El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) expresó su “profunda preocupación” por la precarización de las condiciones laborales de los terapistas ocupacionales en el ámbito privado de Mar del Plata. La denuncia responde al deterioro de los derechos profesionales y al impacto en la calidad de atención a la comunidad.

El CoTOBA señaló que, tras el cierre de la Asociación Marplatense de Terapistas Ocupacionales y durante la transición hacia el actual Colegio, diversas prestadoras privadas están “aprovechando el vacío” institucional. Estas empresas “imponen prácticas que vulneran los derechos laborales, como contratos que encubren relaciones de dependencia mediante el monotributismo, recortes de horas, exigencias de trabajo en grupo en espacios inadecuados y pagos por hora que no reflejan la complejidad de las prestaciones”.

Además, el Colegio denunció demoras en los pagos por parte de obras sociales y prepagas, así como aranceles por debajo de los estándares éticos, lo que compromete la sustentabilidad del ejercicio profesional. “Estamos ante condiciones irrespetuosas, precarias y avasallantes”, afirmaron desde la entidad, destacando que estas prácticas no solo afectan a los profesionales, sino también a la calidad de atención, especialmente en el ámbito de la discapacidad, agravado por el reciente veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En respuesta, el CoTOBA se declaró en estado de alerta y reafirmó su compromiso con la defensa de la disciplina. Actualmente, trabaja en la elaboración de los Honorarios Mínimos Éticos, una herramienta que establecerá criterios claros y actualizados para guiar a profesionales y prestadores en la negociación de contratos. 

“Exigimos condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad, formación y función social que la terapia ocupacional cumple en Mar del Plata y toda la provincia”, concluyeron desde la entidad presidida por Claudia Spidalieri.

Acompañantes terapéuticos de Mar del Plata se manifiestan en la mañana de este lunes frente a la municipalidad de General Pueyrredon, con el objetivo de visibilizar el pedido de una resolución de emergencia y provisoria que los incluya dentro del sistema de prestaciones básicas de discapacidad, teniendo en cuenta que la Ley de discapacidad sancionada hace 23 años, no los incluye, ya que en ese momento la actividad del terapista ocupacional, era una actividad incipiente.

"Hoy nos encontramos frente al municipio, porque es el centro neurálgico y la sede del poder ejecutivo, aunque nuestro petitorio está dirigido a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que puede responder a nuestra solicitud, que es ser incluidos bajo una resolución de emergencia y provisoria que nos pueda incluir dentro del sistema de prestaciones básicas de discapacidad", manifestó Juan Primo, referente de los acompañantes terapéuticos, en declaraciones a El Marplatense.

"Este sistema de prestaciones básicas es una ley del año 97, donde menciona todas las prestaciones de discapacidad y nosotros no estamos mencionados. Esto lo entendemos porque es una ley que tiene 23 años y en ese momento el rol del acompañante terapéutico era nuevo, pero hoy lo que sucede, al seguir sin ser mencionados, es que cualquier resolución de los organismos que buscan, incluso protegernos a nosotros, no las podemos utilizar, porque esas resoluciones están destinadas a las personas que pertenecen al sistemas de prestaciones", aseguró.

"Al no estar incluidos, no estamos regulados por la ley o por las normativas, quedando al libre albedrío de cada obra social a la que nosotros le pedimos la prestación de determinada cobertura", afirmó el referente de los terapistas.

"La cuarentena lo que hizo fue desnudar y acrecentar los problemas que ya traíamos. La cuarentena ha servido como un argumento a favor de las obras sociales, para justificar las demoras en los pagos y la no cobertura en las prestaciones. Pero la realidad es que nosotros estamos ante una situación de vulnerabilidad, porque no estamos mencionados en ningún lado como prestadores de discapacidad", subrayó Primo.

"Nosotros somos los trabajadores, pero detrás nuestro están también las familias, que dependen del trabajo de cada uno de los acompañantes. Están los acompañados, que están viendo sus derechos vulnerados y sus familias, por lo que se trata de un colectivo muy grande, con aproximadamente 3000 acompañantes y el resto de las personas que directa o indirectamente están siendo afectadas", destacó.

En referencia a los pagos por parte de las obras sociales "como no hay una regulación que ordene, y estamos a la buena de cada obra social, hay obras sociales que trabajan mejor, otras peor, con demoras de un mes, dos e incluso demoras de personas que no cobraron un peso de todo lo que trabajaron en el 2019. Es por eso que pedimos ser incluidos dentro de esta ley, para no quedar a merced de la buena voluntad de la obra social de toque en suerte", concluyó Juan Primo.