Delegados y afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) se manifestaron en la sede gremial para evitar la intervención y que la conducción siga en manos de la lista Azul y Blanca, elegida en diciembre pasado.

Durante la protesta, el secretario gremial, Daniel García, explicó que "estamos en contra de la intervención de nuestro gremio. Tuvimos una en el 2018, donde el Fiscal Kreplak lo hizo a nivel nacional".

"A raíz de ello - agregó- lo que se determinó hacer fueron elecciones, ganó nuestra lista y en diciembre del año pasado asumió la nueva comisión. Después de seis meses nos anoticiamos que el Ministerio de Trabajo quiere volver a intervenir a través de César Simón que ya estuvo en la primera y lo que reclamamos es entender el motivo, ya que las elecciones fueron libres democráticas y con el aval de la Justicia".

"El Ministerio de Trabajo no dio una explicación, la cual estamos esperando. Esta movida se está llevando a cabo no sólo en Mar del Plata, sino en varios distritos. Solamente sabemos que está decisión va a la Suprema Corte, que debe definir esta situación", aseveró.

"El malestar de los afiliados y delegados es muy grande, porque nunca habíamos tenido elecciones libres, democráticas y transparentes. El malestar es permanente a través de las redes sociales y medios de comunicación. Esperaremos unos días para ver qué determinación se toma a partir de la intervención", agregó el secretario gremial.

Asimismo, justificó que "nunca hubo una unidad como en este momento, por lo que creemos que la lista Azul y Blanca elegida puede asumir la dirección del gremio. En seis meses logramos mucho beneficios para los afiliados como ambulancias que nunca tuvo, obra social y repercusión también en el ámbito privado, incluso el ingreso a paritarias".

"Nuestro deseo es que se haga marcha atrás en la intervención porque creemos tener potencial para estar a cargo del gremio en el ámbito nacional, provincial y local", cerró Daniel García.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) emitió un comunicado en el que dejó constancia de que la institución gremial seguirá bajo la conducción de las autoridades elegidas “democráticamente y legalmente por las afiliadas y afiliados al gremio”, luego de que se conociera este miércoles por la tarde que la Sala VII de la Cámara del Trabajo del Poder Judicial de la Nación habría intervenido para suspender a las mismas.

“La Justicia Laboral resolvió por su cuenta la intervención del sindicato basado en una argumentación falsa. Lo cual también provoca el malestar del Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación en la materia y fue quien fiscalizó dicho proceso eleccionario que no sufrió una sola impugnación”, aclararon.

Además, indicaron que “la resolución de la Justicia Laboral se enmarca en una adelantación de sentencia, ya que lo tramitado por los abogados de Balcedo, Mariño y Velich se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia”.

También, puntualizaron en que "el interventor que propuso la cámara, Julio Cesar Simón, es el funcionario del Ministerio de Trabajo que fiscalizó y fue partícipe del proceso eleccionario que ganaron las actuales autoridades”.

A su vez, recordaron "la relación que el designado tiene con la familia Balcedo desde la década de los 90, cuando su padre ocupaba en representación del SOEME la obra social OSPLA, designado por Antonio Balcedo; padre del detenido en Uruguay por lo que es de público conocimiento".

Cabe recordar que Simón ya había estado en la primera intervención designada por el juez federal Ernesto Kreplak, que investigó y procesó al cuestionado Marcelo Balcedo por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Balcedo, detenido en enero de 2018, sigue con prision domiciliaria en su mansión de Uruguay. La Justicia Federal constató que bajo su mando se desviaron unos 500 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2017.

“Tampoco es menor dejar pasar por alto el contexto en el cual se produce esta avanzada de la Justicia Laboral contra representantes gremiales legítimamente electos, ya que dicha persona designada fue funcionario del gobierno anterior, justo cuando se conoce las presiones que sufría la justicia laboral en ese gobierno, y dicha resolución no hace más que comprobar, que operaciones macristas tambien siguen vigentes en la actualidad”, sostuvieron.

Por último, destacaron que “en pleno contexto de pandemia mundial, los miles de trabajadores que representamos están en primera línea de batalla proveyendo alimentos a millones de niños en los comedores de los colegios se ven conmocionados y alertados con esta intromisión de la justicia laboral, queriendo desplazar a sus legítimos representantes electos nacionalmente”.