Los concejos deliberantes de distintas ciudades bonaerenses abroquelan contra la intención del Gobierno nacional de eliminar el régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 27.637 en 2021. En municipios como General Pueyrredon, Tandil y Olavarría, los bloques opositores impulsaron resoluciones para exigir que el beneficio tarifario se mantenga, ante el impacto que tendría en miles de hogares la quita del descuento de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas.

En Mar del Plata, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por la concejal de Acción Marplatense, María Ayala, que contó con el acompañamiento de Unión por la Patria, el Frente Renovador y el radicalismo, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza se abstuvieron.

“Se trata de un régimen que involucra a 260 mil familias y que impacta directamente en jubilados, sectores de menores ingresos, personas con discapacidad y pymes locales”, sostuvo Ayala en diálogo con Diputados Bonaerenses.

En esa línea, la edil marplatense remarcó que el beneficio “no es un privilegio, sino un derecho” y advirtió que un aumento del 30% o 50% en la factura de gas “profundizaría la crisis que ya atraviesan los vecinos”. Por eso, Ayala insistió en que el intendente Guillermo Montenegro “lidere el reclamo” ante los reiterados embates del Ejecutivo nacional.

Su compañera de ciudad, la concejal electa, Melisa Centurión, celebró la aprobación del proyecto y apuntó contra el oficialismo por abstenerse: “Cuando había que defender a Mar del Plata, eligieron mirar para otro lado”. A su vez, destacó que la quita “golpea de lleno a jubilados, a los hogares que necesitan calefaccionar por cuestiones de salud y a las pymes que ya están complicadas por la recesión”.

En Tandil, el concejal del Movimiento Evita, Nicolás Carillo, valoró la aprobación por amplia mayoría de una resolución en defensa de la Zona Fría en el Deliberante local. “Tuvo 18 votos positivos sobre 20 concejales, con la abstención de los dos de La Libertad Avanza. Quedó claro que esta es una herramienta que debemos defender porque lo contrario implica otro triste avance sobre los salarios, los haberes jubilatorios y la economía regional”, explicó.

Carillo advirtió que la derogación del régimen implicaría “un mayor deterioro económico” en una ciudad que ya presenta temperaturas promedio mucho más bajas que la Capital Federal y otros distritos. “Es un servicio esencial para familias y empresas, y no puede estar en discusión. Este tipo de medidas solo buscan rascar la olla para sostener un tipo de cambio insostenible”, lanzó el edil.

En Olavarría, el Concejo Deliberante también aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación impulsado por Unión por la Patria, que finalmente fue consensuado por todos los bloques. El texto quedó redactado como una “manifestación de preocupación por la exclusión del Partido de Olavarría respecto de los beneficios de la ley de Zona Fría”.

“Exhortamos al Congreso de la Nación a mantener estos beneficios para los usuarios locales”, remarcaron en el recinto.

Sobre ello, el concejal de Juntos, Hilario Galli, expresó que si bien los cuerpos deliberativos municipales “no pueden modificar el presupuesto nacional, sí corresponde expresar el rechazo y dejar un mensaje claro a los legisladores nacionales”. En la misma línea, la concejal Liliana Schwindt aseguró que el reclamo debe ser “unánime y sin fisuras” porque “lo que está en juego es el bolsillo de los vecinos”.

La Ley 27.637 amplió en 2021 el régimen de Zona Fría que ya regía en la Patagonia, Malargüe y la Puna, al incorporar a municipios de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y otros distritos con climas hostiles. El beneficio alcanza a más de tres millones de hogares en todo el país, que reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas, financiados a través de un fondo fiduciario.

Fuente: Diútados Bonaerenses

En una jornada de intenso debate en el Concejo Deliberante, se avanzó en la delegación de facultades al intendente Guillermo Montenegro para que sea quien determine el nuevo valor del boleto de colectivo. La medida, que ya cuenta con el visto bueno de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, será debatida en la sesión del próximo jueves 27 de marzo.

Durante la mañana, la Comisión de Movilidad Urbana aprobó la propuesta con el respaldo del bloque oficialista, a pesar de la oposición de Unión por la Patria. Según el estudio de costos realizado por el municipio, el boleto debería costar 1.360 pesos, mientras que los empresarios del transporte solicitan un valor de 1.484,50 pesos, lo que representa un aumento del 26% respecto al precio actual.

El concejal oficialista Agustín Neme defendió la delegación de facultades como una herramienta clave para enfrentar las fluctuaciones económicas del país. "Esto permite al Ejecutivo tomar decisiones basadas en las condiciones económicas actuales, siempre priorizando la sustentabilidad del sistema de transporte", afirmó.

Por su parte, la oposición expresó su desacuerdo, argumentando que el Concejo Deliberante debería ser el encargado de definir el precio del boleto. Mariana Cuesta, representante de Unión por la Patria, destacó la necesidad de un debate más amplio sobre el sistema de transporte en la ciudad.

De aprobarse la delegación en la sesión del 27 de marzo, el intendente Montenegro podría establecer el nuevo valor del boleto a partir de mayo, buscando un equilibrio entre las demandas empresariales y las posibilidades de los usuarios.

El Gobierno bonaerense autorizó hoy un aumento del 2 por ciento en las tarifas de electricidad para usuarios residenciales del interior provincial, con excepción del conurbano.

Según se publicó en el Boletín Oficial, el incremento de tarifas eléctricas para la Provincia de Buenos Aires, que incluye un ajuste del valor agregado de distribución (VAD), tendrá un impacto promedio del 2% en la factura final para los usuarios residenciales.

En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 (ingresos altos) que pagaba $34.250/mes pasará a pagar ante el mismo consumo $34.840/mes.

En el caso de un usuario N2 (ingresos bajos) que pagaba por ejemplo $21.000/mes, ahora pagará $21.500.

El incremento, que se traslada a partir de mañana a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de febrero que impactará en las facturas de marzo y abril.

Según lo dispuesto, la medida tendrá un impacto inmediato y es que el Artículo N° 29 de la norma indica que "la presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial".

Es decir que las próximas facturas de la empresa Edelap y de todas las prestatarias en territorio bonaerense llegarán con el nuevo ajuste.

Con la llegada de noviembre, varios aumentos volverán a impactar en los bolsillos de los argentinos. Alquileres, nafta, agua, y prepagas, entre otros sectores, tendrán un nuevo ajuste que le meterá presión a la inflación que, de acuerdo al Indec, sigue a la baja. De las proyecciones inflacionarias para el mes pasado, las más optimistas esperan que el dato se ubique en casi un 2,5%, mientras que otras proyectan 3,3%.

Luego de la baja del 1% en octubre, debido al retroceso internacional del precio del petróleo Brent, noviembre llega con un nuevo ajuste en el precio de los combustibles. Los valores de la nafta y el gasoil tendrán aumentos en torno al 4%, que se aplicarán a partir del viernes, vinculados al movimiento del tipo de cambio y a la suba del valor internacional del petróleo. En el sector confirman que los ajustes de los precios serán, en promedio, del 4%, aunque podría haber algunos rubros con incrementos algo mayores.

Las facturas de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) serán desde noviembre un 50% más altas para el servicio de agua y cloacas que brinda en 95 localidades del interior. De esta manera, la factura promedio, según la estimación de ABSA, por los servicios residencial será de $5.484. “El 94% de los usuarios experimentarán una variación inferior a $3.500 respecto de la factura anterior, donde el 47% pagará menos de $1.500, y el 33%, menos de $2.500”, informaron.

En tanto, regirá un aumento del 4% en las tarifas de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya cobertura realiza Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En octubre el servicio había tenido un aumento del 5%.

En las últimas horas se desató la polémica por los fuertes aumentos de precios establecidos por las empresas de medicina prepaga, que luego de la desregulación, tienen libertad para establecer sus precios. En este contexto, varias compañías ya anunciaron a sus clientes que aplicarán incrementos que van del 3,9% al 6,9%.

Los afiliados voluntarios al IOMA sufrirán desde el próximo mes una nueva suba. La cuota que desde septiembre era de $49.818,5 pasará ahora a $57.318,50. Es decir, un ajuste del 15%.

En noviembre se actualizarán los tres tipos de contratos de alquiler que circulan en el mercado: los que fueron firmados bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL) de la ley ya derogada, los que se cerraron con el cambio de dicha ley bajo el coeficiente Casa Propia y los que se pactaron por libertad contractual luego de la derogación de la ley de alquileres.

Los contratos pactados por ICL en el mismo mes de 2022 tendrán una segunda suba interanual del 227,14%, de acuerdo a la última actualización, alrededor de un 4,5% menos que quienes debieron actualizar en octubre. De esta manera, si el monto del alquiler era, por ejemplo, de $200.000, a partir de noviembre pasará a ser de $654.276. Para uno de $ 250.000 pasará a tener un valor de $ 817.850.

Los contratos que fueron pactados bajo la actualización de la ley en 2023 -desde el 17 de octubre al 29 de diciembre de 2023 rigió el índice Casa Propia-, se ajustan de forma semestral y en base al coeficiente que en noviembre será del 68,51%.

El Gobierno bonaerense aprobó un aumento en torno al 8% que impactará en las boletas del servicio energético provincial, aunque esto varía de acuerdo a los consumos y categorías. Este incremento impulsado por Nación es para el período hasta el 31 de octubre y tras la aprobación de la Provincia se verá reflejado en las futuras facturas.

Tras el visto bueno de la Provincia, noviembre tendrá un nuevo ajuste de la cuota en los colegios privados. Según la Asociación Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, la suba será del 3,6%, para acompañar la suba que otorgó el Gobierno a los docentes. En tanto, en diciembre el ajuste será del 3,8%.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija para las multas por infracciones de tránsito, que se actualiza por la suba del precio de la nafta. De esta manera, para los meses de noviembre y diciembre cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o circular sin VTV puede costar hasta $1.336.000. El costo de las infracciones se calcula a partir de la llamada Unidad Fija (UF), que es un monto establecido en relación al valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en el centro de la ciudad de La Plata. Hasta ahora estaba en $1.299, mientras que para el último bimestre del año trepó a $1.336, es decir un ajuste de 2,8%.

Las empresas empezaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de noviembre, realizarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento desde 4%, según el servicio y la operadora. Estas subas, en general, van de la mano del índice de la inflación del mes anterior.

Los porteños, o los que viajen a Buenos Aires, deberán pagar más caro el viaje en taxi. Las tarifas sufrirán un ajuste del 50% desde el viernes 1 de noviembre, completando el esquema de ajuste fijado para el segundo semestre del año, que incluyó una suba de igual proporción en agosto. Así, el valor de la ficha pasará de $128 a $192 en la jornada diurna, mientras que la nocturna sube de $154 a $230. La bajada de bandera, que tiene un precio equivalente a diez fichas, pasa de $1280 a $1920 pesos en el horario diurno, y de $1540 a $2300, durante la madrugada.

Desde la Asociación Civil Encuentro y Comunidad promueven para este jueves 31 un apagón general con el objetivo de los vecinos puedan canalizar su disconformidad con los aumentos en los servicios de energía eléctrica y gas. “Es una manera de poder visibilizar un poco este dolor de cabeza de enfrentarse a las facturas”, dijo Santiago Gutiérrez, presidente de la entidad.

“Convocamos a este apagón nacional que se promueve desde el Foro Multisectorial, una iniciativa del ministro Gabriel Katopodis en la provincia, que es apagar la luz diez minutos, de manera pacífica, responsable y de poder desde ahí viralizarlo y decir que con esto de las taifas hay dolores de cabeza que estamos sufriendo”, señaló Gutiérrez en diálogo con Primera tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Esta medida se suma a la que ya vienen realizando con la junta de firmas, acción que realizaron en espacios públicos como centros de salud, frente a la Iglesia Catedral o en centros culturales. 

El también integrante del Foro Multisectorial aseguró que la recepción de los vecinos “fue muy contundente” y remarcó que “la situación y el contexto actual lo ameritan porque lo que escuchamos de los usuarios y de las entidades es que se está haciendo muy cuesta arriba. Queremos que esta sea una forma de levantar la voz contra estos aumentos que decreta el Gobierno nacional”.

En cuanto a las experiencias que van recabando en cada juntada de firmas, Gutiérrez comentó que se dio el caso de usuarios que pagaban $20.000 de luz y que ahora les llegó una boleta de más de $300.000. “Un comerciante de Santa Clara nos dijo que pagaba $80.000 de luz y ahora está pagando un $1.200.000, con lo cual nos decía que estaban trabajando para pagar las tarifas”, contó.

Por lo tanto, para el integrante de la ONG estas medidas como la junta de firmas o el apagón propuesto “son unas primeras acciones y creemos que después se pueden plantear otras, como para que el Ministerio de Economía de la Nación escuche la voz de los vecinos”.

Hace un mes, las entidades oficiales que representan a taxis y remises elevaron un pedido para ajustar la tarifa, bajada de bandera y ficha, para los trabajadores del volante en General Pueyrredon. 

El pedido, ajustando el lápiz, fue del 30% (los peones, nucleados en otro gremio habían pedido más del 50%), cuando el último incremento lo habían tenido en enero en plena temporada estival.

Según el estudio de costos elaborado por la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, la tarifa de taxis y remises en Mar del Plata debería incrementarse un 43%,por lo que la bajada de bandera pasaría a valer en el horario diurno $1.395,10 y la ficha, $93.

En tanto, en la franja nocturna, que se paga de 22 a 6 y es un 20% más cara, en este esquema la bajada de bandera treparía a $1.674,12 y la ficha, a $111,6.

Este lunes, en el marco de la comisión de Movilidad Urbana, se aprobó el aumento de la tarifa con un valor mayor al pedido por las entidades. El siguiente paso será el tratamiento en la Sesión Ordinaria para tener el aval definitivo.

Al respecto, la concejal María Cecilia Martínez, señaló que “los primeros que tienen que estar de acuerdo con estos costos son los que salen a trabajar”. 

Por este motivo,“que nosotros tengamos que fijar las tarifas, más allá de lo que diga la norma, creo que es anacrónico, al igual que el sistema de transporte público, y tenemos que ir por más”.  

Asimismo, declaró que “por eso pido permiso de abstenerme de este análisis de costo. Espero que a los primeros que les sirva es a los trabajadores y a los que se tienen que sostener día a día en esta Argentina que todavía no ha visto la estabilidad que queremos”. 

A raíz del Decreto 465/2024 que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial, con el objetivo reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Mar del Plata, Eduardo Carnicero, sostuvo que buscarán que “se revea esta actitud y retrotraigan la medida”. También consideró que el acceso a luz y gas ”es un derecho".

“Se expidió Guido Lorenzino, que es el titular de nuestro organismo, en la que manifiesta que esto traerá un problema muy importante. A partir de enero, los prestadores y las distribuidoras pidieron la actualización de las tarifas en el contexto inflacionario, motivo por el que los aumentos que se viven hoy obedecen a la suba de las tarifas, sobre todo en comercios. Hemos recibido reclamos y pedidos de asesoramiento para ver cómo están compuestos estos aumentos, aunque remarco que es a partir de junio cuando entra en vigencia el Decreto 465/2024 y quita los subsidios", le comentó Carnicero a El Marplatense.

Por las razones que mencionó es que destacó que “Lorenzino se opone y le hace un pedido al Gobierno nacional”, con la intención de que “se revea esta actitud y retrotraiga la medida”. Y en ese sentido, se refirió a que cuentan con tres niveles, que son altos, medianos y bajos ingresos, pero que “quitarán los bajos y medianos, por lo que se equipará con los altos”.

De ese modo, consideró que la suba de precios, "junto a este combo, ocasionará una pobreza energética; es decir gente que no podrá pagar las facturas”.

En tanto, al ser consultado por posibles cortes de luz o gas, el delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en la ciudad recordó que es “un panorama en un contexto inflacionario y de subas de otros componentes, como la Canasta Básica, las prepagas y la nafta”, lo que lo vuelve "muy preocupante".

A su vez, aclaró que “si la suba es del 600%”, se agravaría mucho más la situación al eliminar los subsidios en los hogares. Y advirtió que el organismo “carece de herramientas para proteger a los consumidores cuando el Gobierno es quien quita el subsidio” y expresó que el acceso a servicios esenciales, tales como luz y gas, “es un derecho”.

El clima del último mes, más las bajas temperaturas que vendrán en junio, jugó un papel determinante a su forma de entender, donde manifestó: “En mayo tuvimos un frío elevado, con lo que no hay otro método para calefaccionarse que la utilización del gas. No es un bien suntuoso, sino un bien esencial para darle la mejor calidad de vida a los ciudadanos. Es preocupante y entendemos que las asociaciones de consumidores interpondrán medidas judiciales y amparos”. 

La Federación Nacional de Conductores de Taxis, Supetax, AMPAT, Taxicoop, Malvinas Taxi y Sociedad de Conductores de Taxis emitieron un comunicado en el que dejan en claro que no estan analizando “ningún aumento de la tarifa” al tiempo que apuntaron a “un sector que nunca contribuyó en absolutamente en nada, y solo generó la discordia en el mismo en busca de un protagonismo particular”, en un posicionamiento interno del sector.  

La nota que llegó a esta redacción que cuenta con las adhesiones de Remicoop, Paso Cars, Batan Coop, y Remises de Alta GAMA, las entidades oficiales de taxis manifiestan lo siguiente:  

“Debido a ciertos trascendidos de un pedido de aumento de la tarifa de taxis generados por un sector que nunca contribuyó en absolutamente en nada, y solo generó la discordia en el mismo en busca de un protagonismo particular, debemos aclarar que las entidades que siempre se han mantenido al frente de la lucha del transporte ilegal y la defensa de los derechos de nuestros compañeros, tanto titulares como choferes”.

“Con aciertos y errores, conocemos perfectamente la situación crítica económica y laboral por la que estamos atravesando, pero también  debemos asumir que una actualización tarifaria en estos momentos  evidentemente repercutiría aún más en forma negativa en nuestro laboral y favorecería al transporte ilegal que pulula libremente en la ciudad. De todos modos debemos aclarar que es una alternativa que se evalúa constantemente y que en los próximos meses seguramente será una medida inevitable de tomar”. 

Por último, “agradecemos la comprensión y que lejos de egoísmos particulares el conjunto de las entidades repetimos, con aciertos y errores, siempre busca el beneficio del taxista y poder brindarle a la ciudadanía un servicio de calidad que este a la altura de la ciudad que merecemos”, cerró el comunicado.

La presidente de la ONG Liga de Consumidores y Usuarios Amas de Casa, Marisa Sánchez, expresó la preocupación del sector ante los aumentos en las tarifas de gas y el nuevo cuadro tarifario para todas las distribuidoras del país. Por ese motivo, sostuvo que el impacto en los valores se sentirá durante junio o julio y puso en duda la continuidad de la Zona Fría. 

En este marco, la titular de la Liga explicó: “Sabíamos del aumento, lo estábamos esperando. Después de las dos audiencias públicas de enero y febrero, esperábamos ni más ni menos que el Gobierno diga cuál iba a ser el aumento en transporte, distribución y gas en boca de pozo. Lo que salió a fines de marzo fue el incremento del Punto de Ingreso del Sistema de Transporte (PIST), que se relaciona con el gas en boca de pozo, y en abril el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó el nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras, lo que afecta a la nuestra, que es Camuzzi”.

Y más allá de que contempló que la Zona Fría continúa, mostró inquietud por su posible eliminación. Es que según manifestó, desde el sector entienden que “el Presidente está sacando los fondos fiduciarios, por lo que podría volar en cualquier momento”.

De esta manera, Sánchez reveló que el impacto fuerte que sufrirán los marplatenses será “en junio o julio”, debido a que “en abril pagamos facturas de febrero y marzo”, al mismo tiempo que “del 12 de marzo al 12 de abril todavía rige el descuento y el bajo consumo” a raíz del buen tiempo-

“Del 12 de abril al 12 de mayo y del 12 de mayo al 12 de junio veremos las facturas con el impacto", adelantó. Y también, recordó que cada factura “depende de la categoría de usuario en gas, del consumo y si tiene el 30 o 50% de descuento por Zona Fría”. En conclusión, la secretaria del gremio señaló: "Para ver el impacto debemos esperar a que las facturas lleguen al domicilio”.

Las facturas finales promedio de abril partirán desde los $7.000 y llegarán a los $28.000 para los usuarios residenciales. En porcentaje, las subas van desde el 150% y escalan hasta el 460%, con respecto a lo que se pagaba hasta el mes pasado.

El Gobierno de Javier Milei postergó para la próxima semana el aumento en las tarifas de gas natural por red, que sumado a la quita de subsidios harán que las boletas de fines de abril y principios de mayo lleguen con subas en torno al 700%.

Si bien la administración nacional se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a subir las tarifas de gas y electricidad en febrero, lo que únicamente fue cumplido con la luz, el ministro de Economía, Luis Caputo, mira de reojo este ajuste para que el traslado a la inflación no haga estragos en el índice que viene a la baja.

Tal como informaron oficialmente, habrá un aumento en el precio de la producción de gas, el cual representa un 36% de las tarifas final. Hasta diciembre, los hogares pagaron un 17% del costo real del abastecimiento (70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10), mientras que las empresas pidieron subas mayores al 500% en sus márgenes. Esta suba se hará de forma “escalonada” durante los próximos tres meses.

A eso habrá que sumarle el incremento que se les convalide a las transportistas y distribuidoras, los otros componentes de las boletas además de los impuestos. En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, a la vez que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

A pesar de que la última palabra la tendrá la Secretaría de Energía, aplicar ese combo multiplicaría lo que llega en las boletas al menos por 6 veces; es decir, subas en torno al 700%, según diferentes consultoras especializadas.

En el sector privado confiaban que el incremento empezaría a regir desde hoy, para no diferir hasta abril la recomposición de sus ingresos en medio de meses con inflación de dos dígitos. Sin embargo, el anuncio es postergado y llegaría para las boletas de abril.

Es que desde el Gobierno también son cautelosos en cómo aplicar la eliminación de subsidios a millones de hogares, porque tienen el antecedente de lo ocurrido en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia obligó a retrotraer los incrementos y dotar de “gradualismo” al plan.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, criticó la política tarifaria del gobierno nacional, durante la Gran Audiencia Pública contra el Tarifazo que nucleó a intendentes, legisladores y organizaciones sociales en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires.

“El gobierno indicó que tomó la decisión de que aumenten las tarifas para que haya más inversión y, de esa esa forma, se mejoren los servicios públicos, pero fracasó en esta estrategia. Lo que sí sucedió fue que hubo una transferencia de recursos a las empresas, y nadie las controla”, expresó Lorenzino.

La audiencia se enmarcó en el reclamo hecho por la Defensoría, jefes comunales y el CEPIS para que la Justicia obligue al Estado a definir tarifas que no afecten la economía de los usuarios.

“Siempre dijimos que las tarifas se podían aumentar, pero los incrementos debían ser razonables, progresivas y proporcionales, y además debían llevarse a cabo inversiones. El gobierno tuvo la oportunidad de hacerlo bien, pero siempre saldó las diferencia a favor de las empresas”, indicó Lorenzino.

Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, agregó: "Nos oponemos a un nuevo aumento, que totaliza un 2400% de suba de 2015 hasta hoy. El acceso a tarifas razonables es un Derecho Humano, no un negocio".