La oposición no logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados de la Nación para avanzar en la sesión especial destinada a tratar dos proyectos clave: la reducción de retenciones y modificaciones a la ley de DNU. La sesión, marcada por un fuerte intercambio de opiniones, se levantó en medio de un escándalo.

Como se indicó, la oposición no alcanzó los dos tercios requeridos para debatir el proyecto de financiamiento universitario. Ante este escenario, propusieron emplazar a las comisiones para el 8 de julio. Con 142 votos positivos, se evidenció un respaldo significativo para aprobar esta iniciativa, aunque los 90 votos negativos fueron suficientes para sostener un eventual veto del Gobierno.

Por otro lado, se decidió enviar a comisión el proyecto de financiamiento universitario y la ley de emergencia del Hospital Garrahan, ambos resistidos por el oficialismo debido a su impacto fiscal. Estas propuestas generaron fuertes debates sobre su viabilidad económica.

Durante la sesión, la legisladora Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, protagonizó un encendido discurso. Criticó duramente al Gobierno, calificándolos de “estafadores” y “hambreadores”, y afirmó que “se metieron la Constitución en el c... cuando proscribieron y encarcelaron a la dirigente más importante del país”. 

Además, advirtió: “Vamos a volver. Va a llegar el día y no van a poder caminar por la calle”.

Las declaraciones de Moreau desencadenaron un fuerte cruce de gritos e insultos entre legisladores, con algunos levantándose de sus bancas. Este clima de tensión puso en riesgo la continuidad de la sesión, que finalmente fue suspendida.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires no logró sesionar hoy para debatir un proyecto kirchnerista impulsado por el senador Luis Vivona, que busca eliminar la prohibición de reelección indefinida de legisladores provinciales. La sesión, que no alcanzó el quórum necesario, quedó suspendida tras intensas negociaciones y un cuarto intermedio sin horario definido.

El debate, centrado en la modificación del artículo 13 bis de la Ley 5109, que habilita la reelección indefinida de senadores y diputados, pero no de intendentes, generó fuertes críticas de la oposición. La sesión se frustró por segunda vez consecutiva, tras un intento fallido la semana anterior, debido a la ausencia de compromiso de legisladores alineados con el gobernador Axel Kicillof y el dirigente Juan Grabois.

Pasadas las 18:20, la senadora Teresa García, del bloque oficialista, informó la falta de quórum y lamentó la actitud de la oposición, integrada por el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza. “Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, afirmó García, acusando a los presidentes de las bancadas opositoras de negarse a debatir.

Desde el bloque del PRO, un senador confirmó su rechazo al proyecto, destacando una estrategia conjunta con la UCR y La Libertad Avanza: “La tarea de juntar el quórum era de ellos y no lo lograron. Si lo hacían, nosotros bajábamos a discutir”. 

Por su parte, el titular del Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, argumentó que iniciativas como esta “alejan a la política de la gente” y pidió priorizar temas como inseguridad, educación y salud. En la misma línea, la senadora Sofía Vanelli, del Frente Renovador, expresó en redes sociales: “Votar a favor sólo nos pone más lejos de la gente. Ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política”.

Por otro lado, un proyecto paralelo presentado por la senadora Ayelén Durán, que incluye a los intendentes en la reelección indefinida, también espera tratamiento. Este se enmarca en un acuerdo entre Kicillof y jefes comunales que buscan modificar la ley aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Fuente: con información de TN

Tras una tensa reunión de Labor Parlamentaria, los principales jefes de bloque del Senado -salvo el kirchnerismo- y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, decidieron posponer la sesión pensada para mañana, que se realizará el jueves de la semana próxima.

Así, el Gobierno gana algo de tiempo y se dilatará la sanción del proyecto que blinda el presupuesto universitario, las modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre millonarios fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La definición de esta cuestión, que generó 48 horas de un clima muy espeso en el Senado, tuvo en el centro del problema a una Unión Cívica Radical (UCR) cada vez más dividida y conflictiva que, sin embargo, ayudó esta tarde a La Libertad Avanza. Desde ayer, la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi y que tiene en sus filas al titular del partido a nivel nacional, el porteño Martín Lousteau, puso reparos -de manera insólita- al acuerdo sobre la BUP que ellos mismos empujaron desde julio pasado.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, la UCR validó la idea de posponer la sesión junto a otros espacios y dejó en soledad al kirchnerismo, que pujaba para sancionar la ley educativa y rechazar el DNU relacionado con inteligencia. El deseo del Frente de Todos también es evitar la BUP y seguir con la clásica boleta sábana. En el encuentro de esta tarde, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, tuvo fuertes cruces con el presidente provisional de la Cámara alta, el puntano Bartolomé Abdala.

El proyecto que refuerza las partidas fue dictaminado ayer, en las comisiones de Educación, y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa cuenta con la aprobación de Diputados y el Gobierno ya deslizó que está dispuesto a vetarla.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Una oposición unida rechazó los argumentos del oficialismo -los libertarios incluso sugirieron que implicaría un gasto mayor, tras números acercados por el Ministerio de Capital Humano- y dijo que el proyecto representa el mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades.

La ley impone actualizar los créditos destinados a las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

El objetivo es devolver la iniciativa en segunda revisión a la Cámara baja lo más rápido que se pueda -pierde estado parlamentario el último día de febrero próximo- y avanzar con un cambio institucional de relevancia en cuanto al sistema electoral que, en principio, adoptaría el modelo mendocino por sobre el cordobés.

Ambas provincias realizaron varios comicios sin problemas y aplican una sola papeleta para todo. Son bastante similares. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo, el sistema cuyano presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.

Para el consenso fueron importantes los modelos impresos que el Gobierno proveyó al senador del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien se encargó de preparar un texto final y lo circuló entre legisladores dialoguistas. 

De esta manera, la ley de BUP no tendrá la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que el proyecto del Congreso no tiene para las PASO. Un pedido de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores, que son claves junto a otros senadores para sellar el acuerdo. Los últimos también están a favor del modelo cuyano, que da mayor visibilidad a los partidos en la papeleta.

El proyecto aún genera fricciones por la llamativa disidencia que apareció ayer gracias a la UCR, que informó al oficialismo que no podía contar con los votos de todo el bloque. Las acusaciones entre los propios legisladores del centenario partido fue constante en las últimas horas, con reuniones entre senadores donde se habla de una cosa y después, por picardías usuales de dos o tres actores, se ejecuta otra.

La norma del Ejecutivo, que destinó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ya fue rechazado por Diputados y la Cámara alta tienen en sus manos el destino del mismo. El Congreso podría tomar una acción de este tipo por primera vez desde 2006, cuando se reglamentó la ley que, en su momento, impulsó como legisladora Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae

En una maratónica audiencia pública que duró más de ocho horas, el juez federal y candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, argumentó sin fisuras su postulación al máximo tribunal de Justicia del país y dependerá ahora de la anuencia de los integrantes de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta para que su pliego primero obtenga dictamen -quedó habilitado para ser firmado- y llegue al recinto, donde precisará los dos tercios de votos de los presentes para que su designación, realizada por el Gobierno libertario de Javier Milei, quede activa.

Lijo no sólo blindó con argumentos jurídicos sus actuación en distintos fallos en los que estuvo involucrado y de notoriedad pública, sino que además respondió sobre la cuestión de género en la justicia, tratados internacionales con rango constitucional, federalismo y coparticipación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación de la Corte, mejora en la tramitación de procesos para evitar dilaciones, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dolarización y la potencial baja de edad de imputabilidad de menores, entre otras cuestiones.

El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico. Casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.

Los pocos cruces que se dieron entre los senadores y Lijo fueron manejados con sobrado oficio por la legisladora del PRO y presidenta de la comisión de Acuerdos, la porteña Guadalupe Tagliaferri. Un trabajo exhaustivo previo junto a su equipo de trabajo permitió el desarrollo de una audiencia pública sin estridencias y acorde a la importancia de lo que está en juego a nivel institucional.

En cuanto a los principales puntos que tocó Lijo, sobre los objetivos para mejorar la Justicia, dijo que la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.

Y sobre su ampliación, aseguró que “no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”.

En otro orden de temas, se expresó sobre la dolarización dejando en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

También hizo mención a temas de género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo y también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

Consultado sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.

También hizo referencia a las acusaciones en su contra al señalar que “no voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

También hubo un apartado para las retenciones, al señalar que “creo que los derechos de exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”.

Fuente: Infobae

La primera sesión extraordinaria del año de la Cámara de Diputados bonaerense unió los reclamos de los principales bloques opositores por la critica situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Por caso, La Libertad Avanza con el marplatense Alejandro Carrancio a la cabeza, presentó un proyecto en el que solicitó un informe sobre los distintos aspectos relacionados con los retrasos en los pagos de prestaciones a distintos centros de salud por parte del IOMA.

El conflicto de #IOMA debe resolverse de inmediato

Pareciera que @Kicillofok no está dispuesto a dar respuesta a los problemas de la provincia, pero sí a ir a una marcha contra el gobierno nacional porque eso garpa.

Liberalizar la elección de la prestación, es clave para que,… pic.twitter.com/bNRgDMneHR

— Alejandro Carrancio (@alecarrancio) February 21, 2024

En tanto que, el jefe de bloque de Acuerdo Cívico (UCR+GEN) de la Cámara de Diputados bonaerenses, Claudio Frangul, solicitó realizar una auditoría externa anual y permanente sobre la Institución.

Vale recordar que, en la antesala a la sesión extraordinaria, Homero Giles mantuvo una reunión con los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados bonaerenses con el fin de darles explicaciones a los partidos opositores sobre la situación del IOMA y apaciguar las aguas en la Legislatura bonaerense. Pero el efecto fue el contrario.

“Lo de IOMA es de una situación de una emergencia y una catástrofe nunca vista. Hoy la obra social pasa por una de las peores crisis que se tenga recuerdo en la historia y no lo pueden tapar” sostuvo el diputado bonaerense del PRO, Fernando Rovello autor de uno de los proyectos que se presentaron en torno a la crisis del IOMA.

En el marco de una sesión ordinaria, el Concejo Deliberante tratará este jueves el proyecto de ordenanza del bloque de concejales de Acción Marplatense que propone delegarle la facultad al Ejecutivo local para fijar la tarifa del transporte público de pasajeros en el distrito de General Pueyrredon.

En ese contexto, el presidente del bloque de ediles de AM, Horacio Taccone, volvió a exigir esta semana que “los gobiernos municipal y nacional se pongan de acuerdo en materia de transporte para terminar con la discriminación” y recién después utilizar facultades para fijar boleto.

Taccone explicó que "los porteños reciben tres veces más subsidio que los marplatenses. El subsidio es nacional y Mar del Plata no debe ser discriminada".

Y continuó: "el intendente Montenegro junto con el Frente de Todos deben hacerse responsables de una vez por todas para que el boleto en Mar del Plata no cueste tres veces más que en Capital Federal".

Para finalizar, el concejal opositor remarcó que "el contexto inflacionario merece por parte de los gobiernos municipal y nacional que se contemplen en primer lugar terminar con la discriminación del boleto más barato para los porteños, y sólo después los cambios en los costos".

Por su parte, la CGT y la CTA local cuestionaron la posibilidad del aumento del boleto. “Las tres centrales, la CGT, la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma, estamos rechazando la posibilidad de un nuevo aumento”, mencionó Adriana Donzelli desde la CGT.

Por su parte, la Secretaria General de la CTA, Graciela “Gachi” Ramundo, expresó que “le pedimos al Intendente  que piense en los trabajadores que somos, también, los que sostenemos la economía marplatense. Los recorridos están pensados para el centro". "El año pasado presentaron un proyecto que tuvo un amplio debate en el Concejo Deliberante que fue rechazado”, destacó.

Desde la CTA Autónoma, el secretario Diego Lencinas remarcó: “Para poder solucionar esto se necesita voluntad política por parte del Ejecutivo para modificar esta situación”.

Este jueves, la oposición conformada por los bloques del Frente de Todos y Crear Juntos presentó una nota solicitando la realización de una sesión especial a convocarse el próximo lunes para tratar el expediente de Fotomultas. El escrito lleva la firma de 11 ediles, con la excepción de los de Acción Marplatense.

"Pedimos a la Presidencia del Concejo Deliberante esta sesión debido a la gravedad que implica el expediente. A raíz de la grave irregularidad que todo el mundo conoce, nos preguntamos por qué recurrieron a estos hechos, y a este tipo de tratamiento del tema. Tenemos que saber qué pretenden de fondo el oficialismo y la gestión de Montenegro con esto, ya que nos llama mucho la atención su apuro", sostuvo Marina Santoro.

Al respecto, agregó: "Las fotomultas aún no han sido aprobadas por este Cuerpo, y aún así vemos que ya se están colocando en distintos puntos de la ciudad. A muchos vecinos y vecinas esto les ha llamado la atención, a nosotros también. ¿Cómo puede ser que apliquen algo que aún no fue avalado de manera formal? No podemos dejar pasar estas cosas, tenemos que destacar la importancia de que los expedientes pasen por el Concejo y cumplan con el paso legislativo necesario".

En ese marco, Santoro cuestionó la falta de transparencia en este proceso, y subrayó: "Por eso, desde la oposición junto con Crear Juntos pedimos explicaciones y creemos fundamental convocar a una sesión extraordinaria para que el oficialismo y la gestión de Montenegro nos explique a nosotros y a todos los vecinos y vecinas qué hay de fondo".

En el marco de una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó, por mayoría, un expediente clave para la continuidad del servicio del transporte público de pasajeros en General Pueyrredon. 

Este jueves, tal como lo había anticipado El Marplatense, se sesionó bajo una modalidad especial, con la presencia en el recinto de los presidentes de los distintos bloques políticos y el resto, vía zoom, como vino sucediendo desde el inicio de la pandemia.

En este caso, los concejales presentes, además del presidente Ariel Martínez Bordaisco fueron Vilma Baragiola (UCR), Marcos Gutiérrez (Frente de Todos), Horacio Taccone (Acción Marplatense) Ariel Ciano (Frente Renovador) Nicolás Lauría (Vamos Juntos) y Angélica González (Coalición Cívica).

Uno de los puntos más relevantes de la sesión estaban relacionados con el transporte público de pasajeros: un único Expediente con varios puntos que traían dictamen de las comisiones con seis artículos para poder evitar una crisis del servicio, ya que el próximo 19 de junio se vence el contrato actual con las empresas.

Al cabo de varias discusiones e intercambio de opiniones y chicanas, algo que vino siendo una temática a lo largo del último tiempo, el expediente tuvo aprobación por mayoría con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio, Acción Marplatense y Agrupación Atlántica. Mientras tanto, el Frente de Todos y el Frente Renovador votaron de manera negativa. 

De este modo, se aprobó un proyecto de ordenanza con seis artículos, uno de los cuales encomienda al jefe comunal a “tomar todas las previsiones legales y administrativas correspondientes en el marco de la normativa vigente” como indica uno de los artículos.

Además, se facultó al intendente Montenegro "a fijar la tarifa del transporte hasta el 31 de diciembre". E incluye, además la declaración del estado de Emergencia en el servicio por el término de un año, prorrogable por igual período por el Ejecutivo.

En comisiones, Acción Marplatense logró incluir -con el respaldo del oficialismo local- dos artículos al Expediente, en la búsqueda del consenso para que se gestionen, de firme, los recursos para que General Pueyrredon pueda ser equiparado al AMBA en los subsidios y, así, lograr un impacto menor en el precio del boleto. Esta decisión tuvo luego adhesión de distintos sectores.

Ahora, el intendente Guillermo Montenegro ya tiene la herramienta de la facultad del incremento de la tarifa del transporte para lo que resta del año. No es algo nuevo en el Municipio.

Ante ello, cabe señalar que de acuerdo al estudio técnico que elaboró la Subsecretaría de Movilidad Urbana, el boleto debería valer $ 93,69, sobre los $35,24 que cuesta actualmente. Pero, desde el Ejecutivo local se encargaron de remarcar que ese monto "no es el que pretendemos ni el Intendente ni ninguno de los funcionarios", recalcó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti y refrendó el titular de la comisión de Movilidad Urbana del HCD, Agustín Neme.

Las comisiones de Educación y de Deportes del Concejo Deliberante decidieron realizar su próxima sesión este martes en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N°1, al cumplirse un año de tener su pileta cerrada por falta de suministro de gas.

Además de abordar otros expedientes, la reunión tendrá como eje la problemática que afecta a la institución ubicada en Patricio Peralta Ramos al 2200 para tratar de consensuar alguna solución, teniendo en cuenta que hay 3500 alumnos y 40 escuelas estatales sin actividad.

Ana Jofre, directora del CEF, había dialogado días atrás con El  Marplatense y expresó: “Hace poco me contestaron una nota y me detallaron el nombre de la empresa que iba a a llevar a cabo las obras pero no se qué pasó, hasta el momento no hemos tenido respuesta de las autoridades".

“Tuvimos una denuncia anónima y el 16 de abril de 2018 vino Camuzzi y nos bloqueó el medidor, sin esperar los 10 días de plazo para detectar la pérdida. Retiraron el medidor y seguimos sin respuestas”, aseveró la responsable del centro educativo.

El paro del transporte público de pasajeros por la noche cumplirá su noveno día este martes y mientras se define por estos días si continúa el paro a nivel nacional, un sector del Concejo Deliberante busca definir si acelera el debate para aumentar el boleto a 18,99 pesos para que se trate esta semana en una sesión extraordinaria y destrabar la conflictiva situación que se arrastra desde la semana pasada.

"Sería el otro jueves que se trae, cuando tenemos reunión ordinaria. Hay una idea de sesión extraordinaria jueves o viernes para tratar únicamente este expediente, aunque todavía no hay nada formal presentado. Me parece que habría que hacerla, para sincerar un poco lo que opina cada uno de los concejales con respecto a la situación de transporte", señaló el concejal Alejandro Carrancio en diálogo con El Marplatense.

En las últimas reuniones de Comisión, el referente del oficialismo dijo que no se encontraron "los consensos para llegar a un número que de un equilibrio y reúna las voluntades en el Concejo". Este equilibro se da por "entender las necesidades de los empresarios con respecto a la suba de costos y no castigar en demasía el bolsillo de los usuarios quienes diariamente utilizan el recurso y financian esta suba".

Asimismo, el edil de Cambiemos descartó la posibilidad de darle las facultades al Intendente para que autorice la suba del boleto. "Más allá de que es una atribución legal, se hizo en otras oportunidades, es una alternativa. Hay que ver de qué forma, en qué marco, por qué período, si se le pone un tope o no.  Hoy no está clara la posibilidad de delegar facultades con respecto al marco, teniendo en cuenta que no queremos solucionar un tema inmediato y en un mes nos encontremos con otro pedido. Hay que buscar una solución integral y con un plazo extendido en el tiempo", dijo al respecto el integrante de la comisión de Legislación.

Mientras tanto, se mantiene vigente el paro que decretó a nivel nacional la UTA tras verse frustradas las negociaciones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). La medida se extiende desde las 22 hasta la 6 en la corta y media distancia y hasta el miércoles.

El jueves habrá otro encuentro en sede ministerial que buscará destrabar el conflicto. En caso contrario, el gremio de Roberto Fernández ya anticipó que "profundizará" la modalidad del paro que deja sin transporte en horario nocturno a Mar del Plata y distintas provincias del interior.