La Libertad Avanza presentó en simultáneo 269 proyectos en 116 municipios de la provincia de Buenos Aires para reducir o eliminar tasas municipales y simplificar trámites administrativos, una iniciativa impulsada por 396 concejales del espacio con el objetivo de trasladar a los distritos locales la agenda de baja de impuestos del Gobierno nacional.

La ofensiva política fue comunicada previamente al presidente Javier Milei y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza, quienes dieron su aval a la estrategia orientada a instalar el debate sobre la presión fiscal municipal y su impacto en la actividad económica.

El paquete legislativo contempla 138 proyectos para eliminar tasas municipales, 120 iniciativas destinadas a reducir tributos locales y 11 propuestas orientadas a simplificar trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

Desde el espacio sostienen que la presión fiscal municipal genera sobrecostos para el sector privado y afecta la competitividad local. En ese sentido, las iniciativas buscan revisar tributos considerados desactualizados o sin contraprestación, además de reducir la carga burocrática que enfrentan comerciantes, pymes y emprendedores.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, afirmó el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Entre los ejemplos citados por dirigentes del espacio aparece el municipio de Morón, donde -según señalaron- aún se cobra una tasa creada durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020. También mencionaron el caso de Carlos Tejedor, donde existe un tributo vinculado al movimiento de ganado, y el de Cañuelas, con una tasa por desinfección de vehículos de transporte.

La iniciativa se anunció en medio del debate sobre la presión fiscal en el ámbito municipal. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó recientemente un sitio web del Gobierno nacional que publica las tasas municipales vigentes en distintos distritos, con el objetivo de transparentar los tributos locales.

Además, desde La Libertad Avanza anticiparon que presentarán en la Legislatura bonaerense un proyecto para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales impulsada por sus concejales.

Según explicó Pareja, la propuesta busca abrir una discusión más amplia sobre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios brindados por los gobiernos locales. El avance de los proyectos dependerá de las mayorías políticas en cada concejo deliberante.

Fuente: con información de Infobae

El Banco Nación anunció que ofrecerá a sus clientes la opción de cancelar sus boletas de servicios públicos sin incluir las tasas municipales “ilegalmente agregadas”, indicaron.

Los usuarios de la entidad tendrán la opción desde la app BNA+ de pagar las boletas de servicios sin tasas municipales en aquellas jurisdicciones donde los intendentes “resisten la prohibición de sumarlas”.

Además, se remarcó que “todos los bancos del país, a través de sus plataformas de pago, están en condiciones de ofrecer a sus clientes esta misma opción”.

“La iniciativa del Banco Nación promueve la libertad de elección ya que nuestro ordenamiento jurídico posee rango constitucional y es una forma de dejar atrás el trato indigno a los consumidores, especialmente los más vulnerables”, explicó el presidente del BNA, Daniel Tillard.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que le impide a los municipios incluir tasas municipales en las boletas de luz o gas.

La causa que derivó en esta resolución la inició el alcalde de Pilar, Federico Achával, y por el momento la suspensión regirá solo en ese distrito y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto es: si una decisión del Ministerio de Economía puede estar por encima de una norma de la Legislatura bonaerense, que había habilitado este mecanismo de recaudación.

El expediente que ingresó en los tribunales federales de Campana se tramitó en la secretaría Civil de ese fuero. Según argumentó la comuna, la acción judicial busca "garantizar la capacidad recaudatoria de la comuna, y con ello la viabilidad del sistema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar".

Los abogados de la intendencia consideraron que la resolución impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación causaba un "gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio".

La reacción ante los tribunales por parte de los intendentes del Conurbano era una acción esperable. En una reunión que mantuvieron hace una semana, plantearon que la imposibilidad de incluir la tasa de alumbrado en la factura de la prestadora del servicio dejaría a las ciudades del Gran Buenos Aires como "una boca de lobo". Y que podría generar más inseguridad.

Caputo mantiene una disputa con las administraciones comunales porque asegura que la inclusión de ítems "no específicos" al servicio que se cobra encarece las boletas, que ya vienen con altísimos aumentos por la quita paulatina de los subsidios que aplica el Gobierno.

El fallo de la justicia Federal de Campana sostiene que la resolución de Economía "no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física". La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también se considera una intromisión en el ámbito local, violando la autonomía del municipio en su capacidad recaudatoria, un eje que podría ser clave en la disputa legal entre Nación y los municipios.

El juez González Charvay, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que "la medida cautelar no afecta al erario público nacional" y que la suspensión de la normativa garantizaría la capacidad recaudatoria del municipio, permitiendo así el mantenimiento de servicios vitales como el alumbrado público y la seguridad.

La resolución cautelar interina será efectiva hasta que se resuelva el fondo del debate jurídico. El Ministerio de Economía deberá presentar un informe en el plazo de tres días, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio tendrá cinco días para proporcionar un estudio detallado sobre la cuestión. El fallo también exige a la parte actora prestar caución juratoria antes del libramiento del oficio ordenado.

El magistrado describe en el escrito las normas provinciales (Ley 10.740) y las ordenanzas municipales que avalan la incorporación de la tasa por "servicios de alumbrado" público en la boleta de Edenor. Y un aporte por mantenimiento de los sistemas de conexión de gas que figura en la factura de la distribuidora NaturgyGas, que opera en el distrito.

El juez evaluó que Pilar realiza -a partir de esa recaudación- una prestación puntual, que uno de los requisitos que exige la instauración de una "tasa municipal".

"La Constitución de la provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo", observa la resolución que firmó el juez González Charvay.

Caputo apeló a un capítulo de la Ley de Defensa del Consumidor para imponer la restricción. “Queremos que quede claro a los vecinos que estas subas de los servicios no son provocadas por el Gobierno nacional, sino por los intendentes”, argumentó el ministro. Aunque las boletas lleguen con montos de $80; $100 o $150 mil pesos y la “carga” comunal sea de $2 o $3 mil. El ministro mostró una liquidación del municipio de la Costa para poner como ejemplo.

La decisión de Caputo tuvo otra observación administrativa. El Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) había anticipado que en la Provincia las empresas distribuidoras estaban habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

La Provincia regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Además, hay unas 200 cooperativas eléctricas que operan en ciudades y pueblos del interior bonaerense. En todas el cobro de tasas quedaba permitido. La aclaración también resulta una pulseada de Axel Kicillof con el Gobierno de Javier Milei.

"Además, existe una ley de la Legislatura provincial que habilita el cobro de la tasa de alumbrado a través de las compañías de distribución. Una resolución ministerial no puede estar por encima de una Ley", dijo Diego Rozengardt, presidente del Oceba.

Si Oceba permite cobrar tasas en las empresas concesionadas por la Provincia y la Justicia frena la resolución en la firmas de jurisdicción nacional (Edenor y Edesur), entonces la medida de Caputo queda abstracta.

Fuente: Clarín

El intendente Guillermo Montenegro, junto a su equipo de gobierno, brindó una conferencia de prensa para exponer la situación actual de la ciudad y las medidas tomadas. 

En este sentido, señaló que “nosotros tenemos tres ejes muy claros, uno refiere al orden de las cuentas municipales, el otro con el cuidado del trabajo y la generación de mayor empleo en la ciudad y por último el orden del espacio público”. 

Para contextualizar, explicó que "estamos atravesando un momento difícil, complejo y crítico de una crisis que nace de un desmanejo absoluto que tuvo el gobierno nacional anterior, sobre todo en el último semestre del año pasado, con un plan platita que hoy lo estamos pagando todos los argentinos y hace que seamos más austeros con la plata de los vecinos". 

Esta situación “tuvo consecuencias como las que vemos ahora con la inflación. Yo siempre digo que a mi nadie me eligió para ser un comentarista, sino para tomar acciones y en esto fuimos muy claros con la reducción del 30% de la planta de funcionarios políticos en el Municipio o mantener la reducción de sueldos que había arrancado con el 20% y hoy en mi caso particular es de un 30%”. 

Igualmente, “esto no es sencillo, el mantener el orden de las cuentas municipales porque como ustedes bien saben, todo lo que tiene que ver con la recaudación fue cayendo. A pesar de todo esto, y por esta fuerte reducción de gastos, se generan consecuencias internas y externas”. 

Sin embargo, “di instrucción muy clara a todo el equipo de que en este momento no podemos actualizar las tasas por el índice de inflación, aunque teníamos la facultad de hacerlo”. 

“El año pasado fue mucho peor porque la actualización de tasas fue de un 73% cuando la inflación fue de 214%. Este año, a pesar de la caída de la recaudación, puse sobre la mesa esta necesidad de no actualizar las tasas”, continuó. 

Asimismo, resaltó que “estoy convencido de que no se arregla con presión impositiva permanente. Esto hace que cuando el interanual del año es de 288% y las tasas se actualizaron al 144%, da exactamente la mitad”. 

“Fue lo que se hizo durante los primeros tres años, recién en el 2023 se descompaginó en la ciudad, y considero que esta es la forma de seguir haciendo el esfuerzo. Soy un convencido de que la presión impositiva tiene que bajar porque es la forma de que el trabajo siga siendo el motor de nuestra ciudad”, agregó. 

Además, “este equilibrio tiene consecuencias y lo pudimos pagar manteniendo esta reducción sin mayores sobresaltos y para dar tranquilidad pedí que se transfieran los sueldos de los Municipales a fin de mes”. 

“Hoy las cuentas están ordenadas, pero insisto que no voy a rifar todo este esfuerzo que están haciendo los vecinos de la ciudad y voy a ser muy cuidadoso con cada mango”, concluyó. 

Luego de la polémica generada respecto a la Tasa por Publicidad y Propaganda que debían pagar los teatros y cines de la ciudad, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Saénz Saralegui, firmó este miércoles un decreto ad referéndum del cuerpo legislativo mediante el cual les devolvió las exenciones que tenían hasta abril del año pasado.

Además, la nueva norma establece que, a esas empresas, se les condonará la deuda contraída con el Municipio de General Pueyerredon a raíz del pago de esa tasa desde 2018, cuando cambió la normativa respecto a quienes debían abonar ese tributo.

Estas dos disposiciones también se extienden -para los mismos rubros- a la Tasa por Habilitación de Oficinas Locales de Prestación de Servicios; Depósitos, Comercios e Industrias.

Asimismo, quedaron exentas del pago de la tasa de habilitación Obras Sanitarias, las sociedades cooperativas de servicios públicos, los sindicatos, mutuales y obras sociales y los beneficiarios del programa provincial de autoempleo ALAS.

En tanto, por el abono del tributo a publicidad y propaganda, también quedaron fuera de esa obligación los estados Nacional, Provincial y Municipal, los entes autárquicos, las empresas estatales, las entidades de bien público sin fines de lucro, las instituciones religiosas, las mutuales, las sociedades de fomento, las cooperadoras, los centros de jubilados y los clubes sociales y deportivos.

Tras las críticas de los productores teatrales, en enero, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le envió una carta al Intendente Carlos Arroyo para pedirle que “se abstenga” de aplicar una tasa en concepto de publicidad y propaganda a los teatros locales, ya que entendía que “la mencionada modificación normativa atenta contra el buen funcionamiento turístico y económico de la ciudad”.