El Senado abrirá este miércoles el debate sobre la reforma electoral promovida por el Gobierno nacional, en medio de fuertes diferencias entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas de la oposición.

La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, y contará con la exposición de Luz Landivar, asesora del Ejecutivo y ex titular de la Dirección Nacional Electoral.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la eliminación de las PASO. Mientras el oficialismo busca avanzar con la supresión de las primarias obligatorias, gran parte del PRO, la UCR y bloques provinciales rechazan esa posibilidad y proponen debatir por separado el proyecto de Ficha Limpia.

La propuesta de tratar ambas iniciativas por separado había sido impulsada por sectores dialoguistas, aunque finalmente fue descartada por el Gobierno nacional.

Desde el oficialismo señalaron que el objetivo de esta primera reunión es comenzar las negociaciones para acercar posiciones sobre los puntos más resistidos del proyecto.

La Libertad Avanza necesita acuerdos con otras bancadas para avanzar con la reforma, ya que se trata de una ley que requiere mayorías absolutas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Entre los cambios impulsados por el Gobierno aparece la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, el proyecto propone eliminar las PASO para cargos legislativos y presidenciales, dejando en manos de cada partido o alianza la definición de su mecanismo interno de selección de candidatos.

Otro de los puntos incluidos establece nuevos requisitos para oficializar candidaturas presidenciales y legislativas, además de modificaciones en el reconocimiento de los partidos políticos a nivel nacional.

La iniciativa también plantea eliminar el financiamiento estatal de campañas electorales, ampliar el límite de aportes privados y terminar con los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación.

En paralelo, el texto prevé modificaciones en la Boleta Única de Papel, incorporando la posibilidad de votar lista completa mediante un tilde y habilitando su utilización en elecciones provinciales simultáneas.

Fuente: NA

El Gobierno nacional envió hoy al Senado el proyecto de reforma electoral, tras definir su versión final, por decisión del presidente Javier Milei, con el objetivo de modificar de manera integral el sistema político y electoral.

La iniciativa incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el endurecimiento de los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos, la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral, la modificación del sistema de Boleta Única de Papel, la prohibición de contratar asesores extranjeros y cambios en la designación de los parlamentarios del Mercosur.

El proyecto avanza sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece nuevas condiciones para su funcionamiento. En el caso de los partidos de distrito, exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con un tope de dos millones de electores. Para los partidos nacionales, eleva a diez los distritos con personería vigente y fija un piso de afiliados del 0,1% del padrón nacional. Además, incorpora causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales consecutivas.

En el plano electoral, el texto deroga formalmente el régimen de PASO y habilita a cada partido a definir sus candidaturas mediante mecanismos internos propios. A su vez, incorpora un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas, que deberán ser equivalentes al piso de afiliados requerido y gestionarse a través de una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral con validación de identidad.

Respecto a la Boleta Única de Papel, se incorpora un casillero que permite votar todas las categorías de una agrupación con una sola marca. También se ordena el esquema de adhesiones entre listas nacionales y distritales, se fijan audiencias para aprobar diseño, imágenes y símbolos, y se mantiene la opción de simultaneidad electoral con las provincias.

En relación con Ficha Limpia, el proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Asimismo, se crea un Registro Público de Ficha Limpia en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral.

En materia de financiamiento, se mantienen los aportes estatales para el funcionamiento de los partidos, pero se introducen mayores controles: se fijan topes del 35% por persona para aportes, se exige la rendición semanal de aportes privados y se refuerza la fiscalización de cuentas bancarias y publicidad. También se crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y se obliga a incluir el material audiovisual en las rendiciones.

El texto prohíbe que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras y establece restricciones para quienes no estén habilitados a aportar financiamiento, incluyendo la posibilidad de que la Justicia Electoral ordene la baja de contenidos o gastos.

Finalmente, el proyecto modifica de manera transitoria la elección de los parlamentarios del Mercosur: dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre legisladores del Congreso hasta la definición de un “Día del Mercosur Ciudadano”. Además, se establece que no percibirán otra remuneración que la correspondiente a su banca nacional y solo cobrarán viáticos vinculados a su función.

Fuente: con información de TN

La jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, al señalar que se trata de “la primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

Bullrich informó que el proyecto “tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, tras el entendimiento alcanzado con la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales.

En ese marco, la dirigente sostuvo que la iniciativa pone fin a lo que denominó “la industria del juicio” y defendió la necesidad de una transformación estructural del régimen laboral vigente. 

“Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”, señaló.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El oficialismo logró frenar el punto más sensible de la reforma: el artículo 3 no alcanzó la mayoría absoluta y el proyecto deberá regresar a la Cámara alta. 

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, la reforma de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados, pero introdujo cambios que obligan a que el texto vuelva al Senado. 

El Gobierno se anotó un respiro al conseguir que el artículo 3, el que establecía un límite temporal para que los DNU pierdan vigencia si no son refrendados, no alcanzara la mayoría agravada de 129 votos: obtuvo 127 afirmativos. La votación en general cerró con 140 a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

El corazón del debate es la intención de acotar el margen del Poder Ejecutivo para dictar DNU: la reforma dispone que con el rechazo de una sola cámara el decreto quede sin efecto (hoy se requieren ambas), y buscaba además fijar un plazo de 90 días para su convalidación legislativa. Ese “reloj” quedó en suspenso por la caída del artículo 3, por lo que el texto deberá ser revisado nuevamente por el Senado, que había dado media sanción.

Desde el oficialismo, la avanzada opositora fue calificada de “desestabilizante”. Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el proyecto “instala un gobierno del Congreso” y rompe el equilibrio de poderes. En sintonía, el libertario Álvaro Martínez aseguró que “cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece”, mientras que Damián Arabia (PRO) pidió a los bloques dialoguistas no “ser funcionales” al intento de bloquear al Ejecutivo.

La oposición que promovió la reforma replicó que no se trata de impedir el uso de DNU, sino de evitar su abuso y eludir la “sanción ficta” de la ley 26.122. Nicolás Massot (Encuentro Federal) afirmó que la norma “obliga al Gobierno a construir mayorías” y Miguel Pichetto, que en 2006 acompañó la ley vigente, sostuvo que el uso intensivo de vetos y decretos “degrada la vida democrática”. Juan López (Coalición Cívica) repartió críticas: al kirchnerismo por el pasado y al oficialismo por el “abuso actual”.

La UCR quedó partida: mientras el bloque que conduce Rodrigo De Loredo impulsó que la reforma rija desde 2027 para no “desestabilizar institucionalmente” al Gobierno, Julio Cobos se desmarcó y apoyó los cambios por considerar necesario que los DNU “tengan el mismo estándar que una ley”.

Con el artículo clave sin la mayoría requerida, el oficialismo ganó tiempo. La pelota vuelve al Senado, que deberá decidir si insiste con su versión original, acepta las modificaciones o busca una nueva redacción para ordenar, de una vez, el tablero de los decretos.

Fuente: Dib

En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

La oposición en el Senado buscará este jueves rechazar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: una que establece el financiamiento universitario y otra que declara la emergencia pediátrica para destinar más fondos al Hospital Garrahan.

La sesión, programada para las 10 de la mañana, se centrará en la necesidad de la oposición de alcanzar el quórum de 37 senadores. Se considera que lo lograrán, contando con los 34 legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sumando apoyos de otros bloques, como los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Maximiliano Abad, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Una vez que se inicie el debate en el recinto, el desafío será mayor: para insistir en la sanción de una ley tras un veto presidencial, la Constitución exige una mayoría de dos tercios de los senadores presentes en el recinto.

UxP contaría con el respaldo de una amplia gama de legisladores, incluyendo a gran parte del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. En contraste, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se vería con un apoyo reducido, posiblemente solo de Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), con otros de sus integrantes contemplando la ausencia.

Además de los vetos de Milei, el Senado también discutirá el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero para crear el Sistema de Alerta Rápida Sofía. Esta iniciativa busca establecer una normativa para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

Fuente: TN

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.

En un emotivo encuentro realizado hoy en la sede de la Diócesis de Mar del Plata, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, junto a la presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, le entregaron al obispo diocesano Monseñor Ernesto Giobando un ejemplar del sello postal conmemorativo en homenaje al Papa Francisco.

“Monseñor, quería compartirle algo muy especial. Desde el Senado de La Nación y junto al Correo Argentino impulsamos la impresión de estampillas y una colección filatélica en homenaje al legado del Papa Francisco. Es una manera sencilla, pero muy significativa, de reconocer todo lo que inspira en nuestro país y en el mundo”, expresó Abad durante la entrega.

Con motivo de homenajear a Bergoglio, el legislador impulsó desde el Senado de la Nación dos proyectos de ley: uno para la emisión de un sello postal, y otro para la circulación de una moneda y un billete de curso legal con la imagen del soberano y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde 2013 hasta su fallecimiento en 2025.

En ese marco, Abad destacó que el proyecto busca tender puentes simbólicos: “Vamos a enviar un ejemplar de esta colección al Papa León XIII, acompañado por una carta personal. Me parece importante unir estos dos pontificados que, cada uno en su tiempo, marcaron la historia de la Iglesia”.

El proyecto del sello postal ya cuenta con dictamen en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Es importante resaltar que, en paralelo a la presentación de los dos proyectos, el referente de la UCR envió una carta al presidente de Correo Argentino, Camilo Baldini, quien confirmó que la entidad trabaja en una edición especial titulada “Homenaje a S.S. Francisco”.

“El Papa Francisco es una figura universal, que trascendió las fronteras del Vaticano para convertirse en una voz ética y moral en defensa de la paz y la fraternidad. Su legado debe perdurar no sólo en la memoria, sino también en un símbolo cotidiano. Cada estampilla será un recordatorio de los valores que él encarna: el diálogo, la inclusión y la solidaridad”, concluyó el senador nacional por la Provincia.

La reunión también permitió un intercambio sobre la realidad social actual. Por su lado, Giobando manifesó su preocupación por la situación de los sectores más vulnerables, mientras que Abad compartió su visión respecto de los desafíos políticos y económicos del presente.

En ese marco, el obispo expresó su anhelo de “que el ‘sello Francisco’ siga presente en las decisiones políticas y económicas, porque no cabe duda de que fue una figura que siempre buscó la fraternidad y colocó en el centro a los más vulnerables, algo que hoy resulta imprescindible”. Y en el final del encuentro, le obsequió a Abad un Rosario bendecido por el Papa Francisco.

En tanto, Sánchez Herrero es la impulsora del proyecto de la calle Papa Francisco en Mar del Plata, ya aprobada por el Concejo, y también presentó y fue aprobado un memorial del Papa Francisco frente a la catedral.

Se entregaron hoy en el Salón Azul del Senado de la Nación diplomas de honor a taekwondistas de Mar del Plata y Mar Chiquita, así como a la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, por sus destacados logros en competencias internacionales. La ceremonia, organizada por la Comisión de Deportes, reconoció los méritos de estos atletas que representaron al país con excelencia.

Los taekwondistas homenajeados, provenientes de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, obtuvieron medallas en el Mundial de Taekwondo celebrado en Barcelona. Entre los galardonados se encuentran: Facundo Tomás Maimone, con 6 medallas (4 de oro y 2 de bronce); Ayelén Caba, con 1 de oro y 1 de bronce; Santiago Ariel Campaner, con 1 de plata; Sergio David Alderete, con 1 de bronce; Santino Joaquín Toloza, con 1 de bronce; y Ariel Vargas, con 1 de bronce.

Por su parte, la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, subcampeona en el Open Europeo disputado en Italia en junio, también fue reconocida. El equipo, integrado por nueve jugadores de Buenos Aires (dos de Mar del Plata), CABA, Santa Fe y La Pampa, logró una histórica medalla de plata.

Durante el acto, el senador Maximiliano Abad, impulsor de la acción, destacó la importancia de visibilizar estos logros: “Debemos visibilizar el esfuerzo de todos los atletas con síndrome de Down y de la comunidad que los acompaña luchando por su inclusión. Es necesario garantizarles una categoría específica que les permita competir en igualdad de condiciones y seguir llenándonos de orgullo”.

La primera discusión girará en torno a la declaración de emergencia pediátrica, que apunta a recomponer salarios en hospitales nacionales y especialmente en el Garrahan. El proyecto establece aumentos inmediatos para médicos y residentes, llevando las remuneraciones a los niveles de noviembre de 2023. 

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto implicaría un gasto anual de más de $133 mil millones.

Más tarde, a las 16.30, será el turno del debate por el financiamiento universitario. La iniciativa, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, propone un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, además de un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta académica y becas estudiantiles. 

También contempla recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación.

Los proyectos cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, radicales y partidos provinciales, y ya fueron aprobados en la Cámara baja con una amplia mayoría. Sin embargo, desde La Libertad Avanza advirtieron que estas medidas ponen en riesgo el equilibrio fiscal defendido por el presidente Javier Milei.

De obtener dictamen, las iniciativas quedarán listas para llegar al recinto del Senado el próximo jueves 28 de agosto. Allí podrían convertirse en ley, aunque no se descarta que un eventual veto presidencial abra un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la oposición.

El debate pone en juego no solo la financiación de la educación superior y la salud pediátrica, sino también la pulseada política por los vetos del Ejecutivo, que ya generaron choques en el Congreso durante las últimas semanas.

El Senado de la Nación retomará este martes el debate por la reforma de la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de un nuevo proyecto impulsado por Juliana Di Tullio (UxP), que propone llevar el número de jueces de cinco a nueve, con criterios de paridad de género y representación federal. 

La discusión se dará en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, a partir de las 14:30 en el Salón Illia del Congreso. Será la tercera reunión que encabeza la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, junto a Juan Carlos Pagotto por el oficialismo. 

Participarán como invitados la jueza Aída Tarditti, el académico Marcelo López Mesa y el constitucionalista Diego Armesto, quienes expondrán sobre el funcionamiento del máximo tribunal y las posibilidades de reforma.

Hasta el momento, hay diez proyectos presentados por distintos bloques, con propuestas que oscilan entre mantener cinco integrantes y ampliarlo hasta 21 miembros, como lo plantea la libertaria Marcela Pagano, quien sugiere un sistema de salas especializadas. Otros legisladores, como Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Silvia Sapag (UxP), también impulsan iniciativas que buscan mayor equidad de género en la conformación de la Corte.

El proyecto de Di Tullio plantea que “no más de cinco jueces podrán ser del mismo género” y que la ampliación permitiría “una mayor diversidad de especialidades jurídicas y representación territorial”. La senadora remarcó que su objetivo es “mejorar la calidad institucional de la República”.

El tratamiento avanza con lentitud debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y La Libertad Avanza, situación que ya derivó en el rechazo del Senado a las nominaciones de Javier Milei para la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el pasado 4 de abril. Hoy el tribunal funciona con solo tres de sus cinco miembros: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Según establece la Constitución, cualquier designación o reforma en la Corte requiere del aval de dos tercios de los senadores presentes, por lo que sin consensos amplios, ninguna propuesta podrá avanzar en el recinto.

Fuente: TN

Luego de la aprobación de varios proyectos por parte del Senado, entre ellos el aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas, el consultor económico y corporativo Pablo Das Neves advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener sobre el equilibrio fiscal que sostiene el plan económico del Gobierno nacional.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, analizó que “lo votado afecta directamente al principal ancla del gobierno, que es el tema fiscal”.

En ese sentido, Das Neves recordó que el plan de Javier Milei se apoyaba originalmente en dos pilares: lo fiscal y el tipo de cambio. Sin embargo, explicó que en los últimos meses el Ejecutivo mostró mayor flexibilidad en cuanto al tipo de cambio, dejando claro que el superávit fiscal es la prioridad inamovible.

“La confianza que el mercado puede tener hoy en las medidas del Gobierno nacional se basa en el superávit fiscal. Este Gobierno, por un lado, es positivo porque demuestra un tipo de gestión, pero también le ata un poco las manos porque queda preso de tener permanentemente ese superávit”, advirtió.

Según el economista, lo sucedido en el Senado responde a una disputa de poder más que a una discusión técnica. “Todos sabemos que la política no es un liceo de señoritas. La oposición hizo un ejercicio de mostrar fuerza desde lo legislativo”, señaló. Por ello, destacó que fue la primera vez que los gobernadores actuaron de forma articulada y lograron avanzar con proyectos que comprometen el equilibrio fiscal del Ejecutivo.

A su vez, el consultor explicó que el aumento a los jubilados -si bien puede parecer menor en términos individuales- tiene un efecto significativo en las cuentas públicas. “Hay 5 millones de jubilados con la mínima, que hoy cobran $379.000 y pasarían a recibir $440.000. Son aumentos de entre 80 y 90 mil pesos. Pero a nivel presupuestario, el impacto es fuerte”, indicó.

De acuerdo a estimaciones que compartió en el programa, el Gobierno proyectaba cerrar el año con un superávit primario cercano al 1,3% del PBI. Sin embargo, solo con el aumento a las jubilaciones, el costo podría rondar el 1,2% del producto. “Y entre los otros proyectos que se presentaron, se van sumando y están entre el 2 y el 2,2% del PBI”, advirtió.

Para Das Neves, esto genera una paradoja política: “Estamos hablando de proyectos que, a priori, nadie podría estar en contra. Para un político, decir que está en contra de aumentar las jubilaciones resulta incómodo”.

En la sesión autoconvocada de este jueves, la oposición logró aplicarle un revés al Gobierno, debido a que por unanimidad, el Senado convirtió en ley el aumento del 7,2% de las jubilaciones.

En la votación general, fueron 52 votos a favor y 4 abstenciones, sin negativos. De esta manera, los legisladores de Unión por la Patria (UxP) sancionaron la recomposición de los haberes jubilatorios, que es resistida por el Gobierno. Sin embargo, se espera que el presidente Javier Milei vete el aumento.

El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. En tanto, el oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria.

Con el oficialismo ausente, la oposición avanzó con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones, los senadores presentes también convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.

De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.

En paralelo, el Ejecutivo nacional afirmó que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.

Fuente: Infobae

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, fue elegido por sus pares como vicepresidente de la Comisión de Deporte del Honorable Senado de la Nación, durante la reunión constitutiva que se realizó hoy.

La comisión quedó conformada por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) como presidente y Abad representando a la Unión Cívica Radical en la vicepresidencia.

“Es un honor ser parte de esta Comisión de Deporte del Honorable Senado de la Nación”, expresó el marplatense, al mismo tiempo que señaló que "el deporte no es solo una actividad recreativa, sino un pilar fundamental para el desarrollo integral de nuestra sociedad”.

Por otro lado, destacó el rol estratégico del deporte como herramienta para la inclusión social, la prevención de adicciones, la promoción de la salud y la construcción de valores: “El deporte es un lenguaje universal que une, inspira y nos representa”.

Y asimismo, remarcó los ejes que impulsará desde la Comisión:

“Queremos lograr que Argentina no solo sea reconocida por sus grandes figuras deportivas, sino también por una política de Estado que asegure el acceso y el desarrollo del deporte para cada ciudadano”, concluyó Abad.

Este miércoles, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomará la discusión sobre la ampliación del máximo tribunal y la paridad de género en su composición. La comisión está presidida por la senadora peronista disidente Alejandra Vigo, cuyo rol genera suspicacias entre sectores de la oposición dialoguista por su supuesta alineación con el oficialismo.

En paralelo, distintos proyectos sobre la Corte siguen circulando en la Cámara alta, con propuestas que van desde aumentar a siete, nueve e incluso quince el número de jueces, como sugería el proyecto impulsado por el Frente de Todos en 2022. El debate, sin embargo, avanza lentamente y las exposiciones continuarían, al menos, hasta agosto.

En este contexto, el jueves a las 11, Guillermo Francos comparecerá por primera vez en el recinto del Senado desde que asumió su cargo como jefe de Gabinete. El funcionario deberá responder 926 preguntas presentadas por los legisladores, la mayoría dirigidas a las áreas de Economía, Capital Humano, Salud y Seguridad.

Su presencia se da en medio de fuertes tensiones políticas: por un lado, la reciente detención de la expresidenta Cristina Kirchner intensificó el clima en Unión por la Patria (UxP); por otro, la oposición dialoguista reclama avanzar con una agenda legislativa propia.

En ese sentido, senadores del interbloque Provincias Unidas, entre ellos Carlos "Camau" Espínola, Juan Carlos Romero y Edith Terenzi, solicitaron abrir el recinto para tratar proyectos como la ley de Alerta Rápida Sofía, reformas al Código Penal, el reconocimiento de Puerto Pirámides como capital de la ballena franca austral, y otras iniciativas vinculadas a salud, medioambiente y derechos.

Desde el oficialismo temen que si se habilita la sesión, UxP insista en incluir iniciativas de alto impacto fiscal, como aumentos a jubilaciones mínimas o la declaración de la Emergencia en Discapacidad, medidas que podrían empujar a Javier Milei a repetir un veto presidencial, como ocurrió con la ley universitaria en 2024.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Senado, aún no definió si habilitará la sesión solicitada por sus aliados. La decisión se da en un clima de tensión interna con el presidente, evidenciada públicamente en los actos del Día de la Bandera, que ambos encabezaron por separado.

Fuente: Infobae

La discusión estaba prevista en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, pero fue cancelada antes de comenzar. La decisión se dio en un contexto de alta tensión en el Congreso, vallado por las protestas semanales de jubilados, a las que en esta ocasión se sumaron organizaciones sociales movilizadas por el fallo contra la expresidenta.

Entre las iniciativas que iban a debatirse se destaca la del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), quien propone elevar el número de jueces de la Corte a siete integrantes, con representación de distintas regiones del país y especialidades jurídicas. Además, su proyecto incluye un criterio de paridad: establece que no más de cinco miembros del máximo tribunal sean del mismo sexo.

El oficialismo, a través del senador José Mayans, ya había manifestado su apoyo a la propuesta y anticipado que también acompañarían otras iniciativas que plantean un mínimo del 40% de mujeres en la Corte.

La iniciativa necesita una mayoría especial de dos tercios en la Cámara alta para designar nuevos ministros del tribunal, según establece la Constitución. Unión por la Patria cuenta actualmente con 34 senadores sobre un total de 72, lo que obliga a tejer consensos con otros bloques, especialmente tras los rechazos recientes a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Entre los otros proyectos que iban a ser analizados figura el de Silvia Sapag (UxP), que también propone garantizar un 40% de representación femenina en la Corte, y los de Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que sugieren ampliar la composición a nueve miembros.

En declaraciones a TN, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Ejecutivo no respalda los proyectos en discusión: “No los hemos debatido. No lo avalamos porque no es un proyecto nuestro”, afirmó, en referencia al texto impulsado por Romero.

Por el momento, no hay una nueva fecha definida para retomar el debate parlamentario, aunque se espera una reconvocatoria en las próximas semanas.

Fuente: TN

Entre cruces por la figura de Cristina Kirchner y el escándalo cripto que envuelve a Javier Milei, el Senado le dio dictamen al proyecto de Ficha Limpia para que condenados por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatos ni funcionarios.

El texto que viene con media sanción de Diputados obtuvo 11 firmas a favor en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa federal Alejandra Vigo y quedó listo para ser votado en la Cámara Alta la semana que viene. Como es un tema electoral, requiere una mayoría especial de 37 votos afirmativos para convertirse en ley.

El kirchnerismo, que tiene 34 bancas, sentencia que el proyecto está hecho para proscribir a Cristina Kirchner y no acompañará, aunque presentaron un proyecto propio que incorpora más delitos y estipula que, para que una persona quede inhabilitada para competir, debe haber sentencia firme, lo que puede llevar décadas.

Por eso, de cara al recinto, el oficialismo necesita que todos los aliados acompañen. La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el formoseño Francisco Paoltroni, los dos misioneros del gobernador Hugo Passalacqua y el interbloque federal que reúne a legisladores de distintas provincias están a favor. Sin embargo, todos ellos juntos suman 36. La llave la tienen los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes no confirman y quieren hacer valer sus votos. Tienen un proyecto en agenda, por despidos en su provincia, que quieren imponer. El oficialismo necesita que al menos uno de ellos vote a favor para tener ley de Ficha Limpia.

Al igual que en Diputados, el eje de la discusión giró en torno a Cristina Kirchner, aunque en medio del escándalo de la cripto LIBRA, también Milei estuvo en el centro de la escena.

"¿Es chiste? Vamos a tratar este proyecto cuando el Presidente está en todos los portales del país y del mundo por la estafa de la criptomoneda", sentenció la legisladora K, Florencia López.

"No queremos una ley con nombre y apellido, sino una que realmente refleje el sentir de la sociedad. Que se incluyan los delitos de narcotráfico, de integridad sexual, trata de persona, contrabando", apuntó la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien agregó: "La verdad que no se nos va la vida con Ficha Limpia. Si no sale sabemos que la Corte tiene en su escritorio una acordada para firmar".

"No hablamos de ningún dirigente en particular. Cualquiera que tiene dos condenas no puede ser candidato. Parrilli está ahí porque no tiene doble conforme. El día que lo tenga no debería estar ahí", respondió la radical Carolina Losada y recordó que por el tema cripto mañana se va a discutir en la sesión un proyecto impulsado por la UCR para que se cree una comisión investigadora. "Queremos que se llegue a la verdad".

Losada también planteó la posibilidad de mejorar el texto y agregar delitos. Sin embargo, el oficialismo que pidió "no dilatar" y no acepta hacer cambios, porque eso significaría que el texto vuelva a Diputados.

El proyecto que llega con media sanción de Diputados mantiene la base del texto original: el impedimento para que personas que tengan una condena, confirmada en segunda instancia, por delitos de corrupción puedan ser candidatas.

Los delitos que puntualiza son: "Cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento".

La fecha de corte para decidir quiénes pueden o no competir quedó fijada por el calendario electoral: no podrá participar de la elección aquel que reciba la condena confirmatoria antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional; es decir 180 días antes de la elección general.

Esa fue una de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista porque el Ejecutivo planteaba como límite el 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

El texto aprobado amplió además el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionarios.

Los condenados por corrupción en segunda instancia "no podrán ser designados como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos".

Fuente: Clarín

En 2025 se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional, que son de gran importancia para el gobierno de Javier Milei, quien afrontará el desafío de fortalecer su poder en el Congreso y así poder avanzar de manera más firme en diversas reformas que busca implementar en el Estado.

En el Senado de la Nación se pondrá en disputa un tercio de sus integrantes, es decir, 24 sobre los 72 que integran el cuerpo legislativo y serán ocho las provincias -tres senadores cada una- que vayan a las urnas a dirimir a sus representantes. 

Los territorios en cuestión, que no sólo renovarán senadores, sino también diputaciones nacionales, serán: Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Capital Federal. 

En Salta, actualmente gobernada por Gustavo Sáenz, el interbloque peronista pondrá en juego las bancas que actualmente ocupan Nora del Valle Giménez y Sergio Leavy. La restante la ocupa el Juan C. Romero, peronista no kirchnerista y alineado abiertamente con Milei.

Neuquén será otro desafío para el kirchnerismo ya que pondrá en juego otras dos bancas: las de ocupan el ladero de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, y Silvia Sapag, que ingresó por el MPN, pero que pegó el salto. La restante es la de Lucía Crexell, de zigzagueantes posturas.

En la provincia de Río Negro, el peronismo también deberá resistir dos bancas: serán las de los kirchneristas Martín Doñate y Claudia Larraburu. La restante la ocupa Mónica Silva, que responde al actual gobernador, Alberto Weretilneck, que intentará restarle un asiento al kirchnerismo.

Tierra del Fuego se enmarca en la lista de territorios peronistas y con presencia radical, pero que están en jaque con los libertarios emergentes. Por un lado, las bancas a renovar por parte del kirchnerismo serán las de Cristina López y María Eugenia Duré. La UCR, que la tiene más complicada, deberá renovar la restante, que ocupa el senador Pablo D. Blanco. 

En Chaco se repite el esquema fueguino. El peronismo, derrotado el año pasado por el radicalismo en la categoría gobernador y vice, deberá ahora ir por la épica y resistir las bancas que ocupan Antonio Rodas y María I. Pilatti Vergara.

Del otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) deberá renovar la que ocupa el senador Víctor Zimmermann, de licencia hasta el próximo 28 de febrero, luego de aceptar un cargo en el gobierno provincial de Leandro Zdero y tratar de pescarle un asiento al kirchnerismo local.

Santiago del Estero emerge como una de las provincias infranqueables a fuerzas que no estén ligadas al peronismo. Sus tres representantes pertenecen al interbloque del Partido Justicialista (PJ): Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder. 

Por Entre Ríos la cosa estaba más repartida hasta la expulsión de Edgardo Kueider. Allí, aparece para el peronismo, ahora, una bancas para renovar: la que dejará Stefanía Cora, reemplazo de Kueider. Por otro lado, están las de Alfredo De Angeli, del PRO, y Stella M. Olalla, de la UCR.

La Ciudad de Buenos Aires será una de las animadoras del período electoral y se asemeja a la renovación de Entre Ríos: la UCR intentará renovar la banca que ocupa Martín Lousteau; el PRO la que dejará Guadalupe Tagliaferri y el kirchnerismo la que libera Mariano Recalde.

Fuente: Noticias Argentinas

Edgardo Kueider utilizó dichos del presidente Javier Milei como argumento para pedir en la Justicia que se declare la invalidez de la sesión del jueves pasado en la que fue expulsado del Senado.

Los abogados del ex legislador entrerriano, detenido en Paraguay al intentar pasar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar, citaron al mandatario quien días atrás afirmó que la sesión no tenía validez porque la vicepresidenta Victoria Villarruel no podía presidirla, ya que en ese momento él estaba de viaje y ella había quedado a cargo del Ejecutivo.

El caso está a cargo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo, quien todavía no se expidió. Ahora, según reveló Infobae, la defensa de Kueider realizó una ampliación de la medida cautelar que habían presentado.

En ella sostienen que los dichos de Milei constituyen una "confesión expresa extrajudicial alcanzada por los efectos del artículo 424 del Código Procesal Civil y Comercial" y que no dejarían dudas de que Victoria Villarruel estaba a cargo de la presidencia cuando se desarrolló la cuestionada sesión.

Además, plantean que aunque el inicio de la sesión pudiera ser válido, porque comenzó antes de que Milei abordara el avión que lo llevó a Italia, hay un punto conflictivo que es el cuarto intermedio de las 15.08. En ese momento, el presidente ya estaba en vuelo y, de acuerdo a la presentación, Villarruel ya no podría haber retomado la presidencia del Senado.

El viernes, en una comunicación telefónica desde Italia, el jefe de Estado contó al medio El Observador que el martes se le notificó a Villarruel a través del GEDE que él viajaba a Italia y que, por lo tanto, ella quedaba a frente del Ejecutivo.

Siguió con los detalles de esa notificación. "La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria. El mismo día, jueves, que viajé, el propio Adorni confirmó que estaba viajando a las 12:30; eso fue diseminado por todos los medios", expresó el presidente.

"Termino de firmar y el escribano llama a Villarruel, y como no contestaba, llamó a su secretaria. Fueron notificados el martes", añadió al respecto. Y luego, fue contundente: "La sesión es inválida y se podría hacer nuevamente".

La polémica se generó porque Milei partió el jueves al mediodía rumbo a Italia. Quien debía quedar a cargo del Ejecutivo, de forma temporaria, era Victoria Villarruel. Pero la vicepresidenta presidió horas más tarde la sesión en la que se resolvió la expulsión de Kueider y también en la que el oficialismo no pudo avanzar en la suspensión de Oscar Parrilli, el senador cristinista comprometido por su situación judicial sobre el Pacto de Irán.

Milei se extendió en el reportaje que ahora es usado por la defensa de Kueider sobre los motivos por los que él considera inválida la sesión. "¿Por qué no se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel? Porque Argentina tiene un sistema de contrapesos e independencia: un poder no se puede meter en el otro. Cuando entro de viaje, se produce la acefalía y del Poder Ejecutivo queda a cargo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo y, al mismo tiempo, es presidente interina, y eso violenta la división de poderes", aseguró el libertario.

Fuente: Clarín

El kirchnerista Oscar Parrilli evitió hoy la suspensión en el Senado, al no alcanzar los dos tercios que se necesitaban para habilitar el tratamiento en el recinto por no tener despacho de comisión.

La medida había sido incluida en el temario a pedido de la vicepresidente Victoria Villarruel, a raíz de la causa abierta por el Memorándum con Irán, en la que el senador está procesado e irá a juicio oral por orden de la Corte Suprema. La votación fue 34 votos a favor de la propuesta, 31 en contra y 1 abstención que correspondió al propio Parrilli.

Luego de la votación, el neuquino sintió la necesidad de descargar su euforia. Y, como ha sucedido en el kirchnerismo, la reacción llegó desde su dedo mayor, con un gesto de fuck you que revoleó en el recinto a sus rivales.

Además, tras concluir la sesión especial en la Cámara alta, encuentro durante el cual se confirmó la expulsión del legislador Edgardo Kueider, Villarruel despotricó contra el principal bloque opositor.

“Yo solicité que se incluyera en la orden del día el tratamiento de la expulsión de Parrilli, procesado por encubrimiento agravado por el asesinato de 85 argentinos en el atentado de la AMIA. Pero desgraciadamente los senadores consideraron que a esta persona hay que protegerla y que continúe en su banca. Nos encontramos con una de las tantas hipocresías del kirchnerismo”, sostuvo Villarruel.

“Mientras el senador no sea de ellos o la banca les sirva, los senadores del kirchnerismo votan siguiendo la destitución y la expulsión de un senador. Ahora, cuando se habla de ellos, como hechos tan graves como estar procesados, directamente esto no se trata”, indicó con notable disgusto.

Fuente: Clarín