El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la decisión de convertir a la agencia de noticias Télam en una agencia de publicidad.

A través del Decreto 548/2024, el Poder Ejecutivo dispuso “la transformación de Télam Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, bajo la denominación de AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (APE S.A.U.)”.

En esta nueva etapa de la histórica ex agencia de noticias, el organismo “tendrá por objeto operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad”.

Desde la llegada de Milei al Gobierno, Télam dejó de operar, tal como fue creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias. En el decreto oficializado esta madrugada, se justificó las modificaciones de su objeto social “en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, concentrando los recursos de la empresa en aquella área que ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo”.

Entre sus argumentos, el Poder Ejecutivo insistió con el objetivo de “lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”.

“El cambio de denominación de Télam Sociedad del Estado busca reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general”, mencionó el Gobierno sobre el organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El pasado 28 de junio se llevó a cabo una Asamblea General con el objetivo de tratar la transformación de Télam y la aprobación del estatuto de la nueva sociedad, que también fue oficializado este lunes.

En el mencionado estatuto, se estableció que la APE podrá “adquirir por compra o cualquier otro título, bienes inmuebles, muebles, semovientes, instalaciones y toda clase de derechos, títulos, acciones o valores, venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, darlos en garantía y gravarlos, incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real y constituir sobre ellos servidumbres; asociarse con personas de existencia visible o jurídica; celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones, incluso préstamos y otras obligaciones con bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, organismos internacionales de crédito y/o de cualquier otra naturaleza; aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, y conceder créditos comerciales vinculados con su giro; emitir, previa resolución del organismo competente, en el país o en el extranjero, debentures o cualquier otro título de deuda en cualquier moneda, con o sin garantía real, especial o flotante; constituir o participar en otras sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, salvo constituir otra sociedad anónima unipersonal; realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualquiera sea su carácter legal, incluso financieros, que hagan al objeto de la Sociedad o estén directa o indirectamente relacionados con el mismo; la enumeración precedente es enunciativa, en consecuencia, “la Sociedad podrá realizar cuantos más actos fueran necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto en el modo y forma establecido por las leyes de la Nación y el presente estatuto”, se precisó.

“El Poder Ejecutivo ejercerá, a través del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los derechos societarios que le correspondan al Estado Nacional por su participación en el capital accionario de APE”, dispuso el Gobierno en el decreto que lleva las firmas del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A través del Decreto 555/2024, el Poder Ejecutivo suspendió por dos años el proceso de transición de la televisión analógica a digital.

Entre los fundamentos, el Gobierno apuntó a la crisis económica que atraviesa el país “como una dificultad extra para que los habitantes puedan migrar en su totalidad a sistemas de recepción digitales”.

“Con el fin de no alterar el esquema previsto, corresponde que la suspensión alcance a todas las etapas, regiones y licenciatarios y/o autorizados definidos en dicha norma”, se indicó en el texto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Fuente: Infobae.

El Gobierno nacional solicitó el cierre de las corresponsalías que la agencia de noticias Télam tiene en varios puntos del país, dos meses después de que el Ejecutivo pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta.

El Ejecutivo hizo oficial el pedido a través de la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de las distintas áreas de la empresa del Estado, tales como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano. El documento lleva la firma de Diego Martín Chaher, interventor de la agencia de noticias.

“Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, asegura el escrito.

Estas sedes se encuentran en las ciudades de Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, Salta; Santa Fe y Rosario, Santa Fe; Ciudad de Córdoba, Córdoba; Corrientes, en su provincia homónima; y en Mendoza Capital, Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, agrega el escrito.

En ese sentido, el documento indica que “deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El Gobierno inició este proceso hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.

En simultáneo, el sitio dejó de funcionar y el Ejecutivo licenció a los empleados por el plazo de una semana. Días antes de esa acción, el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso y, en su discurso, anunció que procederá con el cierre de la Agencia. “Vamos a cerrarla porque ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, aseguró.

Su anuncio causó muchas repercusiones, principalmente por parte de quienes trabajan en la empresa estatal. Ese mismo viernes, desde la agencia publicaron un cable que hacía hincapié en los dichos del Presidente. “Télam es la única agencia del país con red de corresponsales en todas las provincias argentinas y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales que posibilitan producir y proveer información de primera mano de los sucesos acontecidos en el mundo para diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones”, precisaron.

Una semana después, el Gobierno nacional renovó la licencia por otros siete días e implementó un programa de retiros voluntarios para todo el personal, tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados.

“En el marco de un proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E, en los términos del archivo que se adjunta al pie de la presente comunicación”, decía el comunicado difundido en ese momento.

Télam fue creada hace 78 años. Es la agencia de noticias más grande del país y cuenta con 700 empleados que producen alrededor de 500 artículos por día para su difusión. En paralelo, el Gobierno intenta allanar el camino para privatizar Radio y Televisión Argentina, que integra la lista incluida dentro de la Ley Bases de empresas nacionales que podrían ser vendidas al sector privado. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado.

Fuente: Infobae.

Tras el anuncio del presidente Javier Milei acerca del cierre de la agencia de noticias Télam, el edificio fue vallado hoy con presencia policial y sus trabajadores “dispensados” por una semana. Ante esto, los empleados analizan los pasos a seguir y destacan que “un cierre o una privatización tienen que pasar por el Congreso”.

Daniel Scarímbolo, periodista marplatense que trabaja en la oficina central de la agencia en Capital Federal, contó que participó este mediodía de “un abrazo simbólico” al edificio y que los trabajadores fueron asesorados por un abogado sobre las posibilidades que existen para mantener las fuentes laborales tras la decisión del Gobierno nacional.

“El abogado nos dice los siete días dispensados están cubiertos, que legalmente no hay ningún problema. Pero un cierre o una privatización tienen que pasar por el Congreso”, indicó en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata: “Como se creó por ley, un decreto no puede anularla”.

En relación a la espera de los siete días “dispensados”, el periodista destacó que “no sabemos cuál será la estrategia del Gobierno”, aunque circulan versiones de que “podrían emitir otro decreto”. De todos modos, recordó que esto se enmarca en el DNU 70 y que si bien “están involucradas las empresas públicas, que son 41, no se avanzó en las otras pero la primera medida fue con Télam”.

Sobre la estructura que actualmente tiene la agencia, el periodista indicó que son algo más de 700 empleados, más un centenar que trabajan en 27 corresponsalías del interior, y cuatro o cinco corresponsalías en el extranjero.

Para Scarímbolo la situación es diferente a lo que ocurrió en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando también se dio una situación tirante entre el Gobierno y los trabajadores de Télam: “En aquella ocasión hubo despidos vía telegrama, aquel momento hubo un paro, pero la agencia no dejó de emitir. Luego la Justicia reincorporó a toda esa gente”.

Sobre la importancia que tiene la agencia, el periodista señaló que “generalmente la gente cree que es una web nomás y es una empresa que vende un servicio periodístico a empresas periodísticas. También hay organismos del Gobierno, es un servicio pago, se paga un abono. La tradicional cablera, el servicio fotográfico y se creó con la tecnología un servicio audiovisual”.