El Consejo de Mayo entregó hoy su informe final al Congreso Nacional, tras una reunión realizada en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, culminó el trabajo del organismo en este cierre de año.

La jornada estuvo marcada por la ausencia de Gerardo Martínez, representante del sector sindical, quien por primera vez desde la creación del Consejo decidió no participar. Su falta confirma el malestar que arrastra el gremialismo frente al capítulo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, especialmente en lo referido a la limitación de las “cuotas solidarias”, uno de los puntos más sensibles para las organizaciones de trabajadores.

En la mesa sí estuvieron presentes los otros cinco consejeros, que representan al Poder Ejecutivo, las provincias, las cámaras legislativas y el sector empresarial. Entre ellos se encuentran Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo y Martín Rappallini, quienes avalan la versión final del documento.

El informe refleja tanto los avances logrados como las diferencias que quedaron expuestas durante el proceso. Incluye las observaciones y disidencias planteadas en etapas previas, aunque algunos temas de alta complejidad —como las reformas vinculadas a la coparticipación y al sistema previsional— se dejan para una fase posterior, considerada de “tercera generación”.

Con la presentación formal del texto ante el Congreso, queda ahora en manos del Poder Legislativo definir si los proyectos surgidos del Consejo serán tratados en el período de sesiones extraordinarias convocado para este fin de diciembre.

El Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció una situación de “extrema gravedad” contra la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP), a la que acusa de negar la cobertura total de un tratamiento oncológico urgente para una trabajadora del sector.

La afiliada, Soledad Squaglia, fue notificada de la negativa de OSPEP a brindarle cobertura “integral e inmediata” del tratamiento de radiocirugía estereotáctica postoperatoria, prescripto por su médico y amparado por la Ley Nacional del Cáncer y el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Según informaron desde el sindicato, la trabajadora debió presentar una acción de amparo para que se respete su derecho constitucional a la salud, luego de que la obra social mantuviera “un silencio total” ante los pedidos formales. 

Una Carta Documento enviada el 19 de septiembre intimó a OSPEP a brindar cobertura en un plazo de 24 horas, citando el fallo judicial vigente.

El secretario general del SOEPMPZA, Matías Coronel, expresó: “OSPEP está violando la ley de manera flagrante y poniendo en riesgo la vida de nuestra compañera. No es un capricho: se trata de un tratamiento oncológico urgente para una trabajadora que realiza sus aportes todos los meses.”

Coronel agregó que esta no es una situación aislada: “Ya tenemos un historial de denuncias por abandono a más de 4.000 afiliados de Mar del Plata y la Costa, con cortes en farmacias y clínicas. Esta nueva negativa confirma la desidia de la conducción nacional y su total falta de sensibilidad humana.”

El sindicato recordó que la obra social tiene la obligación legal de cubrir el 100% de las prácticas y medicamentos oncológicos, conforme la normativa vigente. El caso ya fue elevado a la Justicia Federal de Mar del Plata, aunque desde el gremio reclaman una intervención urgente para evitar daños irreversibles en la salud de la trabajadora.

“Vamos a seguir exponiendo públicamente este caso hasta que se garantice cada prestación médica. El derecho a la vida y a la salud no es negociable”, concluyeron desde el sindicato.

El pedido, lanzado por Sergio Garaycochea, denuncia una escalada de operativos policiales y controles contra choferes que trabajan con aplicaciones, impulsada, según afirman, por presiones de sindicatos del transporte tradicional.

Según los testimonios publicados, los trabajadores aseguran que son tratados “como delincuentes” cuando en realidad buscan “subsistir en un contexto donde el empleo regular no alcanza”. La campaña ya cuenta con más de 700 firmas verificadas y continúa creciendo con mensajes de apoyo de distintas partes del país.

La crítica apunta al desvío de recursos del Estado hacia el control de los conductores de apps, en lugar de destinarlos a combatir el delito. “Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y buscar un mejor futuro para nuestras familias”, expresa el texto principal de la petición, que también cuestiona la presión de los gremios sobre las autoridades municipales y provinciales.

En los comentarios, muchos firmantes relatan su experiencia personal. “Somos trabajadores como cualquier ciudadano. Estamos dando un servicio. Es responsabilidad del gobierno ayudarnos, no sancionarnos”, escribió un usuario de La Plata. Otro, de Mar del Plata, relató que tras años como remisero decidió volcarse a las plataformas para poder “tener aportes y obra social”.

La petición fue creada el 30 de julio y sigue sumando apoyo. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad, regulación y convivencia de los distintos modelos de transporte sigue abierto en la ciudad.

En el marco de una nueva jornada de votación en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, el secretario general Guillermo Bianchi encabezó una elección sindical que se desarrolló en más de 140 lugares de trabajo de la ciudad. En diálogo con El Marplatense Bianchi analizó el contexto político actual, el desarrollo de las paritarias y los desafíos para los próximos años.

Unidad en tiempos difíciles

“Después de cuatro años de gestión logramos construir una lista de unidad, algo que no es sencillo. La unidad no es un discurso vacío, es una conquista política que requiere amalgamar miradas, sensibilidades y voluntades”, sostuvo el dirigente. Y agregó: “Vivimos tiempos tormentosos, donde vemos cómo un modelo económico golpea con fuerza a los sectores populares. Frente a eso, respondemos con organización y democracia”.

Bianchi destacó que la jornada electoral se realiza en los propios espacios laborales. “Repetimos una experiencia muy positiva: votar donde trabajamos, donde compartimos la realidad cotidiana. Para nosotros, el día de la elección es una verdadera festividad democrática dentro del sindicato”, dijo.

Consultado sobre el estado de las paritarias, Bianchi fue contundente: “Estamos ante una intervención clara del Gobierno nacional para deprimir los salarios. Lo hizo con los estatales, con los jubilados, con el salario mínimo y ahora avanza sobre el sector privado. Comercio es un gremio con presencia nacional, con más de un millón de trabajadores, y eso lo convierte en un blanco directo”.

Respecto al acuerdo con el sector mayorista, explicó: “En Mar del Plata, muchos comercios locales cumplieron con el acuerdo. Quienes se oponen son algunos supermercados mayoristas y cadenas nacionales. La discusión hoy pasa por la homologación del acuerdo. Ayer hubo reuniones en la Secretaría de Trabajo y hoy continúan”.

Justicia social como bandera

Bianchi rechazó los dichos del presidente Javier Milei sobre la justicia social: “Decir que la justicia social es un pecado es una provocación brutal, y tiene consecuencias reales. Lo vemos en leyes votadas contra los jubilados y las personas con discapacidad. Que el presidente se ría mientras veta derechos es la imagen más cruel de este modelo”.

“El salario es ingreso, claro, pero también es inclusión, dignidad, y posibilidades. Por eso esta lucha es ideológica. No es sólo una cuestión económica: es el modelo del mercado contra la sociedad del trabajo. Nosotros defendemos la democracia y el ascenso social como pilares de un país justo”, concluyó.

Objetivos de gestión: salud, educación y contención social

Mirando hacia el futuro, Bianchi remarcó que la próxima gestión profundizará políticas ya iniciadas: “Vamos a fortalecer espacios que hemos construido como el centro de adultos mayores, el club social y deportivo, la universidad sindical, los programas para la mujer, la educación y la discapacidad. Y vamos a enfocarnos especialmente en el sistema solidario de salud, que está siendo atacado. No podemos permitir que se degrade un derecho como la salud”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, aseguró que “el mundo sindical es el que se está enfrentando decididamente de forma colectiva a Milei”, en el marco de un análisis crítico sobre la situación política, económica y social que atraviesan los trabajadores.

Al trazar un panorama general, Bianchi sostuvo que “la justicia social en Argentina no es un pecado, sino un objetivo supremo de las organizaciones colectivas”, y planteó que para explicar el presente del país bastaría con “llevar a un extranjero a la marcha de los jubilados o al Hospital Garrahan para mostrar cómo se desprotege la vida de los niños y la importancia de los sindicatos”.

Respecto del rumbo nacional, advirtió que el oficialismo ejerce “una sociedad de mercado basada en el autoritarismo, no en la democracia”, y que “el discurso violento acentúa el autoritarismo no solo desde lo discursivo, sino también desde sus acciones legislativas, ejecutivas y policiales”.

También cuestionó el relato presidencial de lucha contra “la casta”. Aseguró que “nada de lo que hace Milei es nuevo. Lo único distinto es la forma de comunicarlo. La gente ya se dio cuenta de que la casta es la mayoría del pueblo argentino”.

En cuanto al rol de las organizaciones gremiales, el titular del SECZA afirmó que “la acción sindical debe incorporar la comunicación como forma de lucha”, ya que “el conflicto no ocurre solo en la calle o el lugar de trabajo, sino también en el celular de cada trabajador”. Propuso avanzar hacia un “sindicato 4.0” capaz de informar, canalizar reclamos y promover derechos desde lo digital.

Bianchi denunció además que el Gobierno “interviene en todos los niveles salariales para disciplinar a los trabajadores”, desde el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta las jubilaciones, salarios estatales y convenios colectivos. “Incluso cuando hay acuerdos entre Comercio y las patronales, el Ministerio de Trabajo se niega a homologarlos. Es una forma de controlar el ingreso y romper la negociación colectiva”, criticó.

Finalmente, enfatizó que “el movimiento sindical es hoy el principal obstáculo para un modelo que busca desarticular derechos y avanzar sobre los sectores más vulnerables”.