y en otros organismos. En 2021 llegó a Nación Seguros como gerente comercial, casi al mismo tiempo que se publicó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a los organismos públicos a contratar con esa firma. Este año, llamativamente, fue promovido a gerente general. “Lo eligieron por su rol técnico porque no tenía ningún padrino político en La Libertad Avanza”, dijo una fuente que conoce los pasillos de Nación Seguros.

La Justicia llegó a Tanos a partir de una camioneta Jeep que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Ese vehículo está inscripto a nombre de “7 de mayo Cooperativa Limitada”, pero el gerente de Nación Seguros fue autorizado para usarla.

Los investigadores llegaron a esa camioneta a partir de una situación llamativa que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación. Cuando fueron a buscar las cámaras del lugar, los efectivos se dieron cuenta que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD.

El seguimiento de esa pista terminó en la casa de Del Corro y luego en Tanos.

El juez Ercolini cree que Tanos “actuaba como contacto” con San Ignacio, una de las dos firmas beneficiadas por el contrato para los créditos de los jubilados.

Según una auditoría de Nación Seguros, a pedido de la Justicia, San Ignacio cobró $231.918.674 por comisiones. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

Tanos fue allanado ayer a la mañana en su casa, en Cabrera al 3900, donde estaba trabajando. La Policía Federal también fue a su oficina, en San Martín al 900.

Al margen de su renuncia, el hasta ahora gerente general de Nación Seguros ya prepara una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py.

En el caso de Eufemio, el magistrado encontró datos societarios muy llamativos. De hecho, forma parte de una sociedad llamada “SMART TECHNOLOGY SRL” junto a Del Corro, el mismo funcionario que terminó salpicando a Tanos. Y aparece vinculado a la firma “Megaled Del Sur SRL”, donde aparecen el propio Del Corro y Damián Gosso.

Este viernes, entre los allanamientos dispuestos, el juez decidió inspeccionar la casa de Eufemio, en Arcos 2600, y sus oficinas, en San Martín al 900.

En total, fueron más de 20 allanamientos vinculados al contrato de la ANSES. La Policía Federal registró domicilios particulares y oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, y San Germano.

Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados.

En los domicilios allanados, el juez ordenó secuestrar documentación sobre los contratos con Nación Seguros, pero también notebooks, CPU’s, tablets, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.

Fuente: Infobae

El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente Alberto Fernández y a un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, tras la denuncia que hizo el Gobierno a través del Ministerio de Capital Humano. La investigación gira en torno a los seguros que se contrataban para dar cobertura a los jubilados que tomaban créditos a través del organismo.

Se investiga el rol de D’Angelo (actual concejal de Unión por la Patria en Quilmes) para saber si “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”. También fueron imputados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A.

Fernández y Pagliano ya están imputados en otra causa que también impulsó el fiscal González y tiene a cargo el juez Julián Ercolini. En esa línea, el lunes a la noche se ordenaron allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria del expresidente.

Además de impulsar la investigación, el fiscal González pidió varias medidas de prueba y que sea convocado, como testigo, Osvaldo Giordano, el ex titular de ANSES que fue echado por el presidente Javier Milei tras detectar las comisiones que pagaba el organismo por los seguros.

González seguirá al frente de este expediente, pero en la causa principal será reemplazado desde el lunes próximo por su colega Carlos Rívolo, que estaba de licencia.

Desde LLA MDQ creemos que cada peso del contribuyente se tiene q hacer valerPor eso pedimos que se informe AL DETALLE los seguros administrativos contratados en MDQ x parte del Ejecutivo teniendo en cuenta lo que sucedió con Alberto Fernández@erecalt @CeciMartinezMDP @JMilei pic.twitter.com/Ru4z8TvezL

El escándalo llegó rápidamente a Mar del Plata. Desde el bloque de concejales libertarios de “Crear Más Libertad” solicitaron al Ejecutivo local que brinde información detallada sobre varios aspectos relacionados con los seguros contratados.

“A razón de las investigaciones que se están realizando en el marco de las irregularidades por los seguros contratados al Banco Nación, creemos importante, a fin de adoptar de mayor transparencia este municipio, poder conocer cuáles fueron las contrataciones realizadas de los seguros por parte de la Administración del Municipio General Pueyrredon desde el 2019 al 2023”, dijo el edil Recalt.

El concejal quiere saber “qué tipo de contrataciones se realizaron, en qué condiciones se realizaron estas pólizas, si existieron intermediarios entre las mismas, qué brokers, qué nómina de brokers trabaja la municipalidad y todo aquello dato de relevancia que permita conocer con mayor profundidad las contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo en la Administración Central”, se preguntó.

En el marco de la Resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los Créditos ANSES otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros S.A., cuyo contrato ANSES dejó sin efecto.

En ese sentido, luego de un análisis y estudio exhaustivo por parte de esta Administración, se definió utilizar el autofinanciamiento para la cobertura del riesgo de muerte de los beneficiarios de los créditos, hasta su liquidación final.

Esta decisión resulta conveniente para ANSES desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros S.A.

Si analizamos los requisitos que son necesarios para poder alquilar una casa, la garantía ocupa un lugar muy predominante, no solamente por su aplicación al dueño, sino que, además, por las posibilidades de tener un acceso a la misma.

Muchas personas que pretenden alquilar no tienen ningún familiar o conocido amigo que le pueda facilitar su inmueble para poder así cumplir con este requisito, por ello muchas aseguradoras brindan el servicio de caución y le brindan la solución al futuro inquilino.

¿Qué debo considerar al momento de contratar el seguro de caución?

Son muchos los detalles a los que tenés que estar atento cuando tengas que contratar este seguro de caución para poder garantizar tu alquiler.

Como sabrás, este seguro es un contrato que ofrecen muchas de las compañías de seguros y que se ejecuta como la garantía de alquiler que, además, se ocupa de cubrir las pérdidas que se puedan generar por el incumplimiento de las obligaciones del inquilino, ya sea por los alquileres que no se mantengan pagos, por expensas, imprevistos de ocupación indebida y por otra parte, puede incluir impuestos y servicios de agua, gas y luz.

Sirve para proteger al propietario y cubrir los gastos en los que el inquilino debería pagar y no lo está realizando.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir al contratar el seguro?

Hay un requisito principal e importante que tienen que cumplir los inquilinos y es el de poder demostrar sus ingresos y mantener su estabilidad laboral. Para facilitar esto, lo que deben hacer es presentar los recibos de sueldo, así como también algunas facturas de monotributo entre otras cosas que puedan duplicar o triplicar lo que cueste el alquiler o las expensas. Si no se cuentan con los ingresos que sean adecuados y suficientes o si estos ingresos no están registrados, hay ciertas empresas que permiten la presentación de un co-solicitante para de esta manera poder ir completando los requisitos. Aunque, algunas otras empresas de seguros lo exigen como un requisito aparte con el que se puede contratar el seguro, independientemente de los ingresos que se puedan presentar.

¿Cuáles son los gastos que cubren?

Las empresas de seguros se dedican a cubrir la falta de pago de los alquileres y las expensas. Luego, cada una puede especializarse o asegurar gastos sobre diversos ítems. Lo más general y habitual que cubren son ABL, AySA y aquellas acciones jurídicas espontáneas y también sus costos. También, se le pueden sumar las tarifas de servicios públicos, esto funciona como una cobertura en cuyo caso de que el inquilino se mantenga en la casa con el contrato que esté ya vencido y además, hacen un depósito de garantías.

¡Esperamos haberte ayudado!

Los seguros de vida no son algo nuevo, pero cada vez se vuelven más populares. Es que, aunque pensar en dejar de existir no es nada agradable, es una de las pocas certezas que tenemos en la vida. Ante esta convicción, contar con una cobertura suena interesante, sobre todo si se trata de una persona que es sostén de su hogar.

La pandemia del coronavirus marcó un antes y un después en muchas personas y significó un cambio en el pensamiento respecto del futuro. De acuerdo a un relevamiento que realizó la agencia Télam, desde fines de marzo en la Argentina hubo un incremento de 30% en la demanda por seguros de vida.

El contexto de incertidumbre generó que quienes estaban dudando en mantener sus seguros, optaran por continuar pagando el servicio e incluso ampliar sus coberturas. A su vez, quienes todavía no contaban con un seguro, decidieron buscar asesoramiento. Es por este motivo también, que distintas compañías decidieron elaborar nuevos planes pensados especialmente para la situación actual.

¿Por qué es importante contratar un seguro de vida?

Hay varias razones por las cuales se toma la decisión de contratar seguros de vida. La primera tiene que ver con el cuidado del grupo familiar. Con el pago de una cuota mensual, los allegados de la persona asegurada están cubiertos en caso de que el mismo no pueda continuar obteniendo o produciendo ingresos.

En segundo lugar, las empresas ofrecen de manera obligatoria un seguro de vida a sus empleados, pero en algunos casos no es suficiente, por lo que terminan contratando un servicio aparte. En el caso de los trabajadores independientes, muchos de ellos deciden contratar seguros de vida por su cuenta y de esta manera, tener un respaldo.

Por otro lado, hay personas que eligen los seguros de vida como un método más de ahorro, ya que en algunos casos se puede retirar el monto ahorrado pasado cierto tiempo.

Si bien cada compañía cuenta con distintos planes y servicios para sus clientes, es importante aclarar que generalmente las pólizas no responden únicamente ante la muerte de un asegurado. Las coberturas incluyen también la incapacidad total y permanente y los trasplantes de órganos.

A su vez, contratar un seguro de vida completo garantiza la seguridad y protección frente a imprevistos menores, pero muy importantes:

En cuanto a los costos de los seguros, vale aclarar que aunque existan distintos servicios básicos, las primas (las cuotas a pagar) dependerán de diversos factores, como el valor que se quiera asegurar, el riesgo de la persona asegurada, es decir, las posibilidades que tenga de sufrir un accidente, los gastos internos y los impuestos.

Es fundamental tener presente que los seguros de vida son una inversión a largo plazo y más allá del ahorro, representan un acto de amor hacia la familia y los seres queridos. Contar con una cobertura significa una tranquilidad frente a cualquier circunstancia o situación difícil que pueda ocurrir.

Pablo Castro, presidente de Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros (AMPAS), analizó la reanudación de la actividad junto a El Marplatense y aclaró que "el permiso a nivel local lo conseguimos el 12 de mayo luego de tratativas que iniciamos a mediados de abril. Necesitábamos un vínculo más cercano con los clientes, por eso lo solicitamos".

En cuanto a perjuicios por el freno de 60 días, producto de la pandemia, Castro afirmó que "en cobranzas estamos en un 30 y 50 por ciento de caída. Por un lado porque no se utilizan los vehículos y, por otro, que la situación económica está compleja".

"Seguimos trabajando bajo la modalidad de home office porque las compañías aseguradoras nos habían delegado funciones desde hace un tiempo", dijo sobre la operatoria. Mientras que destacó que "la atención de siniestro fue lo más complicado, que si bien ha bajado la frecuencia, la atención se complicó. Los choques que notamos, son más fuertes de los que veníamos teniendo".

También refirió que costará mucho volver a la normalidad ya que "estamos sin servicios de cristales, repuesteros, gomeros, ya que no están teniendo reposición y va a complicar la reactivación", cerró.