La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley para fortalecer el Poder Judicial que incluye el pedido de autarquía financiera y el reclamo al Ejecutivo de Axel Kicillof y a la Legislatura para avanzar en la cobertura de vacantes.

Durante un acto institucional, Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, planteó la necesidad de resolver dos problemas centrales: el presupuesto judicial y la falta de designaciones.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó Torres al señalar que actualmente funcionan con tres de los siete integrantes previstos. En ese sentido, advirtió que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica” para garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

El magistrado repasó además que pasaron 2292 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la salida del ex juez Luis Genoud, lo que genera dificultades operativas, especialmente en votaciones clave.

En paralelo, se avanza en negociaciones políticas para completar los cuatro cargos vacantes antes de la feria judicial de julio. El esquema en discusión contempla que tres postulaciones correspondan al oficialismo -repartidas entre distintos sectores internos- y una a la oposición, con pliegos que deberán ser aprobados por el Senado.

Torres subrayó que el problema de vacantes se extiende a todo el sistema judicial. Si bien destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones, remarcó la necesidad de continuar en 2026 para cubrir más de 200 cargos pendientes.

En cuanto al aspecto presupuestario, el titular de la Corte insistió en la necesidad de contar con independencia financiera. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, sostuvo. También recordó que el 90% del presupuesto se destina a salarios.

El proyecto, denominado Fortalecimiento del Poder Judicial, fue firmado junto a entidades del sector como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, y enviado a la Legislatura como una señal política en medio del debate sobre la calidad institucional.

Fuente: con información de DIB

La Suprema Corte resolvió este lunes extender el asueto en la Justicia bonaerense hasta el 10 de mayo y, en esa misma resolución, también dispuso  la implementación de más servicios a distancia.

Finalmente, el máximo tribunal de la provincia firmó sendos acuerdos con la la Asociación de Judicial Bonaerense (AJB) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios para desarrollar la metodología de teletrabajo o trabajo en domicilio. Las decisiones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y quedaron firmes para su aplicación.

En ese sentido, se brindaron pautas elementales sobre la utilización de la herramienta. Entre ellas, según lo publicado en el texto oficial: "que los encargados de designar las personas que presten servicio de trabajo remoto, lo hicieran de modo responsable y razonable, garantizando el derecho a la jornada laboral de los empleados y funcionarios; que las personas que trabajen en su domicilio deban usar los servicios de acceso remoto de la Suprema Corte de manera adecuada, dentro del ámbito de cumplimiento de sus funciones laborales; y, los aspectos técnicos informáticos necesarios, para lo cual se dispuso la asistencia técnica de la Subsecretaría de tecnología Informática.

Que, la utilización de dicha modalidad de trabajo fue reiterada a través de las ulteriores decisiones de la Presidencia de este Tribunal . Inclusive, se enfatizó que -sin perjuicio de la resolución prioritaria de las cuestiones de urgente despacho que se le presenten- los magistrados debían programar sus tareas a fin de poder dictar - complementariamente, en el marco de las actuales circunstancias-, las providencias, resoluciones interlocutorias o sentencias definitivas que se encuentren pendientes".

Desde el gremio de judiciales destacaron que el convenio “impone límites claros ante los múltiples abusos que suelen verificarse en esta modalidad de trabajo, y establece mecanismos para resolver las situaciones de conflicto en un ámbito paritario”.

Esta regulación es de caracter excepcional durante el plazo limitado al contexto de la emergencia, pero sostiene la exigencia a la Suprema Corte de mantener el asueto.

La Suprema Corte resolvió extender el asueto en la Justicia bonaernese hasta el 10 de mayo, mismo período en el que se dispuso la continuidad del aislamiento por la pandemia a nivel nacional.

El máximo tribunal provincial resolvió esta prórroga aclarando que "esta medida transitoria se establece al sólo efecto de mantener la continuidad jurídica" durante la emergencia sanitaria.

También se dispuso la implementación de más servicios a distancia, cuestión que tendrá una nueva resolución ordenadora en las próximas horas y se pondrá de manifiesto la reanudación de plazos para la actividad.

La Resolución SPL Nº 21/20 explicita al respecto que la Suprema Corte “determinará la implementación de un esquema de grados crecientes de servicios a distancia que, en el contexto de la emergencia causada por la pandemia COVID-19, habrá de instituir el Tribunal”.

Más de 500 Jueces y funcionarios de toda la provincia se reunirán en Mar del Plata los días 8 y 9 de agosto para el “II Congreso de Magistrados” y el “XVII Congreso de Funcionarios” del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, se encuentran Eduardo Néstor De Lazzari y Hilda Kogan, ambos de la Suprema Corte, y el Procurador General  Julio Conte Grand.

Los congresos, declarados de interés general tanto por provincia como por el municipio, contarán con diversos disertantes tanto del poder Ejecutivo, como Legislativo, Ministros, Juristas, representantes de la Federación Argentina de Magistrados y funcionarios, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, además de especialistas en cada tema a debatir. El evento será en forma conjunta en el Paseo Cultural Estación Sur y en el NH Gran Hotel Provincial.

Entre los temas a discutir se destaca el análisis de las políticas públicas ante el narcotráfico, los derechos de las personas con discapacidad, reformas de los Códigos de Procedimiento penal y Civil de la Provincia, Juicio por Jurados, funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa, Justicia de Paz, Sistema Carcelario,  Sistema Judicial Juvenil, y otros.

El encuentro se hará en homenaje a las doctoras Nelly Carolina Buffano y Evangelina Mafalda González, y cuenta con el lema: “Por lo hecho y por lo hacer, a casi 55 años de la fundación del colegio de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires”.

“A casi 55 años de la fundación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, este segundo encuentro académico de alcance provincial está centrado en reflexionar acerca de las condiciones del fortalecimiento de una justicia independiente, próxima a los ciudadanos y tecnológicamente adaptada a los nuevos desafíos sociales”, dijeron los organizadores.

Esta Congreso Provincial tiene como ejes la independencia judicial, relación con los ciudadanos y acceso a la jurisdicción, y el uso de las nuevas tecnologías y modelos procesales para mejorar el servicio de justicia.

Las conferencias destacadas son:  “Activismo Judicial y Cambio Social” a cargo del Presidente de la Suprema Corte Eduardo Néstor De Lazzari, “El perfil del Juez” a cargo de la Ministra de la Suprema Corte Hilda Kogan, “Hacia una justicia provincial con autarquía” a cargo del Ministro de la Suprema Corte Daniel Fernando Soria, y “Liderazgo, y cambio cultural para la recuperación institucional, el caso del Ministerio Publico de la provincia de Buenos Aires” a cargo del Procurador General de la Suprema Corte Julio Marcelo Conte Grand.

Ya no hay discusión: la ley 26.639 de protección de glaciares de la Argentina es constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían, en suspenso, la aplicación de esa norma.

La decisión del máximo tribunal ahora abre el debate sobre, al menos, 40 proyectos mineros en el país. Los artículos 2 y 6 de la norma eran los más discutidos. El primero de ellos se refiere a la superficie de protección de los cuerpos de hielo y de roca, es decir, dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar. El sexto, a las actividades prohibidas en esa superficie. El acuerdo de los ministros de la Corte no hace referencia en particular a este detalle.

Los fundamentos que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda para rechazar los planteos se centraron en la argumentación del proceso de sanción de la ley, con el debate en ambas cámaras del Congreso; en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.

Los actores demandantes planteaban que el Congreso había avanzado sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales. En este sentido los jueces fueron contundentes: "Antes de buscar confrontación, los artículos 41 y 124 de la Constitución, deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental", expresaron, al tiempo que sostuvieron que "no hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada".

Y consideraron que "Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera".

Los ministros agregaron que "la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio".

Así, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti advirtieron que "la protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación -concluyeron- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución".

También hicieron mención al derecho al agua y, en ese sentido, destacaron la importancia de la norma en cuanto protege a "los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

Los jueces dejaron sentada en su argumentación las consecuencias que la crisis climática ya provocó en los cuerpos de hielo de nuestro país e hicieron referencia a la advertencia del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) respecto de la retracción de glaciares por el calentamiento global. "Esta lectura se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016", indicaron.

En el texto se tiene presente que "para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, debía reconocerse la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños".

En suma, los ministros concluyeron que "el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente".

El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco también rechazaron los pedidos de los demandantes y centraron sus votos en la falta de prueba respecto de la afectación que alegaban. "Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo. Por el contrario, nada parece perturbar, de acuerdo al relato de las actoras, el normal funcionamiento de su actividad minera. Tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos. Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan", indicó Rosenkrantz.

El rechazo de Highton se fundó en un argumento similar: "No se encuentran cumplidos los recaudos que permiten, con fundamento en los criterios antes expuestos, tener por acreditada la existencia de un caso controversia en la medida en que nada parece perturbar -de acuerdo sus propias manifestaciones- el normal funcionamiento de su actividad minera. Las concesionarias Barrick Exploraciones Argentinas S.A. Exploraciones Mineras Argentinas S.A. la provincia de San Juan han formulado sus planteos de manera genérica y no han logrado invocar la existencia de un caso controversia judicial que habilite este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la cuestión".

Aunque las mineras se mostraban ayer inquietas por la decisión, la cámara que las agrupa emitió un comunicado: "La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Y entendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable".

La Argentina tiene 16.968 glaciares, ocupa el segundo lugar de América Latina en términos de recursos disponibles de agua dulce y se encuentra entre los primeros 15 estados del planeta. Según un documento hallado por la justicia en la Secretaría de Ambiente de la Nación, hay 44 proyectos mineros activos o en planificación en zonas glaciares o periglaciares. Sólo en San Juan hay 28.

La empresa Barrick, que explota Veladero en esa provincia y que inició el recurso legal, asegura que la mina no ocupa superficie protegida por la normativa. Esa aseveración es, en parte, lo que convirtió en abstracto el planteo. Sin embargo, el inventario de glaciares podría determinar otros límites. Según los trascendidos, el nuevo argumento legal será la irretroactividad de la ley.

Infobae

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves por unanimidad la designación de Sergio Gabriel Torres como el nuevo juez de la Suprema Corte, cuyo pliego fue enviado por la Gobernadora María Eugenia Vidal para cubrir el cargo vacante que había en el máximo tribunal de Justicia bonaerense.

En la actualidad, Torres es uno de los once jueces federales que ocupan despachos en los tribunales del edificio de la avenida Comodoro Py 2002. Está a cargo desde noviembre el año 2001 del Juzgado Federal N° 12, donde, entre otros cientos de casos, estuvo radicado el expediente en el que se investigó la represión dentro de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

?SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA ✋

El Senado aprobó por unanimidad el pliego de Sergio Gabriel Torres para ocupar la vacante disponible en la Corte Suprema de Justicia bonaerense. pic.twitter.com/Ow0BUPTdsX

— Senado BA (@Senado_BA) 11 de abril de 2019

Torres, que cumplirá 55 años en julio próximo, es casado y padre de dos hijas. Ingresó a la Justicia Federal en el año 1985 y desde entonces ocupó diversos cargos en el escalafón judicial. Fue fiscal federal por unos meses y en 1994 fue designado juez en lo Criminal en la Capital: estuvo al frente del juzgado de Instrucción 24 hasta que pasó a ser juez federal siete años más tarde.

El magistrado creció en Longchamps, provincia de Buenos Aires, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1987, juega al tenis y en Comodoro Py es conocido con el sobrenombre de “El mudo”, por su culto al bajísimo perfil.

Desde su postulación, Torres sumó 387 adhesiones provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas, según informó la agencia de noticias Télam.

Entre otros, recibió el apoyo de la Universidad de Buenos Aires y de Belgrano, y en la provincia de Buenos Aires, las de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, y de la Universidad Nacional del Centro. También se sumaron instituciones de países México, Perú, España e Italia, así como también del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal.

Entre las instituciones de la comunidad civil que manifestaron su adhesión se encuentran el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico; la Asociación Civil Madres en Lucha contra el paco; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Sara Rus, sobreviviente de la Shoa y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Asociación Civil Centro de la Mujer de Virreyes; el Centro Barrial “San Alberto Hurtado” ; la Asociación Argentina de Justicia Constitucional; el Instituto de Capacitación Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”; la Asociación Argentina de Salud Mental; la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT); la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina y la Mesa Nacional por la Igualdad.

Torres es doctor en Ciencias Jurídicas, Magister Internacional en Nuevos Delitos Penales, especialista nacional avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, especialista en Derecho Penal y Criminología, diplomado en Delitos de Corrupción Pública y Privada –compliance- y diplomado en DDHH, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual.

También fue distinguido profesor y doctor “Honoris Causa” en diversas universidades nacionales e internacionales, además de ser declarado, en 2014, “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” por la Legislatura porteña.