Organizaciones sociales, movimientos piqueteros y cooperativas de trabajo anunciaron un plan de lucha con cortes de accesos, rutas y movilizaciones en distintos puntos del país para este 7 de abril, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de cerrar el programa “Volver al Trabajo”.

En la ciudad de Mar del Plata, la jornada tendrá su correlato con una concentración prevista desde las 9.30 en la intersección de Luro y Santiago del Estero, donde se reunirán trabajadores, desocupados y sectores precarizados.

Según expresaron en un comunicado, la medida afectaría a más de 950 mil trabajadores y trabajadoras de sectores vulnerables que perciben el Salario Social Complementario, actualmente fijado en 78 mil pesos y congelado desde diciembre de 2023.

Las organizaciones denunciaron que el cierre del programa impactará en tareas comunitarias esenciales que se desarrollan en barrios populares, como comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y actividades educativas. También señalaron que se verán afectados trabajadores vinculados a la producción textil, el reciclado, la venta ambulante y la agricultura familiar.

En el documento, cuestionaron la política económica del gobierno de Javier Milei, al sostener que se profundiza la precarización laboral y la pérdida de ingresos en un contexto de recesión e inflación.

Además, advirtieron que la eliminación del programa podría tener un fuerte impacto en las economías regionales y en el consumo en los barrios, al retirar de circulación una suma significativa de dinero destinada a sectores de bajos recursos.

Las organizaciones también señalaron que el plan de lucha será progresivo y se desarrollará en todo el país, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar la continuidad de las políticas de asistencia laboral.

La iniciativa empezó durante el fin de semana largo de octubre con una junta de firmas en nuestra ciudad y en todo el país en contra de los tarifazos. Para el jueves 31 de octubre, convocan a un apagón general de 21 a 21,10.

La campaña es convocada por el Foro Multisectorial contra los Tarifazos, un espacio nacional impulsado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, que está integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación Civil Encuentro y Comunidad e integrante del Foro Multisectorial, sostuvo que "la campaña nacional se empezó el fin de semana con mesas juntando firmas en contra de los tarifazos. Acá en nuestra ciudad juntamos decenas de firmas de vecinos, que se acercaron y preguntaron cómo poder ayudar a visibilizar el reclamo a esta suba interminable de servicios públicos".

"El tarifazo es un dolor de cabeza que repercute directamente en lo común, en la vida diaria del vecino. Muchos tienen que elegir si comer o pagar la factura que llega", aseguró Gutiérrez, quien afirmó que "queremos aportar nuestro granito de arena para que el aumento de las tarifas no sea un reclamo individual y poder visibilizarlo entre todos".

"Vamos a seguir juntando firmas en toda la ciudad y a convocar a un apagón nacional de 10 minutos el 31 de octubre. Es una manera pacífica y responsable de reclamar en contra de los ajustes y tarifazos que dispone arbitrariamente el Gobierno Nacional", sostuvo el presidente de la asociación civil marplatense. 

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, criticó la política tarifaria del gobierno nacional, durante la Gran Audiencia Pública contra el Tarifazo que nucleó a intendentes, legisladores y organizaciones sociales en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires.

“El gobierno indicó que tomó la decisión de que aumenten las tarifas para que haya más inversión y, de esa esa forma, se mejoren los servicios públicos, pero fracasó en esta estrategia. Lo que sí sucedió fue que hubo una transferencia de recursos a las empresas, y nadie las controla”, expresó Lorenzino.

La audiencia se enmarcó en el reclamo hecho por la Defensoría, jefes comunales y el CEPIS para que la Justicia obligue al Estado a definir tarifas que no afecten la economía de los usuarios.

“Siempre dijimos que las tarifas se podían aumentar, pero los incrementos debían ser razonables, progresivas y proporcionales, y además debían llevarse a cabo inversiones. El gobierno tuvo la oportunidad de hacerlo bien, pero siempre saldó las diferencia a favor de las empresas”, indicó Lorenzino.

Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, agregó: "Nos oponemos a un nuevo aumento, que totaliza un 2400% de suba de 2015 hasta hoy. El acceso a tarifas razonables es un Derecho Humano, no un negocio".

El gobierno bonaerense aprobó un nuevo aumento escalonado del 38% en las tarifas de electricidad de todos las prestadoras provinciales, que se implementará en diferentes tramos: 28% a partir de este viernes y llegará al 38% a lo largo del año.

La Resolución 186 fue aprobada por el Ministerio de Infraestructura y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. La suba se aplicará para los usuarios de las empresas EDEA, EDEN, EDES, EDELAP y las más de 200 cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires.

Una fuente del Poder Ejecutivo bonaerense detalló que el aumento promedio será de un 28% a partir de este viernes y que llegará a alrededor de un 38% a lo largo del año, ya que habrá dos nuevos reajustes acumulativos de 4% cada uno en los meses de mayo y agosto.

Según admitieron en el gobierno provincial, con el nuevo cuadro tarifario, la factura promedio de un usuario residencial pasará de 630 a 800 pesos. Las nuevas tarifas eléctricas responden a la modificación del precio mayorista dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación que también autorizó aumentos del orden del 56% para los contratos de concesión de Edenor y Edesur, también prestatarias en la provincia.

El vocero detalló que las prestatarias bonaerenses "están cumpliendo con los planes de inversión que presentaron para mejor el servicio y hacen foco en las obras en líneas de media y baja tensión", según Clarín.

Precisó que hasta finales del año pasado la inversión total fue de 1.534 millones de pesos, ya que EDEA lo hizo por 275,4 millones; EDEN por 458,6 millones; EDES por 212,4 millones y EDELAP por 577,6 millones de pesos.

Además, expuso que en lo que respecta a la tarifa social, todas las categorías tienen subsidio 100% para los primeros 150kw y 50% para los siguientes 150kw y en provincia de Buenos Aires hay 1,6 millones de beneficiarios.

Por su parte, los usuarios electrodependientes tienen un subsidio del 100% y, como la provincia cuenta con una base de datos, reciben automáticamente una factura con costo cero. Recordó que, aquellos que no reciban la factura con subsidio, deben iniciar la solicitud en OCEBA o la empresa o cooperativa que le brinde el servicio.