La cámara alta retomará este jueves el tratamiento de la ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras a extranjeros. La sesión comenzará a las 14 y continuará el debate interrumpido el mes pasado. La Libertad Avanza buscará aprobar los artículos que permanecen dentro del proyecto.

La iniciativa propone que las declaraciones de utilidad pública para expropiar bienes sean interpretadas de manera restrictiva. Además, deberán identificar en forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional. La indemnización se calculará principalmente sobre el valor de mercado del bien.

El texto también contempla el pago del lucro cesante cuando exista una consecuencia directa de la expropiación y pueda acreditarse mediante pruebas concretas. Ese monto no podrá superar el 30 por ciento del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor. El proyecto excluye valores afectivos, circunstancias personales y ganancias hipotéticas.

En materia de alquileres, la propuesta establece que el propietario deberá intimar al inquilino antes de iniciar una demanda por falta de pago. El plazo para cancelar la deuda no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la notificación. Vencido ese período, el locador podrá iniciar el procedimiento judicial de desalojo más breve disponible.

Otro de los puntos centrales modifica la ley de Manejo del Fuego. En los bosques nativos incendiados no podrá cambiarse el uso que tenía el terreno antes del siniestro. Sin embargo, el proyecto elimina las restricciones de 30 y 60 años previstas por la normativa vigente para vender o modificar el destino de determinadas superficies. El cambio alcanza a zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales.

La sesión también tendrá una discusión reglamentaria por la posible participación virtual de dos senadores. La autorización deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara alta. Debido al viaje del presidente Javier Milei, Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo y la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Fuente: Infobae

Este jueves el Senado de la Nación debatirá el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas prioritarias para el Gobierno de Javier Milei. La sesión estará atravesada por negociaciones de último momento, modificaciones al texto original y la incertidumbre sobre si el oficialismo conseguirá los votos necesarios para darle media sanción.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca introducir cambios en el régimen de expropiaciones, agilizar los desalojos, modificar aspectos de la Ley de Manejo del Fuego y establecer nuevas reglas para la compra de tierras rurales por parte de Estados y empresas extranjeras.

Sin embargo, el proyecto llega al recinto tras un extenso proceso de negociación. Durante su tratamiento en comisión sufrió numerosas modificaciones y fue objeto de intensas discusiones entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición, lo que derivó en un texto muy diferente al presentado originalmente.

Entre los puntos centrales de la iniciativa figura la ampliación del plazo para ejecutar desalojos, que pasaría de cinco a veinte días, además de cambios en la normativa sobre expropiaciones.

Uno de los capítulos más debatidos es el referido a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto establece que los Estados extranjeros no podrán comprar este tipo de inmuebles en el país y que las empresas con participación estatal extranjera solo podrán hacerlo con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia donde se encuentre el terreno.

Asimismo, el proyecto elimina algunos artículos que habían generado fuertes cuestionamientos durante el debate legislativo, entre ellos los vinculados al denominado "silencio administrativo" y otros puntos relacionados con barrios populares que fueron retirados para facilitar el consenso.

En caso de obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde volverá a abrirse el debate sobre una iniciativa que se convirtió en uno de los ejes legislativos del Gobierno nacional.

Fuente: Infobae

La suspensión de la discusión representa un revés para una de las principales iniciativas políticas de Javier Milei. Aunque la propuesta incluye cambios en el financiamiento partidario, Ficha Limpia y modificaciones al sistema electoral, la eliminación de las PASO sigue siendo el punto que genera mayor resistencia entre los bloques dialoguistas.

La reforma electoral enviada por el Poder Ejecutivo no volverá a debatirse en el Senado hasta agosto, cuando finalice el receso legislativo de invierno. Según trascendió desde el oficialismo, el tiempo será utilizado para intentar construir consensos que permitan destrabar una iniciativa que hoy carece de los apoyos necesarios para su aprobación.

La principal dificultad para La Libertad Avanza radica en conseguir los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con 21 senadores propios, el oficialismo necesita sumar adhesiones de otros espacios para alcanzar la mayoría requerida, pero encuentra resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en sectores provinciales que habitualmente acompañan al Gobierno.

En ese contexto, la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya habría advertido a la Casa Rosada que actualmente no existen los números para avanzar con la eliminación definitiva de las primarias. Ante ese escenario, comenzaron a analizarse alternativas como convertir las PASO en optativas o volver a suspenderlas para las elecciones de 2027.

Sin embargo, ninguna de esas variantes habría conseguido hasta el momento el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la reforma tal como fue presentada originalmente.

Además de las PASO, el proyecto incorpora otros cambios de relevancia. Entre ellos figura la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría competir por cargos electivos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos, una iniciativa que cuenta con respaldo de sectores opositores.

La propuesta también modifica los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos nacionales, endurece las condiciones para la presentación de candidaturas, elimina el financiamiento estatal de campañas electorales y pone fin a la publicidad gratuita en medios de comunicación durante los procesos electorales.

Otro de los puntos incluidos es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, además de cambios en la Boleta Única de Papel para habilitar la opción de votar listas completas y facilitar la unificación con elecciones provinciales simultáneas.

Mientras tanto, el Senado permanecerá en una etapa de negociaciones. El resultado de esas conversaciones durante las próximas semanas será determinante para saber si el Gobierno logra avanzar con una reforma electoral integral o si deberá resignar algunos de sus puntos más ambiciosos para alcanzar un acuerdo político.

Fuente: NA

El Senado de la Nación Argentina aprobó el proyecto de ley que propone ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mediante la creación de una nueva Sala con jueces y estructura propia, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia en una jurisdicción que abarca cerca del 40% del territorio bonaerense. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

La propuesta busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas que tramitan en el tribunal, donde actualmente alrededor del 75% de los expedientes están vinculados a temas previsionales y de salud.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Cámara, Alejandro Tazza, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el organismo: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al exponer sobre el incremento de casos y la complejidad de las materias abordadas.

En la actualidad, la Cámara Federal de Mar del Plata recibe apelaciones de ocho juzgados federales. Mientras que en sus primeros años tramitaba alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 alcanzó los 8900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

El escenario se complejiza por la amplitud territorial de la jurisdicción y la diversidad de materias que atiende, que incluyen cuestiones penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna.

La necesidad de ampliar la estructura del tribunal fue reconocida en distintas instancias por autoridades nacionales, provinciales y municipales, ante el aumento de la judicialización en el ámbito de la Justicia Federal.

El Senado abrirá este miércoles el debate sobre la reforma electoral promovida por el Gobierno nacional, en medio de fuertes diferencias entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas de la oposición.

La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, y contará con la exposición de Luz Landivar, asesora del Ejecutivo y ex titular de la Dirección Nacional Electoral.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la eliminación de las PASO. Mientras el oficialismo busca avanzar con la supresión de las primarias obligatorias, gran parte del PRO, la UCR y bloques provinciales rechazan esa posibilidad y proponen debatir por separado el proyecto de Ficha Limpia.

La propuesta de tratar ambas iniciativas por separado había sido impulsada por sectores dialoguistas, aunque finalmente fue descartada por el Gobierno nacional.

Desde el oficialismo señalaron que el objetivo de esta primera reunión es comenzar las negociaciones para acercar posiciones sobre los puntos más resistidos del proyecto.

La Libertad Avanza necesita acuerdos con otras bancadas para avanzar con la reforma, ya que se trata de una ley que requiere mayorías absolutas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Entre los cambios impulsados por el Gobierno aparece la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, el proyecto propone eliminar las PASO para cargos legislativos y presidenciales, dejando en manos de cada partido o alianza la definición de su mecanismo interno de selección de candidatos.

Otro de los puntos incluidos establece nuevos requisitos para oficializar candidaturas presidenciales y legislativas, además de modificaciones en el reconocimiento de los partidos políticos a nivel nacional.

La iniciativa también plantea eliminar el financiamiento estatal de campañas electorales, ampliar el límite de aportes privados y terminar con los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación.

En paralelo, el texto prevé modificaciones en la Boleta Única de Papel, incorporando la posibilidad de votar lista completa mediante un tilde y habilitando su utilización en elecciones provinciales simultáneas.

Fuente: NA

El Gobierno nacional envió hoy al Senado el proyecto de reforma electoral, tras definir su versión final, por decisión del presidente Javier Milei, con el objetivo de modificar de manera integral el sistema político y electoral.

La iniciativa incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el endurecimiento de los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos, la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral, la modificación del sistema de Boleta Única de Papel, la prohibición de contratar asesores extranjeros y cambios en la designación de los parlamentarios del Mercosur.

El proyecto avanza sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece nuevas condiciones para su funcionamiento. En el caso de los partidos de distrito, exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con un tope de dos millones de electores. Para los partidos nacionales, eleva a diez los distritos con personería vigente y fija un piso de afiliados del 0,1% del padrón nacional. Además, incorpora causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales consecutivas.

En el plano electoral, el texto deroga formalmente el régimen de PASO y habilita a cada partido a definir sus candidaturas mediante mecanismos internos propios. A su vez, incorpora un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas, que deberán ser equivalentes al piso de afiliados requerido y gestionarse a través de una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral con validación de identidad.

Respecto a la Boleta Única de Papel, se incorpora un casillero que permite votar todas las categorías de una agrupación con una sola marca. También se ordena el esquema de adhesiones entre listas nacionales y distritales, se fijan audiencias para aprobar diseño, imágenes y símbolos, y se mantiene la opción de simultaneidad electoral con las provincias.

En relación con Ficha Limpia, el proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Asimismo, se crea un Registro Público de Ficha Limpia en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral.

En materia de financiamiento, se mantienen los aportes estatales para el funcionamiento de los partidos, pero se introducen mayores controles: se fijan topes del 35% por persona para aportes, se exige la rendición semanal de aportes privados y se refuerza la fiscalización de cuentas bancarias y publicidad. También se crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y se obliga a incluir el material audiovisual en las rendiciones.

El texto prohíbe que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras y establece restricciones para quienes no estén habilitados a aportar financiamiento, incluyendo la posibilidad de que la Justicia Electoral ordene la baja de contenidos o gastos.

Finalmente, el proyecto modifica de manera transitoria la elección de los parlamentarios del Mercosur: dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre legisladores del Congreso hasta la definición de un “Día del Mercosur Ciudadano”. Además, se establece que no percibirán otra remuneración que la correspondiente a su banca nacional y solo cobrarán viáticos vinculados a su función.

Fuente: con información de TN

La jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, al señalar que se trata de “la primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

Bullrich informó que el proyecto “tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, tras el entendimiento alcanzado con la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales.

En ese marco, la dirigente sostuvo que la iniciativa pone fin a lo que denominó “la industria del juicio” y defendió la necesidad de una transformación estructural del régimen laboral vigente. 

“Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”, señaló.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El oficialismo logró frenar el punto más sensible de la reforma: el artículo 3 no alcanzó la mayoría absoluta y el proyecto deberá regresar a la Cámara alta. 

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, la reforma de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados, pero introdujo cambios que obligan a que el texto vuelva al Senado. 

El Gobierno se anotó un respiro al conseguir que el artículo 3, el que establecía un límite temporal para que los DNU pierdan vigencia si no son refrendados, no alcanzara la mayoría agravada de 129 votos: obtuvo 127 afirmativos. La votación en general cerró con 140 a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

El corazón del debate es la intención de acotar el margen del Poder Ejecutivo para dictar DNU: la reforma dispone que con el rechazo de una sola cámara el decreto quede sin efecto (hoy se requieren ambas), y buscaba además fijar un plazo de 90 días para su convalidación legislativa. Ese “reloj” quedó en suspenso por la caída del artículo 3, por lo que el texto deberá ser revisado nuevamente por el Senado, que había dado media sanción.

Desde el oficialismo, la avanzada opositora fue calificada de “desestabilizante”. Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el proyecto “instala un gobierno del Congreso” y rompe el equilibrio de poderes. En sintonía, el libertario Álvaro Martínez aseguró que “cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece”, mientras que Damián Arabia (PRO) pidió a los bloques dialoguistas no “ser funcionales” al intento de bloquear al Ejecutivo.

La oposición que promovió la reforma replicó que no se trata de impedir el uso de DNU, sino de evitar su abuso y eludir la “sanción ficta” de la ley 26.122. Nicolás Massot (Encuentro Federal) afirmó que la norma “obliga al Gobierno a construir mayorías” y Miguel Pichetto, que en 2006 acompañó la ley vigente, sostuvo que el uso intensivo de vetos y decretos “degrada la vida democrática”. Juan López (Coalición Cívica) repartió críticas: al kirchnerismo por el pasado y al oficialismo por el “abuso actual”.

La UCR quedó partida: mientras el bloque que conduce Rodrigo De Loredo impulsó que la reforma rija desde 2027 para no “desestabilizar institucionalmente” al Gobierno, Julio Cobos se desmarcó y apoyó los cambios por considerar necesario que los DNU “tengan el mismo estándar que una ley”.

Con el artículo clave sin la mayoría requerida, el oficialismo ganó tiempo. La pelota vuelve al Senado, que deberá decidir si insiste con su versión original, acepta las modificaciones o busca una nueva redacción para ordenar, de una vez, el tablero de los decretos.

Fuente: Dib

En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

La oposición en el Senado buscará este jueves rechazar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: una que establece el financiamiento universitario y otra que declara la emergencia pediátrica para destinar más fondos al Hospital Garrahan.

La sesión, programada para las 10 de la mañana, se centrará en la necesidad de la oposición de alcanzar el quórum de 37 senadores. Se considera que lo lograrán, contando con los 34 legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sumando apoyos de otros bloques, como los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Maximiliano Abad, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Una vez que se inicie el debate en el recinto, el desafío será mayor: para insistir en la sanción de una ley tras un veto presidencial, la Constitución exige una mayoría de dos tercios de los senadores presentes en el recinto.

UxP contaría con el respaldo de una amplia gama de legisladores, incluyendo a gran parte del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. En contraste, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se vería con un apoyo reducido, posiblemente solo de Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), con otros de sus integrantes contemplando la ausencia.

Además de los vetos de Milei, el Senado también discutirá el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero para crear el Sistema de Alerta Rápida Sofía. Esta iniciativa busca establecer una normativa para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

Fuente: TN

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.

En un emotivo encuentro realizado hoy en la sede de la Diócesis de Mar del Plata, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, junto a la presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, le entregaron al obispo diocesano Monseñor Ernesto Giobando un ejemplar del sello postal conmemorativo en homenaje al Papa Francisco.

“Monseñor, quería compartirle algo muy especial. Desde el Senado de La Nación y junto al Correo Argentino impulsamos la impresión de estampillas y una colección filatélica en homenaje al legado del Papa Francisco. Es una manera sencilla, pero muy significativa, de reconocer todo lo que inspira en nuestro país y en el mundo”, expresó Abad durante la entrega.

Con motivo de homenajear a Bergoglio, el legislador impulsó desde el Senado de la Nación dos proyectos de ley: uno para la emisión de un sello postal, y otro para la circulación de una moneda y un billete de curso legal con la imagen del soberano y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde 2013 hasta su fallecimiento en 2025.

En ese marco, Abad destacó que el proyecto busca tender puentes simbólicos: “Vamos a enviar un ejemplar de esta colección al Papa León XIII, acompañado por una carta personal. Me parece importante unir estos dos pontificados que, cada uno en su tiempo, marcaron la historia de la Iglesia”.

El proyecto del sello postal ya cuenta con dictamen en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Es importante resaltar que, en paralelo a la presentación de los dos proyectos, el referente de la UCR envió una carta al presidente de Correo Argentino, Camilo Baldini, quien confirmó que la entidad trabaja en una edición especial titulada “Homenaje a S.S. Francisco”.

“El Papa Francisco es una figura universal, que trascendió las fronteras del Vaticano para convertirse en una voz ética y moral en defensa de la paz y la fraternidad. Su legado debe perdurar no sólo en la memoria, sino también en un símbolo cotidiano. Cada estampilla será un recordatorio de los valores que él encarna: el diálogo, la inclusión y la solidaridad”, concluyó el senador nacional por la Provincia.

La reunión también permitió un intercambio sobre la realidad social actual. Por su lado, Giobando manifesó su preocupación por la situación de los sectores más vulnerables, mientras que Abad compartió su visión respecto de los desafíos políticos y económicos del presente.

En ese marco, el obispo expresó su anhelo de “que el ‘sello Francisco’ siga presente en las decisiones políticas y económicas, porque no cabe duda de que fue una figura que siempre buscó la fraternidad y colocó en el centro a los más vulnerables, algo que hoy resulta imprescindible”. Y en el final del encuentro, le obsequió a Abad un Rosario bendecido por el Papa Francisco.

En tanto, Sánchez Herrero es la impulsora del proyecto de la calle Papa Francisco en Mar del Plata, ya aprobada por el Concejo, y también presentó y fue aprobado un memorial del Papa Francisco frente a la catedral.

Se entregaron hoy en el Salón Azul del Senado de la Nación diplomas de honor a taekwondistas de Mar del Plata y Mar Chiquita, así como a la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, por sus destacados logros en competencias internacionales. La ceremonia, organizada por la Comisión de Deportes, reconoció los méritos de estos atletas que representaron al país con excelencia.

Los taekwondistas homenajeados, provenientes de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, obtuvieron medallas en el Mundial de Taekwondo celebrado en Barcelona. Entre los galardonados se encuentran: Facundo Tomás Maimone, con 6 medallas (4 de oro y 2 de bronce); Ayelén Caba, con 1 de oro y 1 de bronce; Santiago Ariel Campaner, con 1 de plata; Sergio David Alderete, con 1 de bronce; Santino Joaquín Toloza, con 1 de bronce; y Ariel Vargas, con 1 de bronce.

Por su parte, la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, subcampeona en el Open Europeo disputado en Italia en junio, también fue reconocida. El equipo, integrado por nueve jugadores de Buenos Aires (dos de Mar del Plata), CABA, Santa Fe y La Pampa, logró una histórica medalla de plata.

Durante el acto, el senador Maximiliano Abad, impulsor de la acción, destacó la importancia de visibilizar estos logros: “Debemos visibilizar el esfuerzo de todos los atletas con síndrome de Down y de la comunidad que los acompaña luchando por su inclusión. Es necesario garantizarles una categoría específica que les permita competir en igualdad de condiciones y seguir llenándonos de orgullo”.

La primera discusión girará en torno a la declaración de emergencia pediátrica, que apunta a recomponer salarios en hospitales nacionales y especialmente en el Garrahan. El proyecto establece aumentos inmediatos para médicos y residentes, llevando las remuneraciones a los niveles de noviembre de 2023. 

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto implicaría un gasto anual de más de $133 mil millones.

Más tarde, a las 16.30, será el turno del debate por el financiamiento universitario. La iniciativa, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, propone un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, además de un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta académica y becas estudiantiles. 

También contempla recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación.

Los proyectos cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, radicales y partidos provinciales, y ya fueron aprobados en la Cámara baja con una amplia mayoría. Sin embargo, desde La Libertad Avanza advirtieron que estas medidas ponen en riesgo el equilibrio fiscal defendido por el presidente Javier Milei.

De obtener dictamen, las iniciativas quedarán listas para llegar al recinto del Senado el próximo jueves 28 de agosto. Allí podrían convertirse en ley, aunque no se descarta que un eventual veto presidencial abra un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la oposición.

El debate pone en juego no solo la financiación de la educación superior y la salud pediátrica, sino también la pulseada política por los vetos del Ejecutivo, que ya generaron choques en el Congreso durante las últimas semanas.

El Senado de la Nación retomará este martes el debate por la reforma de la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de un nuevo proyecto impulsado por Juliana Di Tullio (UxP), que propone llevar el número de jueces de cinco a nueve, con criterios de paridad de género y representación federal. 

La discusión se dará en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, a partir de las 14:30 en el Salón Illia del Congreso. Será la tercera reunión que encabeza la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, junto a Juan Carlos Pagotto por el oficialismo. 

Participarán como invitados la jueza Aída Tarditti, el académico Marcelo López Mesa y el constitucionalista Diego Armesto, quienes expondrán sobre el funcionamiento del máximo tribunal y las posibilidades de reforma.

Hasta el momento, hay diez proyectos presentados por distintos bloques, con propuestas que oscilan entre mantener cinco integrantes y ampliarlo hasta 21 miembros, como lo plantea la libertaria Marcela Pagano, quien sugiere un sistema de salas especializadas. Otros legisladores, como Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Silvia Sapag (UxP), también impulsan iniciativas que buscan mayor equidad de género en la conformación de la Corte.

El proyecto de Di Tullio plantea que “no más de cinco jueces podrán ser del mismo género” y que la ampliación permitiría “una mayor diversidad de especialidades jurídicas y representación territorial”. La senadora remarcó que su objetivo es “mejorar la calidad institucional de la República”.

El tratamiento avanza con lentitud debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y La Libertad Avanza, situación que ya derivó en el rechazo del Senado a las nominaciones de Javier Milei para la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el pasado 4 de abril. Hoy el tribunal funciona con solo tres de sus cinco miembros: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Según establece la Constitución, cualquier designación o reforma en la Corte requiere del aval de dos tercios de los senadores presentes, por lo que sin consensos amplios, ninguna propuesta podrá avanzar en el recinto.

Fuente: TN

Luego de la aprobación de varios proyectos por parte del Senado, entre ellos el aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas, el consultor económico y corporativo Pablo Das Neves advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener sobre el equilibrio fiscal que sostiene el plan económico del Gobierno nacional.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, analizó que “lo votado afecta directamente al principal ancla del gobierno, que es el tema fiscal”.

En ese sentido, Das Neves recordó que el plan de Javier Milei se apoyaba originalmente en dos pilares: lo fiscal y el tipo de cambio. Sin embargo, explicó que en los últimos meses el Ejecutivo mostró mayor flexibilidad en cuanto al tipo de cambio, dejando claro que el superávit fiscal es la prioridad inamovible.

“La confianza que el mercado puede tener hoy en las medidas del Gobierno nacional se basa en el superávit fiscal. Este Gobierno, por un lado, es positivo porque demuestra un tipo de gestión, pero también le ata un poco las manos porque queda preso de tener permanentemente ese superávit”, advirtió.

Según el economista, lo sucedido en el Senado responde a una disputa de poder más que a una discusión técnica. “Todos sabemos que la política no es un liceo de señoritas. La oposición hizo un ejercicio de mostrar fuerza desde lo legislativo”, señaló. Por ello, destacó que fue la primera vez que los gobernadores actuaron de forma articulada y lograron avanzar con proyectos que comprometen el equilibrio fiscal del Ejecutivo.

A su vez, el consultor explicó que el aumento a los jubilados -si bien puede parecer menor en términos individuales- tiene un efecto significativo en las cuentas públicas. “Hay 5 millones de jubilados con la mínima, que hoy cobran $379.000 y pasarían a recibir $440.000. Son aumentos de entre 80 y 90 mil pesos. Pero a nivel presupuestario, el impacto es fuerte”, indicó.

De acuerdo a estimaciones que compartió en el programa, el Gobierno proyectaba cerrar el año con un superávit primario cercano al 1,3% del PBI. Sin embargo, solo con el aumento a las jubilaciones, el costo podría rondar el 1,2% del producto. “Y entre los otros proyectos que se presentaron, se van sumando y están entre el 2 y el 2,2% del PBI”, advirtió.

Para Das Neves, esto genera una paradoja política: “Estamos hablando de proyectos que, a priori, nadie podría estar en contra. Para un político, decir que está en contra de aumentar las jubilaciones resulta incómodo”.

En la sesión autoconvocada de este jueves, la oposición logró aplicarle un revés al Gobierno, debido a que por unanimidad, el Senado convirtió en ley el aumento del 7,2% de las jubilaciones.

En la votación general, fueron 52 votos a favor y 4 abstenciones, sin negativos. De esta manera, los legisladores de Unión por la Patria (UxP) sancionaron la recomposición de los haberes jubilatorios, que es resistida por el Gobierno. Sin embargo, se espera que el presidente Javier Milei vete el aumento.

El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. En tanto, el oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria.

Con el oficialismo ausente, la oposición avanzó con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones, los senadores presentes también convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.

De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.

En paralelo, el Ejecutivo nacional afirmó que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.

Fuente: Infobae

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, fue elegido por sus pares como vicepresidente de la Comisión de Deporte del Honorable Senado de la Nación, durante la reunión constitutiva que se realizó hoy.

La comisión quedó conformada por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) como presidente y Abad representando a la Unión Cívica Radical en la vicepresidencia.

“Es un honor ser parte de esta Comisión de Deporte del Honorable Senado de la Nación”, expresó el marplatense, al mismo tiempo que señaló que "el deporte no es solo una actividad recreativa, sino un pilar fundamental para el desarrollo integral de nuestra sociedad”.

Por otro lado, destacó el rol estratégico del deporte como herramienta para la inclusión social, la prevención de adicciones, la promoción de la salud y la construcción de valores: “El deporte es un lenguaje universal que une, inspira y nos representa”.

Y asimismo, remarcó los ejes que impulsará desde la Comisión:

“Queremos lograr que Argentina no solo sea reconocida por sus grandes figuras deportivas, sino también por una política de Estado que asegure el acceso y el desarrollo del deporte para cada ciudadano”, concluyó Abad.

Este miércoles, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomará la discusión sobre la ampliación del máximo tribunal y la paridad de género en su composición. La comisión está presidida por la senadora peronista disidente Alejandra Vigo, cuyo rol genera suspicacias entre sectores de la oposición dialoguista por su supuesta alineación con el oficialismo.

En paralelo, distintos proyectos sobre la Corte siguen circulando en la Cámara alta, con propuestas que van desde aumentar a siete, nueve e incluso quince el número de jueces, como sugería el proyecto impulsado por el Frente de Todos en 2022. El debate, sin embargo, avanza lentamente y las exposiciones continuarían, al menos, hasta agosto.

En este contexto, el jueves a las 11, Guillermo Francos comparecerá por primera vez en el recinto del Senado desde que asumió su cargo como jefe de Gabinete. El funcionario deberá responder 926 preguntas presentadas por los legisladores, la mayoría dirigidas a las áreas de Economía, Capital Humano, Salud y Seguridad.

Su presencia se da en medio de fuertes tensiones políticas: por un lado, la reciente detención de la expresidenta Cristina Kirchner intensificó el clima en Unión por la Patria (UxP); por otro, la oposición dialoguista reclama avanzar con una agenda legislativa propia.

En ese sentido, senadores del interbloque Provincias Unidas, entre ellos Carlos "Camau" Espínola, Juan Carlos Romero y Edith Terenzi, solicitaron abrir el recinto para tratar proyectos como la ley de Alerta Rápida Sofía, reformas al Código Penal, el reconocimiento de Puerto Pirámides como capital de la ballena franca austral, y otras iniciativas vinculadas a salud, medioambiente y derechos.

Desde el oficialismo temen que si se habilita la sesión, UxP insista en incluir iniciativas de alto impacto fiscal, como aumentos a jubilaciones mínimas o la declaración de la Emergencia en Discapacidad, medidas que podrían empujar a Javier Milei a repetir un veto presidencial, como ocurrió con la ley universitaria en 2024.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Senado, aún no definió si habilitará la sesión solicitada por sus aliados. La decisión se da en un clima de tensión interna con el presidente, evidenciada públicamente en los actos del Día de la Bandera, que ambos encabezaron por separado.

Fuente: Infobae

La discusión estaba prevista en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, pero fue cancelada antes de comenzar. La decisión se dio en un contexto de alta tensión en el Congreso, vallado por las protestas semanales de jubilados, a las que en esta ocasión se sumaron organizaciones sociales movilizadas por el fallo contra la expresidenta.

Entre las iniciativas que iban a debatirse se destaca la del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), quien propone elevar el número de jueces de la Corte a siete integrantes, con representación de distintas regiones del país y especialidades jurídicas. Además, su proyecto incluye un criterio de paridad: establece que no más de cinco miembros del máximo tribunal sean del mismo sexo.

El oficialismo, a través del senador José Mayans, ya había manifestado su apoyo a la propuesta y anticipado que también acompañarían otras iniciativas que plantean un mínimo del 40% de mujeres en la Corte.

La iniciativa necesita una mayoría especial de dos tercios en la Cámara alta para designar nuevos ministros del tribunal, según establece la Constitución. Unión por la Patria cuenta actualmente con 34 senadores sobre un total de 72, lo que obliga a tejer consensos con otros bloques, especialmente tras los rechazos recientes a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Entre los otros proyectos que iban a ser analizados figura el de Silvia Sapag (UxP), que también propone garantizar un 40% de representación femenina en la Corte, y los de Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que sugieren ampliar la composición a nueve miembros.

En declaraciones a TN, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Ejecutivo no respalda los proyectos en discusión: “No los hemos debatido. No lo avalamos porque no es un proyecto nuestro”, afirmó, en referencia al texto impulsado por Romero.

Por el momento, no hay una nueva fecha definida para retomar el debate parlamentario, aunque se espera una reconvocatoria en las próximas semanas.

Fuente: TN