El presidente del club Al Ver Verás, Fernando Metz, lamentó que el juicio que enfrenta la institución -por una suma total de 35 millones de pesos- recae sobre “una entidad que trabaja con chicos del barrio y de la periferia”. Y manifestó su preocupación por la decisión judicial y por “en qué manos están” cuando se trata de dirimir responsabilidades. De todos modos reconoció: “Es un momento triste, pero estamos dispuestos a afrontarlo”.

El juicio sobre el que resultó damnificada la institución marplatense se originó en 2008, tras un encuentro de quinta división de la Liga local. Una vez finalizado ese partido, un jugador del club Los Andes agredió a una efectiva policial en medio de una escaramuza y le fracturó el tabique.

En diálogo con El Marplatense, Metz consideró que, estando claro quién fue el agresor y a qué club pertenecía, resulta “injusto” que Al Ver Verás reciba la misma pena cuando su único rol fue poner el predio a disposición para disputar el partido. Indicó que el fallo fue apelado: la Liga quedó absuelta, la identidad del agresor no se dio a conocer y la responsabilidad quedó por definir entre Los Andes y Al Ver Verás.

Comentó que ya dialogaron con la otra parte y propusieron un plan de pagos, porque “el dinero no lo disponemos en este momento”.

En cuanto a la realidad económica que atraviesa la institución, Metz detalló que el presupuesto anual se destina íntegramente a material deportivo, vestimenta, calzado y mantenimiento de los predios. Aclaró que el club no cobra cuota, salvo un seguro, y que incluso algunos chicos no pueden pagarlo. Por eso les preocupa “cualquiera pueda hacer juicio y puede arrebatar cosas que a nosotros nos cuestan un montón”.

Además, el dirigente afirmó que ellos son solo administradores de los pocos ingresos que recibe la institución y que siempre intentan equilibrar las cuentas para mantener el predio abierto, tal como fue la misión de Carlos de los Reyes, quien durante más de 45 años transformó “un basural en un club modelo en materia de contención social”.

Respecto de cómo afrontan esta situación, Metz confía en la solidaridad marplatense. Considera que la comunidad sabe del trabajo que realizan y que “seguramente nos van a dar una mano para salir de este momento triste”. Aun en medio de la preocupación, afirmó que el motor de la institución sigue siendo la felicidad de los chicos: la posibilidad de festejar un cumpleaños, de sentirse contenidos, de acceder a “una ducha caliente que por ahí no la tienen en la casa”.

AYUDA PARA AL VER VERÁS

Desde la institución indicaron que se creó una cuenta de recaudación en la cual se van a hacer débitos automáticos durante 15 meses con un monto inicial de 5000 pesos para quien quiera colaborar. Así también está disponible la eventual donación de algún particular que quiera hacer una transferencia al alias club.alver.veras.

Metz recordó que la comisión directiva más los 30 profesores que van a ad honorem aportan su “granito de arena” para que los chicos puedan tener su entrenamiento, puedan tener su ropa también “gracias” a un grupo de veteranos que durante más de 30 aportan al club. “Es gratificante la cantidad de gente que está ayudando y te dan ganas siempre de seguir adelante”, concluyó.

La sentencia llegó tras un pedido de 50 años de cárcel por parte de la querella y de 20 años por parte de la fiscalía. Contardi, que había llegado al juicio en libertad, fue detenido inmediatamente después de conocerse el veredicto.

En la sala, efectivos policiales le colocaron las esposas y procedieron a trasladarlo. La decisión judicial marcó un cierre en un proceso que mantuvo una alta exposición pública, con el testimonio de Prandi como eje central.

Claudio Contardi será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana. El fallo se enmarca en la lucha contra la violencia de género y en la visibilización de casos de abuso sexual dentro de vínculos matrimoniales, un delito que, según especialistas, continúa teniendo un alto grado de subregistro en Argentina.

Este martes, la fiscal María Constanza Mandagarán, titular de la UFI N°4, confirmó que los dos detenidos en la causa aún no declararon y están siendo asistidos por la defensa oficial. 

“Quedan ambos detenidos y voy a pedir la prisión preventiva cuando tenga el resto de los elementos”, adelantó Mandagarán, quien explicó que restan peritar un teléfono celular secuestrado y analizar las ropas incautadas tras el hecho, en diálogo con El Marplatense. Además, aún no se le tomó testimonio al hijo del albañil, que continúa internado y no está en condiciones de declarar.

El ataque ocurrió el 21 de julio en una vivienda de Don Orione al 2300, donde Jerez, quien había vivido allí, regresó presuntamente con intenciones de robo. Según la acusación, enfrentó al dueño de casa y le disparó, provocándole la muerte. Luego hirió gravemente al hijo del hombre, quien sobrevivió pero con secuelas permanentes.

Una cámara de seguridad fue clave para identificar a los sospechosos: en las imágenes se ve una moto huyendo del lugar y una campera negra de Aldosivi, prenda que el propio Jerez había exhibido en redes sociales días antes del crimen. 

La Fiscalía sostiene que no se trató de un robo improvisado, sino de un ataque premeditado.

Un hombre de 63 años fue asesinado de tres disparos y su hijo de 28 permanece internado en grave estado tras recibir dos balazos, en un hecho que es investigado por la Justicia y que, según las primeras hipótesis, podría tener un móvil vinculado a una cuestión sentimental.

El ataque ocurrió en una vivienda particular, donde el hombre fue abordado por al menos dos personas que llamaron a la puerta y lo atacaron tras un breve forcejeo. 

El hijo de la víctima, resultó herido al salir en auxilio de su padre, tras escuchar los disparos. Recibió un tiro en el abdomen y otro en la pierna, y él mismo trasladó a su padre al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente falleció. Lucas fue intervenido quirúrgicamente y continúa internado en estado delicado en el sector de shockroom.

Desde la fiscalía informaron que ya hay dos sospechosos identificados, aunque aún se deben certificar algunos datos clave para avanzar en las medidas judiciales correspondientes. 

El joven aún no pudo declarar por su estado de salud, por lo que los investigadores esperan su evolución para sumar su testimonio a la causa.

Carlos Enrique Rodríguez fue asesinado en su almacén del barrio Las Heras y desde entonces se investigó el hecho con la colaboración de testigos y el análisis de cámaras de seguridad. El llamado al 911 alertó sobre una persona herida en un comercio ubicado en Fortunato de la Plaza y Rufino Inda. Al llegar, personal del Comando de Patrullas encontró al comerciante sin vida, con una herida de arma de fuego.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar, que se encontraba revuelto. Según testimonios, dos hombres habían estado previamente en el local y en ese momento se escuchó el disparo. La médica policial confirmó que la víctima presentaba una herida en la zona intercostal izquierda. 

La fiscal Florencia Salas explicó, en dialogo con El Marplatense, que la investigación se centró desde un principio en la posible participación de Valenzuela, quien finalmente fue detenido esta semana.

"Desde el primer momento se sospechó su participación. Pudimos juntar la prueba suficiente para pedir la detención y la jueza la autorizó. Ayer se concretó", confirmó Salas.

El hecho se dividió en dos momentos: primero, el robo dentro del comercio y luego el asesinato de Rodríguez. "Una persona quedó sobreseída, Suárez. Algarbe, el otro imputado, quedó procesado exclusivamente por el robo", detalló la fiscal.

Valenzuela fue imputado por el homicidio, al entender que tuvo un rol directo en la segunda parte del hecho, cuando dos personas permanecieron en el local y provocaron la muerte del comerciante. La investigación continuará con la toma de nuevas declaraciones y el análisis de pruebas.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó este martes a William Nahuel Pérez y Lucas Fernando Lionel Paliza por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Luis Ezequiel Mansilla y por la tentativa de homicidio agravada de otras cuatro personas. 

Ambos imputados fueron hallados coautores penalmente responsables por el tribunal, que les impuso 15 años de prisión a Pérez y 16 años a Paliza, con prisión preventiva, accesorios legales y costas del proceso. 

En la sentencia se explicó que se trató de un solo ataque con varias víctimas, por eso se habló de un “concurso ideal”, una figura legal que permite sumar todos los delitos en una única condena. 

Uno de los jueces aclaró que no compartía esa forma de encarar el caso, pero dijo que no podía modificarla porque la fiscalía la presentó así desde el inicio del juicio y cambiarla ahora afectaría a las defensas.

“Mi hijo va a descansar en paz. Yo solo quería justicia”, dijo Silvina, madre de la víctima, en diálogo con El Marplatense, aseguró que se conforma con lo decidido por el tribunal. También señaló que nunca recibió amenazas ni pedidos de disculpas por parte de los imputados ni de sus familias: “No los conocía, nunca se acercaron”.

La mujer relató que desde el primer momento supieron quiénes eran los responsables, a pesar de los intentos por desviar la investigación hacia otras personas. Agradeció el apoyo que recibió de vecinos y familiares: “Nos decían que confiáramos en Dios. Acá estamos”. 

Además, recordó que le pidió a su hijo que no se acercara a los agresores porque estaban armados. “Como mamá, uno siempre tiene miedo. Yo lo puse en manos de Dios”, concluyó.

La científica del Conicet, Luciana Teresita Bustos, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Marcelo Amarfil, durante un juego sexual. El crimen ocurrió en enero del año pasado, en la provincia de San Juan.

En aquella noche, de acuerdo a la acusación, Bustos le ató las manos al volante, le puso un antifaz, lo degolló y apuñaló seis veces.

El juicio se había iniciado el 8 de abril, pero el debate fue suspendido debido a que el juez Guillermo Adárvez tuvo un ataque cardíaco y debió ser atendido de urgencia.

A fines de abril se reanudó el juicio y hoy los integrantes del tribunal -Adárvez, Gerardo Fernández Caussi y Matías Parrón- anunciaron que, por unanimidad, condenaban a la pena máxima de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Los jueces explicaron que la mujer recibió dicha condena, ya que se pudo constatar en la investigación que eran amigos con la víctima, lo que encuadraba la acusación como un homicidio agravado por el vínculo.

“Agradezco a mi familia por el cariño. Siento un profundo dolor por los familiares de Marcelo. Quiero abrazar a Graciela (hermana de la víctima). Sigo sosteniendo mi inocencia”, expresó Bustos antes de la lectura de sentencia.

El crimen de Amarfil sucedió en la noche del 16 de enero de 2024 cuando Bustos pasó a buscar a la víctima por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

Pese a que cuando llegó un policía dijo que su amigo se había suicidado, se comprobó que se trató de un asesinato brutal.

El expediente describe cómo fueron los minutos antes de que se produjera el deceso. “En estas circunstancias, la pareja se dispuso a mantener un encuentro sexual en el interior del rodado; Marcelo José Amarfil se encontraba en el asiento del conductor, completamente desnudo, con la movilidad de sus manos reducida, debido a que tenía colocadas unas muñequeras de cuero, color marrón oscuro, con un gancho y cadena (esto es un accesorio sexual y/o erótico); además, se encontraba sin poder ver, toda vez que tenía sus ojos cubiertos con un antifaz de tela negra (similar a los que se usan para dormir), mientras que Luciana Bustos se encontraba en el asiento del acompañante”, relata la reconstrucción del caso.

Según los detalles revelados por la investigación, Bustos habría aprovechado el momento de vulnerabilidad de Amarfil para tomar un cuchillo, el cual había afilado días antes, y aplicarle seis cortes. Una de las heridas fue en el rostro y otra en el cuello, lo que resultó ser fatal debido a que “seccionó completamente la arteria carótida primaria derecha, además de vasos y arterias”.

El hombre logró romper el elemento que lo mantenía atado al volante y, gravemente herido, salió del vehículo e intentó huir a pie, pero finalmente perdió la vida junto a su auto debido a un shock hipovolémico.

Un policía que realizaba una recorrida de seguridad de rutina por la zona, se encontró con Bustos, quien estaba sin remera, en ropa interior y con un líquido de color rojo en sus manos. “Mi amigo se mató, se mató con un cuchillo”, le manifestó.

En tanto, el abogado de la acusada, Néstor Olivera, aseguró que el ataque fue en legítima defensa ante un intento de abuso sexual de parte de la víctima. “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”, sostuvo.

Fuente: Infobae

El fiscal Carlos Fioriti solicitó 14 años de prisión para Rubén Omar Rivas, el enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente y maltratar a otras dos en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) de Mar del Plata. 

“Recién finalizó el alegato de clausura. Tenemos por comprobado que Rivas abusó sexualmente de una de las víctimas en 2021, cuando estaba internada tras sufrir un ACV. El hecho fue calificado como abuso sexual gravemente ultrajante”, sostuvo Fioriti. También lo acusó de haber ejercido malos tratos, delito de vejaciones, contra dos pacientes en 2017.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima enviada por una enfermera de la institución, quien decidió dar aviso a la fiscalía a través de un correo electrónico. El expediente tramitó en el fuero federal por tratarse de un instituto de carácter nacional.

En cuanto al estado actual del acusado, Fioriti explicó: “Rivas estaba con arresto domiciliario, pero el año pasado el fiscal Pitigiani pidió su revocación. El tribunal lo aceptó y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz”.

El juicio continúa esta semana con el alegato de la defensa, a cargo del doctor Verdi. La audiencia de últimas palabras está prevista para el miércoles 21 de mayo, y luego el tribunal dará a conocer el veredicto.

“El proceso fue relativamente rápido. Declararon muchas testigos: enfermeras, médicas clínicas, psiquiatras y también pacientes, pese a las dificultades para comunicarse que tenían muchos de ellos. Una de las víctimas, que testificó recientemente, falleció hace dos días. Quiero hacer públicas mis condolencias a su familia. Su esposa me escribió: ‘Espero que su testimonio haya servido’”, dijo el fiscal.

Consultado sobre la responsabilidad del INAREPS, Fioriti aclaró que no es materia de este proceso, aunque reconoció que podría derivarse en una demanda civil: “El imputado era enfermero de esa institución. No sabemos si fue despedido formalmente, pero con esta condena su situación quedaría definida”.

Por último, el fiscal aseguró: “La fiscalía no tiene ninguna duda. Cuando acusamos, lo hacemos porque tenemos certezas. La prueba fue clara: Rivas cometió los hechos. Y en nuestra opinión, va a ser condenado”.

Melody Giselle Mercolli fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para conducir, tras ser hallada culpable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor.

Según el fallo judicial, Mercolli creó un riesgo jurídicamente desaprobado por la norma, riesgo que se plasmó en el resultado típico de la muerte. En la sentencia, se citó la obra del jurista Cancio Meliá sobre imputación objetiva para sostener que el largo lapso entre la conducta peligrosa y el desenlace no elimina la responsabilidad del sujeto: “Los inconvenientes procesales que puedan derivar del gran lapso de tiempo entre la conducta del sujeto y la lesión no pueden hacer desaparecer el vínculo entre riesgo y resultado”, se lee en el fallo.

La autoría de Mercolli quedó acreditada en base a su propia declaración, y no se hallaron eximentes penales que redujeran su responsabilidad. No obstante, el tribunal valoró como atenuantes su pedido de disculpas, la ausencia de antecedentes, el buen concepto vecinal y un informe socioambiental que da cuenta de una vida marcada por adversidades: sufrió maltrato materno en su infancia, atravesó una relación con violencia de género y actualmente sostiene sola la crianza de seis hijos.

“Se advierte una dinámica familiar compleja con una significativa carga de responsabilidad parental”, sostuvo el fallo. También se valoró positivamente que la imputada reanudó un tratamiento psicológico online, lo que fue considerado un signo de conciencia sobre su bienestar emocional y la necesidad de reflexionar sobre sus actos.

Entre los agravantes, el tribunal subrayó “la extensión del daño causado”: la muerte de un padre, un hijo y un esposo para su familia. Sin embargo, no se consideró la supuesta falta de empatía señalada por la fiscalía, al no haberse desvirtuado el acercamiento que la acusada afirmó haber intentado hacia los familiares de la víctima.

La jueza remarcó que la conducción negligente fue el único factor determinante en la muerte de Sierra y que Mercolli, pese a conocer el riesgo, optó por realizar la maniobra que terminó en tragedia. En ese sentido, se determinó que “el componente que requiere el tipo culposo está plasmado en la muerte de Sierra”, y que no hubo ninguna acción externa que contribuyera al resultado fatal.

Además de la pena condicional y la inhabilitación, se establecieron reglas de conducta por el mismo plazo de la condena: fijar domicilio, presentarse cada cuatro meses ante el Patronato de Liberados, realizar un curso de manejo defensivo a través del municipio y continuar con el tratamiento psicológico, como medida para reforzar el respeto por el bien jurídico vida.

“El fin de resocialización de la pena debe incluir una reflexión sobre cómo nuestras conductas inciden en la vida del otro”, concluyó la sentencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata sentenció a Luis Itzcovich, José Vergara y Fernando Romito por el asesinato del DJ Leandro "Lele" Gatti en la salida de un boliche en el 2021. Las penas van de los 13 años a los 15 años de prisión.

Tras el fallo, Miguel Gatti, padre de la víctima, declaró que "los jueces dieron el fallo y lamentablemente los damnificados somos nosotros. Vamos a seguir luchando".

Por este motivo, "trataremos ahora de que el Tribunal rinda, no sé en qué instancia, buscar que rindan los 13 años de impunidad que le da a esta gente. Con seguridad a los 10 van a estar afuera", indicó.

Asimismo, reiteró que "la lucha vamos a seguirla, murió una persona y este tribunal con semejante desfachatez le fija 13 años a asesinos que merecen perpetua. Ya tenemos que regularnos con las nuevas leyes y este tribunal con la mayor de las caras dice que realmente la pena son 13 años con el atenuante y todo lo que pidió la abogada defensora de la muerte".

En otro orden, aseguró que "la abogada que defendía a estos asesinos, es coparticipe también. Y los argentinos estamos con todo esto encima, lamentablemente aceptamos y estamos todos sentados. Ojalá que a ninguno de ustedes, ni a estos tres señores que dictaminaron la Ley y la Justicia, les pase lo que nos pasó a nosotros y lo que estamos viviendo".

"Hace tres años y medio que mataron a mi hijo porque sí y todo sigue igual. Acá adentro, afuera, a la vuelta, en todos lados", agregó.

Tras la lectura de la sentencia, y por la reacción que tuvo la familia, el Juez Sueyro invitó a hablar al padre de Lele, al respecto señaló que " con la caradurez de dar 13 años a los asesinos y delincuentes, dijo que podíamos hablar. ¿Qué vamos a hablar?, si hay una impunidad sentada acá con este Tribunal que realmente no condena nada. Ya bajamos la perpetua a 25 años, después a 21 y ahora a 13".

"¿A dónde vamos a llegar como ciudadanos, como país, mientras tengamos esta gente que hace justicia de esta forma?", concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata sentenció a Luis Itzcovich a 13 años y seis meses de prisión, a José Vergara a 15 años y Fernando Romito a 14 años por el asesinato del DJ en 2021. 

Al respecto, Cristian Ford, abogado de Itzcovich, declaró en diálogo con El Marplatense que desde su perspectiva "es una sentencia justa, en principio porque en todo momento mi cliente se ajusto al derecho, colaboró, contribuyó y demostró su arrepentimiento ante los padres de Lele y esto es muy importante". 

Por otro lado, aseguró que "en ningún momento esta defensa ha tenido actitudes de evadir la responsabilidad, en todo momento se trabajó que mi cliente cometió un error, en un estado de situación desesperante y lamentablemente en ese error Lele perdió la vida". 

Además resaltó que según las pruebas presentadas anteriormente, "yo creo que no llegaban a resolverlo, fue fundamental la declaración de Itzcovich. Quiero rescatar el trabajo del Tribunal, se vio cómo se labura en una casa de Justicia y quiero destacar el trabajo de todos los defensores que siempre mantuvieron una situación de respeto hacia la familia de Lele y la memoria". 

El ex diputado del partido Activar, Germán Kiczka, fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil.

Mientras tanto, su hermano Sebastián recibió años 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Así lo resolvieron los jueces del Tribunal Penal N°1, Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, quienes dieron a conocer su veredicto en una audiencia que se extendió por más de 12 horas, en la ciudad de Posadas.

Durante la audiencia realizada hoy, los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka mostraron como prueba que los acusados tenían computadoras con más de cien archivos.

La gran cantidad de pruebas, según precisaron en el final de la exposición, fue clave para incrementar la pena que solicitaron. La fiscalía había pedido 15 años de cárcel para el ex legislador, mientras que para su hermano solicitó 12 años.

Fuente: Noticias Argentinas y TN

Fue condenado un hombre de 34 años por haber abusado sexualmente de su sobrina y haber obligado al hermano de la menor a sacar fotos durante la violación. En un juicio abreviado realizado en el Tribunal 4 de Mar del Plata, RR recibió una pena de diez años de prisión por el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por haber sido cometido con violencia, ambos en concurso ideal”. 

Los hechos por los que el juez Gustavo Fissore condenó a RR ocurrieron en febrero de 2021 en Balcarce y fueron investigados por el fiscal Rodolfo Moure. De acuerdo con la hipótesis, probada luego en el debate, los abusos se cometieron en el interior de una verdulería que poseía el padre de las víctimas, cuando en una oportunidad quedó el hombre solo con sus sobrinos.

El condenado ejerció fuerza física sobre la niña y el hermano de ella, que intentó acudir en su ayuda, pero el hombre lo golpeó en la cabeza y lo tiró contra una pared. Luego, lo obligó a que tomara fotografías mientras violaba a su hermana y, para que lo hiciera, amenazó con matar a sus padres si contaban lo sucedido.

Según el fiscal, “dicha práctica abusiva, por su naturaleza prematura y perversa al obligar a que el hermano de la víctima extraiga fotografías mientras abusaba de su hermana, tuvo la connotación para generar una indebida interferencia en el proceso de formación de la sexualidad de la víctima con capacidad de degenerar o depravar sexualmente a esta”.

La víctima del abuso sexual narró con precisión las circunstancias

Este caso tuvo como circunstancia extraordinaria que contó con un testigo, que a su vez también fue víctima y pudo declarar. En Cámara Gesell, la víctima del abuso narró con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultara abusada. La niña describió que su tío la abusó un domingo a la mañana en el interior de la verdulería y que su hermano fue testigo presencial de todo, aunque aclaró que no era la primera vez que su tío abusaba de ella. Además de los testimonios de las víctimas, un amigo del agresor declaró que el imputado le confesó el abuso sexual.

Fuente: DIB

A poco más de un año de que el Tribunal N°2 dictara la condena de 10 años de prisión, en el segundo juicio realizado tras la anulación de la primera sentencia, la docente del colegio Gianelli y Fleming, Analía Schwartz fue absuelta por el Tribunal de Casación Bonaerense por los casos de abuso sexual y corrupción de menores.

La denuncia había surgido en el jardín de infantes de las instituciones durante el año 2012 y 2013.

En el año 2017 se llevó a cabo el primer juicio en su contra que terminó con una absolución de la maestra. Sin embargo Casación resolvió anular la condena y se llevó a una nueva instancia judicial. 

El fallo implicó una condena de 10 años que se emitió en enero del 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata por un caso de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado” y por nueve de “promoción a la corrupción de menores”.

Al revisar la sentencia, Casación resolvió anular la condena y confirmar la absolución de Schwartz por todos los casos acusados tras considerar que las conclusiones incriminatorias “no encuentran sustento suficiente en la prueba meritada”. 

En diálogo con FM 99.9, Patricia Perelló, abogada de la docente acusada, contó que “estaba pensando que pasaron 11 años desde el comienzo de este calvario para que después de 11 años el Tribunal de Casación diga exactamente lo que siempre fue: una creencia de los padres falsa, alentada por la palabra de una mujer que por una interpretación que hizo un nene de 8 años de los dichos de su hermanito, termina armando todo esto junto a un grupo de personas exacerbado”.

Asimismo, destacó que “también fue incitado por los psicólogos que consultaron y los abogados. Yo estuve del día cero, conozco cómo declararon los padres en su primera oportunidad, cómo fueron rectificando el vector en la siguiente y cómo en este segundo juicio oral también fueron modificando los dichos siempre para su beneficio”. 

Por lo que “la sentencia de Casación es impecable, en cuanto desmenuza cosa por cosa la actuación de la licenciada Catera, el apartamiento de la licenciada Manterola, que es la que naturalmente debió haber actuado por ser la perito de Mar del Plata con 10 años de experiencia menores, y fue reemplazada por una que hasta el año anterior había estado trabajando con detenidos porque era oficial del Servicio Penitenciario”. 

Entre las irregularidades, se refirió “al modo de cuestionar del particular damnificado, a las peritos nuestras le preguntaban por sí o por no como si fuera tan fácil en un tema psicológico dar una respuesta así y no le permitían contestar de otra manera” 

“Esto el tribunal lo permitió, la agresión de la fiscal Florencia Salas a los peritos, incluso aquellos que había citado ella misma”, continuó 

De modo que “hoy el Tribunal de Casación después de 11 años pone blanco sobre negro y dice señores, esto fue así. Empezó porque una madre interpretó el juego del hijo, llamó a medio mundo, interrogaron inapropiadamente a los chicos que nunca dijeron nada, había mucha presión por parte de los padres para que hablaran”. 

Respecto al accionar de la parque querellante que fue arduamente cuestionado, contó que “hay denuncias hechas por las peritos que fueron tan maltratadas ante la procuración y control judicial de la corte. Al igual que Mariano Nino, uno de los de las personas que elaboró la guía de la buena práctica de UNICEF, que fue tratado de una manera vergonzosa”. 

Sin embargo, la importancia en este momento radica en que los padres “se sientan contentos de que hay alguien que explica claramente que sus hijos no sufrieron ningún abuso y que estos jóvenes escuchen lo que estoy diciendo para se den cuenta que los padres se equivocaron”. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 decidió esta tarde condenar a Rafael Inglera a 20 años de prisión, por haber matado a su pareja Nancy Segura de una puñalada en el 2017. Anteriormente, en un juicio por jurados había sido encontrado culpable del crimen.

En diálogo con El Marplatense, la hermana de la víctima Yesica Segura manifestó que, si bien esperaba perpetua por considerar el hecho un femicidio, siente "alivio". "Voy a abrazar a los hijos de Nancy y les voy a contar que su mamá va a descansar en paz", dijo.

"Va a ser un alivio para los hijos, los va a ayudar a que crean en la justicia, porque ellos ya no creían, pensaban que Inglera iba a salir libre", continuó. Sobre la familia del culpable, expresó: "Siempre nos insultaron, pero eso demuestra lo que son, porque nosotros lo único que pedíamos era justicia".

La familia de Nancy estuvo acompañada por varios familiares de víctimas de femicidios y otros delitos. Una de ellas fue Marta Montero, la madre de Lucía Perez, quien manifestó: "Las víctimas estamos cada vez más juntas porque eso es lo que nos ayuda a sanar, a seguir y a tener más fuerza".

"En el caso de Nancy fue el pueblo el que no supo ver que esto era un femicidio, porque se ha naturalizado la violencia de tal manera que la gente cree que es normal pegarle a una mujer, insultarla, apuñalarla", agregó. En ese sentido, consideró que el juicio por jurados "no estuvo bien hecho" por esa razón. "Esto fue un femicidio, y un femicidio se llama cadena perpetua", dijo.

"Creo que el antes y el después que fue el asesinato de Lucía nos cambió la cabeza y forma de ver y hacer la justicia, ya no podemos esperar a que el poder judicial nos dé justicia, tenemos que salir a buscarla", concluyó.

La sentencia del juicio por estafas al falso analista de mercado a futuro Daniel Viglione se dictará este viernes, desde las 9. El monto defraudado por el que se lo acusa asciende a casi cinco millónes de dólares.

La defensa de Viglione pidió su absolución, por no ser típica la figura de la estafa o, subsidiariamente, que se lo condene por estafas reiteradas en concurso ideal. La defensa de María Larsen, apuntada como socia, también solicitó una absolución.

En tanto, la fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión por estafas millonarias, comprobadas en 74 casos. Asimismo, para la presunta socia, María Larsen, pidieron cuatro años y ocho meses.

La causa contempló un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El falso asesor económico Daniel Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

Hoy finaliza el juicio que busca "saber la verdad" por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin. Tras siete audiencias -en las que prestaron declaración indagatoria médicos, enfermeros, peritos, directivos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo y familiares de Débora- finalmente se espera que hacia la tarde se conozca el veredicto.

La última audiencia del juicio oral y público que se está desarrollando en la Sala de los Derechos Humanos del Palacio de Tribunales comenzará a las 8:30 con los alegatos, que es la instancia donde cada parte expone sus fundamentos y pide una pena para los imputados.

Primero será el turno de la querella. Luego de la fiscalía. Y por último, de las defensas del endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesióloga Nélida Puente.

Según lo informado en el sitio Será Justicia de la periodista Lorena Maciel, la familia de Pérez Volpin invita a acompañar el alegato final. El pedido lo realizó la pareja de la legisladora Ernesto “Quique” Saco para que “en la medida que quiera, pueda y no estén trabajando en ese horario” puedan acompañar el alegato final del abogado de la familia, Diego Pirota.

Bialolenkier y Puente están imputados por el delito de "homicidio culposo", que tiene una pena máxima de 5 años de prisión y hasta 10 años de inhabilitación profesional.

¿Qué pena pedirá cada parte?

Por el momento, es un misterio. "No lo sabemos, ni de la fiscal ni de nosotros. Sin dudas que va a ser alto", dijo el viernes a Clarín Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin.

"Siempre sostuvimos que son responsables y queremos que se dé esa atribución de responsabilidad. ¿Con qué condena? Con la condena justa. No tengo duda que estoy más cerca del máximo (cinco años de prisión) que del mínimo (un año de prisión)", sigue el abogado. Del otro lado, Pirota estima que las defensas de ambos imputados pedirán la absolución.

Fuente: Clarín

Luego de conocerse este viernes la condena a 6 años de prisión para Federico Sasso por el homicidio culposo agravado de Lucía Bernaola, el abogado defensor del joven de 20 años, Facundo Capparelli, se mostró conforme con la calificación del hecho aunque sorprendido por la máxima pena que le aplicaron.

"Tengo que hacer un análisis de los fundamentos del fallo, pero puedo adelantar que estoy conforme con la calificación del hecho, no correspondía el homicidio con dolo eventual. Tengo que analizar la magnitud de la pena, que fue la máxima de un homicidio culposo. No es lo que uno esperaba porque no aplicaban todos los agravantes", dijo el letrado en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

El Tribunal Criminal Oral N°1 de Mar del Plata-integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Juan Manuel Sueyro- dejaron de lado la figura del dolo eventual, que prevé una pena mucho más dura que el homicidio culposo. Además, los magistrados solo aplicaron uno de los tres agravantes solicitados por la fiscalía y las querellas. 

"El Tribunal hizo lugar a las dos objeciones que planteamos. Declaró inoponible el test de alcoholemia y no dio por probada la transgresión del máximo de velocidad permitida. Solo aplicó la culpa temeraria. El Tribunal respetó el principio de legalidad y no cedió a la presión que existía para que se aplique un tipo penal mucho más grave, en el que hay intención de matar", manifestó Capparelli.

Según el fallo, Sasso continuará gozando del beneficio de arresto domiciliario hasta tanto la sentencia quede firme. "Ese es un criterio unánime de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial de Mar del Plata", destacó.

La prisión domiciliaria bajo la que está Sasso desde hace 2 años va a ser computada como parte de su condena, por lo que en dos años -cuando se cumplan 2/3 de los 6 años a los que fue sentenciado- su defensa podrá pedir que se le otorgue el régimen de libertad condicional. "Tiene una pulsera electrónica en el tobillo que monitorea sus movimientos y tiene un límite municipal calibrado", explicó el abogado.

"No pude hablar con él después de la lectura del fallo. Pero él sabía que lo iban a condenar, porque nunca planteamos la absolución. Está muy mal, sigue bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico", aseguró.

Asistencia: Lorena Netti.

Puesta de luces y técnica: Yvo Barki Yeomans Diseño de imagen: Carpincho López