Las organizaciones socioambientales Mirada Ciudadana y Surfrider presentaron en Mar del Plata un informe titulado Otro avasallamiento del espacio público, elaborado a partir de un relevamiento técnico que analiza el impacto de las concesiones privadas sobre las playas durante la marea alta en Playa Grande, Punta Mogotes y el sector sur del Faro. Para el presidente de Surfrider Argentina, Gustavo Huici, la situación es “peor” que en años anteriores.

El estudio presentado expone el incumplimiento sistemático de los pliegos de bases y condiciones vigentes. Según las entidades, la combinación entre la dinámica natural de las mareas y la instalación de estructuras de sombra fija genera una exclusión casi total del uso público en distintos tramos de la costa.

En diálogo con El Marplatense, Huici indicó que “Mar del Plata debería tener una visión de la ciudad que queremos, preservar nuestras costas dando un salto tecnológico para proteger las playas de la erosión manteniendo su perfil natural y aumentando sus amenidades”.

Según el informe, en Playa Grande los contratos establecen que debe garantizarse un 30% de sector público. Sin embargo, en marea alta ese espacio se reduce al 16%. Además, se detectó una nueva irregularidad: la colocación de sombrillas de alquiler dentro del área que debería ser de libre acceso.

En Punta Mogotes, la situación resulta aún más crítica. Aunque el pliego exige un 25% de espacio público, el relevamiento indica que durante la marea alta solo queda disponible un 11% de playa libre para los usuarios. Y en el sector sur del Faro, la ocupación por sombra fija alcanza el 100% en marea alta, lo que impide incluso el tránsito peatonal paralelo a la costa y anula por completo el espacio público de uso común.

Huici sumó además ejemplos como el de Punta Cantera II “donde sin ningún tipo de declaración de impacto ambiental se ocupó con bungalows un espacio público en un accidente geográfico emblemático de Mar del Plata con servicios que duplican los de la ciudad”. Y si bien parece un pedido al que las autoridades hacen oídos sordos, para el ambientalista “el reclamo más efectivo en los tiempos que corren es la voz de la comunidad y la Justicia”.

Otro de los datos centrales del informe que presentaron los organismos es la fuerte desigualdad en la densidad de uso del suelo. En un día testigo con 26 grados en Playa Grande, cada persona dispone de apenas 2,55 metros cuadrados en el sector público, mientras que en el sector privado cuenta con 37 metros cuadrados. Esto implica que la concentración de personas es 15 veces mayor en el área pública que en la privada, generando sobrecarga y una experiencia de uso deficiente para quienes no pueden pagar por sombra.

Las organizaciones también cuestionaron la rentabilidad social y económica del sistema de concesiones, señalando que lo recaudado no alcanza para cubrir los gastos operativos del Ente Municipal de Turismo y Cultura. A la vez que indicaron que el modelo de sombra fija resulta irracional frente a la naturaleza cambiante del mar y perjudica la competitividad de Mar del Plata frente a destinos internacionales donde el acceso a la playa es libre.

En este contexto, Huici apeló a “cambiar la ecuación aumentando los sectores públicos, disminuyendo la cantidad de carpas y sombrillas de los concesionarios que deberían aumentar los precios y mantener sus ingresos totales, y retirar todo el cemento de la arena”.

Avanza en la Legislatura Bonaerense -donde tiene media sanción- un proyecto de ley impulsado por la ONG Surfrider Argentina, que tiene como fin la Protección de Rompientes, destacando su relevancia ecológica, cultural, económica y deportiva. Al respecto, el director de la entidad, Hernán Pérez Orsi, recordó que las rompientes “disipan la energía de las olas, previniendo daños en la infraestructura costera y protegiendo a las comunidades que dependen de la calidad de la costa”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Pérez Orsi recordó que “Mar del Plata es un destino turístico número uno en términos de las personas que buscan rompientes de olas para práctica de deportes de tabla” y destacó que estas actividades generan un “impacto económico significativo” en las localidades costeras durante todo el año, no solo en la temporada estival.

“La gente que practica deportes de agua no espera la temporada estival, sino que lo hace durante todo el año. El avance en las tecnologías de los equipos de protección y otros accesorios han hecho que sea posible disfrutar del mar durante el año entero”, explicó. Y subrayó que las rompientes no solo benefician a los deportistas, sino también a los ecosistemas, ya que “tienen un rol fundamental” para las especies y contribuyen a sostener la economía local y el turismo.

A la hora de pensar antecedentes internacionales que puedan aplicarse a la ciudad, el referente de Surfider Argentina comentó que “Perú es un país pionero en este tema. Han consagrado por ley la protección de las rompientes para uso deportivo y recreativo. Y hay otras experiencias puntuales, por ejemplo, en Chile o en Australia, también en Panamá y en Ecuador, donde se están impulsando proyectos similares al que estamos desarrollando”. También destacó el caso de Portugal, donde se ha avanzado en “una red de protección debido a la importancia del turismo de surf para su economía”.

En este contexto, Pérez Orsi enfatizó que el proyecto local busca integrar la protección de rompientes con iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático. “Estamos tratando de hacer conversar a este proyecto con diferentes iniciativas. Preparar nuestros espacios costeros para aquellas situaciones que el cambio climático va a determinar, como son los eventos climáticos extremos, los temporales, el incremento en el nivel medio de los océanos y otros tantos en los cuales las rompientes tienen un rol fundamental”, afirmó.

Sobre aquello que se está haciendo para robustecer el proyecto, están buscando incorporar nuevos elementos “para que tenga un sustento más importante y un apoyo más general de todas las fuerzas políticas, introduciendo elementos como resaltar el valor que tienen las rompientes para la adaptación y mitigación del cambio climático, soportando este pedido de cambio en la legislación con estudios económicos sociales que avalen nuestra intención”.

“Definitivamente vamos a tratar de robustecerlo para tener en el futuro cercano, al menos en la provincia de Buenos Aires, una legislación acorde que encamine a la protección de sitios que son icónicos para el deporte, para la cultura del mar y también importantes para otros destinos como puede ser el turismo y la biodiversidad”, consideró Pérez Orsi.