El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy la adhesión bonaerense a la Ley Nacional Nº27.797, conocida como Ley Nicolás, a partir de un proyecto impulsado por las senadoras Mónica Macha y Betina Riva para prevenir errores médicos y mejorar la seguridad sanitaria.

La iniciativa retoma el reclamo encabezado por Gabriela Covelli tras el fallecimiento de su hijo Nicolás Deanna en 2017, y unifica distintas propuestas legislativas con el objetivo de adecuar la normativa provincial a estándares nacionales en materia de calidad asistencial y trazabilidad en los procesos de atención.

Entre los principales ejes, la normativa establece la implementación obligatoria de la Historia Clínica Digital Única, la certificación periódica de los profesionales de la salud, la creación de un registro de eventos adversos graves y la aplicación de protocolos unificados en los centros sanitarios de la provincia.

Asimismo, la ley busca fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar condiciones más seguras para pacientes y trabajadores del sistema de salud, promoviendo prácticas basadas en la transparencia y la mejora continua de los servicios médicos.

El Senado bonaerense sesionará este martes desde las 16 con un temario acotado y con el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal (UTC) como uno de los principales temas de la jornada.

El proyecto, impulsado por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, propone que la Provincia recupere la titularidad y administración de los inmuebles que integran el complejo, en medio de la intención del Gobierno nacional de avanzar con su concesión.

La iniciativa obtuvo despacho de la Comisión de Hacienda y el oficialismo buscará darle media sanción. El tratamiento anticipa un debate con los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, que cuestionaron la competencia de la Legislatura bonaerense para intervenir sobre un predio de jurisdicción nacional.

Además, podrían ingresar sobre tablas proyectos vinculados a la gestión de riesgos ante incendios e inundaciones y otras iniciativas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

El orden del día incluye 17 expedientes, en su mayoría proyectos de declaración. También figuran iniciativas provenientes de Diputados sobre beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, violencia digital y discriminación.

Durante la sesión también podrían plantearse otros debates políticos, entre ellos la inseguridad, el pedido de interpelación al ministro Javier Alonso y el rechazo del peronismo al proceso de privatización de AySA.

Fuente: Diputados bonaerenses

La senadora bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley con el objetivo de destrabar la situación administrativa de los clubes de barrio de la provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa compromete a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a implementar un sistema de regularización simplificado que facilite la obtención del certificado de vigencia legal.

Según explicó la legisladora por la Sexta Sección Electoral, la imposibilidad de renovar este documento se convirtió en el principal obstáculo para las entidades deportivas barriales, ya que les frena el acceso a subsidios nacionales como el programa "Clubes en Obra", aportes municipales y asistencias de entes privados. 

La problemática se profundizó tras la pandemia e impactó incluso en el plano competitivo, obligando al Consejo Federal de la AFA a flexibilizar reglamentos ante la irregularidad documental que arrastran tanto los clubes como las ligas regionales.

El proyecto plantea un régimen excepcional y digital para aquellas instituciones que cuenten con personería jurídica previa, más de diez años de trayectoria, libro de actas rubricado con renovación de autoridades y balances certificados. "El Estado no puede generarle problemas institucionales a entidades reconocidas que cumplen un rol social clave en sus comunidades", enfatizó Neumann.

La propuesta se suma a una serie de debates que atraviesan la Legislatura bonaerense en apoyo a las asociaciones civiles. Recientemente, las comisiones de Deportes y de Clubes de la Cámara de Diputados comenzaron a evaluar medidas de acompañamiento ante el contexto económico, entre las que destacan la iniciativa para destinar colectivos fuera de uso al transporte de clubes del interior y la vigente ley que prohíbe el corte de servicios básicos por mora tarifaria a instituciones sin fines de lucro.

Fuente: Diputados bonaerenses

La propuesta contempla capacitaciones y un trabajo coordinado entre instituciones judiciales, profesionales y académicas.

El legislador marplatense mantuvo una reunión con el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, Leandro Gabás. Durante el encuentro analizaron un convenio para mejorar las herramientas destinadas a detectar, prevenir y abordar casos de maltrato y crueldad animal.

Según se planteó, el acuerdo buscará articular a la Procuración General, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, la Defensoría del Pueblo y actores del ámbito académico. “No alcanza solamente con sancionar cuando el delito ya ocurrió: tenemos que trabajar sobre la prevención, la educación, la capacitación y una actuación coordinada de las instituciones”, sostuvo Abad, quien estuvo acompañado por el concejal Ariel Bordaisco.

La iniciativa incluye además instancias de formación para los operadores que intervienen ante este tipo de hechos. También se proyectan herramientas dirigidas a personas que hayan cometido delitos contra animales, con el objetivo de generar conciencia sobre la gravedad de esas conductas y reducir la reincidencia.

Abad remarcó que los casos registrados en Mar del Plata y otros puntos de la provincia requieren fortalecer la respuesta institucional. “Tenemos legislación que protege a los animales y sanciona el maltrato y la crueldad. El desafío es que las instituciones tengan las herramientas, la formación y la coordinación necesarias para que esa protección sea efectiva”, afirmó.

El trabajo conjunto buscará desarrollar contenidos, capacitaciones y mecanismos de articulación entre los organismos involucrados. “Proteger la vida de los animales requiere conciencia social, pero también un Estado y unas instituciones que sepan prevenir, detectar y actuar”, concluyó el senador.

La comisión de Salud del Senado de la provincia de Buenos Aires, presidida por el legislador Pedro Borgini, resolvió hoy dejar en estudio los dos proyectos sanitarios impulsados por el gobernador Axel Kicillof. Las iniciativas -la creación de una empresa estatal productora de medicamentos y la implementación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA)- no lograron obtener despacho de comisión.

La decisión se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte del sector kirchnerista de Fuerza Patria, la negativa de los bloques opositores y las advertencias de entidades vinculadas al sistema privado de salud.

Durante el debate, los senadores alineados con Cristina Kirchner expresaron reparos sobre la eventual participación de capitales privados en la empresa farmacéutica estatal y advirtieron sobre las facultades de regulación y control que el SIPBA otorgaría al Ministerio de Salud sobre los establecimientos privados.

A estas objeciones se sumaron las posiciones de La Libertad Avanza, HECHOS - UCR Identidad y el PRO, cuyos legisladores rechazaron ambas propuestas al considerar que implican un aumento de la estructura estatal y de la burocracia, en detrimento de la infraestructura sanitaria existente y la autonomía de los municipios.

En este escenario, entidades del sector privado como ACLIBA y FECLIBA solicitaron precisiones sobre el alcance de los proyectos y anunciaron que mantendrán una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Con la postergación del tratamiento legislativo, el Poder Ejecutivo provincial abrirá una nueva instancia de negociaciones con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar en la Cámara Alta.

El Senado bonaerense registró en julio su nivel más bajo de actividad legislativa desde el inicio del período ordinario. El receso invernal redujo durante dos semanas el funcionamiento habitual de la Cámara alta provincial. En total, los senadores presentaron 46 proyectos de ley.

La cifra quedó por debajo de las 56 iniciativas ingresadas en abril, las 59 de mayo y las 75 de junio. Enero y febrero tuvieron registros menores, con 10 y 11 propuestas, pero corresponden al período previo al comienzo de las sesiones ordinarias. Los proyectos de julio fueron impulsados por 19 legisladores.

De acuerdo con el relevamiento de Diputados Bonaerenses, el 58 por ciento de los integrantes del recinto no presentó proyectos de ley durante los 31 días del mes. Marcelo “Chuby” Leguizamón volvió a ser el senador más activo, con 13 iniciativas.

Entre las propuestas del titular del bloque Hechos-UCR Identidad aparecen la declaración como personalidad destacada del deporte, después de su muerte, del exentrenador Carlos Timoteo Griguol y el restablecimiento de la presencialidad para trabajadores estatales bonaerenses. Leguizamón lidera el ranking mensual desde marzo.

Pedro Borgini e Inés Laurini quedaron en el segundo lugar, con cuatro proyectos cada uno. Borgini presentó iniciativas vinculadas con el cordón florifrutihortícola de la región capital, mientras que Laurini propuso que los municipios administren caminos rurales y trazas ferroviarias en desuso. Sergio Berni y Mónica Macha compartieron el tercer puesto, con tres proyectos.

Germán Lago, Malena Galmarini, Alex Campbell y Laura Clark presentaron dos iniciativas cada uno. Otros diez senadores ingresaron un solo proyecto durante julio. El relevamiento mostró una fuerte concentración de la producción legislativa en un grupo reducido de representantes.

Fuente: Diputados bonaerenses

Intendentes, concejales y dirigentes bonaerenses realizarán un “frazadaso” frente al Senado de la Nación para rechazar el proyecto que modifica el régimen de zona fría y reduce subsidios al consumo de gas natural.

La protesta fue consensuada durante una reunión en Villa Gesell encabezada por el intendente Gustavo Barrera, donde participaron representantes de distintos distritos de la costa atlántica y del interior bonaerense. La movilización se llevará adelante el día en que la Cámara alta trate la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados.

Según advirtieron los dirigentes, la medida impactaría sobre 1,3 millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires, con aumentos en las facturas de gas que podrían oscilar entre el 40% y el 100%.

“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados y a cada economía local”, señalaron en un documento difundido tras el encuentro.

En el texto, los referentes calificaron la iniciativa como “profundamente injusta, insensible y centralista” y remarcaron que el esquema de zona fría reconoce las bajas temperaturas, la humedad y el elevado consumo energético que caracteriza a gran parte del territorio bonaerense.

De la reunión participaron dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, Balcarce, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros municipios. También estuvieron presentes la diputada nacional Jimena López y el exintendente marplatense Gustavo Pulti.

En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof analiza avanzar con una presentación judicial contra la medida, aunque eso recién podría concretarse si el proyecto es convertido en ley y promulgado por el Ejecutivo nacional.

Fuente: Dib

La definición de las autoridades del Senado de la Provincia de Buenos Aires volvió a exponer la interna del peronismo bonaerense. 

El foco está puesto en la vicepresidencia primera de la Cámara alta, un cargo estratégico dentro del esquema de poder provincial. En el entorno del gobernador sostienen que ese lugar debe quedar bajo su órbita para garantizar alineamiento político con el Ejecutivo. No están dispuestos a cederlo en la negociación, aunque admiten que pueden discutir otros espacios, como la presidencia del bloque peronista o la secretaría administrativa.

Desde el kicillofismo impulsan el nombre de Ayelén Durand, senadora cercana al Movimiento Derecho al Futuro. Del otro lado, el camporismo y sectores del cristinismo respaldan a Mario Ishii, histórico dirigente del conurbano y actual senador en uso de licencia como jefe comunal de José C. Paz.

En el entorno de Ishii aseguran que cuenta con apoyos internos y que su postulación responde a la necesidad de equilibrio dentro del bloque. En el oficialismo provincial, en cambio, descartan esa posibilidad y remarcan que la vicepresidencia primera no será parte del toma y daca.

La discusión se da en un contexto de reordenamiento del peronismo bonaerense tras el acuerdo alcanzado en el PJ provincial. Si bien esa instancia había generado una tregua, la conformación del esquema jerárquico en la Legislatura volvió a tensar la relación entre las distintas terminales del espacio.

En La Plata interpretan que controlar el Senado es una forma de compensar el reparto de poder en Diputados, donde los lugares de mayor peso están distribuidos entre el massismo y el cristinismo. En el Frente Renovador, por su parte, insisten en la necesidad de un reparto equilibrado para evitar una fractura que complique la estrategia electoral hacia 2027.

Las negociaciones continuarán hasta último momento. En todos los sectores hablan de voluntad de acuerdo, pero nadie quiere ceder en un cargo que simboliza mucho más que una formalidad institucional. En la disputa por la vicepresidencia primera se juega, otra vez, el liderazgo del peronismo en la provincia más grande del país.

Fuente: Infobae

La fiscal Betina Lacki solicitó hoy la prisión preventiva para los dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires acusados de liderar una secta que abusaba de mujeres en La Plata. El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal de los imputados.

Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el grave daño en la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad. La acusación comprende al menos ocho hechos, algunos de los cuales habrían ocurrido dentro de oficinas de la Legislatura bonaerense.

Antes de definir sobre la prisión preventiva, el magistrado deberá convocar dentro de las próximas 48 horas a una audiencia prevista en el artículo 168 bis, a pedido de la defensa. En ese ámbito, los abogados podrían solicitar la morigeración de la medida, como el arresto domiciliario, además de plantear nulidades o cuestionar la prueba reunida.

La fiscal fundamentó su solicitud en la pena en expectativa -que podría alcanzar hasta 15 años de prisión-, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que los acusados habrían acosado a las víctimas e interferido en el desarrollo de la causa.

Asimismo, Lacki unificó denuncias que habían sido radicadas en la UFI N°2 pero tramitaban por separado. No obstante, esa cuestión aún debe resolverse, ya que uno de los expedientes se encuentra en el juzgado de Juan Pablo Masi y el otro en el de Pablo Raele, por lo que pidió que se decline la competencia a favor de este último.

Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el posible rol de funcionarios que conocían los hechos o estaban al tanto de lo que ocurría en el Senado y no realizaron denuncias, aun cuando se tratara de delitos de instancia privada.

Según la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal y habría funcionado entre 2015 y 2019. Rodríguez era el líder máximo, identificado como el “Dios Kiei”, a quien se presentaba como un “semidiós reencarnado” con supuestos poderes, y exigía a las víctimas que lo sirvieran y satisficieran como parte de su propósito espiritual.

Daniela Silva Muñóz cumplía el rol de “Sensei” o maestra espiritual y actuaba como facilitadora. Utilizaba su posición de “confidente” para persuadir a las víctimas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, argumentando que no se podía romper la “trieja”, una relación de tres personas basada en supuestos principios espirituales.

De acuerdo con los testimonios, las víctimas eran captadas en distintos ámbitos, entre ellos la militancia política, espacios universitarios y encuentros de mujeres. La pareja era referente del Movimiento Ciudadano “La Capitana” de La Plata, vinculado a Unión por la Patria. En algunos casos, Rodríguez habría generado dependencia económica al pagar estudios y ejercer presiones y amenazas para mantener el control sobre las denunciantes.

En el documento fiscal se señala que, “en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, Silva Muñóz persuadía a las víctimas para concurrir a su domicilio o incluso a oficinas del Senado, donde las dejaba encerradas con Rodríguez para que este abusara de ellas.

Fuente: con información de TN

En medio del avance de la causa judicial por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió a defender el accionar de su cartera y rechazó las versiones que indicaban que estaba al tanto de los hechos antes de asumir en el cargo. 

Según sostuvo, el ministerio intervino “con celeridad y responsabilidad” una vez que las víctimas se acercaron a pedir ayuda.

A través de sus redes sociales, la funcionaria afirmó que los equipos especializados priorizaron el acompañamiento y los tiempos de las denunciantes, y calificó como falsas las afirmaciones que buscan instalar que el ministerio demoró su intervención. 

“Decir que reconocí saber de los hechos antes de asumir no solo es falso, sino que busca debilitar las políticas públicas contra la violencia machista”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que trascendiera una publicación periodística que señalaba que Díaz conocía los rumores desde 2019, cuando aún no estaba al frente del ministerio. 

En ese contexto, la ministra remarcó que la investigación judicial tomó impulso recién en 2024, a partir de la aparición de nuevas víctimas y la reactivación de los expedientes por parte de la fiscalía.

La causa tiene como imputados a dos empleados del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes permanecen detenidos. La investigación, que tramita en la justicia provincial, ya reúne cinco denuncias de mujeres que relataron situaciones de abuso, coerción y control sistemático en el marco de una estructura con rasgos sectarios.

Días atrás, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen elementos suficientes para mantener las detenciones mientras avanza la investigación, y describió un patrón de encierro, aislamiento y sometimiento de las víctimas. Según los testimonios incorporados al expediente, los acusados se presentaban como líderes de una organización denominada “Orden de la Luz”.

En ese marco, Díaz advirtió que los cuestionamientos al Ministerio de Mujeres “revictimizan a las denunciantes” y buscan desacreditar el rol del Estado en el acompañamiento de este tipo de situaciones. 

Fuente: Diputados bonaerenses

La causa que investiga a la secta conocida como “La Orden de la Luz”, liderada por dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. La fiscal Betina Lacki intenta determinar si una funcionaria bonaerense habría intentado evitar que las denuncias salieran a la luz.

En ese marco, fue mencionada Melina Gaudino, militante del movimiento Movimiento Ciudadano La Capitana y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien fue señalada por tres denunciantes como parte de una posible maniobra para tapar los hechos o frenar el avance judicial.

Según consta en el expediente, una de las víctimas recurrió a Gaudino en enero de 2017 en busca de ayuda. Fue ella quien las puso en contacto con el abogado Claudio Yacoy, actual secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, hoy citado como testigo clave. Las mujeres aseguraron haber entregado material probatorio contundente, que incluía mensajes, correos electrónicos, fotos y audios, bajo la promesa de que la causa avanzaba.

Sin embargo, con el correr de los meses, las denunciantes comprobaron que no se había presentado ningún escrito, que no existían pedidos de perimetral, indagatorias ni prisión preventiva, y que ni la fiscal ni el juez habían sido contactados, tal como se les había asegurado.

Al tomar contacto directo con Yacoy, las víctimas relataron que el abogado negó haber presentado documentación alguna y afirmó que nunca tuvo reuniones con la fiscal ni con el juez de la causa, lo que profundizó las sospechas sobre un posible encubrimiento.

Yacoy había sido citado a declarar la semana pasada, pero no se presentó. La fiscalía evalúa ahora si fue correctamente notificado y, de confirmarse, convocar una nueva audiencia para avanzar en la investigación.

Los principales imputados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, permanecen detenidos desde diciembre y están procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. Él figura como autor y ella como partícipe necesaria.

De acuerdo a la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal, con Rodríguez como líder absoluto, autodenominado “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual y facilitadora, captando y manipulando a las víctimas, muchas de ellas a través de la militancia política, el ámbito universitario o espacios feministas.

La investigación continúa en pleno desarrollo. En los próximos días, la fiscal deberá solicitar la prisión preventiva, mientras que el 22 de enero se realizará la apertura de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados. Además, se evalúa que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad, que aún no se animaron a denunciar formalmente, pero podrían aportar testimonio en la causa.

Fuente: TN

La senadora de la provincia de Buenos Aires del bloque UCR-Cambio Federal, Eugenia Gil, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca promover el desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de los comercios de barrio en la región, a partir de un alivio impositivo y de herramientas de financiamiento.

Los beneficiarios, deberán ser comerciantes inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que cuenten con hasta quince empleados registrados y al menos un punto de venta físico, con inclusión de monotributistas, cooperativas, feriantes y unidades comerciales sin punto fijo que estén debidamente registradas.

El proyecto otorga varias medidas de  fortalecimiento previstas para los comercios de barrio como : la posibilidad de otorgar créditos blandos destinados a capital de trabajo o mejoras en infraestructura, reducciones impositivas transitorias sobre Ingresos Brutos, Tasas Municipales y Sellos.

Otros aspectos son la capacitación gratuita en áreas clave como la gestión empresarial, la digitalización, el comercio electrónico, el marketing,  programas de mentoría entre comerciantes y nuevos emprendedores, la facilitación del acceso a tecnologías de pago digital y sistemas de facturación electrónica.

La propuesta legislativa de Gil prevé además la creación del Registro Provincial de Comercios Locales (RPCL), que permitirá identificar, monitorear y brindar asistencia de manera efectiva, para evitar la discrecionalidad del programa.

En cuanto a la implementación, el proyecto establece la posibilidad de que la provincia celebre convenios con los municipios, lo que permitirá una descentralización efectiva de los programas destinados a los comercios de barrio, y una adaptación de las políticas públicas a las necesidades particulares de cada localidad bonaerense.

Según la senadora la ley no solo apunta a un beneficio económico sino también a un impacto social positivo para los comercios de barrio al reforzar la identidad de las comunidades, impulsar el desarrollo local y contribuir a la construcción de ciudades y pueblos más sostenibles y solidarios. 

Fuente: Diputados bonaerense

El gobernador busca la aprobación de una “ley corta” por USD 1.045 millones, senadores opositores advierten que aún hay fondos disponibles y reclaman discutirlo junto al Presupuesto 2026.

El senador Marcelo Daletto puso en duda la sanción de la iniciativa que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones, en un mensaje que encendió las alarmas en Gobernación.

El proyecto, ingresado en mayo y retomado ahora en una sesión clave fijada para este jueves, contempla además la suspensión de deudas municipales y la prórroga de varias emergencias provinciales. 

Sin embargo, Daletto advirtió que, según la propia ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía, la Provincia todavía cuenta con un saldo de USD 1.163 millones provenientes de la autorización legislativa de fines de 2023.

“El endeudamiento es necesario solamente cuando los recursos no alcanzan para cubrir el gasto, por eso debe tratarse junto a la Ley de Presupuesto”, sostuvo el legislador monzoísta, cuestionando la urgencia de la medida.

El tratamiento del pedido de deuda requiere dos tercios de los votos en ambas Cámaras: 31 en el Senado y 61 en Diputados. Con los aliados libertarios dialoguistas ya alineados, el peronismo necesita sumar apoyos de radicales y del PRO para alcanzar el número, pero los planteos opositores muestran un escenario abierto.

En paralelo, el radicalismo presiona para que el Ejecutivo presente el Presupuesto 2026, que debía ingresar antes del 31 de agosto, y pone sobre la mesa reclamos vinculados a la distribución de fondos para municipios, vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la renovación del directorio del Banco Provincia.

La definición de este jueves será observada como un termómetro político: si la “ley corta” se aprueba, Kicillof sumará oxígeno financiero antes de fin de año; si fracasa, quedará debilitado de cara a la pulseada mayor por el Presupuesto.

Fuente: Diputados bonaerenses

En la tarde del jueves 2 de octubre el Senado bonaerense  sesionará para abrir el debate sobre el pedido de endeudamiento que envió el gobernador Axel Kicillof, conocido como la “ley corta”. 

El proyecto solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045 millones, suspender obligaciones millonarias que mantienen los municipios con la Provincia por el Fondo Covid y habilitar a la Tesorería a emitir letras por hasta USD 250 millones.

La iniciativa también incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que representará el 8% de la deuda tomada y será distribuido según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Además, prorroga las emergencias en seguridad, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos hasta diciembre de 2026.

El oficialismo bonaerense necesita dos tercios de los votos en ambas Cámaras para aprobar el endeudamiento: 31 en el Senado y 61 en Diputados. En la Cámara alta, requiere sumar al menos diez apoyos extra, descontando el respaldo de libertarios dialoguistas. 

El radicalismo aparece como árbitro central en la negociación, mientras que el PRO y los senadores de Somos Buenos Aires se mostraron dispuestos a discutir, aunque no garantizan el acompañamiento.

Desde la oposición reclaman que el gobernador presente el Presupuesto 2026, que debía enviarse antes del 31 de agosto, y advierten que el endeudamiento no puede debatirse sin un plan financiero integral. En este contexto, la UCR presiona para que se atiendan demandas como la situación del IOMA, la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la renovación del directorio del Banco Provincia.

La discusión llega tras dos años consecutivos sin Presupuesto aprobado en la Provincia, lo que genera expectativas sobre la sesión de este jueves como un “termómetro” para anticipar la pelea que se viene por la Ley de Leyes. “Tiene que haber acuerdo en Presupuesto, Fiscal Impositiva y ejecución de gastos. Sin eso, la Provincia no puede funcionar”, advirtió un senador radical.

En paralelo, los intendentes también siguen de cerca la pulseada: mientras que el proyecto de Kicillof plantea suspender sus deudas con el Fondo Covid, tanto el radicalismo como La Cámpora piden directamente que esas obligaciones sean perdonadas. 

El resultado del debate marcará no solo el futuro financiero inmediato de la gestión provincial, sino también la dinámica política de la Legislatura de cara al año electoral.

Fuente: Diputados bonaerenses

La elección provincial del 7 de septiembre en la Quinta Sección bonaerense reconfiguró el mapa político bonaerense. Con el 41,39% de los votos, La Libertad Avanza se impuso sobre Fuerza Patria, que alcanzó el 37,40%. De esta manera, se definieron cinco bancas para el Senado provincial: tres para el oficialismo libertario y dos para la oposición peronista.

El triunfo implica que el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senador provincial. En su lugar, ocupará la intendencia Agustín Neme, actual presidente del Concejo Deliberante, en un escenario político dividido tras la pérdida de la mayoría automática.

Por el lado de La Libertad Avanza, los tres senadores electos son Guillermo Montenegro, acompañado por la abogada marplatense María Cecilia Martínez, dirigente del espacio “Crear” y referente del libertarismo local, y Matías Miguel Di Urranza, quien fue un ferviente militante massista y luego viró hacía las ideas del liberalismo, coordinó el armado de Milei en La Plata y se desempeñó como Prosecretario de Participación Ciudadana en Diputados bonaerenses.

En la vereda de enfrente, Fuerza Patria obtuvo dos escaños encabezados por María Fernanda Raverta, dirigente marplatense con trayectoria en la ANSES, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Congreso nacional. Raverta estará acompañada por Jorge “Pitingo” Paredi, histórico exintendente de Mar Chiquita, que gobernó su distrito en distintos períodos y es referente del peronismo regional.

Con este reparto, la representación de la Quinta Sección en el Senado bonaerense quedará marcada por dos figuras centrales de la política marplatense: Montenegro, desde el espacio libertario, y Raverta, desde el peronismo. Ambos llegarán a la Legislatura provincial acompañados por dirigentes que representan tanto al Conurbano bonaerense como al interior de la sección.

El nuevo escenario abre un capítulo de negociaciones en La Plata, donde el oficialismo provincial deberá articular con una oposición fortalecida y con liderazgos locales de peso que ya proyectan su influencia hacia 2027.

Luego de que el presidente Javier Milei deba ser evacuado cuando encabezaba una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el intendente de General Pueyrredon y candidato a senador provincial, Guillermo Montenegro, publicó un mensaje en la red social X para criticar al kirchnerismo bajo el lema de campaña “Nunca más”.

En el posteo, que estuvo acompañado por imágenes de la comitiva libertaria, el jefe comunal escribió: “Nunca más a los que se dicen democráticos pero apedrean a un presidente de la nación que camina por la calle”. Además, citó a los involucrados Javier y Karina Milei, Sebastián Pareja y José Luis Espert.

El mensaje de Montenegro se debe a la noticia del día, cuando un grupo de personas atacó con piedras y otros objetos el vehículo que trasladaba al jefe de Estado, generando incidentes que obligaron a evacuar de urgencia a toda la comitiva presidencial. Los hechos ocurrieron en la Plaza Grigera, cuando el mandatario se dirigía al lugar acompañado por autoridades de su partido.

Los disturbios se desataron en el momento en que la caravana llegaba a la plaza y la situación, marcada por un clima de tensión y confusión, derivó en la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los presentes.

Por otro lado, el comentario del intendente llega en la cuenta regresiva para las elecciones del 7 de septiembre, cuando buscará conseguir una banca en el Senado bonaerense por la quinta sección electoral. Además, en el último evento que participó, que fue en el lanzamiento de campaña de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO en La Plata, Montenegro reiteró que asumirá su cargo de legislador si es elegido en las próximas elecciones.

Además, ese día afirmó que su objetivo es “terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”, al que definió como un gobierno que “ha defendido a los delincuentes y trabajado en la defensa de los usurpadores”.

El senador radical Alejandro Cellillo cuestionó la medida oficializada a través de la Resolución 1196/2025 y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Es evidente que los funcionarios libertarios no transitan las rutas de la provincia. Nadie que conozca y circule por las rutas bonaerenses puede tomar este tipo de decisiones”.

En la misma línea, la diputada Silvina Vaccarezza aseguró que habilitar bitrenes “con rutas abandonadas es incomprensible” y reclamó una política de infraestructura que priorice la seguridad y el desarrollo productivo. “Se necesitan obras urgentes para potenciar la producción, no parches sobre parches”, enfatizó.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se sumó al rechazo. “Lo que faltaba era autorizar camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas”, reprochó. Según explicó, los bitrenes requieren mayor distancia de frenado y maniobras más complejas, lo que sumado al mal estado de las rutas “configura una bomba a punto de estallar”.

La normativa, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, eliminó el sistema previo de corredores restringidos y habilitó la circulación de vehículos de hasta 30,25 metros de largo en casi todo el país. Desde Nación defienden la medida como un paso hacia la reducción de costos logísticos y mayor productividad.

El cruce expone una nueva tensión entre la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y los reclamos de la Provincia, que exige obras en rutas y red ferroviaria antes de habilitar el tránsito de camiones de gran porte.

Fuente: Diputados bonaerenses

El senador bonaerense Ariel Bordaisco comunicó formalmente a las autoridades de la Cámara alta provincial su asunción como presidente del bloque UCR-Cambio Federal, cargo que hasta julio ocupaba Agustín Maspoli.

En una carta dirigida al secretario legislativo de la Cámara, Bordaisco presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, argumentando que su nueva responsabilidad requiere dedicación plena en la conducción del bloque.

De esta manera, el radical presidirá la bancada de ocho senadores que integran la alianza entre la UCR y el monzoísmo, con mandato hasta diciembre de 2025. Entre sus atribuciones, tendrá un rol clave en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se negocia la agenda de temas que llegan al recinto.

Además, Bordaisco competirá en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre como candidato a concejal en General Pueyrredón, dentro de la lista de Nuevos Aires, encabezada por Gabriela Azcoitia. Figura en el segundo lugar de la nómina.

En su actividad legislativa reciente, el senador por la Quinta sección puso el foco en la crisis del IOMA y el deterioro de las rutas bonaerenses. Tras el receso invernal y el cierre de listas, la Cámara retomó la actividad con la comisión de Asuntos Municipales, que dictaminó a favor de un proyecto que amplía las licencias médicas de concejales.

Bordaisco, de este modo, combina la conducción del bloque en el Senado bonaerense con una candidatura local en Mar del Plata, en un año de alta tensión política y electoral en la provincia.

Fuente: Diputados bonaerenses

En medio de una creciente preocupación por los efectos del ajuste impulsado por el Gobierno nacional, la senadora bonaerense María Rosa Martínez (UxP) presentó un proyecto para declarar de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural Provincial al Hogar de Ancianos “Eva Perón”, ubicado en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Según denunció, la emblemática institución se encuentra bajo amenaza de cierre.

El proyecto busca asegurar la continuidad de este espacio que brinda atención a adultos mayores sin cobertura ni redes familiares, y que forma parte de una red de hogares impulsados durante el primer peronismo. "Ante la crueldad del gobierno nacional que amenaza con cerrarlo, respondemos con propuestas que pongan el eje en lo humano", expresó la legisladora a través de sus redes.

En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense Diego Valenzuela, salieron al cruce. Negaron que existan planes de cierre y calificaron el reclamo como parte de una “campaña del miedo”. “¡Paren de mentir! Solo intentan generar miedo”, sostuvo Valenzuela en sus redes.

El proyecto de Martínez se suma a una serie de advertencias lanzadas desde el peronismo sobre el posible cierre de instituciones históricas, como jardines, centros culturales y hospitales. Desde Fuerza Patria alertaron que “si gana Milei, desaparecerán los centros infantiles, culturales y de salud”.

En la Legislatura, el debate sobre el rol del Estado y el destino de los recursos públicos suma tensión política en plena campaña, mientras organizaciones sociales, trabajadores del sector y familiares de residentes se mantienen en alerta por el futuro del hogar “Eva Perón”.

Fuente: Diputados bonaerenses

La legisladora de Unión por la Patria sostuvo que mientras el Ejecutivo asegura que no hay recursos para el Garrahan, las universidades o los jubilados, reduce impuestos al campo, afectando la recaudación fiscal. “Está claro cuáles son sus prioridades”, disparó.

Vannelli citó un informe del CEPA, que calcula que la rebaja de retenciones representa un recorte fiscal superior al costo de mejorar el bono de $70.000 para jubilados. “Es un alivio marginal para el sector agropecuario, pero un golpe fuerte a las cuentas públicas”, afirmó.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural, donde defendió la medida con el argumento del “superávit fiscal sostenido”. Allí también ratificó que vetará el aumento del 7,2% a jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional.

En la misma línea, desde la Izquierda también repudiaron la decisión presidencial. La diputada Laura Cano advirtió que la rebaja favorece a los “grandes terratenientes”, mientras se castiga a los sectores más vulnerables. “El esfuerzo siempre lo pagan los mismos”, lamentó Vannelli.