El Municipio de General Madariaga informó mediante un comunicado oficial que el intendente Carlos Esteban Santoro y los integrantes de su gabinete aplicarán una “reducción temporal” en sus haberes salariales. La medida se enmarca en el contexto de la difícil situación económica que atraviesa el país y que impacta directamente en las finanzas locales.

Según se detalló, la decisión forma parte de un conjunto de acciones orientadas a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y el pago completo de los salarios de toda la planta de empleados municipales. La baja en la coparticipación y en la recaudación de tasas fue uno de los factores que motivó esta resolución.

Además del recorte salarial para el primer nivel de gobierno, se dispuso la revisión de los gastos generales, eliminando aquellos que no son considerados prioritarios, y el congelamiento de vacantes. “Se realizará una reducción temporal en los sueldos del Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”, señala el comunicado oficial, reafirmando el “compromiso de actuar con responsabilidad y priorizar el buen cumplimiento de los servicios para con los vecinos”.

Esta medida se replica en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, que enfrentan desafíos similares en sus cuentas públicas debido al contexto económico nacional. Santoro fue reelecto como intendente de General Madariaga en las elecciones generales de 2023, obteniendo el 67,19% de los votos -un total de 8045 sufragios- como representante de Juntos por el Cambio.

Fuente: con información de DIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los empleados del PAMI llevan desde octubre de 2024 sin paritarias, en un contexto de inflación que supera el 400% en los últimos dos años. Según el comunicado difundido, la pérdida salarial acumulada ronda el 45% y para recuperar el poder adquisitivo de 2023 sería necesario un incremento inmediato del 60%.

“Necesitamos un aumento del 60% para volver a tener el nivel adquisitivo del 2023”, advirtieron desde la organización, donde remarcan que la situación obligó a muchos trabajadores a sumar changas o empleos informales para sobrevivir. Algunos manejan vehículos de traslado como Uber, otros realizan tareas domésticas o venden productos por redes sociales, mientras se multiplican los adelantos de haberes y el endeudamiento con tarjetas de crédito, de acuerdo a la denuncia.

El gremio también cuestionó las condiciones laborales dentro del PAMI, que calificaron como “sobreexigidas y desprofesionalizadas”, sin carrera administrativa ni posibilidad de ascenso. Además, señalaron que los gobiernos de turno utilizan el organismo con fines políticos: “Pagan con cargos que corresponden al personal de planta a sus militantes”, criticaron.

Ante este panorama, se conformó una mesa intersindical integrada por ATE, SUTEPA y UTI para impulsar un reclamo que va más allá de lo salarial. “Pedimos dignidad, reconocimiento y condiciones de trabajo humanas. El PAMI funciona gracias al sacrificio invisible de sus trabajadores, y ese sacrificio ya no puede sostenerse más”, expresaron.

El comunicado concluye con un mensaje directo a las autoridades nacionales: “No alcanza solo con paritarias, no alcanza solo con aumentos, necesitamos de manera urgente recomposición salarial ya”.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es un derecho laboral que perciben todos los trabajadores en relación de dependencia registrados, así como jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. El pago se realiza en dos cuotas al año: la primera en junio y la segunda en diciembre.

Según la Ley de Contrato de Trabajo (art. 122), la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el último día hábil de junio, que este año es este lunes.

Sin embargo, existe un plazo de gracia de hasta 4 días hábiles posteriores para efectivizar el pago, por lo que algunos trabajadores podrían cobrarlo recién hasta el viernes 4 de julio.

El monto del aguinaldo de junio equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador durante el primer semestre del año (de enero a junio). Esto incluye sueldo básico, horas extras, comisiones, bonos no remunerativos y cualquier otro concepto que integre la remuneración habitual.

Si trabajaste los 6 meses completos, es el 50% del sueldo más alto de enero a junio.

Si no llegaste a ese tiempo, se debe realizar el sueldo más alto dividido doce y multiplicarlo por los meses trabajados.

Si la empresa no paga el aguinaldo dentro del plazo legal, el trabajador puede reclamarlo ante su empleador y, en caso de incumplimiento, realizar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Además, la falta de pago genera intereses por mora.

A raíz de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), comenzaron a llegar las primeras sanciones económicas a empresas que incumplieron con el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Las multas, que alcanzan cifras millonarias, fueron aplicadas a empresas como Yaguar, Vital, Caromar, Maxiconsumo y Makro, que se negaron a incorporar en los salarios el incremento acordado legalmente, a pesar de que el convenio cuenta con la homologación del gobierno provincial.

“El tiempo de las advertencias terminó. Se inicia ahora una etapa de sanción efectiva a quienes se creyeron por encima de la ley y del derecho de los trabajadores a percibir lo que les corresponde por paritaria”, expresaron desde el sindicato encabezado por Guillermo Bianchi.

Desde la organización gremial destacaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido de defensa del salario y de lucha contra la precarización laboral: “No vamos a permitir que ningún empleador desconozca los acuerdos que garantizan el poder adquisitivo de nuestros compañeros”, añadieron.

Por último, remarcaron que el sindicato continuará impulsando inspecciones y denuncias ante cada caso de incumplimiento, y llamaron a los trabajadores a reportar irregularidades para seguir avanzando en la defensa de sus derechos.

El cuerpo de delegados del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) realizó asambleas en los supermercados mayoristas, debido a que las empresas se niegan a pagar el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Los trabajadores mercantiles de diferentes firmas llevaron adelante asambleas donde decidieron declararse en estado de alerta y movilización, ya que los empresarios se niegan a pagar en su totalidad el acuerdo. "Pagaron el aumento del 1,9%, pero no abonaron la suma fija acordada de $35.000 correspondiente al sueldo de abril", afirmaron los delegados mayoristas.

En ese sentido, dijeron: "El estado de alerta y movilización va a seguir hasta que las empresas abonen la totalidad de la paritaria. Hasta el momento no tenemos información ni respuesta sobre cuáles son los motivos por los que no pagaron la totalidad del salario".

En ese sentido, desde el gremio encabezado por Guillermo Bianchi sostuvieron que las acciones gremiales seguirán y no descartan endurecer las acciones con el correr de los días, en caso de que no haya una respuesta favorable hacia los trabajadores.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ratificó el acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), correspondiente al trimestre abril-junio, y subrayó que se encuentra plenamente vigente, de acuerdo con lo establecido por las partes.

En ese sentido, desde FAECYS recordaron que el acta suscripta contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata.

En concreto, el artículo décimo del acuerdo estipula: "Para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’, el que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo".

El acuerdo prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, y establece que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000. Además, se acordaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, afirmó: "Este acuerdo fue alcanzado a través del diálogo responsable entre partes legítimas. Tiene plena validez y forma parte de nuestro compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de alta inflación que continúa golpeando a las familias argentinas".

"Desde FAECYS defendemos el valor de la negociación colectiva y creemos que los acuerdos consensuados deben ser respetados y aplicados. Esto brinda previsibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas del sector", agregó.

Sin acuerdo con los gremios y sin un nuevo llamado a negociar en paritarias, el Gobierno de Javier Milei fijó el nuevo salario mínimo para los docentes en $500.000 correspondiente a febrero. Esta cifra básica sirve de referencia en las paritarias de las provincias, que después pagan por encima de esos valores.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 381 de la Secretaría de Educación, publicada hoy en el Boletín Oficial, y llega tras el fracaso en la negociación de fines de febrero.

Según los considerandos de la normativa, el Consejo Federal de Educación propuso que el salario testigo docente nacional para el maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad sea fijado en $500.000, con el objetivo de “sostener” el Programa de Compensación Salarial Docente.

Las autoridades reconocieron que los gremios docentes no aceptaron la última oferta y señalaron que el piso salarial fijado, que se trata de un 19% más con respecto a agosto de 2024, fue propuesto por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación el 10 de marzo.

“La fijación de la retribución mínima refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto”, argumentaron.

En agosto, el Ejecutivo había fijado el salario mínimo docente en $420.000. Ya en ese momento los sindicatos venían reclamando por lo bajo de esa cifra y de hecho, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reclaman por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por considerar que su suspensión impacta de manera directa en los ingresos del sector. 

Según sus cálculos, a valores actualizados, si el fondo continuara vigente cada trabajador podría percibir alrededor de $180.000 adicionales. 

Enfermeros, mucamas, camilleros, administrativos y empleados de quirófano del Sanatorio Belgrano realizan una medida de fuerza por tiempo indeterminado, sólo con atención de urgencias y guardias mínimas de los pacientes en piso, en el marco de un reclamo salarial que lleva varias semanas y que no tiene visos de solución en un futuro inmediato.

“Es lamentable tener que llegar a esto, pero es la única manera que la empresa entienda que la gente no puede estar sin cobrar”, manifestó Analía Moreda, secretaria general de Asociación de trabajadores de la sanidad Argentina (ATSA), en diálogo con El Marplatense.

Moreda indicó que las autoridades del Sanatorio realizaron un “pago parcial”, pero que lo hicieron “jugando con la buena fe de la gente, diciéndole que la semana siguiente iba a estar el resto. Y la gente con un peso en el bolsillo trata de esperar”.

Sin embargo, resaltó que “estamos casi a fin de mes y esas promesas fueron de pagar cuando haya plata”.

“Encima tienen esa forma de contestar que parece que uno les está pidiendo limosna, cuando es el salario que uno se ganó trabajando todo el mes y a destajo”, resaltó la representante gremial de los trabajadores.

Por otra parte, aseguró que “no hay ningún justificativo” de parte de la empresa por el retraso en el pago y que con relación al futuro “no dieron respuesta alguna de por qué, ni cómo, ni cuándo. Cuando haya plata dicen”.

Luego de llevar a cabo una reunión con la Cámara de Empresarios del Transporte, la UTA seccional Mar del Plata anunció la obtención de un aumento de sueldo “para poder apalear el difícil momento que le toca atravesar a los afiliados”. 

Así lo afirmaron mediante un comunicado en donde mencionaron: “Es muy importante esta recomposición salarial para poder afrontar la crisis, ya que es el sustento de nuestras familias”.

“Entendemos la mala situación del país, pero no vamos a bajar los brazos, siempre vamos a estar del lado del trabajador. La única lucha que se pierde es la que se abandona”, sentenciaron.

Después de que Victoria Villarruel congelara los sueldos de los senadores y se quejara del monto que percibe, Juan Grabois se sumó a la ola de críticas que recayeron sobre la vicepresidente por asegurar que “en breve me pagan dos chirolas”. El dirigente no solo le pidió que renunciara a su cargo, sino que recibió el respaldo de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le recriminó a la presidente de la Cámara de Senadores el haber protestado por tener que congelar los aumentos de dieta, luego de que el Poder Ejecutivo la presionara para que firmara el decreto que oficializaba el congelamiento.

“Dejá de llorar y renuncia Videlina! No te quiere nadie. Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz te pagan tres chirolas”, ironizó el dirigente social, para luego ofrecerle ideas sobre las supuestas profesiones que podría ejercer, ya que, bajo su punto de vista, podría desempeñarse como “modelo de una fábrica de botas o abogada de genocidas”.

En línea con el descargo, Grabois destacó: “Aprovecha que por ahora hay mercado para la apología del terrorismo de Estado”. Incluso, profundizó la crítica al mencionar: “Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Milei”.

La polémica que se desató en torno a la figura de la vicepresidente no solo derivó en la contundente respuesta del dirigente, sino que generó una inesperada coincidencia entre el opositor y la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien lleva varios meses enfrentada a Villarruel. Sin embargo, el discurso también fue bien aceptado por los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA).

Luego de que el líder del MTE repudiara los dichos de la vicepresidente, entre los comentarios que recolectó la publicación, la integrante del bloque de Diputados de LLA respaldó la postura de Grabois. “No me obligues a darte like, lpmqtrmp!”, bromeó la libertaria.

La titular del Senado volvió a quedar en el ojo de la tormenta, después de que anunciara por medio de una publicación en Instagram que había firmado el decreto para congelar los sueldos de los senadores hasta marzo. En medio de las felicitaciones y críticas que recibió al respecto, la dirigente expuso su disconformidad con la medida.

“Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”, recriminó al mencionar que, mientras la dieta mantiene el monto, “la prepaga aumenta, los impuestos aumenta, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

De la misma manera, Villarruel dejó en claro que el descontento no sería solo con la medida impuesta por la Casa Rosada, sino que criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber aumentado el sueldo de los integrantes de la Cámara Baja en un 70% el año pasado.

“Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, denunció, para luego asegurar que su salario es “más bajo que hasta el de un vocero”, en referencia a Manuel Adorni. Y se diferenció al plantear: “Si de mi dependiera, lo tendría congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y mi suelto está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

Por otro lado, Lemoine reanudó sus críticas en contra de la vicepresidente, para asegurar que ganaría el mismo sueldo que Menem y Adorni. Junto a una captura de pantalla de los últimos haberes depositados por su función como diputada, la legisladora sentenció: “Martín y yo cobramos lo mismo”, al señalar que ambos percibirían un monto aproximado de 4 millones de pesos.

En línea con esto, la oficialista defendió al titular de Diputados al manifestar que “es un empresario exitoso y sortea su dieta”, para luego concluir: “No puedo creer que la vice se queje por ganar lo mismo que Menem o Adorni. Que vergüenza”. Hasta el momento, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el vocero presidencial se proclamaron sobre las acusaciones.

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) es un salario extra que se paga cada año en dos partes. La primera se abonó en junio y, la segunda, se realizará en diciembre. Para constatar el valor, se debe tomar el sueldo más alto de los seis meses anteriores al cobro. Sin embargo, siempre existen particularidades a tener en cuenta.

Se trata de un beneficio salarial adicional que reciben los trabajadores en Argentina. Se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en cada semestre, y se paga en dos cuotas.

Asimismo, es un derecho que beneficia a una amplia variedad de trabajadores en Argentina. Este pago extra es percibido por todos los trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos, trabajadores del servicio doméstico, así como jubilados y pensionados. Es un beneficio obligatorio que busca reconocer y compensar al trabajador con un monto adicional basado en el mejor salario mensual recibido durante el semestre.

Más allá de los empleados fijos y jubilados, también tienen derecho a recibir el aguinaldo los trabajadores temporarios y aquellos que hayan trabajado solo una parte del semestre. En estos casos, el aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado en el período correspondiente. La intención de esta disposición es asegurar que todos los trabajadores reciban una compensación adecuada, independientemente de la duración de su contrato o su condición laboral.

Cada medio aguinaldo corresponde a la mitad del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. Ambas cuotas tienen una fecha de vencimiento: la primera se pagó en la última jornada laboral del mes de junio, el 30 de dicho mes, y la segunda se podrá cobrar hasta el 18 de diciembre, justo antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Si bien está estipulada una fecha límite, las empresas tienen cuatro días de gracia para efectuar el pago, por lo cual no está de más consultar al departamento de recursos humanos de cada compañía cuándo se acredita el aguinaldo.

Para determinar el monto total que se cobrará con el aguinaldo, es necesario tener en cuenta los siguientes cuatro ítems:

Cuando se habla de aguinaldo, casi siempre surge la duda entre los trabajadores en saber si cobrarán este sueldo anual complementario habiendo trabajado menos de seis meses. Y la respuesta es sí, los empleados que han trabajado menos de seis meses en una empresa también tienen derecho a cobrar el aguinaldo, aunque de manera proporcional al tiempo trabajado.

Para calcular el aguinaldo proporcional, se toma el 50% del salario mensual más alto recibido durante ese período, se divide por seis y el resultado se multiplica por el número de meses trabajados. Este método asegura que incluso aquellos con periodos laborales más cortos reciban una compensación justa en línea con la legislación vigente.

Siempre es importante tener en cuenta que tanto empleadores como empleados estén al tanto de este derecho para evitar malentendidos y garantizarlos pagos correspondientes. Si el empleador no realiza este pago de manera oportuna, el empleado puede iniciar una reclamación formal.

En caso de incumplimiento, el trabajador tiene la opción de considerarse despedido por justa causa según las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que refuerza la importancia de cumplir con este derecho laboral básico.

Fuente: Infobae

Luego de un lunes caliente al conocerse que la dieta de los senadores ascendería a $9.000.000, El Marplatense recorrió las calles para saber la opinión del ciudadano. Una vez conocida la noticia, las críticas no tardaron en llegar, incluida la de Javier Milei, y finalmente la presidente del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este jueves una sesión especial para "debatir" los aumentos.

"Como presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

La firma de la paritaria había sido pactada para los meses de julio con un 3,5% y de agosto con un 3%. En abril de este año, los senadores llevaron al recinto y aprobaron un proyecto que establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre el último punto, sólo cuatro legisladores no lo cobran en la actualidad.

Villarruel fue fuertemente cuestionada por el jefe de Estado, quien emitió un contundente comunicado por redes sociales: “¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla. “Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, enfatizó el libertario.

Pese a que evitó puntualizar en los responsables detrás de la medida, señaló: “No sé quién fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”.

En este sentido, Maximiliano, quien se encontraba tomando un café en el centro local, le expresó su opinión a este medio: "No tienen cara, nosotros ponemos el lomo por el país y ellos no hacen nada. Me da bronca porque no piensan, esa plata la pueden tirar para la paritaria de lo trabajadores, se merecen las peores puteadas. Tienen que cortar de raíz todo".

En tanto, Liliana también brindó su perspectiva: "Estoy indignada sobre eso. Es un montón de plata, están robando muchísimo. Voy en contra de eso totalmente, no sirven de nada en el Congreso, solo nos sacan plata y ni laburan".

Y un tercer entrevistado, Javier, lo consideró “desastroso” y remarcó que los senadores “deberían haber tenido más empatía con la sociedad”. Y también, lanzó: "Encima se aumentan ellos mismos el sueldo, son unos desvergonzados. Creo que el país va avanzando de a poco, pero con gente como esta, el esfuerzo lo hacemos pocos".

El Gobierno buscará implementar desde este mes la reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, aprobada hace dos semanas por en el Congreso y por la cual unos 800.000 trabajadores volverán a pagar el tributo.

La intención es reglamentar con celeridad la norma para que el impacto sea sobre los sueldos de julio, que los trabajadores cobran en agosto, según confirmó una fuente del Ejecutivo al diario La Nación.

Uno de los pasos que podría demorar la aplicación hasta agosto –son los sueldos que los trabajadores perciben en septiembre- es la adaptación necesaria de la normativa de la AFIP, que tiene que amoldar sus sistemas y aplicativos para poder volver a cobrar la cuarta categoría del tributo.

En el Gobierno esperan tener promulgada la ley el lunes. Allí se conocerán los detalles finos de la normativa que la AFIP deberá tomar en cuenta para a su vez adaptarse a ellos.

En el Ministerio de Economía, no obstante, todavía son cautelosos con respecto a los meses que quedarán alcanzados por Ganancias. “La ley dice que la reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes y la forma de cálculo. Hay que esperar a la reglamentación”, dijeron en la cartera que lidera de Luis Caputo.

Lo que sí está confirmado es que el impuesto, aunque sea de cálculo anual, no tendrá efecto retroactivo a enero. La ley especifica que no quedarán gravadas las remuneraciones cobradas antes de la eventual aprobación de la ley.

La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos, y a los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%. La restitución del impuesto beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), orillará 0,43 del PBI.

En paralelo a este trámite interno, surge la posibilidad de que varios gremios lleven a la justicia su reclamo para que no se aplique la reposición del impuesto, lo que podría paralizar el proceso con un alcance que dependerá de lo que dispongan los tribunales.

El corazón de muchas argumentaciones contra la ley apunta a una posible inconstitucionalidad devenida del hecho de que el capítulo específico fue aprobado solo por Diputados, mientras que el Senado se abstuvo de tratarlo. Lo rechazan al señalar que hubo un voto en general de ambos cuerpos al paquete fiscal y que Ganancias era solo un título incluida en ella.

Con todo, Raúl Durdos (Somu), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Moyano (Camioneros) y Mario Manrique (Smata) impulsan presentaciones contra la ley fiscal y, también, contra la Ley Bases.

Luego de seis meses de congelamiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió hoy otorgar un aumento del 80% en tres cuotas a los diputados nacionales, aunque no contó con el aval del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

La dieta que reciben los legisladores de la Cámara baja, que no llega a los dos millones de pesos y es significativamente menor a la que perciben los senadores nacionales, no se mueve desde noviembre del año pasado, pese a la disparada de los precios durante los meses del verano.

Menem acordó la suba luego de mantener conversaciones con los líderes de distintas fuerzas políticas. Desde Unión por la Patria y sectores de Hacemos Coalición Federal le pedían que el aumento fuera mayor, como para acercarse a lo que cobran los senadores, pero el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.

La resolución llevará la firma de Menem en soledad, luego de que el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se negara a avalar el aumento. Tampoco los bloques de la oposición quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.

En medio del debate por la Ley Bases, los senadores nacionales recibieron una buena noticia; sus sueldos volverán a ajustarse y en junio cobrarán, en promedio, unos $8 millones de pesos por mes.

Con la suban del 9% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo), los 72 integrantes de la Cámara alta pasarán el mes que viene a cobrar esa cifra en bruto, algo de más de $5 millones netos (en mano). El aumento llega como consecuencia de un mecanismo que ata los ingresos de los senadores a la paritaria de los empleados del Congreso.

Hace un mes, una votación poco clara en el Senado generó revuelo cuando los propios legisladores aprobaron una resolución que habilitó la suba de las dietas. En una votación a mano alzada, decidieron aumentarse las dietas desde el 1 de mayo de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la vice Victoria Villarruel, presidenta del Senado, que también se defendió en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

El texto que se refiere a las dietas que acordaron los bloques en ese momento con Villarruel señala que pasarán a estar conformadas por 2500 módulos (de $1800, pero se va actualizando), más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.

Fuente: DIB

Se acerca el mes de junio y los empleados formales se aprestan a cobrar la primera cuota de este año del aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, que esta vez llega en medio de una fuerte caída del consumo y de los ingresos reales de los trabajadores.

¿Cuándo se cobra?

Los empleadores tienen plazo legal para pagarlo hasta el 30 de junio, sin embargo existe un período de gracias de cuatro días hábiles para hacerlo. Eso hace recaer la fecha límite el 4 de julio de este año.

Los plazos están estipulados en la Ley 27.073, pero fueron modificados en 2015, cuando se introdujeron cambios en la normativa. En tanto, la segunda parte del SAC puede abonarse hasta el 18 de diciembre, antes de la Navidad y Año Nuevo.

¿Cómo se calcula el medio aguinaldo?

“El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”, indica la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

Eso quiere decir que para el cálculo se toman en cuenta también adicionales como bonos, horas extra y antigüedad.

En caso de que el empleado lleve menos tiempo en su puesto de trabajo, hay una fórmula que permite determinar el monto a cobrar: dividir el salario mensual por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Fuente: DIB

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó hoy que La Libertad Avanza presentará un proyecto de ley para dar marcha atrás con el aumento del 30% en la dieta de diputados y senadores nacionales que él mismo y la vicepresidenta Victoria Villarruel habían dispuesto, luego de que el incremento fuera revelado por un portal de noticias.

La decisión fue anunciada por el propio Menem, que la atribuyó a un orden del presidente Javier Milei, luego de que una parte de La Libertad Avanza y de sus aliados parlamentarios de PRO se mostrara contraria a esta decisión. Villarruel, por su parte, hasta ahora no se refirió públicamente a la cuestión.

En un comunicado que difundió la vocería de la presidencia de Diputados y el propio Menem en sus redes sociales, el legislador buscó desviar la atención hacia las presidencias de Amado Boudou en el Senado y Julián Domínguez en la cámara Baja –con Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación- cuando se ató las subas de las dietas de legisladores a la de los empleados parlamentarios.

“Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011”, dijo Menem.

Ese decreto fue dejado de lado en la pandemia, como gesto de austeridad. Pero después las dietas se volvieron a atar a los sueldos. Y como los empleados del Congreso recibieron un incremento del 30% también les tocó a los diputados y senadores. Pero para que ello ocurriera, Menem y Villarruel debieron formar una resolución administrativa.

La suba choca con el discurso “anti casta” de La Libertad Avanza y en medio de una fuerte caída de los ingresos reales –salariales y de otro tipo- que se aceleró exponencialmente después de la devaluación del peso que llevó adelante el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo.

“Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”, escribió Menem al confirmar la marcha atrás con la suba, que llevaba la dieta de un diputado a unos $2.500.000 al mes.

A diferencia de lo que ocurrió con la suba, la marcha atrás se hará por ley. De ese modo, todos los bloques parlamentarios quedarán implicados en la controversia, aprueben o no la eliminación del aumento.

Hasta que la periodista Noelia Barral Griguera lo reveló en el portal Cenital, ningún parlamentario había hablado del incremento en público. Una vez conocido, varios libertarios y PRO se expresaron en contra de la medida, que podría haberse dejado sin efecto con una nueva resolución administrativa de Diputados y Senadores.

Fuente: DIB.

La pandemia desnudó los déficits del sistema de salud y desde entonces se debate sobre lo que ganan los médicos argentinos. Una perspectiva es comparar lo que se pagan las prestaciones con lo que ganan los médicos en otras partes del mundo.

CAMEOF (Cámara de medicina oftalmológica) ha llevado adelante este análisis, donde no se refleja las grandes diferencias de cobro de los médicos argentinos frente a otros países, como también acerca una explicación del deterioro que viene sufriendo el sistema de salud nacional.

Para darle un marco comparativo, lo relacionamos con lo que los afiliados pagan de su seguro médico, acá y en otras partes del mundo. No todo es perfectamente comparable, ya que las prepagas argentinas cubren más gastos que en otros países donde algunas prestaciones están cubiertas por salud pública (discapacidad, fertilización in vitro, cinturón gástrico, etc. etc.); pero algunas de estas variables guardan una desproporción entre los valores de la prestación y los costos que llaman poderosamente la atención y se convierten en un punto más en este debate sobre la salud de los argentinos.

Honorarios: las mayores diferencias

Los países que producen instrumental médico de precisión son pocos y casi nada es fabricado en Argentina. Las diferencias en los costos de equipamientos e insumos no son tan grandes con otros países analizados, pero si existen diferencias en los honorarios que perciben los médicos argentinos.

Para reconocer estás diferencias, la Cámara ha utilizado tanto el dólar oficial como el paralelo (dos de las 16 variables de precio del dólar que existen en el mercado) y fijaron tres parámetros de las prestaciones pagados por las prepagas:

Y distintos países:

La consulta en Argentina para las prepagas está entre 1000/2500 pesos, con valores menores en obras sociales y algo más en algunos otros gerenciadores.

Por eso, se estableció  la consulta en $2000 promedio, el  1° de enero del 2023 (180 oficial ,330 el paralelo), lo que representa al dólar oficial 10.80 dólares y al dólar paralelo 5.50 dólares.

La consulta en Uruguay equivale a 25 US$, en España 22 US$, en Brasil a 22 US$ y en EEUU van de 50 hasta 150 US$ de acuerdo al Estado y al nivel del especialista.

Todos estos valores son antes de impuestos y es sabido que Argentina tiene mayor presión impositiva que los paises analizados. Es decir cualquier médico en el exterior cobra, por lo menos, el doble que un médico argentino, problema que se agrava ya que las consultas los médicos las cobran a los 60/90/120 o más.

¿La calidad en la atención se verá afectada?

Vale destacar que los equipos para operar catarata no se fabrican en Argentina, provienen de EEUU, Suiza, Alemania, etc. Y esos equipos al llegar pagan los derechos de Aduana, sin mencionar que los repuestos son más difíciles de conseguir y que Argentina no cuenta con la financiación que otros países ofrecen, pero los equipos utilizados son idénticos a los usados en los demás países.

Y a pesar de utilizar los mismos equipos que en cualquier otra parte del mundo, la cirugía de cataratas, por ejemplo, se abona entre la mitad o la tercera parte, sin aclarar nuevamente, que ese pago se realiza en plazos que se extienden entre 90 y 180 días, siendo Argentina el país con más inflación de los que hemos mencionado.

Muchos afiliados se quejan de la demora para conseguir turno y de cómo se han borrado los médicos de su prepaga, está es una parte de la explicación que justifica el deterioro en la calidad prestacional.

CAMEOF remarca que de mantenerse estas diferencias, la calidad prestacional se va a deteriorar no sólo en tiempo de espera sino en obsolescencia tecnológica.

El Dr. Omar López Mato, oftalmólogo, miembro de la Cámara, aclara “Creemos que el copago es parte de la solución, pero siempre y cuando el dinero que pague el afiliado vaya directamente a manos del prestador (médico, psicólogo, kinesiólogo) porque así se atenuaría el costo financiero que soporta el médico”.

Y como Cámara afirman que “es indispensable que este diálogo no sea solo entre prepagas y organismos estatales, acá están comprometidos decenas de miles de profesionales del arte de curar y centenares de miles de empleados que no pueden ser dejados de lado”.

Desde que empezó la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional el 19 de marzo, los trabajadores y empleadores debieron sentarse a realizar un acuerdo para que los salarios puedan ser pagados en el medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El reconocido lugar de juegos electrónicos de Mar del Plata, SACOA, se encuentra cerrado, y los trabajadores denunciaron no estar cobrando sus sueldos completos, según contó Mariana Uzcudun, trabajadora con 25 años de antigüedad. "La situación es desesperante", aseguró.

Sin embargo, Fernando Herrera, apoderado de SACOA, dijo a El Marplatense que "de ninguna manera nosotros cercenamos derechos y sí le queremos pagar a los empleados".

"Son tres generaciones de dueños y nunca hemos tenido un problema con las familias de los trabajadores ni con el sindicato. Quiero aclarar sobre los dichos de la trabajadora que en este martes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Capital Federal, respecto al tema de los salarios reclamados", señaló.

Además, indicó que el planteo que ellos sostuvieron al Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos fue "no solo tratar los sueldos de abril y mayo sino ampliar la discusión. En el mes de abril ya habíamos iniciado expedientes para tratar el tema salarial y el tema del cierre de los locales dispuesto por el Poder Ejecutivo", expuso.

"Lo que planteamos es que tenemos que hablar toda la cuestión salarial hasta que los locales se puedan volver a abrir. Por lo que garantizamos el 50 % del salario de forma provisoria con el compromiso de no despedir a nadie. Pero le vamos a pagar el sueldo a los trabajadores, la empresa seguirá vigente y se le va pagar la diferencia al 100% cuando volvamos a abrir el local", apuntó Herrera.

Y reiteró que "el sindicato solo quiso hablar de los salarios de abril y de mayo y no aceptaron la charla de toda la cuestión salarial de la empresa". "Qué pasa con los sueldos de junio, de julio, agosto, y así, qué pasa con esos sueldos", expresó.

"Ellos reclaman que sea el 100% ahora, pero no aceptan hacer la discusión general del tema salarial y del cierre de la empresa", dijo el apoderado de la firma de juegos electrónicos, y añadió que "no le redujimos el sueldo a nadie, eso sería desconocer el otro 50% del salario, nosotros pagamos la mitad ahora pero cuando abramos les pagaremos la totalidad". "No elegimos cerrar ahora, sucedió algo que nos obligó", señaló.

En referencia a la mención de la trabajadora sobre el sueldo, señaló que "estamos pagando lo que marca el convenio colectivo de trabajo, con los aportes y carga social".

"Estamos absolutamente presentes, no es que no queremos pagar ni que desparecemos. El expediente del Ministerio de Trabajo para hablar con el sindicato es desde el día 30 de abril de este año", explicó.

Por último, reafirmó que "no se llegó a un acuerdo", y aclaró que "de ninguna manera nosotros cercenamos derechos y sí le queremos pagar a los empleados". "Esta empresa nunca tuvo problemas salariales en todos los años que estuvo. Yo no puedo comprometerme a algo que no se cuánto tiempo lo puedo sostener", concluyó..

Hay gastos corrientes que parecen invisibilizados y sin consideración alguna para la Municipalidad de General Pueyrredon pero que, a la hora de  las cuentas, se lucen con dimensiones imposibles de ocultar y con el inexorable manifiesto de representar una carga muy pesada de sobrellevar para las espaldas de cualquier administración.

La pregunta es simple pero no por eso frecuente: ¿Cuánto le cuesta a las arcas del Municipio - constituidas con el aporte que hace cada uno de los contribuyentes marplatenses - sostener el funcionamiento del Concejo Deliberante?

Son casi 122 millones de pesos anuales los que actualmente debe desembolsar la administración municipal para solventar a los concejales y su equipo de trabajo. Únicamente, por el salario de sus asesores, ya se destinan más de 93 millones de pesos.

Con el último aumentó que otorgó el Intendente Carlos Arroyo, el sueldo básico de un trabajador municipal quedó estipulado en 18.253 pesos. Y cada concejal percibe cinco sueldos básicos: es decir, que su salario mensual asciende a 91.267 pesos.

En el año, entonces, la Municipalidad tiene un costo por edil de 1.186.471 pesos anuales (teniendo en cuenta el aguinaldo) y, traducido a la totalidad del cuerpo legislativo - que está constituido por 24 representantes -, la cifra trepa a 28.475.304 pesos, y sin considerar aspectos trascendentes como bonificaciones o las antigüedades que haya para cada caso.

Hay otro factor clave para la ecuación: los asesores. La normativa vigente otorga a los integrantes del Honorable Concejo Deliberante la potestad de repartir, a su criterio, 16 sueldos básicos entre sus colaboradores, lo que equivale a 292.048 pesos por mes.

A ello se deben considerar otros adicionales: el presidente del Concejo Deliberante dispone de 5 módulos más, el vicepresidente primero recibe tres más y la vicepresidente segundo percibe otros dos módulos más. En total, entonces, son 394 módulos los que hay para repartir entre los ediles.

En síntesis, si se consideran los sueldos y los módulos de sus asesores, para la Municipalidad hay un gasto mensual por cada concejal que representa 383.322 pesos, y que anualmente se traduce en 4.983.186 pesos aproximadamente.

Únicamente, por los haberes que perciben los distintos asesores que tiene asignado cada edil, hay un costo por año de 93.494.119 pesos. Y se suma este millonario valor, al costo que significa todo el cuerpo legislativo, la realidad marca que hoy hay un desembolso de más de 121.969.486 de pesos para la administración central de la comuna de la ciudad.