La provincia de Buenos Aires avanza en un nuevo proyecto de infraestructura penitenciaria con la construcción de un pabellón colectivo en la Unidad N°15 de Batán, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento del establecimiento y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de la cárcel. El nuevo sector incorporará 124 plazas y estará dentro del área de máxima seguridad del penal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena, oficializó el llamado a licitación para ejecutar esta obra, con un presupuesto estimado en $3.072.152.114,56. En tanto, la apertura de sobres está prevista para el próximo 28 de marzo y el plazo de obra se fijó en 180 días corridos.

El nuevo pabellón, que busca aliviar la sobrepoblación carcelaria en Batán, fue diseñado para funcionar como un espacio colectivo dividido en dos sectores de alojamiento, donde cada uno tendrá capacidad para 62 personas, completando así las 124 plazas previstas. El sector contará con una superficie cubierta total de aproximadamente 1.030 metros cuadrados.

En esa línea, cada uno de los sectores dispondrá de áreas de descanso equipadas con 31 camas dobles, además de un espacio común destinado a funcionar como comedor y sala de estar. El diseño también incluye un sector sanitario con duchas, inodoros, un baño adaptado para personas con discapacidad y un patio descubierto, que servirá como espacio de recreación al aire libre.

En términos de seguridad y control interno, el pabellón incorporará un puesto de control elevado ubicado estratégicamente entre ambos sectores de alojamiento, lo que permitirá a los agentes penitenciarios monitorear de manera remota lo que sucede tanto dentro de las áreas de descanso como en el patio de recreo.

Asimismo, la estructura edilicia se ejecutará con un sistema de muros premoldeados, carpintería de seguridad y contrapisos de hormigón armado, mientras que la cubierta será de chapa, asegurando resistencia y durabilidad frente a las condiciones climáticas de la zona. Y en este sentido, el acceso al pabellón se realizará a través de un corredor cubierto, que conectará con la circulación existente dentro de la unidad y en el cual se instalarán dos puertas reja para conformar una esclusa de seguridad previa al ingreso.

Finalmente, para habilitar esta conexión interna, el proyecto prevé la demolición de un sector específico, donde se colocará la puerta de acceso al nuevo corredor. Esta intervención forma parte del plan integral de adecuación de la infraestructura penitenciaria, que el gobierno provincial busca acelerar para abordar los problemas estructurales que atraviesan las unidades carcelarias bonaerenses.

La construcción de nuevos pabellones en cárceles bonaerenses forma parte de una serie de medidas que la Provincia implementa para reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos, en un contexto donde la inseguridad y la reincidencia delictiva marcan la agenda de la administración de Axel Kicillof.

Según datos oficiales de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a enero de 2025, la Unidad N°15 presentaba una sobreocupación del 67%. En términos concretos, el penal contaba con capacidad para 937 personas, pero albergaba a 1.568 internos, lo que refleja una saturación estructural que afecta las condiciones de detención.

El paso del 2018 no generó logró cambios ni soluciones para las diversas falencias e irregularidades que arrastra desde hace años el complejo penitenciario de Batán, que sigue signado por un número de internos alarmante.

El titular del juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, Juan Tapia, le reveló a El Marplatense que, a la fecha, la Unidad Penal N°15 tiene 1295 personas alojadas, cuando la capacidad máxima de sus plazas se estipula en 900, mientras que la Unidad Penal N°44, que cuenta con un límite de 372 plazas, tiene 526 detenidos.

El magistrado reconoció que se trata de "excedentes importantes" y aseguró que estas cifras se traducen en "hacinamiento, aumento de enfermedades respiratorias, y mayores niveles de violencia". "Si una persona está encerrado las 24 horas con una cantidad de personas superior a las que el lugar debería contener, la violencia aumenta", dijo, y graficó: "Hay gente que duerme en el piso".

El juez de garantías lamentó que la situación estructural del complejo penitenciario ubicado en la vecina localidad "no se haya modificado" y sostuvo que "se mantienen las condiciones de detención que vulneran los  estándares internacionales" que están contemplados para las detenciones.

Tapia aclaró que, en la comparativa con el escenario que se presentaba en diciembre de 2017, la población de la Unidad Penal N°15 se mantuvo "estable" y con un "aumento no tan significativo" con respecto a otros períodos anuales. "En el 2017 sí hubo un aumento del 14 por ciento con relación al 2016", dijo, al recordar los relevamientos que daban cuenta que había 1269 internos alojados.

El magistrado cuestionó que en parte de la sociedad "prolifere un discurso a favor de que los presos se pudran en las cárceles" y recordó que desde el Estado se debe dar cumplimiento a una serie de "obligaciones legales y constitucionales" para garantizar las condiciones óptimas de alojamiento de las personas privadas por su libertad por conflictos con la ley.

"No es admisible que se pueda sostener una detención violatoria de las propias normas suscriptas por el propio Estado argentino", criticó, y concluyó: "La gente tiene que pensar que la persona que no ha tenido en su tratamiento penitenciario alternativas educativas o laborales y ha convivido, por el contrario, en un ambiente más hostil, muy posiblemente las perspectivas resocializadoras van a estar reducidas y eso también constituye un problema de seguridad ciudadana".