No habían transcurrido 24 horas desde que se cerraran los comicios, cuando se autorizó un nuevo aumento de las tarifas eléctricas para los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas que operan en el territorio de la Provincia.

A través de una resolución firmada (la 1713 de 2019) autorizó aumentos de 25 por ciento promedio que entran en vigencia a partir del 1º de enero de 2020. Se trata del aumento que, por contrato, debió haberse autorizado en agosto, pero que razones políticas (electorales) fueron posponiendo, como ocurrió con el resto de los servicios.

Desde el Ministerio de Infraestructura negaron que se haya autorizado un aumento y explicaron que lo que se consiguió es "el compromiso de parte de las empresas de no aumentar tarifas hasta enero de 2020" y que si se firmó en esta fecha fue para no caer en un incumplimiento contractual.

Independientemente de la interpretación, lo cierto es que, si no media un cambio de planes, desde el 1 de enero los usuarios residenciales pagarán $ 3.53 el kilowatt hora, contra los 3.20 que se pagan hoy, en tanto que los cargos fijos se incrementarán más de 40 por ciento para ubicarse en $121.26 para usuarios residenciales.

Se estima que desde 2015, las tarifas de las distribuidoras bonaerenses crecieron más de 3 mil por ciento. Con las nuevas autorizaciones, esa proporción quedará muy cerca del 4 mil por ciento, es decir que los valores inscriptos en las boletas se multiplicaron por 10 en cada año.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, fue uno de los principales oradores de la audiencia pública nacional contra los tarifazos que tuvo lugar en Mar del Plata, la cual se realizó en el teatro Roxy, ubicado en San Luis 1750, organizada por la Red de Multisectoriales que integran organizaciones sociales, sindicatos, pymes, clubes de barrio y asociaciones de consumidores.

El organismo representado por el secretario de Servicios Públicos, Jorge Ruesga, manifestó nuevamente su rechazo a los cuadros tarifarios que afectan la economía de las familias, de las Pymes y de los comerciantes.

Sobre este tema, en declaraciones al El Marplatense, Ruesga explicó que "consideramos que a esta altura no hay ningún error posible, los aumentos en las tarifas tienen que ver con una decisión política en beneficio de determinadas empresas. Lo que nos preocupa es que los recursos naturales de energía están, por lo que no vemos la necesidad imperiosa de que las tarifas estén atadas al dolar."

Con respecto a cómo se va a continuar de acuerdo a lo tratado en la audiencia, el referente de la Defensoría, señaló que "la idea es generar un documento, visibilizar aún mas este conflicto, y además todo este material, nos sirve para todas las cuestiones judiciales que estamos llevando adelante".

En relación al impacto de las tarifas a los usuarios, Ruesga manifestó que "el principal reclamo que ingresa a la defensoria, es con respecto a la salud y los servicios públicos, donde vemos que hay un incremento de la morosidad, hay gente que no esta pagando en tiempo y forma y se nos acerca mucha gente desesperada para que le podamos gestionar un plan de pagos o que no le corten el servicio, que no le retiren el medidor, se trata de situaciones muy angustiantes, que atraviesa gran parte de la sociedad".

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de dar marcha atrás con los aumentos en las tarifas Ruesga, señaló "que se trata de una decisión política, pero el gobierno evidentemente no está pensando en eso. Nosotros desde la Defensoría sostenemos, que tenemos que ir a un esquema, donde las tarifas no estén dolarizadas, donde no solamente se tenga en cuenta la rentabilidad de las empresas, sino que también buscamos que los aumentos de las tarifas sean proporcionales, progresivos y tienen que ser razonables".

Finalmente con respecto a los cortes en los servicios debido a la morosidad existente en los usuarios, Jorge Ruesga destacó que "en el caso del gas sigue vigente una orden del Juez Federal, Ramos Padilla, donde prohíbe el corte para las personas que están en situación de vulnerabilidad. En el servicio eléctrico no hay ninguna disposición y lamentablemente hay cortes aunque también observamos que desde las empresas a veces tratan de no cortar los servicios ya que después es más difícil cobrarles a los usuarios, por eso tratan a través de la defensoría de acceder a planes de pago".

Una nueva audiencia pública tuvo lugar este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Energas y diferentes asociaciones y defensorías de consumidores, empresas, funcionarios y actores sociales y políticos discutieron el nuevo cuadro tarifario del gas que comenzará a regir a partir del 1° de abril.

Sergio Procelli, titular de la ONG Consumidores Argentinos, estuvo presente en la discusión y aseguró a El Marplatense que "las empresas llevaron una propuesta de un aumento del 35% promedio". "Es preocupante porque a eso se suma el aumento de octubre y, si comparás invierno con invierno, tenés más de un 60% de aumento. Se viene un invierno complicado", destacó.

Antes de fines de marzo, Energas evaluará lo que se expuso en esta audiencia y fijará los incrementos que van a regir desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre. "Hay una información de que el aumento que corresponde a octubre lo van a trasladar a noviembre o a diciembre porque cae justo en el medio de las elecciones", añadió Procelli.

El abogado sostuvo que parte de la discusión giró en torno a cuál será el índice de actualización que se aplicará sobre los costos del servicio. "Ahí hay un tema técnico: la resolución dice que se actualiza por Índice de Precios Mayoristas (IPM) y Energas actualizó el último aumento por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo general, era al revés, porque el IPM era menor al IPC. Pero estos últimos meses se está dando a la inversa por lo que las empresas cambiaron el índice para actualizar, lo cual no tiene sustento legal. Ahí va a estar el debate y eso puede hacer que la tarifa, en vez de un 35%, vaya a un 30 o 32%. Ese puede llegar a ser el máximo de variación mínima", explicó.

Por otro lado, Procelli precisó que otra de las discusiones que se repitió una vez más -como en todas las audiencias- fue "la forma oscura en que se fijó el precio mayorista de gas a boca de pozo". "Este año, para "transparentar" eso, armaron un mercado que se llama MEXA, donde todas las empresas cotizaban sus precios y ahí salía el número. Pero lo curioso es que las petroleras terminan diciendo que el precio para las distribuidoras es 4,60, que es más caro del precio al que exportan, que es 3,80 o 3,70. Tanto para exportar como para las empresas eléctricas, que usan gas, lo pagan a 3,70. Pero los consumidores lo pagamos más caro. Nosotros lo planteamos porque hay un dólar de más cargado a los usuarios", manifestó.

Otro tema de debate fue la diferencia que surge de la devaluación cambiaria, que el año pasado el Gobierno trató de trasladar a los usuarios mediante una polémica resolución que establecía el pago de un monto extra en 24 horas que, finalmente, fue dejada sin efecto ante el rechazo mayoritario de los usuarios.

"Ahora las distribuidoras tienen que sacar un seguro que cubriría la diferencia en caso de una crisis cambiaria como la del año pasado. Pero ese seguro está cargado en el precio de la tarifa. Entonces, nosotros planteamos es que se está cambiando un cargo eventual, por una posible devaluación, por un cargo fijo que es el de la aseguradora. Cualquier costo que se le agregue al sistema, termina pagándolo sí o sí el usuario en el precio final", concluyó.

La directora de Defensa al Consumidor del Municipio, Verónica Tambascia, también participó de la audiencia en representación de los usuarios marplatenses. "Las empresas plantearon un aumento promedio de casi el 34%. Entendemos que, más o menos, va a estar dentro de ese porcentaje, entre el 30 y el 34%", sostuvo en diálogo con El Marplatense. 

"Nosotros planteamos más que nada el principio de razonabilidad y equidad en política tarifaria. También hablamos de tarifa social, que está totalmente desvirtuada y no cumple su función. En Mar del Plata tenemos un alto porcentaje de adultos mayores, que son los que van a tener un gran impacto con este aumento. La tarifa social se fue disminuyendo, a tal punto, que este año el impacto más fuerte lo va a tener la gente más vulnerable. Por eso, solicitamos la mediación en cuanto a los topes de las tarifas", aseguró.

Por último, se refirió al histórico reclamo de recategorización de la ciudad como zona fría. "Ya ha perdido el sentido porque, como ellos van llevando el cuadro tarifario, la categoría más alta y la más baja ya no tienen casi diferencia en el valor del metro cúbico. Sí hay que plantear una diferencia en cuanto a lo que es el clima, pero no recategorización en sí", concluyó.

Roberto Baradel, Hugo Yasky y Sonia Alesso serán otros de los representantes sindicales de peso que se sumarán este jueves en Mar del Plata a la movilización que convocó Camioneros y las dos CTA para manifestar su rechazo contra el "tarifazo" que renueva el Gobierno de Mauricio Macri para este año.

Fue Gustavo Santos Ibañez, el titular de la seccional local del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), quien le confirmó a El Marplatense la asistencia de los gremialistas, que también tienen previsto brindar una conferencia de prensa por la mañana.

El eje, además de su repudio a la política tarifaria, está puesto en la necesidad de actualización de los haberes y la renovación del pedido por la reapertura de paritarias, que finalmente no tuvo un cierre definido para los docentes en 2018.

"Hay una terrible depredación del salario de los trabajadores y los tarifazos están impactando fuertemente. Antes, los costos básicos insumían un 15 por ciento de los ingresos de una familia y ahora representan un 25 por ciento", expresó Santos Ibañez, quien agregó: "Con esta movilización reclamamos tarifas justas y razonables como derecho de todas las personas".

Además de ser secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que conduce Yasky, Baradel es el máximo referente en la Provincia del SUTEBA, mientras que Alesso está al frente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Días atrás, ya se había confirmado la presencia para este jueves en la ciudad de Pablo Micheli, el titular del Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), y de Pablo Moyano, uno de los máximos referentes nacionales del Sindicato de Camioneros.

La movilización, que se desarrollará desde las 19 en el Monumento al General San Martín, se enmarca en una serie de protestas que tanto la CTA como Camioneros impulsa a lo largo del país durante todos los jueves de enero. La primera tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y después se desarrolló otra en Rosario. La última esta prevista en Mendoza, tras lo que será la convocatoria en la ciudad.

Pablo Moyano y Pablo Micheli serán dos de las principales presencias confirmadas que están previstas para la movilización que se llevará adelante este jueves en Mar del Plata para insistir en el rechazo al aumento que se aplicó a las tarifas de los servicios públicos como la luz y el gas.

En conferencia de prensa, el Secretario Adjunto de la CTA, José Rigane, confirmó la llegada de los máximos referentes de Camioneros y la CTA-A para la marcha, que se desarrollará desde las 19 en el monumento al General San Martín, y aseguró que también habrá "otras representaciones a nivel nacional".

Al puntualizar sobre el motivo que funda la protesta, el titular del Sindicato Luz y Fuerza consideró que el país atraviesa una situación "inédita" a partir de un "modelo energético basado en la privatización de la década del '90 y la extranjerización". "Todo lo que desarrolla este Gobierno está orientado a favorecer de manera espectacular a los grupos multinacionales. Por eso los argentinos estamos pagando lo que pagamos", sostuvo.

"Más del 40 por ciento de los argentinos está en pobreza energética, es decir que tienen que destinar más del 10 por ciento de sus ingreso para pagar los servicios públicos. Esto no sucede prácticamente en ningún lugar del mundo", aseveró.

Asimismo, Rigane cuestionó que las Argentina tenga tarifas más elevadas con respecto a países del primer mundo como Francia o España cuando en el territorio nacional hay petróleo y gas. "Esos países no lo tienen y nosotros sí y sin embargo pagan mucho menos. La razón de eso es que este país le reconoce a las empresas multinacionales un precio que está por encima del valor internacional y así pagamos una tarifa imposible de abordar", cuestionó.

El sindicalista instó a que la población y todo el arco sindical se sume a la marcha, después de ser consultado sobre la ausencia de representantes de la Confederación Regional del Trabajo (CGT). "Hay quienes no lo entienden o creen que es más importante alguna diferencia y por eso no tienen presencia en la marcha. Pero esperamos que en la calle haya mucha más representación  de la que tenemos en esta conferencia", expresó.

La movilización se enmarca en una serie de protestas que tanto la CTA como Camioneros impulsa a lo largo del país durante todos los jueves de enero. La primera tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y después se desarrolló otra en Rosario. La última esta prevista en Mendoza, tras lo que será la convocatoria en la ciudad.

La implementación de una tarifa plana en el servicio de gas se mantiene firme en el análisis que realiza por esta fecha el Gobierno, de cara a las audiencias públicas que deberán desarrollarse en marzo para definir nuevos aumentos a partir de abril, en base al esquema que decidió respetar la administración de Mauricio Macri en los últimos años.

Después de recientes reuniones que mantuvo con referentes del ENARGAS, Sergio Procelli, el titular de Consumidores Argentinos, le confirmó a El Marpaltense esta alternativa que se baraja desde Nación, y que tuvo su primer rumor a principios de septiembre pasado.

"Esto consistiría en que paguemos todo el año un porcentaje determinado que dependerá del consumo histórico de cada usuario; es decir, pagamos todos los meses lo mismo y a fin de año, si nos pasamos, nos cobran de más y si gastamos de menos nos queda un saldo a favor", detalló el responsable de la organización.

Procelli explicó que la implementación de la tarifa plana busca evitar "picos de aumento tan fuertes en invierno" aunque consideró que está medida también tiene "el riesgo de que el usuario pierda la conexidad con lo que gasta y lo que puede pagar". "Puede ser una solución para el invierno pero un problema a futuro", aseveró.

El máximo referente de Consumidores Argentinos en la ciudad estimó que entre la "segunda y tercera semana de marzo" se desarrollaría otra audiencia pública para comenzar el debate por la actualización del cuadro tarifario que debería regir desde abril.

En este marco, Procelli también mostró su preocupación por el aumento en los subsidios que han percibido las empresas distribuidoras de gas. "Los subsidios fueron pasando de los usuarios a las empresas, y la misma tarifa ya tiene cargada subsidios", señaló.

"Se sigue subsidiando a las empresas pese a los grandes aumentos tarifarios que hubo y es uno de los grandes problemas que hay y que en este año parece que va a seguir existiendo. No hay nada que nos indique que este camino va a cambiar", advirtió.