El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la "Política de Inteligencia Nacional", un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE. 

El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial.

La medida instruye además a la SIDE a dictar una "Estrategia de Inteligencia Nacional" que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con "un deterioro relevante" de más de tres décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, "cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos", así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que "constituyó un hecho de suma gravedad institucional".

También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno "implicó un notorio retroceso institucional". La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados: 

. Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)

. Agencia de Seguridad Nacional (ASN)

. Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) 

. División de Asuntos Internos (DAI)

La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".

Sobre la integridad territorial, se propone detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

El primer lineamiento aborda la "disputa de poder en el escenario de política exterior", donde se reconoce que la competencia entre potencias globales "impacta directamente en regiones periféricas como América Latina". El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

El segundo eje se refiere a la "superioridad de la información y riesgo de influencia externa", con foco en operaciones de desinformación que "buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional".

El tercer lineamiento analiza el "poder integral de la Nación", incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como "la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros" y "la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que "la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales" ha generado "un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas". Se menciona expresamente "la ocupación ilegítima del territorio nacional" en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina "por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos".

El sexto eje estratégico se centra en las "amenazas dentro y desde el ciberespacio", definiendo a este dominio como "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales "proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo".

El séptimo lineamiento aborda las "ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera", incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que "redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística".

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales", mencionando "el precedente de atentados con impacto regional".

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como "una estructura de poder paralela" que en Argentina se beneficia de "la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales" que han favorecido "la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales".

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como "herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional".

Fuente: NA

El Gobierno nacional confirmó la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Auguadra.

Así lo confirmó un comunicado de Vocería presidencial este martes por la noche, luego de una jornada de fuerte versiones sobre la salida de Neiffert.

El cambio en la SIDE se enmarca en la interna que existe dentro del oficialismo, aunque en este caso Neiffert, hombre del asesor presidencial Santiago Caputo, es reemplazado ahora por otro dirigente también cercano al integrante del “triángulo de hierro”.

“La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, inició el mensaje oficial.

El Gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

 “Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”, sostuvo el comunicado.

Además, se destacó que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el mensaje.

Y agregó: “La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.

Fuente: NA

El Gobierno confirmó la designación mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de $100 mil millones para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a una semana de su regreso en reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A través del Decreto 656/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, y quelleva la firma del presidente Javier Milei y todos los ministros del Gabinete, se asignaron los fondos de “carácter reservado” para “el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”.

El DNU remarca que la semana pasada, desde el Gobierno “dispuso una profunda transformación del Sistema de Inteligencia con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia”.

Y agregaron sobre el objetivo de la asignación “con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

A partir del gobierno de Javier Milei, los gastos reservados de la ahora SIDE se incrementaron en un 391%, mientras que el presupuesto general del organismo también dio un salto, ya que cuenta con una partida de $36.741 millones (suba de 136%), a la que ahora se agregan estos $100 mil millones.

Tras conocerse el texto del DNU, la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra se expresó a través de sus redes sociales para cuestionar la asignación de $100 mil millones a la SIDE. 

“La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia”, dijo en una publicación de X (ex Twitter) compartida por el expresidente Alberto Fernández.

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio apuntó contra la decisión y la comparó con que “la jubilación mínima pasa a $254.454,42″. “El presidente del ‘cambio’ a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades”, cuestionó.