La definición de las autoridades del Senado de la Provincia de Buenos Aires volvió a exponer la interna del peronismo bonaerense. 

El foco está puesto en la vicepresidencia primera de la Cámara alta, un cargo estratégico dentro del esquema de poder provincial. En el entorno del gobernador sostienen que ese lugar debe quedar bajo su órbita para garantizar alineamiento político con el Ejecutivo. No están dispuestos a cederlo en la negociación, aunque admiten que pueden discutir otros espacios, como la presidencia del bloque peronista o la secretaría administrativa.

Desde el kicillofismo impulsan el nombre de Ayelén Durand, senadora cercana al Movimiento Derecho al Futuro. Del otro lado, el camporismo y sectores del cristinismo respaldan a Mario Ishii, histórico dirigente del conurbano y actual senador en uso de licencia como jefe comunal de José C. Paz.

En el entorno de Ishii aseguran que cuenta con apoyos internos y que su postulación responde a la necesidad de equilibrio dentro del bloque. En el oficialismo provincial, en cambio, descartan esa posibilidad y remarcan que la vicepresidencia primera no será parte del toma y daca.

La discusión se da en un contexto de reordenamiento del peronismo bonaerense tras el acuerdo alcanzado en el PJ provincial. Si bien esa instancia había generado una tregua, la conformación del esquema jerárquico en la Legislatura volvió a tensar la relación entre las distintas terminales del espacio.

En La Plata interpretan que controlar el Senado es una forma de compensar el reparto de poder en Diputados, donde los lugares de mayor peso están distribuidos entre el massismo y el cristinismo. En el Frente Renovador, por su parte, insisten en la necesidad de un reparto equilibrado para evitar una fractura que complique la estrategia electoral hacia 2027.

Las negociaciones continuarán hasta último momento. En todos los sectores hablan de voluntad de acuerdo, pero nadie quiere ceder en un cargo que simboliza mucho más que una formalidad institucional. En la disputa por la vicepresidencia primera se juega, otra vez, el liderazgo del peronismo en la provincia más grande del país.

Fuente: Infobae

La fiscal Betina Lacki solicitó hoy la prisión preventiva para los dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires acusados de liderar una secta que abusaba de mujeres en La Plata. El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal de los imputados.

Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el grave daño en la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad. La acusación comprende al menos ocho hechos, algunos de los cuales habrían ocurrido dentro de oficinas de la Legislatura bonaerense.

Antes de definir sobre la prisión preventiva, el magistrado deberá convocar dentro de las próximas 48 horas a una audiencia prevista en el artículo 168 bis, a pedido de la defensa. En ese ámbito, los abogados podrían solicitar la morigeración de la medida, como el arresto domiciliario, además de plantear nulidades o cuestionar la prueba reunida.

La fiscal fundamentó su solicitud en la pena en expectativa -que podría alcanzar hasta 15 años de prisión-, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que los acusados habrían acosado a las víctimas e interferido en el desarrollo de la causa.

Asimismo, Lacki unificó denuncias que habían sido radicadas en la UFI N°2 pero tramitaban por separado. No obstante, esa cuestión aún debe resolverse, ya que uno de los expedientes se encuentra en el juzgado de Juan Pablo Masi y el otro en el de Pablo Raele, por lo que pidió que se decline la competencia a favor de este último.

Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el posible rol de funcionarios que conocían los hechos o estaban al tanto de lo que ocurría en el Senado y no realizaron denuncias, aun cuando se tratara de delitos de instancia privada.

Según la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal y habría funcionado entre 2015 y 2019. Rodríguez era el líder máximo, identificado como el “Dios Kiei”, a quien se presentaba como un “semidiós reencarnado” con supuestos poderes, y exigía a las víctimas que lo sirvieran y satisficieran como parte de su propósito espiritual.

Daniela Silva Muñóz cumplía el rol de “Sensei” o maestra espiritual y actuaba como facilitadora. Utilizaba su posición de “confidente” para persuadir a las víctimas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, argumentando que no se podía romper la “trieja”, una relación de tres personas basada en supuestos principios espirituales.

De acuerdo con los testimonios, las víctimas eran captadas en distintos ámbitos, entre ellos la militancia política, espacios universitarios y encuentros de mujeres. La pareja era referente del Movimiento Ciudadano “La Capitana” de La Plata, vinculado a Unión por la Patria. En algunos casos, Rodríguez habría generado dependencia económica al pagar estudios y ejercer presiones y amenazas para mantener el control sobre las denunciantes.

En el documento fiscal se señala que, “en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, Silva Muñóz persuadía a las víctimas para concurrir a su domicilio o incluso a oficinas del Senado, donde las dejaba encerradas con Rodríguez para que este abusara de ellas.

Fuente: con información de TN

En medio del avance de la causa judicial por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió a defender el accionar de su cartera y rechazó las versiones que indicaban que estaba al tanto de los hechos antes de asumir en el cargo. 

Según sostuvo, el ministerio intervino “con celeridad y responsabilidad” una vez que las víctimas se acercaron a pedir ayuda.

A través de sus redes sociales, la funcionaria afirmó que los equipos especializados priorizaron el acompañamiento y los tiempos de las denunciantes, y calificó como falsas las afirmaciones que buscan instalar que el ministerio demoró su intervención. 

“Decir que reconocí saber de los hechos antes de asumir no solo es falso, sino que busca debilitar las políticas públicas contra la violencia machista”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que trascendiera una publicación periodística que señalaba que Díaz conocía los rumores desde 2019, cuando aún no estaba al frente del ministerio. 

En ese contexto, la ministra remarcó que la investigación judicial tomó impulso recién en 2024, a partir de la aparición de nuevas víctimas y la reactivación de los expedientes por parte de la fiscalía.

La causa tiene como imputados a dos empleados del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes permanecen detenidos. La investigación, que tramita en la justicia provincial, ya reúne cinco denuncias de mujeres que relataron situaciones de abuso, coerción y control sistemático en el marco de una estructura con rasgos sectarios.

Días atrás, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen elementos suficientes para mantener las detenciones mientras avanza la investigación, y describió un patrón de encierro, aislamiento y sometimiento de las víctimas. Según los testimonios incorporados al expediente, los acusados se presentaban como líderes de una organización denominada “Orden de la Luz”.

En ese marco, Díaz advirtió que los cuestionamientos al Ministerio de Mujeres “revictimizan a las denunciantes” y buscan desacreditar el rol del Estado en el acompañamiento de este tipo de situaciones. 

Fuente: Diputados bonaerenses

La causa que investiga a la secta conocida como “La Orden de la Luz”, liderada por dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. La fiscal Betina Lacki intenta determinar si una funcionaria bonaerense habría intentado evitar que las denuncias salieran a la luz.

En ese marco, fue mencionada Melina Gaudino, militante del movimiento Movimiento Ciudadano La Capitana y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien fue señalada por tres denunciantes como parte de una posible maniobra para tapar los hechos o frenar el avance judicial.

Según consta en el expediente, una de las víctimas recurrió a Gaudino en enero de 2017 en busca de ayuda. Fue ella quien las puso en contacto con el abogado Claudio Yacoy, actual secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, hoy citado como testigo clave. Las mujeres aseguraron haber entregado material probatorio contundente, que incluía mensajes, correos electrónicos, fotos y audios, bajo la promesa de que la causa avanzaba.

Sin embargo, con el correr de los meses, las denunciantes comprobaron que no se había presentado ningún escrito, que no existían pedidos de perimetral, indagatorias ni prisión preventiva, y que ni la fiscal ni el juez habían sido contactados, tal como se les había asegurado.

Al tomar contacto directo con Yacoy, las víctimas relataron que el abogado negó haber presentado documentación alguna y afirmó que nunca tuvo reuniones con la fiscal ni con el juez de la causa, lo que profundizó las sospechas sobre un posible encubrimiento.

Yacoy había sido citado a declarar la semana pasada, pero no se presentó. La fiscalía evalúa ahora si fue correctamente notificado y, de confirmarse, convocar una nueva audiencia para avanzar en la investigación.

Los principales imputados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, permanecen detenidos desde diciembre y están procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. Él figura como autor y ella como partícipe necesaria.

De acuerdo a la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal, con Rodríguez como líder absoluto, autodenominado “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual y facilitadora, captando y manipulando a las víctimas, muchas de ellas a través de la militancia política, el ámbito universitario o espacios feministas.

La investigación continúa en pleno desarrollo. En los próximos días, la fiscal deberá solicitar la prisión preventiva, mientras que el 22 de enero se realizará la apertura de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados. Además, se evalúa que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad, que aún no se animaron a denunciar formalmente, pero podrían aportar testimonio en la causa.

Fuente: TN

La senadora de la provincia de Buenos Aires del bloque UCR-Cambio Federal, Eugenia Gil, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca promover el desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de los comercios de barrio en la región, a partir de un alivio impositivo y de herramientas de financiamiento.

Los beneficiarios, deberán ser comerciantes inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que cuenten con hasta quince empleados registrados y al menos un punto de venta físico, con inclusión de monotributistas, cooperativas, feriantes y unidades comerciales sin punto fijo que estén debidamente registradas.

El proyecto otorga varias medidas de  fortalecimiento previstas para los comercios de barrio como : la posibilidad de otorgar créditos blandos destinados a capital de trabajo o mejoras en infraestructura, reducciones impositivas transitorias sobre Ingresos Brutos, Tasas Municipales y Sellos.

Otros aspectos son la capacitación gratuita en áreas clave como la gestión empresarial, la digitalización, el comercio electrónico, el marketing,  programas de mentoría entre comerciantes y nuevos emprendedores, la facilitación del acceso a tecnologías de pago digital y sistemas de facturación electrónica.

La propuesta legislativa de Gil prevé además la creación del Registro Provincial de Comercios Locales (RPCL), que permitirá identificar, monitorear y brindar asistencia de manera efectiva, para evitar la discrecionalidad del programa.

En cuanto a la implementación, el proyecto establece la posibilidad de que la provincia celebre convenios con los municipios, lo que permitirá una descentralización efectiva de los programas destinados a los comercios de barrio, y una adaptación de las políticas públicas a las necesidades particulares de cada localidad bonaerense.

Según la senadora la ley no solo apunta a un beneficio económico sino también a un impacto social positivo para los comercios de barrio al reforzar la identidad de las comunidades, impulsar el desarrollo local y contribuir a la construcción de ciudades y pueblos más sostenibles y solidarios. 

Fuente: Diputados bonaerense

El gobernador busca la aprobación de una “ley corta” por USD 1.045 millones, senadores opositores advierten que aún hay fondos disponibles y reclaman discutirlo junto al Presupuesto 2026.

El senador Marcelo Daletto puso en duda la sanción de la iniciativa que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones, en un mensaje que encendió las alarmas en Gobernación.

El proyecto, ingresado en mayo y retomado ahora en una sesión clave fijada para este jueves, contempla además la suspensión de deudas municipales y la prórroga de varias emergencias provinciales. 

Sin embargo, Daletto advirtió que, según la propia ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía, la Provincia todavía cuenta con un saldo de USD 1.163 millones provenientes de la autorización legislativa de fines de 2023.

“El endeudamiento es necesario solamente cuando los recursos no alcanzan para cubrir el gasto, por eso debe tratarse junto a la Ley de Presupuesto”, sostuvo el legislador monzoísta, cuestionando la urgencia de la medida.

El tratamiento del pedido de deuda requiere dos tercios de los votos en ambas Cámaras: 31 en el Senado y 61 en Diputados. Con los aliados libertarios dialoguistas ya alineados, el peronismo necesita sumar apoyos de radicales y del PRO para alcanzar el número, pero los planteos opositores muestran un escenario abierto.

En paralelo, el radicalismo presiona para que el Ejecutivo presente el Presupuesto 2026, que debía ingresar antes del 31 de agosto, y pone sobre la mesa reclamos vinculados a la distribución de fondos para municipios, vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la renovación del directorio del Banco Provincia.

La definición de este jueves será observada como un termómetro político: si la “ley corta” se aprueba, Kicillof sumará oxígeno financiero antes de fin de año; si fracasa, quedará debilitado de cara a la pulseada mayor por el Presupuesto.

Fuente: Diputados bonaerenses

En la tarde del jueves 2 de octubre el Senado bonaerense  sesionará para abrir el debate sobre el pedido de endeudamiento que envió el gobernador Axel Kicillof, conocido como la “ley corta”. 

El proyecto solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045 millones, suspender obligaciones millonarias que mantienen los municipios con la Provincia por el Fondo Covid y habilitar a la Tesorería a emitir letras por hasta USD 250 millones.

La iniciativa también incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que representará el 8% de la deuda tomada y será distribuido según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Además, prorroga las emergencias en seguridad, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos hasta diciembre de 2026.

El oficialismo bonaerense necesita dos tercios de los votos en ambas Cámaras para aprobar el endeudamiento: 31 en el Senado y 61 en Diputados. En la Cámara alta, requiere sumar al menos diez apoyos extra, descontando el respaldo de libertarios dialoguistas. 

El radicalismo aparece como árbitro central en la negociación, mientras que el PRO y los senadores de Somos Buenos Aires se mostraron dispuestos a discutir, aunque no garantizan el acompañamiento.

Desde la oposición reclaman que el gobernador presente el Presupuesto 2026, que debía enviarse antes del 31 de agosto, y advierten que el endeudamiento no puede debatirse sin un plan financiero integral. En este contexto, la UCR presiona para que se atiendan demandas como la situación del IOMA, la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la renovación del directorio del Banco Provincia.

La discusión llega tras dos años consecutivos sin Presupuesto aprobado en la Provincia, lo que genera expectativas sobre la sesión de este jueves como un “termómetro” para anticipar la pelea que se viene por la Ley de Leyes. “Tiene que haber acuerdo en Presupuesto, Fiscal Impositiva y ejecución de gastos. Sin eso, la Provincia no puede funcionar”, advirtió un senador radical.

En paralelo, los intendentes también siguen de cerca la pulseada: mientras que el proyecto de Kicillof plantea suspender sus deudas con el Fondo Covid, tanto el radicalismo como La Cámpora piden directamente que esas obligaciones sean perdonadas. 

El resultado del debate marcará no solo el futuro financiero inmediato de la gestión provincial, sino también la dinámica política de la Legislatura de cara al año electoral.

Fuente: Diputados bonaerenses

La elección provincial del 7 de septiembre en la Quinta Sección bonaerense reconfiguró el mapa político bonaerense. Con el 41,39% de los votos, La Libertad Avanza se impuso sobre Fuerza Patria, que alcanzó el 37,40%. De esta manera, se definieron cinco bancas para el Senado provincial: tres para el oficialismo libertario y dos para la oposición peronista.

El triunfo implica que el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senador provincial. En su lugar, ocupará la intendencia Agustín Neme, actual presidente del Concejo Deliberante, en un escenario político dividido tras la pérdida de la mayoría automática.

Por el lado de La Libertad Avanza, los tres senadores electos son Guillermo Montenegro, acompañado por la abogada marplatense María Cecilia Martínez, dirigente del espacio “Crear” y referente del libertarismo local, y Matías Miguel Di Urranza, quien fue un ferviente militante massista y luego viró hacía las ideas del liberalismo, coordinó el armado de Milei en La Plata y se desempeñó como Prosecretario de Participación Ciudadana en Diputados bonaerenses.

En la vereda de enfrente, Fuerza Patria obtuvo dos escaños encabezados por María Fernanda Raverta, dirigente marplatense con trayectoria en la ANSES, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Congreso nacional. Raverta estará acompañada por Jorge “Pitingo” Paredi, histórico exintendente de Mar Chiquita, que gobernó su distrito en distintos períodos y es referente del peronismo regional.

Con este reparto, la representación de la Quinta Sección en el Senado bonaerense quedará marcada por dos figuras centrales de la política marplatense: Montenegro, desde el espacio libertario, y Raverta, desde el peronismo. Ambos llegarán a la Legislatura provincial acompañados por dirigentes que representan tanto al Conurbano bonaerense como al interior de la sección.

El nuevo escenario abre un capítulo de negociaciones en La Plata, donde el oficialismo provincial deberá articular con una oposición fortalecida y con liderazgos locales de peso que ya proyectan su influencia hacia 2027.

Luego de que el presidente Javier Milei deba ser evacuado cuando encabezaba una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el intendente de General Pueyrredon y candidato a senador provincial, Guillermo Montenegro, publicó un mensaje en la red social X para criticar al kirchnerismo bajo el lema de campaña “Nunca más”.

En el posteo, que estuvo acompañado por imágenes de la comitiva libertaria, el jefe comunal escribió: “Nunca más a los que se dicen democráticos pero apedrean a un presidente de la nación que camina por la calle”. Además, citó a los involucrados Javier y Karina Milei, Sebastián Pareja y José Luis Espert.

El mensaje de Montenegro se debe a la noticia del día, cuando un grupo de personas atacó con piedras y otros objetos el vehículo que trasladaba al jefe de Estado, generando incidentes que obligaron a evacuar de urgencia a toda la comitiva presidencial. Los hechos ocurrieron en la Plaza Grigera, cuando el mandatario se dirigía al lugar acompañado por autoridades de su partido.

Los disturbios se desataron en el momento en que la caravana llegaba a la plaza y la situación, marcada por un clima de tensión y confusión, derivó en la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los presentes.

Por otro lado, el comentario del intendente llega en la cuenta regresiva para las elecciones del 7 de septiembre, cuando buscará conseguir una banca en el Senado bonaerense por la quinta sección electoral. Además, en el último evento que participó, que fue en el lanzamiento de campaña de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO en La Plata, Montenegro reiteró que asumirá su cargo de legislador si es elegido en las próximas elecciones.

Además, ese día afirmó que su objetivo es “terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”, al que definió como un gobierno que “ha defendido a los delincuentes y trabajado en la defensa de los usurpadores”.

El senador radical Alejandro Cellillo cuestionó la medida oficializada a través de la Resolución 1196/2025 y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Es evidente que los funcionarios libertarios no transitan las rutas de la provincia. Nadie que conozca y circule por las rutas bonaerenses puede tomar este tipo de decisiones”.

En la misma línea, la diputada Silvina Vaccarezza aseguró que habilitar bitrenes “con rutas abandonadas es incomprensible” y reclamó una política de infraestructura que priorice la seguridad y el desarrollo productivo. “Se necesitan obras urgentes para potenciar la producción, no parches sobre parches”, enfatizó.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se sumó al rechazo. “Lo que faltaba era autorizar camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas”, reprochó. Según explicó, los bitrenes requieren mayor distancia de frenado y maniobras más complejas, lo que sumado al mal estado de las rutas “configura una bomba a punto de estallar”.

La normativa, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, eliminó el sistema previo de corredores restringidos y habilitó la circulación de vehículos de hasta 30,25 metros de largo en casi todo el país. Desde Nación defienden la medida como un paso hacia la reducción de costos logísticos y mayor productividad.

El cruce expone una nueva tensión entre la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y los reclamos de la Provincia, que exige obras en rutas y red ferroviaria antes de habilitar el tránsito de camiones de gran porte.

Fuente: Diputados bonaerenses

El senador bonaerense Ariel Bordaisco comunicó formalmente a las autoridades de la Cámara alta provincial su asunción como presidente del bloque UCR-Cambio Federal, cargo que hasta julio ocupaba Agustín Maspoli.

En una carta dirigida al secretario legislativo de la Cámara, Bordaisco presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, argumentando que su nueva responsabilidad requiere dedicación plena en la conducción del bloque.

De esta manera, el radical presidirá la bancada de ocho senadores que integran la alianza entre la UCR y el monzoísmo, con mandato hasta diciembre de 2025. Entre sus atribuciones, tendrá un rol clave en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se negocia la agenda de temas que llegan al recinto.

Además, Bordaisco competirá en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre como candidato a concejal en General Pueyrredón, dentro de la lista de Nuevos Aires, encabezada por Gabriela Azcoitia. Figura en el segundo lugar de la nómina.

En su actividad legislativa reciente, el senador por la Quinta sección puso el foco en la crisis del IOMA y el deterioro de las rutas bonaerenses. Tras el receso invernal y el cierre de listas, la Cámara retomó la actividad con la comisión de Asuntos Municipales, que dictaminó a favor de un proyecto que amplía las licencias médicas de concejales.

Bordaisco, de este modo, combina la conducción del bloque en el Senado bonaerense con una candidatura local en Mar del Plata, en un año de alta tensión política y electoral en la provincia.

Fuente: Diputados bonaerenses

En medio de una creciente preocupación por los efectos del ajuste impulsado por el Gobierno nacional, la senadora bonaerense María Rosa Martínez (UxP) presentó un proyecto para declarar de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural Provincial al Hogar de Ancianos “Eva Perón”, ubicado en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Según denunció, la emblemática institución se encuentra bajo amenaza de cierre.

El proyecto busca asegurar la continuidad de este espacio que brinda atención a adultos mayores sin cobertura ni redes familiares, y que forma parte de una red de hogares impulsados durante el primer peronismo. "Ante la crueldad del gobierno nacional que amenaza con cerrarlo, respondemos con propuestas que pongan el eje en lo humano", expresó la legisladora a través de sus redes.

En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense Diego Valenzuela, salieron al cruce. Negaron que existan planes de cierre y calificaron el reclamo como parte de una “campaña del miedo”. “¡Paren de mentir! Solo intentan generar miedo”, sostuvo Valenzuela en sus redes.

El proyecto de Martínez se suma a una serie de advertencias lanzadas desde el peronismo sobre el posible cierre de instituciones históricas, como jardines, centros culturales y hospitales. Desde Fuerza Patria alertaron que “si gana Milei, desaparecerán los centros infantiles, culturales y de salud”.

En la Legislatura, el debate sobre el rol del Estado y el destino de los recursos públicos suma tensión política en plena campaña, mientras organizaciones sociales, trabajadores del sector y familiares de residentes se mantienen en alerta por el futuro del hogar “Eva Perón”.

Fuente: Diputados bonaerenses

La legisladora de Unión por la Patria sostuvo que mientras el Ejecutivo asegura que no hay recursos para el Garrahan, las universidades o los jubilados, reduce impuestos al campo, afectando la recaudación fiscal. “Está claro cuáles son sus prioridades”, disparó.

Vannelli citó un informe del CEPA, que calcula que la rebaja de retenciones representa un recorte fiscal superior al costo de mejorar el bono de $70.000 para jubilados. “Es un alivio marginal para el sector agropecuario, pero un golpe fuerte a las cuentas públicas”, afirmó.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural, donde defendió la medida con el argumento del “superávit fiscal sostenido”. Allí también ratificó que vetará el aumento del 7,2% a jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional.

En la misma línea, desde la Izquierda también repudiaron la decisión presidencial. La diputada Laura Cano advirtió que la rebaja favorece a los “grandes terratenientes”, mientras se castiga a los sectores más vulnerables. “El esfuerzo siempre lo pagan los mismos”, lamentó Vannelli.

La iniciativa apunta al Banco Central y a la Casa de la Moneda, a quienes les exige rediseñar el papel moneda contemplando diferencias de tamaño, texturas o sistemas de marcas accesibles.

“Hoy, más de 900 mil personas ciegas o con baja visión no pueden distinguir los billetes que manejan a diario. Esta situación perpetúa la desigualdad”, sostuvo Mandagarán, quien responsabilizó al directorio del BCRA por no cumplir con su rol constitucional.

Organizaciones como REDI, FAICA y la APDH respaldaron el reclamo y presentaron amparos judiciales denunciando una “discriminación estructural”. También cuestionaron el modelo actual de marcas táctiles, que consideran ineficaz.

El proyecto también solicita al gobierno de la provincia de Buenos Aires que acompañe el reclamo y lo eleve formalmente al Ejecutivo nacional.

Fuente: Diputados bonaerenses

En el marco de la investigación de la Justicia bonaerense por el presunto cobro de “retornos” de contratos la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó en las últimas horas elevar a juicio oral a uno de los asesores de la legisladora, Kevin Alan Razimoff.

En detalle, el fiscal Mario Rafael Pérez también pidió el sobreseimiento de otro colaborador, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Ambos planteos fueron elevados al juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, quien interviene en la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de Yanina Arce, ex cuñada y exempleada de Delmonte, quien aseguró que la senadora le había ofrecido un contrato a cambio de una devolución mensual.

Según la Fiscalía, ese esquema se habría replicado al menos con otros cinco empleados. Sin embargo, los dos asesores citados negaron las acusaciones. En paralelo, desde el entorno de la legisladora radical denuncian una maniobra de desprestigio y vinculan la presentación judicial con su proceso de divorcio. “Es una denuncia que se da un año después de que Arce dejara de trabajar con Delmonte”, indicaron fuentes cercanas a la senadora a Diputados Bonaerenses.

El fiscal también señaló que el Senado bonaerense continúa sin dar estado parlamentario al pedido de desafuero de Delmonte, lo que dificulta avanzar en la investigación. Además, denunció demoras en la entrega del listado completo de asesores designados por la senadora y los miembros de la comisión de Comercio Interior, PyME y Turismo, que presidió entre 2020 y 2022.

En su descargo público, Delmonte afirmó que la denuncia “obedece a hechos expuestos por una ex colaboradora con interés en perjudicarla políticamente”, en el marco de su divorcio. También sostuvo que se presentó ante la Justicia desde el primer momento y denunció que el pedido de desafuero “ni siquiera ingresó a la Cámara de Senadores bonaerense”.

“Lamento profundamente las odiosas comparaciones con otros casos”, expresó Delmonte, y agregó: “Estoy convencida de que se hará justicia. No existe ningún delito y lo aclararé en el ámbito correspondiente. Luego iniciaré las acciones contra quienes nos están calumniando”.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidades y Discapacidad del Senado de la provincia de Buenos Aires debatió esta semana un proyecto de ley que propone la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. La iniciativa, impulsada por la senadora de UCR + Cambio Federal, Nerina Neumann, apunta a fortalecer los más de 170 talleres protegidos que funcionan en territorio bonaerense.

La propuesta permitiría a la Provincia acceder a mayores niveles de financiamiento y apoyo técnico, formalizar espacios laborales según estándares nacionales y articular con políticas públicas de empleo en todo el país. “Nuestro objetivo es claro: fortalecer el acceso a un trabajo digno y protegido para las personas con discapacidad”, señaló Neumann.

Durante el debate, la iniciativa recibió el respaldo de la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de la Federación de Talleres Protegidos (FETAP), que advirtieron que más de 4.800 operarios aún trabajan sin cobertura salarial ni reconocimiento legal.

El régimen federal, creado por la Ley Nacional 26.816, contempla tres modalidades laborales, TPP, TPEE y GLP otorgando beneficios fiscales y previsionales a los empleadores, junto con exenciones impositivas para los talleres. De aprobarse, la adhesión significaría un avance clave para garantizar derechos laborales a personas con discapacidad en la provincia.

Fuente: Diputados bonaerenses

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, solicitó formalmente al titular de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, la inmediata devolución al Senado del expediente que contiene la media sanción al proyecto de ley que habilita las reelecciones indefinidas de legisladores y concejales.

En la nota presentada este martes, Ritondo advirtió que durante la sesión del Senado del pasado 24 de junio la votación del expediente resultó empatada y que la presidente del cuerpo impidió que se habilitara a una segunda, como lo establece expresamente el artículo 102 del reglamento del Senado.

“La eventual prosecución del trámite en estas condiciones afectaría de forma irreparable derechos y garantías constitucionales, generando una severa gravedad institucional”, advirtió el dirigente del PRO.

Desde el partido remarcaron que este tipo de prácticas atentan contra la legalidad del proceso legislativo y lesionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por eso, exigieron que el expediente sea devuelto al Senado para su correcto tratamiento, garantizando el pleno respeto de las normas que rigen la formación de las leyes en la provincia de Buenos Aires.

En las próximas horas, las autoridades partidarias se presentarán en la Justicia provincial con el objetivo de formalizar un recurso de amparo para anular todo lo actuado por el Senado en la mencionada sesión.

La votación en el Senado de la provincia de Buenos Aires finalizó empatada en 22 votos a favor y 22 en contra. La vicepresidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario, fue quien desempató, habilitando así el avance de la iniciativa.

La aprobación generó pronunciamientos inmediatos por parte de sectores de la oposición y de algunos referentes del oficialismo, que calificaron el hecho como un retroceso institucional y una maniobra para consolidar privilegios. “Atornillados a sus sillas”, protestó Malena Galmarini, referente del Frente Renovador.

"Una vergüenza“, sentenció el diputado nacional Florencio Randazzo desde su cuenta de X (ex Twitter). En su publicación, apuntó directamente contra los senadores provinciales por haber priorizado sus intereses: “En una provincia donde la inseguridad, la educación y la salud están en crisis, los senadores bonaerenses se ocupan de lo que más les importa: asegurarse la reelección indefinida”.

El rechazo también fue contundente desde La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires, que, a través de un comunicado, cuestionó el objetivo del tratamiento legislativo.

“La casta piensa que el único funcionamiento que se le puede dar al Senado bonaerense es votarse los curros para perpetuarse en el poder. NO LO VAMOS A PERMITIR”, expresaron. En la misma línea, plantearon un escenario binario: “Cada vez queda más claro que en la Provincia es kirchnerismo o libertad”.

El texto aprobado propone habilitar la reelección sin límites para legisladores, concejales y consejeros escolares, eliminando las restricciones que estaban vigentes desde 2016. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, la medida modificaría de forma sustancial el equilibrio político establecido en los últimos ocho años.

La media sanción que recibió el proyecto para permitir la reelección indefinida de legisladores bonaerenses desató una fuerte ola de críticas en todo el arco político.

Fuente: Infobae

El proyecto, impulsado por un sector del kirchnerismo, dejó en evidencia las divisiones internas dentro de los bloques mayoritarios y la fuerte presión de jefes territoriales que buscan preservar la continuidad de sus bancas.

El Senado de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto que busca la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. La votación terminó 22 a 22 y fue la vicegobernadora, Verónica Magario, la encargada de desempatar en el recinto.

“En esta ocasión me toca desempatar. A diferencia de algunos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley tiene media sanción”, señaló Verónica Magario, vicegobernadora en el recinto, ejerciendo su potestad constitucional de desempatar y definiendo el destino del expediente.

La legislación vigente imponía un límite de dos mandatos consecutivos para senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, restricción que había sido establecida en 2016 con el objetivo de limitar la permanencia de dirigentes en el poder. 

Ahora, de aprobarse en la Cámara de Diputados, el proyecto permitirá a los actuales representantes postularse para la reelección indefinida, alterando el equilibrio político que regía durante los últimos ocho años y favoreciendo la permanencia de cuadros con vasta trayectoria legislativa.

La iniciativa representa un giro respecto a la reforma anterior, restableciendo para algunos cargos la práctica de la postulación continua, un sistema que había quedado restringido tras la última modificación legal.

De acuerdo con lo consignado, se interpretó que la introducción de esta iniciativa pudo funcionar como una moneda de cambio para facilitar la aprobación de la reforma electoral impulsada por el gobernador.

Fuente: Infobae

El Senado de la provincia de Buenos Aires decidió postergar la sesión ordinaria prevista para hoy en La Plata, debido al impacto generado por la confirmación de la condena a Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema.

La sesión, convocada por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Verónica Magario, tenía como objetivo principal la aprobación de nuevos pliegos judiciales y el debate sobre las reelecciones indefinidas.

La confirmación de la condena de Cristina Fernández modificó el escenario político, lo que llevó a la suspensión de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encargada de dar tratamiento final a las propuestas para cubrir cargos en la Justicia. En las últimas horas, el Ejecutivo provincial había enviado doce nuevos pliegos judiciales, que se suman a los ochenta pendientes desde noviembre de 2024.

Se destaca que el pasado 28 de mayo el Senado ya había aprobado 131 pliegos para nombrar jueces, fiscales y defensores, de un total de 206 candidatos que cumplen con los requisitos para su designación.

Otro tema postergado es el proyecto sobre reelecciones indefinidas para legisladores, concejales y consejeros escolares, impulsado por el senador oficialista Luis Vivona. 

Este proyecto, que ya había generado tensiones en una sesión frustrada la semana pasada por falta de quórum, enfrenta posturas divergentes dentro del oficialismo. Mientras el sector cercano a Cristina Fernández busca limitar la ley a cargos colegiados, el entorno del gobernador Axel Kicillof propone incluir una medida que beneficie también a los intendentes.

Fuente: con información de DIB