El oficialismo logró la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur durante la sesión en el Senado de la Nación, donde también comenzó el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y se trató la designación de autoridades diplomáticas.

La iniciativa contó con un amplio respaldo de la Cámara Alta y convirtió a la Argentina en el segundo país en ratificar el tratado, después de Uruguay. La sesión, iniciada por la tarde, se proyectaba con extensión hasta horas de la noche debido al tratamiento de varios temas en agenda.

En ese marco, fue aprobada además la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, en una votación que se desarrolló junto con el debate principal del acuerdo comercial.

Durante la sesión, la senadora Patricia Bullrich defendió el tratado y sostuvo: “El comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos y consolidan lo que dice nuestra Constitución: el bienestar general. Lo que nosotros estamos planteando es recuperar un lugar trascendente de Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, tenido en cuenta”.

“Vamos a construir un capitalismo que genere estabilidad, que le dé riqueza a sus habitantes. Este debate no nos plantea solo un tratado, sino también un cambio más profundo, un rumbo, una dirección. Este tratado nos plantea que la apertura de nuestro país al mundo es una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”, agregó.

Por su parte, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó el tratamiento del acuerdo, aunque adelantó que su espacio no se opondría. “No nos vamos a oponer porque hay provincias que creen que se van a beneficiar”, señaló. Sin embargo, advirtió: “Debió tratarse semanas en comisión, no así a las apuradas”, y agregó: “En 2027 vamos a volver a ser Gobierno”.

En paralelo, distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a autoridades del Parlamento Europeo para expresar su preocupación por la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, que avanza junto con la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

En el documento advirtieron que la reforma podría reducir sustancialmente el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce y claves para la estabilidad climática. “El debilitamiento de la Ley de Glaciares implicaría un grave retroceso ambiental y jurídico. La protección del agua y de estos ecosistemas estratégicos debe constituir una prioridad indeclinable en cualquier proceso legislativo”, señalaron.

Asimismo, alertaron sobre posibles cuestionamientos constitucionales, ya que el proyecto modificaría el esquema de competencias ambientales previsto en la Constitución Nacional respecto de los presupuestos mínimos de protección, debilitando el marco ambiental federal.

Las organizaciones también indicaron que avanzar en una reducción de la protección ambiental mientras se ratifica un acuerdo internacional con obligaciones ambientales vinculantes podría colocar al país en incumplimiento del artículo 26.2.3 del Acuerdo UE–Mercosur, que establece que ninguna de las partes debe debilitar su legislación ambiental para fomentar el comercio o la inversión.

En ese contexto, solicitaron al Parlamento Europeo que tenga en cuenta estos desarrollos legislativos al evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por la Argentina y recordaron que la integración comercial no debe avanzar en detrimento de la integridad ambiental, la seguridad jurídica y los compromisos internacionales.

Fuente: con información de TN

El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, iniciativas que obtuvieron el respaldo del Senado tras ocho horas de debate. En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo que “se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien” y destacó que el nuevo presupuesto establece el déficit cero como una regla inquebrantable.

El proyecto fue aprobado con 46 votos a favor y 25 en contra, incluso en artículos considerados sensibles, como los vinculados a partidas educativas. Según el Gobierno, el resultado envía una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal al mercado.

Milei afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal “restaura un principio constitucional básico”, al señalar que el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”. Según explicó, la norma busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa del Impuesto a las Ganancias y redefinir la relación entre el Estado y el sector privado.

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia. Por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, expresó el presidente.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando apoyos de sectores dialoguistas y dejando a la oposición más dura en minoría. Con la aprobación del presupuesto, el equipo económico encabezado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo consolida el plan de gastos e ingresos para 2026, enviando un mensaje de fortaleza política tanto hacia el interior del país como hacia los organismos internacionales de crédito.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Gobierno nacional envió al Congreso al funcionario Diego Santilli para seguir de cerca la sesión en la que el Senado debate el Presupuesto 2026, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza las reuniones con representantes del oficialismo, que asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en general. Sin embargo, persisten dudas respecto de los artículos 30 y 12, vinculados a inversiones en ciencia, defensa y educación. En la misma sesión también se tratará el proyecto de ley de Inocencia Fiscal.

Las iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, pero el clima político se tensó en las últimas horas debido a los cuestionamientos de sectores de la oposición dialoguista sobre dos artículos considerados sensibles.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich expresó en redes sociales que el oficialismo busca aprobar “el primer Presupuesto con déficit cero de la historia”, en referencia a la meta fiscal planteada por el Gobierno.

Desde la oposición, el senador Eduardo “Wado” de Pedro criticó con dureza el proyecto y cuestionó el impacto del artículo 30. Señaló que el Presupuesto “castiga el derecho a la educación, el acceso a la salud y a la vivienda”, y sostuvo que la propuesta “profundiza un modelo que ya fracasó”.

En defensa del proyecto, la senadora Carmen Alvarez Rivero, del bloque de La Libertad Avanza, apuntó contra los fondos fiduciarios y afirmó que el Estado no debe gastar por encima de sus ingresos. “En un país normal no se gasta lo que no se tiene: ni las familias, ni las provincias, ni la Nación”, expresó.

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner anunció que votará en contra del Presupuesto y reclamó un debate más profundo. Acusó al Gobierno de actuar con “un dejo de crueldad” y advirtió sobre riesgos para la soberanía “política, social, económica, cultural y cognitiva”.

El senador Flavio Fama, de la UCR, también manifestó objeciones y adelantó que no acompañará el capítulo 2 del proyecto, en línea con la postura de Maximiliano Abad. Cuestionó especialmente el artículo 12, al considerar que otorga discrecionalidad al Ministerio para interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos en el envío de información. Recordó que la Ley de Administración Financiera ya establece los mecanismos de rendición de cuentas.

Fuente: con información de TN

El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

El rionegrino Enzo Fullone debe jurar en reemplazo de Lorena Villaverde (Instagram)

En los últimos días, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

El Gobierno nacional confirmó que no insistirá en el Senado con la derogación de las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la discapacidad, luego de que La Libertad Avanza obtuviera el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con el acompañamiento del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. La decisión respeta lo votado previamente por la Cámara de Diputados y despeja uno de los puntos más sensibles del debate legislativo.

El dictamen fue firmado en la Comisión de Presupuesto tras una reunión en la que participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según señalaron fuentes parlamentarias, la postura ya estaba definida desde la última reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Incluso hoy, Patricia Bullrich y Caputo volvieron a comunicarse para remarcar la necesidad de avanzar con la aprobación del Presupuesto.

“No hay cambios previstos, es el primer Presupuesto que se vota en la era de (Javier) Milei. Para nosotros es muy importante y fundamental poder darles certeza a todos los sectores y por lo tanto seguiremos adelante con este dictamen”, afirmó la senadora Patricia Bullrich al término del encuentro. Agregó que “la regla de oro es el superávit fiscal” y que eventuales ajustes se resolverán por otras vías.

El senador Bartolomé Abdala sostuvo que el país “necesita tener el Presupuesto” y expresó su expectativa de aprobarlo antes de fin de año. Ezequiel Atauche, presidente de la comisión, celebró haber reunido once firmas y destacó que es la primera vez que un proyecto de Presupuesto llega al Senado desde el inicio de la gestión.

El oficialismo valoró especialmente que el dictamen se aprobara sin modificaciones, ya que cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto a Diputados y reabrir negociaciones con gobernadores y bloques aliados. También evitaron tensiones internas con el PRO, luego del malestar generado por la votación de los auditores de la AGN en la Cámara baja.

El capítulo XI, rechazado previamente por Diputados, incluía la derogación de las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de restricciones al régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la AUH, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares. También contemplaba compromisos financieros con la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial.

Durante el debate en comisión se produjo un cruce entre el senador Eduardo “Wado” de Pedro y el secretario Guberman. De Pedro denunció que el Presupuesto “discrimina a la Provincia de Buenos Aires” y cuestionó recortes en obras públicas, programas y educación. Guberman respondió que “hay que hacer un plan de alfabetización por el desastroso estado de la calidad educativa” y aseguró que el Presupuesto 2026 prevé un aumento del 7,8%. El senador replicó que se trata de “una falta de respeto a la inteligencia del Cuerpo”, al señalar una caída del 45% en términos reales desde el inicio del actual Gobierno.

En paralelo, la Comisión de Justicia dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, también sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados. Algunos senadores, como Maximiliano Abad y Andrea Cristina, expresaron preocupación por el fuerte incremento de las multas impositivas que afectan a Pymes y pequeños comercios. Bullrich se comprometió a impulsar una ley específica el próximo año para atender esa situación.

Con el dictamen aprobado y sin cambios, el oficialismo confía en sancionar el Presupuesto el viernes 26, para que luego sea promulgado e implementado por el Poder Ejecutivo.

Fuente: con información de TN

El Senado se prepara este viernes para una jornada clave. En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo buscará conseguir dictamen para el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos proyectos que ya cuentan con la media sanción de Diputados.

La discusión comenzará a las 9, cuando se constituya la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el dictamen de la iniciativa conocida como “Inocencia Fiscal”. Una hora más tarde, a las 10, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que buscará emitir dictamen del Presupuesto 2026, con la intención de llevar ambos temas al recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

El Gobierno logró la media sanción de los dos proyectos en la Cámara Baja, pero en medio de un clima de fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques aliados. En particular, el texto del Presupuesto que llegó al Senado no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que el Ejecutivo considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

La Libertad Avanza logró mostrar capacidad para construir mayorías, pero también quedó expuesta la fragilidad de algunos acuerdos con gobernadores y bloques aliados, especialmente en los artículos más sensibles del Presupuesto.

En la Cámara Alta, el panorama aparece aún más complejo. El oficialismo buscará acelerar los tiempos para cumplir con el calendario que impulsa la Casa Rosada, aunque admite en privado que reunir los votos necesarios no será sencillo.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, escuchará este viernes a funcionarios del equipo económico. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; las subsecretarias de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado.

Si bien en el Congreso aseguran que el dictamen respetará el texto aprobado en Diputados, para que luego el presidente Javier Milei decida si lo veta o veta algunos artículos, en Casa Rosada evalúan incorporar los cambios en el Senado, aunque eso signifique que el proyecto deba regresar a la Cámara Baja para ser aprobado.

La mesa política libertaria también analiza la posibilidad de reintroducir los artículos rechazados por la Cámara Baja, que incluían no solo las derogaciones de las leyes de universidades y discapacidad, sino también cambios vinculados a deudas del sector energético, zonas frías y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay un debate legal que debe ser saldado respecto de si puede hacerlo.

Diputados aprobó el Presupuesto 2026: 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. (Foto: X/@DiputadosAR).

Si el Senado aprueba el proyecto tal como está, el Presupuesto se convertirá en ley y el Gobierno deberá resolver cómo instrumenta normas que hoy están vigentes y que, según su mirada, no cuentan con financiamiento definido. En el Ejecutivo sostienen que el texto aprobado no refleja la hoja de ruta fiscal que impulsan desde el inicio de la gestión.

Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, propone un cambio profundo en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización.

La iniciativa eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se considera que existe evasión. El piso para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión calificada se fija en $1000 millones. Además, incorpora un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, que limita la capacidad del Estado de investigar variaciones patrimoniales dentro de ese umbral.

Desde el oficialismo, el proyecto es presentado como una herramienta para formalizar ahorros -es decir, para que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón-, incentivar la remonetización de la economía y reducir la conflictividad tributaria. La oposición, en cambio, cuestionó con dureza el alcance de la reforma y advirtió sobre sus efectos en el control fiscal.

Fuente: TN

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que el proyecto de reforma laboral será tratado el próximo 10 de febrero en el recinto. El debate se realizará en el marco de sesiones extraordinarias, luego de que se firme un dictamen abierto a modificaciones. La decisión fue comunicada durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El plan original del oficialismo era aprobar la iniciativa este viernes 26. Sin embargo, tras los pedidos de revisión por parte de la CGT, sectores de la oposición y una movilización masiva en Plaza de Mayo, se resolvió postergar el tratamiento parlamentario.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, expresó Bullrich.

Además, anticipó que se convocará nuevamente a sesiones extraordinarias: “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras, y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”.

“Estamos abiertos a la escucha”, concluyó.

Desde el bloque opositor, el senador kirchnerista Mariano Recalde celebró la decisión: “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”. Y agregó: “Quedaron muchas cosas sin tratar”.

Fuente: con información de TN

El Gobierno se prepara para tratar las reformas en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Es por eso que, según altas fuentes libertarias, en el Senado se habilitarán diálogos con todos los jefes de bloque.

A cargo de la estrategia está Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

La intención es que la exministra de Seguridad converse con todos los senadores, pero sobre todo con los líderes de cada grupo. Incluso, estaría dispuesta a hablar con el bloque de Unión por la Patria.

Según indicaron en Rosada, se buscará hablar con José Mayans, el líder de la bancada kirchnerista, para definir las reglas y el esquema de cómo se tratarán los temas. “Los proyectos no, porque ya sabemos que están en contra”, explicó una voz legislativa oficial.

El trabajo de Bullrich será la continuidad del que realizó Diego Santilli, como ministro del Interior. El dirigente del PRO se reunió -hasta el momento- con casi todos los gobernadores dialoguistas. Es más, este jueves recibe a Jorge Macri (CABA) y el viernes a Sergio Ziliotto (La Pampa).

Ahora, será el turno de la dirigente y exministra de conseguir los votos para aprobar las medidas que impulsa el oficialismo. “Sí, seguro que tenemos que hablar con todos los bloques porque nosotros solos no tenemos el número”, dijo una fuente del Senado.

Tras las elecciones de octubre, La Libertad Avanza logró tener 20 senadores, y es por eso que es clave para ciertos proyectos que se logre el apoyo de gobernadores aliados. Entre ellos, figuran Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También son importantes Martín Llaryora de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

En ese sentido, en la oposición indican que los gobernadores tienen buena relación con el Gobierno, pero apoyarán si el oficialismo cumple con su palabra.

“Los mandatarios provinciales piden plata. Obras y plata, nada de chamuyos. Quieren ver las promesas en los papeles”, ejemplificó una persona con alto conocimiento del Congreso.

Hasta el momento, se vieron algunos gestos de la Casa Rosada para las provincias. Por ejemplo, se aceleró el traspaso de la empresa minera Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio a Catamarca; se dieron los fondos para que Tucumán pueda terminar su aeropuerto y se autorizó un préstamo del Fonplata por 75.000 millones de dólares para obras de agua en Mendoza.

En este contexto, mientras la Cámara de Diputados debatirá el Presupuesto, el oficialismo en la Cámara Alta buscará darle media sanción a la reforma laboral y a la modificación de la Ley de Glaciares.

La primera está terminada, pero los distintos grupos del Gobierno que participaron en su redacción mantienen el hermetismo sobre la letra chica del documento. La segunda responde a un pedido de los jefes provinciales, para poder aumentar las inversiones mineras en sus territorios.

No se descarta que este temario sea interrumpido por el tratamiento del Presupuesto 2026, ya que LLA busca sacar la media sanción antes de las fiestas para que la Cámara Alta lo trate antes de fin de año.

Fuente: TN

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N° 15.553 impulsada por el camporista Facundo Tignanelli, que prohíbe a las empresas prestatarias cortar o interrumpir los servicios de luz, agua y gas a las asociaciones sin fines de lucro, municipios, hospitales y escuelas públicas, aún cuando se encuentren en mora o tengan aviso de suspensión.

La medida fue ratificada hoy a través del Boletín Oficial y obliga a las prestatarias bonaerenses de servicios a garantizar el suministro a las instituciones públicas y sociales que cumplan los requisitos previstos en la norma.

El nuevo régimen establece la prohibición de cortar o interrumpir los servicios esenciales a dependencias municipales, establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública, tanto provincial como municipal. Por otro lado, la medida oficial también fija como requisito que los consumos de los beneficiarios no deberán superar los 5.000 kilovatios por hora mensuales.

Según detalla el artículo 2, las asociaciones civiles tendrán que estar inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y contar con una antigüedad mínima de tres años. De este modo, la norma apunta a proteger a los clubes de barrio, centros culturales, entidades comunitarias y otras organizaciones que cumplen un rol social en sus territorios.

En la misma línea, la ley también obliga a las prestatarias a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y la cancelación de deudas, en un contexto marcado por la desregulación tarifaria y los aumentos que impulsa la actual conducción nacional.

En tanto, los municipios que lo requieran podrán adherir a la norma mediante ordenanzas locales que reduzcan total o transitoriamente las alícuotas de los servicios alcanzados y las tasas de alumbrado público, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio a todas las comunas bonaerenses.

Se recuerda que, durante el debate legislativo previo a su sanción definitiva en el Senado bonaerense, Tignanelli expresó que esta iniciativa proteccionista guarda una vocación de “profunda justicia social”. “A toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido, y tiene un criterio de libre competencia de mercado”, explicó el jefe del bloque de Unión por la Patria.

En ese sentido, el legislador de La Cámpora sostuvo que la suspensión de electricidad o gas en las escuelas “puede interrumpir gravemente el proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”, con lo que buscó sumar apoyo legislativo al expediente.

Además, la propuesta de Tignanelli va en línea con otra iniciativa previa del legislador, que busca que no le corten la luz a los usuarios que estén en situación de mora y que afronten una situación de vulnerabilidad económica, como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, jubilados, pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a tres salarios mínimos.

Finalmente, el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario del Senado a comienzos de octubre en la tercera sesión ordinaria del 2025, y a partir de esta jornada ya rige de manera oficial en todo el territorio provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses

El Senado rechazó, con 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y una ausencia, el veto del presidente Javier Milei a la ley que regula la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La sesión fue impulsada por los gobernadores provinciales, quienes promovieron la iniciativa para garantizar la coparticipación de estos fondos.

La ley, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, busca establecer un mecanismo de distribución de los ATN, fondos clave para las provincias. Ayer, Diputados ya se había pronunciado en contra del veto presidencial a los fondos destinados al Hospital Garrahan y al financiamiento universitario.

El debate en el Senado estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque en el Senado, Ezequiel Atauche, defendió la postura del Gobierno: “Se entregaron casi todos los ATN a las provincias este año, esto es oportunismo”. Atauche cuestionó la iniciativa, señalando que “desde 1988 existe esta ley y viene funcionando con presidencias de distintos partidos. La pregunta es: ¿por qué ahora?”. Además, destacó que “ya tenemos entregado un 10% del promedio de lo que se gastó del 2003 en adelante” y acusó a la oposición de aprovechar la situación para atacar al Gobierno.

Por su parte, el senador peronista José Mayans criticó duramente a Milei: “El Presidente sigue tan soberbio como siempre”. Mayans también se refirió a la posible interpelación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, afirmando que “tiene que venir a dar explicaciones por la gravedad del caso”. Asimismo, cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declarando que “es indigna para ocupar el puesto y hay que destituirla”. En un tono desafiante, el legislador agregó: “Si pudiésemos armar una plaza con todas las provincias, se junta más gente que la que había en la marcha por universidades y el Garrahan”.

El rechazo al veto presidencial se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y la oposición, que negó las acusaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un supuesto intento de “voltear al presidente”.

Fuente: con información de TN

Luego de que Diputados tome una decisión sobre los recientes vetos de Javier Milei a aumentos en jubilaciones y discapacidad, la Cámara de Senadores aprobó nuevas subas para el hospital Garrahan y las universidades.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, quedó aprobado el presupuesto universitario, lo que significó un duro revés para el Gobierno que esperaba otro resultado con el argumento de mantener el superávit fiscal.

Además, quedó aprobada la ley de Emergencia en Pediatría y Residencias, que declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales. En las próximas horas, se espera que Milei vete ambas medidas.

En una sesión muy caliente, el oficialista Ezequiel Atauche aseguró: “Vienen a romper el Gobierno y no les importa nada más”. Los 58 votos afirmativos vinieron del peronismo, la UCR y dos legisladores del PRO, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Las abstenciones fueron del salteño Juan Carlos Romero (aliado oficialista) y dos senadoras del PRO, Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut).

En otra parte de su descargo, Atauche dijo que este Gobierno “se puso manos a la obra y se puso a invertir en alfabetización y a sacar las ideologías de la educación que venían envenenando la mente de nuestros niños y jóvenes”.

Luego, aseguró que este tema “se tiene que tratar en el Presupuesto” y que desde el oficialismo “chocaron con la clase política que no entendía lo que era tener un Presupuesto con déficit cero”.

Cerró diciendo que la gestión actual viene a “combatir el país donde los egresados valen 500 millones de pesos y hay universidades inventadas” y que en la oposición “se ponen la careta de la educación, pero le recortaron 70 mil millones”.

Victoria Villarruel vivió un incómodo momento en su recorrida por la Fiesta del Poncho, en Catamarca. A la vicepresidente le preguntaron si había traicionado a Javier Milei, por haber validado la sesión en la que el Senado aprobó la suba de jubilaciones y el envío de fondos a las provincias, y respondió con visible enojo: "No ha sido nada de eso".

A Villarruel la interrumpió un cronista de un medio afín a Milei en su recorrida antes del acto inaugural de la Fiesta. Entre evasivas, el movilero logró hacerle una pregunta en tono de reproche. "¿Pero qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de votantes?", inquirió el movilero.

A la vicepresidente, que no detuvo su marcha, se le borró la sonrisa de la cara. "No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso", contestó, con evidentes señales de fastidio.

"Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos", insistió el notero de La Derecha Diario. "Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños", respondió ella, aludiendo a la industria del poncho, motivo por el que hizo la visita a la provincia del noroeste.

Entonces, le preguntaron, aún en tono de reproche: "¿No hay una disculpa para Milei?". Pero Villarruel eludió responder directamente, dijo "muchas gracias a todos" y siguió con su caminata.

La vicepresidente está en Catamarca para participar de la Fiesta Nacional del Poncho. Viajó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

Minutos más tarde, llegó a la Casa de Gobierno provincial, donde mantuvo un encuentro con Raúl Jalil, gobernador aliado a Milei. "Es una fiesta a la que le tengo mucho cariño y espero poder venir todos los años, me encanta el espíritu de la gente", dijo.

La interna entre Milei y Villarruel volvió a escalar la semana pasada cuando funcionarios de primera línea, entre ellos Patricia Bullrich, le reclamaron que haya encabezado la sesión del Senado en la que se trataron y aprobaron proyectos críticos para los objetivos del Gobierno nacional.

Después, la vicepresidente publicó comentarios críticos contra el presidente en su cuenta de Instagram, donde defendió que se haya hecho la sesión en la Cámara alta y cuestionó los viajes y las designaciones a parientes en el oficialismo. Desde el entorno de Villarruel hablan de "maltrato sistemático" y deslizan que comenzará a trabajar, después de octubre, en un armado político propio para las elecciones 2027.

Fuente: Clarín

La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, confesó hoy que consideró renunciar a su candidatura a legisladora porteña tras el rechazo en el Senado al proyecto de ley Ficha Limpia, una iniciativa que ella promovió con dedicación. La declaración tuvo lugar a pocos días de las elecciones legislativas en CABA, previstas para el domingo 18, en el marco de una entrevista radial compartida con el ex presidente Mauricio Macri.

Durante la conversación, Lospennato expresó su profunda desilusión ante la decisión del Senado, que, según sus palabras, perpetúa un sistema que protege la corrupción. “Sentí una frustración inmensa, una decepción que me llevó a cuestionar si vale la pena seguir en la política. Fue como si el esfuerzo por transformar la realidad no tuviera sentido, como si los corruptos se protegieran entre sí para garantizar su impunidad”, afirmó la legisladora.

El proyecto Ficha Limpia, diseñado para prohibir que personas con condenas por corrupción ocupen cargos públicos, había generado un amplio debate en el Congreso. Su rechazo en el Senado desató críticas y marcó un punto de inflexión para Lospennato, quien describió el episodio como un golpe a sus ideales de transparencia y ética en la gestión pública. “¿Para qué hacer política si no logramos cambiar las cosas y los poderosos aseguran su inmunidad?”, reflexionó.

Las declaraciones de la diputada llegan en un momento clave de la campaña electoral, a una semana de los comicios que definirán la composición de la legislatura porteña. 

Tras diversas notas presentadas por los jefes de diversas bancadas de la Cámara alta, la titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó hoy una resolución para prorrogar el congelamiento de las dietas hasta el 31 de marzo próximo. Es decir, hasta un mes después de iniciado el nuevo período de sesiones ordinarias, por lo que una próxima definición en cuanto a este tema quedará en manos del recinto.

Las presentaciones de diversas misivas a Villarruel desde diferentes bloques, como La Libertad Avanza, el PRO, Provincias Unidas, los misioneros renovadores -no massistas- y el aliado oficialista Francisco Paoltroni, entre otros -no aparece la bancada kirchnerista-, dejaron el camino que procuró la vicepresidenta para que la resolución tuviera volumen y justificación.

“He firmado el decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias”, comentó la vicepresidente.

En ese sentido indicó que “adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que se está haciendo”.

Fuente: Infobae

Se llevó a cabo hoy un allanamiento en la oficina de Edgardo Kueider en el Senado de la Nación. Se trata de un pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento ilícito.

El operativo se realizó en busca de documentos y computadoras, entre otras cosas. Arroyo Salgado investigaba a Kueider desde antes del escándalo por su detención en Paraguay. Es una causa por enriquecimiento ilícito, por presunto cobro de coimas a la empresa de seguridad Securitas.

Los procedimientos se realizaron en la oficina de Kueider pero también en dos despachos que pertenecían a dos asesores del entonces senador. “El procedimiento se desarrolló en absoluta normalidad con estricto cumplimiento de las normas procesales aplicables y la colaboración del personal de seguridad del Senado”, indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Por esta misma causa, Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, presentaron una solicitud este jueves para recusar a Arroyo Salgado. Entienden que se trata de una persecución política por parte de la magistrada.

En las últimas semanas, el ex senador fue detenido en Paraguay al intentar trasladar US$ 200.000 sin declarar. Por este motivo, fue destituido días atrás en el Senado.

Fuente: TN

A raíz del Caso Kueider en el Senado, buscan crear en Diputados la Comisión de Ética y Disciplina, que funcionará administrativamente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto lo presentó Carla Carrizo, de la UCR crítica.

La iniciativa tendrá las facultades de intervenir en todo asunto relacionado con las normas disciplinarias de Diputados, tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional y con los deberes, pautas y obligaciones que surgen de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Está facultada para elaborar recomendaciones tendientes a orientar el buen comportamiento de los legisladores, especialmente en lo referente a las cuestiones de orden, ética y transparencia.

La legisladora Carrizo dijo que “es fundamental que haya una Comisión de Ética que audite la presentación de las declaraciones juradas de sus miembros, tanto del Senado como de Diputados ya que están incumpliendo la ley de Ética Pública. Se les exige a funcionarios y empleados públicos lo que no se les exige a Diputados y Senadores. Que no haya un organismo que audite la presentación de las declaraciones juradas y que sea justo la Casa de las leyes, me parece que es la imagen del mal funcionamiento institucional que tiene la Argentina”

Y agregó: “Es un tema central a estar en la agenda de cualquier convocatoria a sesiones extraordinarias. Ojalá que lo del senador (Edgardo) Kueider sirva para algo, que no quede solo la anécdota de la expulsión, de quien tuvo la culpa y si fue legal o no el rol de la vicepresidenta, sino que está pasando que estas cosas ocurran, porque el Congreso no audita lo que debería auditar”.

La facultad disciplinaria de las Cámaras del Congreso se encuentra reconocida en el artículo 66 de la Constitución Nacional que establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”. Es lo que ocurrió el pasado jueves en la sesión especial y expulsión de Kueider del Senado.

El reglamento de esta Cámara hace referencia a las denominadas “Faltas al orden”, aunque las mismas se encuentran referidas únicamente a situaciones que se dan en el marco de una sesión. Pero no todas las faltas se dan en el marco de una sesión. Los legisladores firmantes de la iniciativa entienden que “hemos sido testigos de múltiples agresiones e insultos entre colegas o de un diputado a algún trabajador durante reuniones de comisión, en otros ámbitos de trabajo o incluso en reuniones institucionales en otros espacios y es preciso que exista el órgano institucional donde se puedan denunciar, analizar y considerar estos hechos a fin de tomar el temperamento de sugerir la aplicación de alguna medida disciplinaria”.

La diputada Carrizo puso el ejemplo de: La visita al penal de Ezeiza de varios diputados en el pasado mes de julio, suscitando múltiples debates sobre la comisión competente, el formato decisional, las facultades de las comisiones para invitar a terceros, a tal punto que no se ha llegado aún a un dictamen en ningún sentido, ni desechando las actuaciones, ni sancionando ni creando una comisión investigadora”. El caso de los diputados libertarios que visitaron a los genocidas detenidos en el Penal de Ezeiza pasó sin contratiempos para La Libertad Avanza en la Cámara baja.

La Comisión de Ética y Disciplina estará integrada por quince miembros elegidos por los respectivos bloques parlamentarios conforme la proporcionalidad establecida entre las fuerzas y por cada miembro titular se elegirá un suplente para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento. Se elegirá también un presidente y un vicepresidente.

La Comisión deberá entender en la cuestión girada en un plazo no mayor a 30 días desde la presentación, pudiendo prorrogarse por otros 30 días, y elevará su dictamen en forma de “Resolución” proponiendo la medida disciplinaria que el caso demande o desestimará las actuaciones.

La iniciativa de Carla Carrizo es acompañada por los diputados Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal. Todos integrantes del bloque del radicalismo crítico de Democracia para Siempre.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que la sesión en la que se destituyó al legislador Edgardo Kueider es “inválida”, al argumentar que durante ese trámite legislativo la vicepresidenta Victoria Villarruel debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

“No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidente. Si ella preside la sesión del Congreso está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes”, sostuvo Milei en declaraciones radiales.

El mandatario señaló que la Escribanía General de la Nación “interactuó” con la secretaria de Villarruel y le notificó que el Presidente se iba a ausentar desde el jueves con motivo de su viaje a Italia para mantener un encuentro con la premier de ese país, Giorgia Meloni.

“El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje lo recibe el martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión”, manifestó.

Además, dijo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el viaje al país europeo “a eso de las 12:00 o 12:30”.

“Eso fue diseminado por todos los medios”, recordó Milei.

Asimismo, el jefe de Estado relató que el escribano general de la Nación llamó a la vicepresidenta “insistentemente” sin obtener una respuesta, para luego tratar de comunicarse con la secretaria de Villarruel, que “tampoco contestaba”.

El Senado expulsó este jueves a Kueider, detenido actualmente en Paraguay por llevar más 200 mil dólares sin declarar, en una sesión que de todos modos quedó envuelta en la polémica a raíz de que fue presidida por Villarruel en momentos en que la vicepresidenta debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

Fuente: Noticias Argentinas

Como “un papelón” y “un atropello a la República” calificó el ex presidente, y titular del PRO, Mauricio Macri, la decisión del Senado de expulsar a Edgardo Kuieder, ya que a su criterio había que suspenderlo y esperar la definición de la Justicia.

Macri expresó estos conceptos en el cierre del Consejo Federal del PRO, donde defendió la postura de otorgar el desafuero que pedía la jueza Sandra Arroyo Salgado y suspender al legislador, en lugar de echarlo.

De todos modos, el PRO votó dividido ya que Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez lo hicieron a favor de la expulsión, mientras que lo hicieron en contra Alfredo De Angeli (Entre Ríos); Carmen Alvarez Rivero (Córdoba); Andrea Cristina (Chubut) y Martín Goerling Lara.

Kueider fue detenido la semana pasada por ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar, y ayer el Senado por 60 votos a favor y 6 en contra fue expulsado de la Cámara alta. 

Macri dijo que “lo que pasó ayer en el Senado fue un papelón, fue un atropello nuevamente a la República”.

En esa línea dijo que “yo entiendo que todos estemos indignados que ese senador cruce con valijas a Paraguay llenas de plata, pero el debido proceso es el que decidió el PRO, que era suspenderlo sin goce el sueldo, desaforarlo y que vaya a la Justicia”.

Subrayó que “nunca más iba a ser senador si la Justicia terminaba condenándolo, pero no haciéndolo así, salteándose todos los procesos institucionales que corresponden, en una manera obvia de tratar de salvarse todos aquellos que sienten que tienen el culo sucio, entonces tiremos uno por la ventana, así las fieras se calman”.

Fuente: Noticias Argentinas

El senador Edgardo Kueider, quien está detenido en Paraguay por intentar ingresar a ese país con más de US$ 200 mil sin declarar, fue expulsado hoy de la Cámara alta por iniciativa del kirchnerismo y con el apoyo de la UCR, un sector del PRO y hasta los propios libertarios.

La decisión fue adoptada en una sesión especial que se vio cruzada por el pedido de desafuero y detención solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado contra el entrerriano.

La votación arrojó 60 votos a favor y 6 en contra, los cuales correspondieron al radical Maximiliano Abad; los macristas Carmen Alvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli y Martín Goerling; y Carlos "Camau" Espínola, compañero de bloque de Kueider que pidió cambiar su voto luego de haber acompañado a la mayoría. En tanto que el salteño Juan Carlos Romero de Unidad Federal se inclinó por la abstención, los dos senadores por Santa Cruz estuvieron ausentes.

En tanto fracasó el intento del oficialismo de avanzar con la suspensión del senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, al no alcanzar los dos tercios que se necesitaban para habilitar el tratamiento en el recinto por no tener despacho de comisión. La medida había sido incluida en el temario a pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a raíz de la causa abierta por el Memorándum con Irán, en la que el senador cercano a Cristina Kirchner está procesado e irá a juicio oral por orden de la Corte Suprema. La votación fue 34 votos a favor de la propuesta, 31 en contra y 1 abstención que correspondió al propio Parrilli.

Con la expulsión aprobada por el Senado, Kueider se quedó sin fueros y podrá ser juzgado tanto en Paraguay como en la Argentina, donde enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La jueza Arroyo Salgado investiga si tres departamentos que el ahora ex legislador tiene en Paraná habrían sido adquiridos con fondos provenientes de presuntos sobornos que la compañía Securitas habría pagado a la empresa estatal Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), en momentos que el legislador formaba parte de su directorio.

Hasta el miércoles a la noche, tanto la UCR como el PRO apoyaban la opción de la suspensión hasta el 1° de marzo, propuesta por el oficialismo con el objetivo de reducir los daños generados por Kueider y evitar que los K sumen una nueva banca que quedará para la camporista Stefanía Cora, que acompañó la boleta de Kueider. Incluso, en los pasillos del Congreso, los dialoguistas justificaban la decisión argumentando que el entrerriano tiene derecho a la defensa.

Sin embargo, toda la estrategia cambió horas antes de la sesión cuando se conoció la noticia de que la jueza Arroyo Salgado había notificado por mail a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, sobre su pedido de desafuero y detención de Kueider.

En la reunión de bloque de la UCR se bajó un mensaje de que no se podía votar en contra de la expulsión de Kueider. Por eso, durante la sesión, el fueguino Pablo Blanco anticipó el cambio de posición, cuando luego de haber señalado que Kueider debería haber renunciado, anunció que iba a apoyar "la echada o la destitución, como dicen más elegantemente".

Más tardes, Eduardo Vishi, jefe de la bancada, confirmó su voto en favor de la destitución. "Daña tanto lo que ha hecho Kueider como la hipocresía de los últimos 20 años de este sector político que se hace el distraído de la serie de condenados que tiene, que tuvo hasta la presidente de este cuerpo condenada", deslizó el correntino apuntando contra el kirchnerismo y Cristina Kirchner, quien fue condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad.

En realidad fue una combinación de factores lo que hizo virar a los radicales. Como había quedado acordado el temario, el Senado votó primero el pedido de expulsión firmado por Mayans junto a Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti y posteriormente se iba a tratar la propuesta de suspensión del libertario Ezequiel Atauche.

La estrategia del oficialismo era hacer caer la expulsión para dejar a los K obligados a votar la suspensión, pero como no estaban asegurados los dos tercios de los presentes, la UCR quiso evitar quedar como aquella fuerza que hubiera pedido que el entrerriano sea sancionado. Por eso terminaron votando con el kirchnerismo.

Fuente: Clarín

Cuando fue detenido en la madrugada del miércoles en Paraguay, el senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, iba acompañado por Iara Magdalena Guinsel Costa, una joven de 34 años y oriunda de Concordia, a quien pidió nombrar a principios de este año en el Senado como su “secretaria”, y con quien mantendría una relación afectiva.

La designación salió el 24 de febrero, en planta transitoria, asignada a su despacho, con la categoría A1, la más alta, según se desprende de la Resolución 283/2024. Su sueldo en ese momento, sin título universitario ni antigüedad en el Estado, era de $1,6 millones. Si bien su puesto, al menos en lo formal, era el de “secretaria” del senador, fuentes de la Cámara alta señalaron que Guinsel Costa “no trabaja en el despacho”.

Al comenzar las investigaciones judiciales por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider, tanto en la Justicia de Concordia como en la Justicia Federal de San Isidro, Guinsel Costa fue “afectada” al Bloque Unidad Federal, que integra Kueider y preside el correntino Carlos “Camau” Espínola. El traslado quedó plasmado a través de la resolución 730/2024, del 14 de junio de 2024. En ese momento, su sueldo era de $1,9 millones.

Pese a su cercanía con el senador entrerriano, su nombramiento fue dado de baja cuando se supo que también estaba involucrada en la investigación judicial que impulsa el fiscal de Concordia, José Arias. Según publicó la revista Análisis, su nombre apareció como titular en las expensas de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live de la ciudad de Paraná, propiedad de Betail SA, empresa del senador entrerriano.

Hasta marzo, cuando la publicación entrerriana reveló la existencia de esos inmuebles y los vinculó con Kueider, la que aparecía como titular era esta empresa del legislador y su primo. Betail fue constituida para el comercio de ganado bovino en la Ciudad de Buenos Aires y tiene un criadero de pollos en Concordia.

La decisión de dar de baja la designación de Guinse Costa la tomó Espínola el 14 de agosto pasado, mediante la Resolución del Senado 898/2024. La joven dejó la Cámara alta ese mes, con un sueldo mensual de $2,1 millones.

Sin embargo, en su lugar, apenas seis días después, Kueider nombró a la madre de la mujer, Celina Erica Costa, también con la categoría más alta, A1, “para cumplir funciones en su despacho”. Lo hizo mediante la Resolución 910/2024 el 20 de agosto y su sueldo en noviembre fue de $2.134.000

Todos los domicilios informados por Costa son en Concordia. Del mismo modo, fuentes del Senado dijeron no haberla visto por el despacho de Kueider. De 52 años, Costa, además de ser empleada en el Senado, no registra otros antecedentes laborales en relación de dependencia. Está registrada como monotributista Categoría A de locación de servicios, la más baja, y como Autónoma categoría T3.

En el caso de la “asistente” de Kueider con la que fue detenido en Paraguay, la joven había trabajado en la empresa de telefonía e internet de Concordia ISPCOM S.A. Madre de dos hijas menores de edad, en su perfil en la red Instagram, Guinsel Costa se presenta como “estudiante de Derecho”. Tras su baja en el Senado, en la base de datos comerciales Nosis figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista desde agosto, con una categoría de las más altas, la H, con ingresos de hasta $44 millones anuales, y como autónoma, con categoría I.

La joven tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, aunque no es el único: también registra otros dos en Concordia, donde vive su familia. En esa ciudad entrerriana, de donde es oriundo también Kueider, está Guinsel Motos, la sociedad familiar de su padre, Gustavo Javier Guinsel, dedicada a la venta y reparación de motos, y concesionaria oficial de la marca RVM, de la que ella es firmante de cheques.

A primera hora de hoy, la Justicia de Paraguay informó que imputó de manera formal a Kueider y a Guinsel Costa “por la supuesta comisión de hecho punible de tentativa de contrabando”. Y se solicitó una medida cautelar de carácter personal ante el juzgado especializado de crimen organizado y anticorrupción. A raíz de esta disposición, y según informaron fuentes de la Justicia de Paraguay, ambos quedaron detenidos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Ciudad del Este. Por el delito de contrabando podría caberle una pena de cinco años.

Fuente: Infobae